Miguel Concha
El escenario político aparece dominado por los actores partidarios y por los profesionales de la política. Se ha transformado, además, de la búsqueda del bien común al enfrentamiento episódico entre organizaciones cada vez más interesadas en la cacería de cargos y representaciones, que en la procura de mejores condiciones de vida para la población.
La diferenciación clásica entre partidos políticos de izquierda y derecha es cada vez menos perceptible, dado que cuando llegan al gobierno su empeño está más en monopolizarlo y retener-lo que en operar los tan ansiados cambios que realmente impacten en el desarrollo integral de los pueblos y la garantía de sus derechos humanos.
Por supuesto que en esta tendencia observable se deben introducir matices, pues no es totalmente indiferente qué agrupación política gobierne. Algunas introducen medidas y paliativos que tienen la función de mantener la esperanza de sus electores, más que impulsar las transformaciones de fondo en los variados ámbitos de la ciudadanía. La consecuencia es de sobra conocida, el cansancio ciudadano; el malestar en la democracia; la desafección de la política, expresiones con las que se ha tematizado la frustración social ante la falta de realización de sus expectativas.
En tanto, los regímenes políticos se mantienen de manera cada vez más inestable, el horizonte de las noticias sobre las diatribas y acciones polarizantes se convierte en el episodio del día. Sabemos que los regímenes políticos no son eternos; que han habido etapas de cambios profundos, fundadores de nuevos ciclos, que la esperanza nos dice que están por ocurrir y que la realidad nos muestra que aún están en su fase de descomposición. Lo que en todos los casos parece dar señal de que la fase de cambios está por iniciarse es la aparición de diversas formas de organización social que intervienen en la vida pública y que exigen a los actores profesionales de la política tomar nuevos derroteros, o bien ser sustituidos.
Los partidos políticos de izquierda o los que se presentan como tales, cuya prueba no puede ser otra que los cambios reales que realicen o promuevan, no han sido capaces de avanzar en los cambios que impulsan sin fuertes movimientos sociales, no espontáneos, ni mucho menos dirigidos desde arriba, sino integrados por múltiples formas organizativas y orientados por un programa claro de reformas concretas para la realización de las demandas populares.
Sobre la situación de nuestro país podríamos fundamentar algunas propuestas básicas. Nuestra tradición política reciente ha sido rica en movilizaciones sociales, que han posibilitado cambios de importancia en la dinámica nacional, introduciendo temas relevantes en la agenda: los movimientos ciudadanos y la democracia; los grupos de derechos humanos y la creación de leyes e instituciones para vigilar su garantía; la participación organizada del movimiento urbano-popular en el rescate y reconstrucción de la Ciudad de México, que enriqueció con la dimensión participativa a la democracia representativa; el levantamiento indígena, que recordó la pluralidad de naciones que componen nuestro Estado y la dignidad como principal demanda de los derechos de la persona; las movilizaciones obreras y campesinas; las reivindicaciones de los grupos ambientalistas y muchas otras luchas más.
Con toda esta experiencia, no sería posible pensar en ningún gobierno que se pretenda de izquierda y decida prescindir de ella. Se requiere, por el contrario, de espacios de diálogo entre el poder político y el poder social. Y este diálogo entre gobierno y sociedad organizada no puede ser pensado como reparto de prebendas y recursos, sino como la generación de consensos en torno a estrategias para la realización de un programa que recoja las muy claras demandas de la sociedad organizada. Entre ellas: 1. El reconocimiento de su existencia y de las conquistas logradas y, por tanto, detener las descalificaciones y acciones punitivas, reconociendo lo que aportan a la democratización de la vida pública y al desarrollo integral; 2. Poner en medio de las políticas públicas lo que es central para cualquier gobierno de izquierda: el combate a la desigualdad, con eficaces acciones redistributivas, más allá de las acciones asistenciales, necesarias, pero totalmente insuficientes; 3. Poner en el centro del desarrollo económico la generación de empleos dignos, con salarios remunerados, seguridad social y participación en las decisiones de la empresa; 4. La puesta en práctica de una política de desarrollo social que habilite a la población para su autosustentabilidad, que rebase el horizonte neoliberal de las transferencias monetarias como paliativo de la pobreza; 5. Una reforma fiscal que imponga gravámenes diferenciales en función de los ingresos, que también sirva como instrumento para la regulación y reorientación de la producción, y 6. Una verdadera democracia participativa, descentralizar el ejercicio del poder y un adecuado equilibrio de poderes.
