▲ El ataque contra la sede legislativa dejó un saldo de al menos 22 detenidos, heridos e intoxicados por gas lacrimógeno y las llamas dentro del edificio.Foto Afp
Reuters, Afp, Ap y Sputnik. Periódico La Jornada
Domingo 22 de noviembre de 2020, p. 24
Ciudad de Guatemala., Un grupo de manifestantes destrozó e incendió ayer una parte de las oficinas del Congreso de Guatemala durante una masiva protesta contra el presidente Alejandro Giammattei y el cuerpo legislativo por la aprobación del presupuesto general de la nación para 2021, el más alto en la historia del país, pero que no considera aumento a las partidas sociales.
Ante la gran movilización, el mandatario tuiteó: Previo a recibir el presupuesto del Congreso, me estoy reuniendo con sectores y grupos de la sociedad para analizar las modificaciones que en los próximos días se presenten. En su mensaje apuntó que trasladará una iniciativa de ley al Congreso para conocer y materializar los cambios, aunque no precisó qué sectores y grupos negocian el reajuste en el gasto proyectado. En desarrollo del proceso, seguiremos informando, agregó.
Las llamas en el Congreso se veían desde la calle mientras algunos inconformes lograron ingresar al recinto. Los bomberos dijeron que una parte importante del palacio fue consumida por el fuego, específicamente la sección adonde ingresan las propuestas de ley.
La irrupción, achacada a grupos de infiltrados, dejó varios heridos e intoxicados por el gas lacrimógeno lanzado por la policía y el humo de las llamas dentro del edificio legislativo. Los bomberos y miembros de la Cruz Roja atendieron a los afectados.
Reitero que se tiene el derecho de manifestar conforme la ley. Pero tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos les caerá todo el peso de la ley, advirtió Giammattei en otro tuit.
Los hechos de violencia, que se saldaron con al menos 22 detenidos, contrastaron con las 7 mil personas que tomaron pacíficamente la Plaza de la Constitución para manifestarse frente al Palacio Nacional, como pasó en las protestas de 2015 que rechazaban a las denuncias de corrupción en el gobierno y que llevaron a la renuncia del general Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Rosario Murillo.
No más corrupción, Fuera Giammattei y Se metieron con la generación equivocada fueron algunas consignas coreadas o escritas en pancartas mientras los manifestantes ondeaban banderas azul con blanco, los colores nacionales. Nos indigna la pobreza, la injusticia, cómo se han robado el dinero del pueblo, señaló Rosa de Chavarría, profesora de sicología de la universidad pública de San Marcos de Guatemala.
En calles aledañas del centro histórico capitalino, los grupos antimotines lanzaron gas lacrimógeno contra los manifestantes, pero la acción no detuvo la movilización. Casi entrada la noche, los manifestantes fueron dispersados nuevamente por la policía, pero regresaron a la plaza para continuar con la protesta.
Cientos de personas en varios departamentos del país, con pancartas y mantas, exigían vetar el presupuesto, transparencia en el gasto público y control a los diputados, varios de ellos señalados por actos de corrupción. En redes sociales, varias fotografías mostraron a grupos de personas frente a las sedes diplomáticas guatemaltecas en Argentina o Alemania en señal de solidaridad a la protesta.
Estas manifestaciones se producen después de que el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, propuso el viernes a Gia-mmattei que ambos renuncien a sus cargos por el bien del país porque las cosas no están bien en el gobierno.
Además de la renuncia de ambos, Castillo pidió a Giammattei vetar los presupuestos de 2021 porque tienen anomalías, por lo que deberían ser devueltos al Congreso y ser modificados, explicó, apelando a la eficiencia, transparencia y austeridad para no tener más endeudamiento.
El descontento e indignación de los guatemaltecos contra el Congreso y el gobierno de Giammattei se incrementó por la opacidad de los recursos para enfrentar la pandemia de Covid-19 y por los estragos que dejó el huracán Iota.
La movilización también se dirigió contra la Corte Suprema de Justicia por tramitar el retiro de inmunidad a magistrados constitucionales y sus fallos, que han frenado varios intentos de políticos por detener la lucha contra la corrupción e impunidad.
El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobaron el miércoles el mayor presupuesto en la historia del país, de casi 12 mil 800 millones de dólares, un aumento de cerca de 25 por ciento respecto a las cuentas de este año.
La mayoría de fondos están dirigidos a infraestructuras con el sector privado y no prevé aumentar las partidas de salud o de educación ni las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil, así como a la defensa de los derechos humanos ni la atención primaria a pacientes con Covid-19, entre otros rubros.
