Periódico La Jornada. Sábado 21 de noviembre de 2020, p. 32
Wauwatosa, Wisconsin., Al menos ocho personas resultaron heridas la tarde de ayer durante un tiroteo en el centro comercial Mayfair, de Wauwatosa, en Wisconsin, aunque ninguna de gravedad, informó la policía, mientras se continúa con la búsqueda del agresor.
Barry Weber, jefe de policía de Wauwatosa, informó que se desconoce el motivo del ataque, reportado a las 2:50 de la tarde. Al menos 40 patrullas acudieron al centro comercial para atender la emergencia, así como ambulancias en las que fueron trasladados los lesionados, reportó el diario Milwaukee Journal Sentinel.
Agentes tácticos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) fueron desplegados en el sitio para reforzar la búsqueda del agresor. Testigos contaron a la cadena WISN-TV que escucharon entre ocho y 12 disparos.
Weber dijo en conferencia de prensa que la gravedad de las heridas de los ocho lesionados –siete adultos y un adolescente– era desconocida, pero que todos estaban vivos. Añadió que el tirador ya no estaba en el lugar de los hechos, pero la policía busca a un hombre blanco de unos 20 o 30 años, de acuerdo con descripciones ofrecidas por los heridos.
El alcalde de Wauwatosa, Dennis McBride, confirmó que el atacante se dio a la fuga, según la televisora ABC News. La vida de los heridos no está en peligro, agregó.
Brookfield Properties, operador del centro comercial, dijo en un comunicado que se sentía descorazonado y furioso de que nuestros huéspedes e inquilinos se hayan visto sujetos a este incidente violento.
En febrero, en el centro comercial Mayfair un policía, Joseph Mensah, mató a tiros a Alvin Cole, un adolescente de raza negra de 17 años. Las autoridades dijeron que el joven huía de la policía. Mensah, también negro, explicó que disparó porque Cole le apuntó con una pistola. Tras el incidente se realizaron esporádicas protestas en el sitio durante varios meses.
Desolación en Honduras tras paso de Iota
Sábado 21 de noviembre de 2020, p. 33
Destrucción en el municipio de Potrerillos, cerca de San Pedro Sula, Honduras, después de la inundación causada por el desbordamiento del río Ulúa, debido a las fuertes lluvias del huracán Iota. El número de muertos aumentó a 44 el jueves, después de que la tormenta atlántica más grande del año desató deslizamientos de tierra, destruyó edificios y dejó a 2 y medio millones de personas sin hogar en América Central, en áreas ya devastadas por otro meteoro hace sólo dos semanas.
Chiapas: la amenaza de un nuevo Acteal
La Conferencia del Episcopado Mexicano difundió un comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el cual ésta condena y expresa su preocupación por la agresión perpetrada contra un grupo que el miércoles 18 entregaba ayuda humanitaria en la comunidad de Cotzilnam, municipio de Aldama. El ataque –efectuado con armas de alto calibre, por lo que la Diócesis calificó como civiles armados de corte paramilitar– causó heridas a la monja dominica María Isabel Hernández Rea, quien colaboraba en el reparto de alimentos a los desplazados por la violencia armada.
Como remarcó el Obispado de San Cristóbal, y La Jornada ha documentado de manera puntual, el ataque referido es sólo uno de los más recientes episodios del acoso sistemático que grupos paramilitares de Santa Martha, Chenalhó, mantienen contra indígenas tzotziles del vecino Aldama. Esta violencia, que se ha recrudecido de forma acusada en el último año, ya dejó 26 muertos, un número mayor de heridos y 2 mil 36 desplazados forzados internos en un municipio de apenas 5 mil habitantes.
Además de la gravedad del hecho mismo, lo ocurrido el miércoles resulta alarmante en tanto muestra la total desinhibición con que operan los grupos paramilitares de Chenalhó, los cuales no muestran ninguna contención para actuar en presencia de testigos, así se trate de organizaciones de alcance mundial o de autoridades de los tres niveles del gobierno mexicano. En este sentido, cabe recordar que la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y de Desplazados ya ha denunciado disparos provenientes de Santa Martha incluso mientras observadores oficiales se encontraban en el sitio, sin que éstos tomaran acción para frenar las agresiones.
Este descaro en el uso de la fuerza, con repetidos actos de extrema violencia, resulta inexplicable sin el manto de impunidad que hasta ahora ha protegido a los paramilitares. La misma Diócesis denuncia que se encuentra en curso una crisis alimentaria y de servicios básicos entre los desplazados, pese a las constantes denuncias que ha presentado a las autoridades federales y estatales.
No queda sino hacer eco al llamado de que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables, intelectuales y materiales, de este ataque y de los que han tenido que padecer los pueblos de esta zona. Está claro que, en tanto no se desarme y desarticule a estos grupos paramilitares, gravitará sobre la región la amenaza de que se repita un episodio tan trágico como la masacre que tuvo lugar en Acteal el 22 de diciembre de 1997.
