Carlos Fernández-Vega
Los efectos económico-sociales resultantes de la pandemia han sido devastadores a nivel global; por más apartado que se encuentre, no hay un sólo país en el planeta que no haya sido afectado por este terremoto, y los pronósticos sobre la recuperación y el tiempo que llevaría son por demás desalentadores, aunque no imposibles de mejorar.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recién divulgó su informe, elaborado conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La dinámica laboral está en una crisis de características inéditas, desafíos de políticas y, entre otros elementos, aporta tres posibles escenarios, ninguno de los cuales resulta alentador: a) si a partir del próximo año la economía global registra una tasa de crecimiento promedio de 3 por ciento, en 2023 podría recuperarse el nivel que en 2019 reportó el producto interno bruto mundial; b) si esa tasa fuera de 1.8 por ciento (promedio de la última década), entonces habría que esperar al año 2025 para lograr el mismo fin, y c) si se considera la tasa promedio del último sexenio (0.4 por ciento), entonces no alcanzaría la próxima década para recuperar lo perdido.
La Cepal y la OIT presentaron su numeralia sobre el costo económico-social en el planeta, producto de la pandemia: el PIB caería 9.1 por ciento, el número de personas en pobreza crecería 231 millones (un retroceso de 15 años), la pobreza extrema aumentaría en 96 millones de seres humanos (un retroceso 30 años), las exportaciones se desplomarían 14 por ciento, la pérdida de empleos sumaría 47 millones, la informalidad avanzaría 54 por ciento y cerrarían 2.7 millones de empresas.
En uno de sus apartados, el informe de los organismos citados advierte que la mayor pérdida de puestos de trabajo se registra en los grupos más vulnerables (trabajadores informales, mujeres, trabajadores de menor nivel educativo y jóvenes), y se observa un aumento notable de la tasa de desocupación, relativamente atenuado por un número significativo de personas que salió de la fuerza de trabajo (dejó de buscar empleo), lo que genera una subestimación de la tasa de desocupación.
Se registran distintos mecanismos de ajuste temporal para preservar la relación laboral en el empleo formal: anticipo de vacaciones, reducción de la jornada de trabajo, recortes en salarios y trabajo a distancia, principalmente en las empresas grandes y el sector público. Las políticas de distanciamiento físico y restricciones a la movilidad han limitado el papel del empleo informal como mecanismo de generación de ingresos ante la pérdida del empleo formal. Para América Latina y el Caribe se estima una pérdida de ingresos laborales de 19.3 por ciento en los primeros tres trimestres del año.
La pandemia ha potenciado los problemas estructurales del mercado de trabajo con una lenta recuperación del empleo, señalan la Cepal y la OIT, lo que se refleja en reducción horas, caída de salarios y despidos; en el caso de las mujeres, menor empleo y retiro del mercado laboral (tareas de cuidado); desplome en la ocupación informal por distanciamiento y prohibición de circulación y menos hogares como empleadores; los trabajadores jóvenes (15-24 años) están en riesgo de inactividad prolongada, y las micro y pequeñas empresas tienen menor capacidad de resistir los problemas de liquidez y de implementar trabajo a distancia.
Las rebanadas del pastel
Más sobre el outsourcing: soy profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sede Morelia, y desde hace más de 10 años estamos en esa situación: un alto porcentaje de los trabajadores docentes y administrativos de esta institución universitaria estamos en ese esquema o su equivalente. Nos renuevan contrato cada seis meses y, obviamente, sin ninguna prestación, aunque ellos dicen que sí. Por ejemplo, vas al IMSS y no te atienden porque tu patrón no ha pagado o no te ha dado de alta. Así en todos los derechos de los trabajadores que ampara la Ley Federal del Trabajo (por obvias razones se omite el nombre del denunciante).
cfvmexico_sa@hotmail.com
Negocios y empresas
Interjet
Miguel Pineda
El futuro de Interjet está en manos de la Secretaría de Hacienda y, en especial, de Raquel Buenrostro, jefa del SAT, con quien se negocia el pago de impuestos atrasados. En caso de que no se logre la restructura de este adeudo la aerolínea no sobrevivirá, ya que los 150 millones de dólares ofrecidos para la capitalización no alcanzarían siquiera para pagarle al gobierno lo que se le debe.
Si se presenta la quiebra todos perderán, con excepción de la competencia y, en particular, de Aeroméxico, firma en la que Andrés Conesa ha realizado un buen trabajo en esta profunda crisis. Perderá el gobierno porque no recuperará peso alguno en impuestos, perderá Aeropuertos y Servicios Auxiliares, debido a que no le pagarán la turbosina, perderán 5 mil trabajadores calificados que se quedarán sin empleo y perderán los accionistas bajo el liderazgo de Miguel Alemán.
Además, los acreedores privados de esta aerolínea, entre los que se encuentran los arrendadores de aviones, los grupos aeroportuarios, los bancos nacionales e internacionales que le otorgaron créditos, los arrendadores de sus oficinas, los centros de contacto en donde se comercializan los boletos y las agencias de viajes con las que tiene una relación comercial también perderán mucho dinero y despedirán a cientos de trabajadores.
La decisión para el gobierno no es fácil, ya que si otorga un trato preferencial a Interjet, tendría que dar un apoyo equivalente al resto de las aerolíneas; aunque hay que señalar que Aeroméxico ya logró un buen acuerdo en materia fiscal y las otras aerolíneas también avanzan en sus negociaciones con el gobierno gracias a que cuentan con mejores garantías de pago.
Otra posibilidad es que las autoridades acepten cobrarse en especie, contra propiedades de Interjet o de sus accionistas; o que el control de la empresa pase a manos del gobierno en un proceso de estatización temporal, lo cual se ve poco probable porque atentaría contra la libre competencia.
Por ahora, reiteramos, la decisión final no está en manos de los accionistas sino de las autoridades. Esperemos que tomen la mejor decisión en afán de mantener el empleo, la competencia y a una aerolínea con 15 años de operación. El país no merece que se repita la triste historia de Mexicana de Aviación que, después de una década de su quiebra, todavía mantiene heridas abiertas.
miguelpineda.ice@hotmail.com
