Si algo define los tiempos actuales es la complejidad. En lo inmediato la pandemia nos amenaza día con día. Las condiciones para enfrentarla en todo el mundo distan de ser justas, como acertadamente afirmó el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Pablo González Casanova, en ocasión del 90 aniversario del Instituto de Investigaciones Sociales: “Lo más grave de la crisis por la pandemia de Covid-19 es que está acentuando las desigualdades que hay en la tierra y entre los seres humanos… Estamos pensando en curar a un enfermo y no en qué vamos a hacer en este mundo nuevo y amenazador”. Planteó que la UNAM tome la iniciativa de que las universidades del mundo asuman la responsabilidad de unir las ciencias sociales y humanas y las ciencias de la naturaleza (18/11/20).
En 2016, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) llamó la atención respecto del aumento mundial de las epidemias zoonóticas. Afirmó que 75 por ciento de las enfermedades infecciosas que presentan los seres humanos son de origen animal y las afecciones están íntimamente vinculadas con la salud de los ecosistemas. Por su parte, Alcira Argumedo, al presentar el texto Los años de reparación, de Naomi Klein (Clacso: 2020), recuerda lo que su autora denomina un mundo roto, donde se fracturan los hielos, se incendian los bosques, crece la contaminación del aire con dióxido de carbono, se reproducen fenómenos meteorológicos extremos, aumenta el nivel del mar y miles de millones de seres humanos carecen de las condiciones mínimas de supervivencia. La confluencia entre la crisis económico-social, la crisis ambiental y la crisis sanitaria, ha generado las condiciones de una crisis civilizatoria ante la cual, de continuar las estructuras de poder, los valores y las concepciones dominantes, causantes principales de esas crisis y cuyo resultado es este mundo roto, las perspectivas son catastróficas.
Tan abrumador recuento es acorde con lo que se ha planteado hace años en diversos informes y acuerdos. También lo es con lo que desde el mundo indígena se ha reiterado: Los pueblos indígenas estamos convencidos de que la humanidad necesita cambiar sus formas de relacionamiento con la naturaleza, debido a que su explotación egoísta y descontrolada, viéndola como un objeto y una mercancía, la está condenando a su destrucción y a nosotros con ella (Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, 2/4/20).
A los acuerdos internacionales hasta ahora no les ha seguido un plan mundial de estados y sociedades para combatir el daño a los ecosistemas y, los pueblos, guardianes históricos de la naturaleza, mantienen resistencias no siempre triunfantes frente a los proyectos impulsados por el capital trasnacional y las complicidades de la gran mayoría de los estados. Si bien en algunos países han adoptado normas constitucionales, éstas no logran contener por sí mismas el impacto del cambio climático, que ya a estas alturas nos obliga a abandonar el eufemismo de desastres naturales, que ciertamente no son de generación espontánea, sino su consecuencia.
Por ejemplo, Ecuador en 2008 en su nueva Constitución, reconoció que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Fue una norma pionera a la que siguieron otras. En 2010, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó la Ley de derechos de la Madre Tierra número 71, donde en su artículo cinco reconoce a la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés Público. En nuestro país, entidades como Guerrero (2014), la Ciudad de México (2017) y Colima (2019) reconocieron derechos de la naturaleza, sin que hasta ahora se observe reglamentación ni impacto significativo.
Pareciera un contrasentido colocar la mirada estructural sobre el origen de la actual pandemia , pero sólo el hecho de comprobar que la magnitud del Covid-19 escala su impacto, respecto de las de años recientes, debería obligarnos a trascender el enfoque de contención, ciertamente indispensable. En muchos países, y el nuestro no es la excepción, vivimos entre la narrativa del quédate en casa, o en comunidad, como decidieron los pueblos indígenas, sobre uso o no de mascarillas, distancia social, hospitales reconvertidos, pruebas, inciertos tratamientos médicos, ventiladores, oxígeno,vacunas en curso, recuento de población infectada y de víctimas mortales, impacto en desempleo, cierre de negocios, todo lo cual nos deja un panorama desesperanzador; sin embargo, debemos intentar abrir la mirada en defensa de la vida, ya no sólo de la nuestra, sino la del planeta, la de la humanidad.
Lo oscuro
José Blanco
Desde tiempos inmemoriales, una de las creaciones humanas con mayores sótanos oscuros es la política. Maquiavelo lo sabía bien, y habló de su necesidad y aun del uso adecuado de la crueldad. Una zona oscura de la 4T es el episodio en curso del general Salvador Cienfuegos. Por cuáles poderosos motivos ha ocurrido lo que ha ocurrido, pocos lo saben, no los ciudadanos. El Presidente pide al pueblo que le tenga confianza, pero sin dar explicaciones.