En Guatemala, 59.3 por ciento de los casi 17 millones de habitantes viven en la pobreza, y la desnutrición afecta a casi 50 por ciento de los niños menores de cinco años. Varias entidades económicas y analistas advierten que es un riesgo que un tercio del presupuesto sea financiado por deuda.
Guatemala: el pueblo vuelve a las calles
▲ Un grupo de manifestantes destrozó e incendió una parte de las oficinas del Congreso durante una protesta masiva contra el presidente y el cuerpo legislativo por la aprobación del presupuesto para 2021, que es el más alto de la historia de la nación pero no contempla aumento a las partidas sociales. La irrupción dejó varios heridos e intoxicados por el gas lacrimógeno que lanzó la policía y el humo del incendio. No más corrupción y Fuera Giammattei, entre las consignas. Foto Ap / Agencias
Alrededor de mil personas ingresaron ayer a la sede del Congreso de Guatemala y prendieron fuego a parte de las instalaciones en protesta por el presupuesto aprobado la madrugada del miércoles y avalado el viernes por el presidente Alejandro Giammattei. El presupuesto para 2021, sancionado con los votos de 116 de los 160 diputados, contempla reducciones en los fondos para educación, salud y defensa de los derechos humanos, mientras que otorga mayores recursos a los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, considerados históricamente susceptibles de la corrupción.
La irrupción en el recinto legislativo fue sólo el acto más visible de una intensa movilización popular que se extiende por diversas provincias de la nación y que ha convocado a un amplio abanico social, desde estudiantes y activistas, hasta sectores de las clases medias e incluso al poderoso gremio patronal reunido en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). El rechazo a los tres poderes de gobierno venía en crecimiento por el embate del Ejecutivo y la Suprema Corte contra la Corte de Constitucionalidad, instancia que ganó prestigio y respaldo entre la ciudadanía al amparar los esfuerzos de combate a la corrupción, pero el diseño presupuestal exacerbó a tal punto la indignación que incluso el vicepresidente, Guillermo Castillo Reyes, propuso a Giammattei renunciar de manera conjunta a fin de destrabar el conflicto.
Aunque las causas profundas del malestar social y la inestabilidad institucional que padece el país centroamericano deben rastrearse hasta la temprana formación de una oligarquía que borró las líneas entre el poder económico y el ejercicio de la política –así como a las nunca realmente resueltas secuelas de la prolongada guerra civil (1960-1996)– las razones inmediatas se remontan al fin de la administración de Otto Pérez Molina.
Presidente entre 2012 y 2015, Pérez Molina es un general retirado que en la década de los 80 participó en las masacres de comunidades indígenas perpetradas por la dictadura militar guatemalteca en el contexto de la estrategia contrainsurgente dictada a la nación centroamericana por el gobierno de Ronald Reagan. Estos antecedentes no le impidieron alcanzar el poder por la vía constitucional, pero en septiembre de 2015 se vio forzado a renunciar bajo la presión de incesantes protestas por la trama de corrupción aduanal que urdió junto a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, puesta al descubierto por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Actualmente se encuentra en prisión a la espera de juicio.
Lamentablemente, la caída de Pérez Molina no dio pie a un saneamiento de la vida pública guatemalteca, sino a la llegada de un personaje acaso más impresentable, el comediante Jimmy Morales. Lejos de tomar nota del hartazgo popular hacia la podredumbre de la clase política, Morales hizo gala del más descarado uso de la investidura para la consecución de sus fines personales, y una de sus primeras acciones de gobierno fue el hostigamiento sistemático contra la Cicig, hasta su liquidación en septiembre de 2018. Este organismo fue creado por acuerdo entre el Estado guatemalteco y Naciones Unidas en 2007 con el propósito de colaborar con el MP en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, y bajo la dirección de Iván Velásquez (a partir de 2013) llegó a convertirse en el principal bastión en la lu-cha contra las malas prácticas oficiales, logrando que se procesara a más de un centenar de políticos, funcionarios y particulares.
La desastrosa gestión de Morales abrió las puertas a la llegada de Giammattei, un conservador opuesto al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto, partidario de la mano dura –es decir, de ignorar cualquier consideración de derechos humanos– en el manejo de la delincuencia, y seguidor de la deplorable tradición de sumisión a Washington de la derecha guatemalteca. Víctimas de esta cadena de gobiernos corruptos, hoy los ciudadanos de Guatemala se encuentran de nueva cuenta en las calles para exigir que la clase política se conduzca con el mínimo esperable de legalidad, decencia y sensibilidad en un contexto, para colmo, empeorado por la pandemia de Covid-19 y el paso de los huracanes Eta e Iota.
