Como señaló Armenta, la nacionalización del litio se inscribiría entre los esfuerzos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para recuperar la soberanía energética, severamente erosionada durante los regímenes neoliberales y, en particular, por la reforma impuesta en el sexenio pasado. Aunque tal empeño de recuperación es digno de encomio, está claro que tiene límites ineludibles, uno de los cuales se encuentra precisamente en la legislación heredada del peñismo, por lo que cualquier intento de profundizar los afanes soberanistas requerirá una nueva reforma que elimine las leyes lesivas a los intereses nacionales y las ambigüedades en torno al control de los recursos del suelo y el subsuelo.
La injerencia de un grupo de congresistas de Estados Unidos, quienes el 23 de octubre pasado acusaron al gobierno mexicano de llevar a cabo una política energética que amenaza los intereses de los inversionistas de ese país, devolvió al centro del debate el boquete abierto en la soberanía nacional por la reforma concretada en 2014, la cual pone en entredicho el dominio de la nación tanto sobre los recursos como sobre la industria del ramo.
Por otra parte, no puede perderse de vista que el mundo se encuentra de lleno en una transición energética –es decir, la sustitución de los hasta ahora omnipresentes hidrocarburos por fuentes de energía con menor impacto ambiental– y es evidente que este proceso implica la progresiva pérdida de peso económico de los combustibles fósiles y de toda la infraestructura creada en torno a ellos. En estas circunstancias, algunos materiales han alcanzado una importancia estratégica en la generación y almacenamiento de energía, la cual no hará sino reforzarse en los próximos años. Hoy por hoy, el litio es el más destacado de dichos recursos.
En suma, la iniciativa presentada reviste un gran interés nacional y social de cara al rescate de la soberanía sobre este sector estratégico, pero también como palanca para poner a México al día en la inexorable transición a nuevas fuentes de energía. Cabe esperar que las voces que han presionado para acelerar el abandono de los combustibles fósiles en el país respalden de manera activa esta propuesta, pues la transición energética es ineludible y necesaria, pero debe también ser soberana.
México SA
Industria: mal y de malas // ¿Disculpas al mafiosi? No
Carlos Fernández-Vega
Como ya es costumbre, en septiembre pasado la alicaída actividad industrial en el país no reportó un buen comportamiento (-0.05 por ciento), aunque para el Inegi los resultados concretos indican que el sector no registró variación en términos reales respecto al mes previo, con base en cifras desestacionalizadas. Sin embargo, la realidad es que la caída anualizada fue de 7.5 por ciento.
Para efectos prácticos, siempre de acuerdo con el Inegi, en septiembre pasado, y como dicen los clásicos, el balance de la actividad industrial en el país se resumiría así: ni frío ni calor, pero el balance anual se mantiene en ostentosos números rojos, y no sólo en este pandémico 2020, sino desde mediados de 2018, en el sexenio de Peña Nieto.
Una lectura más preocupante es la que hace el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), de cuyo análisis se toman los siguiente pasajes, porque la industria mexicana acumula 24 meses de tasas anuales negativas, una situación no vista desde que hay información disponible.
La recesión del sector comenzó a mediados de 2018, cuando el debilitamiento de la construcción se asoció a la situación estructural de bajo crecimiento existente en la minería, particularmente en materia de extracción de petróleo y gas. A inicios de 2019 las manufacturas comenzaron a exhibir una clara desaceleración que se unió a lo descrito para conformar una recesión generalizada de la actividad industrial en México.
La aparición del Covid-19 llevó a un extremo el entorno poco favorable: el confinamiento global, la ruptura de las cadenas de valor y la recesión que se vive en Estados Unidos y Europa se vincularon con la situación prexistente en la industria mexicana para configurar un 2020 en donde el sector promedia un crecimiento de -12.5 por ciento en los primeros nueve meses del año, proporción que supera en magnitud a lo contabilizado en otras crisis y que por sí sola llama a la reflexión sobre cuál debe ser la estrategia por aplicar para superar el vórtice de precarización que se ha gestado alrededor del sector industrial mexicano.
Para el IDIC, en la práctica hay cuatro posibles alternativas: la primera, dejar que la inercia de los eventos endógenos y exógenos determine la nueva realidad que se vivirá en la industria del país. El riesgo es que el resultado natural de cualquier crisis es la erosión del sistema productivo.
La segunda, un programa integral de política industrial que permita superar tanto los desequilibrios coyunturales como los estructurales: no se debe olvidar que el promedio de crecimiento de la industria fue inferior a 0.6 por ciento entre 2001 y 2018, y ello representa el costo del bajo contenido nacional de las exportaciones y de la dependencia de los insumos intermedios elaborados en otras partes del mundo.
En tercer plano, programas focalizados y asociados con proyectos de inversión que generen flujos importantes para la economía nacional. En alianza con empresas privadas y gobiernos interesados en trasladar operaciones industriales a México se podrían crear algunos elementos de fomento a la industria nacional que permitirían enfrentar la crisis en mejores condiciones, aunque no resolverían el rezago estructural. Y por último, un programa híbrido que considere las alternativas 2 y 3 en conjunto con una mayor acción de la banca de desarrollo.
¿Cuál es la mejor opción para México? Habrá que ver, pero el hecho es que durante las pasadas cuatro décadas los neoliberales privilegiaron la agenda de corto plazo para enfrentar todas las crisis, lo que redujo, estructuralmente, su capacidad de generar desarrollo económico y bienestar social. Ahora, el entorno es aún más demandante por lo que urge una política económica diferente.
Las rebanadas del pastel
Dice el benévolo presidente López Obrador que si el mafiosi Alonso Ancira devuelve al erario los 200 millones de dólares que ilegalmente se embolsó por la venta de Agronitrogenados, entonces ya queda disculpado; se la ofrezco ahorita. Pues no: que se ahorre el perdón, porque el empresario es un delincuente.
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