El canciller Marcelo Ebrard dijo que el gobierno de Estados Unidos (EU) violó un acuerdo de cooperación en materia judicial para los casos de delincuencia organizada, que por instrucciones del Presidente hizo la reclamación por vía diplomática, y que EU reparó el daño (al instante). Esa noticia nos ha sido dada a toro pasado. El gobierno de la 4T no informó en tiempo a los mexicanos sobre su iniciativa de reclamo diplomático; si lo hubiera hecho, todo sería coherente desde el punto de vista mexicano. De todos modos el hecho habría quedado, como ha quedado, sin posibilidad de comprensión sobre el motivo que llevó al gobierno de Trump a cometer una acción atrabiliaria más, a pocas semanas de su final: interrumpir un juicio y ordenar al fiscal W. Barr el retiro de los cargos y la devolución de quien fue apodado –en las acusaciones de aquel país– El Padrino; parece un acto atrabiliario para los ciudadanos, la DEA y el propio fiscal de EU, y ha sido, al mismo tiempo, la mano eficiente en esa devolución. ¿Hubo un quid pro quo? ¿Es pura perturbación interna en ese país en larga crisis terminal? ¿Hay acaso una oportunidad de oro para México?: el apodo referido, propio del mundo de la mafia, apunta a la existencia de un entramado de cómplices en los delitos reunidos en las acusaciones de marras.
Entre quienes hemos externado mil veces nuestro apoyo al Presidente y a la 4T, hay al menos desconcierto. El Presidente ha dicho innumerables veces que la forma de no equivocarse (en la comunicación entre gobierno y sociedad) es decir la verdad. Pero, por cuanto ahora no hay explicaciones, la expedita devolución del general ha quedado sin remedio como un suceso oscuro. Desconcierta porque el entramado entre los altos funcionarios públicos y el narcopoder es una parte sobresaliente de la tan inaudita como impune corrupción que ha vivido el país por lustros interminables; y resulta que la lucha contra este flagelo es la principal batalla del Presidente.
El canciller dijo que se trataba de delitos cometidos en México y que es aquí donde debe ser abierta la investigación y, en su caso, iniciar el proceso judicial respectivo. Pero, en el mejor de los casos, esa es la mitad de la verdad: el tráfico de enervantes de México a EU es también un delito en EU. Como en el caso de García Luna. Más aún, las acusaciones, no convertidas en pruebas debido a la destemplada interrupción del juicio en sus prolegómenos, vinculan al general con García Luna.
El argumento sobre el respeto a nuestra soberanía presenta dudas mayores. Hace más de un siglo que la soberanía de los estados-nación está debilitándose. Pero lo hace de modo gravemente asimétrico. Todos quedamos insertos en la globalización, pero ahí dentro hay una correlación de fuerzas altamente desfavorable a los países antes llamados tercermundistas, como México. Además, existe una merma a la soberanía del poder político, construida por una correlación de fuerzas internas, donde están los grupos de poder fáctico: los grandes empresarios (invierten o no invierten), los medios, las iglesias y, por supuesto, el poder- narco. El poder público no toma decisiones al margen de esos otros poderes. Más aún, dependemos vitalmente de las decisiones del poder financiero internacional que tenemos encima; la banca mexicana es casi toda extranjera; más las agencias calificadoras. Los estrangulamientos internos por la deuda del Fobaproa están ahí para la eternidad, llenando bolsillos ajenos al país.
La dirección del desarrollo socioeconómico está decidida principalmente por el capital trasnacional, no por el poder público mexicano. El TLCAN/T-MEC está ahí para tejer una integración desventajosa eterna. Nuestra actual estructura industrial fue decidida en un acuerdo entre un elefante y un colibrí. La dependencia es estructural en un sentido profundo y puede mucho más que la soberanía. Esta situación puede no ser para siempre, pero lo ha sido durante toda nuestra historia y no estamos caminando en el sentido de construir un poder de negociación internacional más fuerte.
La soberanía nacional no es asunto de posturas o discursos o actitudes. Cuentan: en el margen. Las decisiones internas del poder político no se toman sino en el marco de esas estructuras de poder que actúan como limitante contundente. Sin una economía interna fuerte, diversificada, solidaria, con centros de innovación científica y técnica propios, y una sociedad que ha superado las desigualdades educativas, en salud, en alimentación, en techo, nuestras ataduras serán perpetuas.
