Ambas alocuciones revisten particular pertinencia en la circunstancia actual, tras la detención en Estados Unidos, por cargos de narcotráfico, del general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de Defensa en el sexenio anterior, y la posterior gestión del gobierno mexicano para que la justicia del país vecino lo devolviera a la nación para que la justicia nacional lo investigara.
El episodio fue visto por algunos como resultado de una exigencia de cúpulas castrenses al jefe del Ejecutivo y hasta como un empeño de encubrimiento e impunidad, y puso en el debate el peso político real de los mandos militares en las decisiones gubernamentales.
Es pertinente, en este punto, recordar las singularidades de las instituciones castrenses de México y sus profundas diferencias respecto del resto de los institutos armados de América Latina. Por principio de cuentas, el Ejército Mexicano no fue creado desde el poder, sino que surgió a principios del siglo pasado como heredero de una revolución popular que acabó con el Ejército federal porfirista. Aunque la Armada tiene mayor continuidad institucional, sus antecedentes se remontan a la defensa del país ante las diversas intervenciones extranjeras ocurridas en el siglo XIX, y fue consolidada por los gobiernos posrevolucionarios. De hecho, apenas en 1944 adquirió un sitio propio en el gabinete presidencial, cuando la vieja Secretaría de Guerra y Marina fue dividida en la Secretaría de la Defensa Nacional –que tiene bajo su mando al Ejército y a la Fuerza Aérea– y la Secretaría de Marina, responsable de la Armada de México.
Durante más de un siglo las fuerzas armadas emanadas de la Revolución se han mantenido al margen de la política, leales al poder civil y ajenas a la tentación de ocuparlo. Y si bien en el pasado reciente los estamentos militares han sido señalados de violar los derechos humanos y han participado en episodios injustificables de represión, lo han hecho en estricto acato a las órdenes de su comandante en jefe, que es el Presidente de la República, lo que marca una diferencia fundamental respecto de los ejércitos golpistas de otras naciones de la región, las cuales han instaurado por decisión propia sangrientas dictaduras. Y cuando los militares mexicanos participaron en la disparatada guerra contra la delincuencia, decidida por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, lo hicieron por obediencia al poder civil, sin dejar constancia de su desacuerdo con una misión que excedía y desvirtuaba su mandato constitucional.
Otros datos que ilustran la peculiaridad de las instituciones castrenses del país son la alta movilidad social que existe en sus escalafones, ningún militar forma parte del selecto grupo de empresarios multimillonarios que posee buena parte de las riquezas del país y la ausencia de amagos militares por naciones vecinas: tanto en el norte como en el sur las asimetrías estratégicas son tan pronunciadas, que es casi impensable un conflicto armado con Estados Unidos, Guatemala o Belice, que son los tres países que comparten fronteras terrestres con México.
En suma, los recientes señalamientos de los secretarios de Defensa y de Marina se ciñen a la tradición histórica de las fuerzas armadas, a su estatuto institucional y contribuyen a despejar sospechas y a desmentir el fantasma de la insubordinación al poder presidencial.
México SA
Outsourcing, atraco en despoblado// Cúpula empresarial, sólo chantaje
Carlos Fernández-Vega
Desde Hace un año –cuando la iniciativa presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia le movió el tapete– la cúpula empresarial ha hecho hasta lo impensable para cancelar cualquier posibilidad de que el Legislativo modifique una sola coma a la regulación sobre outsourcing que le regaló Felipe Calderón en septiembre de 2012, a escasos meses de salir de Los Pinos.
La cúpula se retuerce y chantajea: cualquier modificación en la materia afectará el empleo que genera el sector privado, según dice, por mucho que ese tipo de empleo no sea más que ocupación muy mal pagada y abiertamente violatoria de la Ley Federal del Trabajo, que solo precariza, aún más, el mercado laboral del país. Los barones lograron congelar la iniciativa citada líneas arriba –por cortesía de uno de sus cabilderos, Ricardo Monreal–, y pensaron que la situación estaba resuelta. Nunca imaginaron que el mismísimo Presidente de la República presentaría la propia, en el entendido de que en el Legislativo no hay un congelador que pueda mantenerla en el olvido.
En la Cámara de Diputados armaron dos sesiones de parlamento abierto para que el sector empresarial planteara sus puntos de vista sobre la necesidad de cambiar las reglas del juego sobre el outsourcing. Meses atrás en el Senado de la República hicieron lo mismo, aunque 80 por ciento de los participantes representaban al sector empresarial, lo que da una idea de lo equilibrado que fue el ejercicio (en ese entonces Monreal dio por cerrado el tema y todo se fue a la congeladora parlamentaria).
En este nuevo ejercicio parlamentario, ¿qué plantea ahora la cúpula empresarial? Lo de siempre: que no se altere la regulación sobre el outsourcing, que no le muevan, porque va en contra de los trabajadores (¡qué cara más dura!) y que esta práctica se mantenga, porque así lo dispone el sector privado. Según su análisis, violar la Ley Federal del Trabajo sistemáticamente, y de pasadita la legislación fiscal, es sinónimo de estado de derecho.
En la mañanera de ayer el presidente López Obrador dejo en claro que es una pésima decisión promover y permitir empleos mal pagados. Es una vergüenza que sea más elevado el salario en Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. En el neoliberalismo se avalaron las reformas que hicieron proliferar estas prácticas y deterioran en grado sumo el ingreso de los trabajadores. De hecho, el salario mínimo que se paga en México ocupa la antepenúltima posición en América Latina, con todo y los incrementos autorizados para 2019 y 2020.
La iniciativa presidencial, dijo López Obrador, busca que “no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo en actividades que lo requieran, y en el resto lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores, empresas y trabajadores no permitirlo; el gobierno conversará con el sector empresarial para determinar en cuáles casos se podría operar el outsourcing sin que se registren abusos”.
En el parlamento abierto de la Cámara de Diputados, la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López, subrayó: “hemos visto un crecimiento desmedido de los esquemas abusivos de la subcontratación y necesitamos ponerle fin; las empresas de terciarización realizan pagos no auditables y utilizan conceptos que no se integran al salario base de cotización”.
La funcionaria detalló que en empresas con indicios de evasión se confirmó que había un registro menor del salario al que realmente se pagaba a los trabajadores, con una variación de 40 a 400 por ciento, mientras el director del Infonavit, Carlos Martínez, subrayó que el abuso es tal que un trabajador que está en un mismo centro de trabajo, por ejemplo un hotel, que acude a su centro laboral todos los días durante una década, puede tener 10 patrones en año, lo que implica que no tiene continuidad laboral y eso le impide solicitar un crédito de vivienda.
He ahí el tipo de empleo que la cúpula empresarial pretende mantener intocado.
Las rebanadas del pastel:
Ya aprendieron el caminito. Ahora va Rosario Robles.
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