Es innegable que la participación sin precedente de votantes latinos y jóvenes impulsó la victoria de Joe Biden en la contienda presidencial, en especial en estados como Arizona, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Nevada. Ahora nuestras comunidades tienen un claro mensaje para Biden: necesitamos restitución para los inmigrantes, acciones ejecutivas y legislación para protegerlos de inmediato. No esperaremos.
Biden necesita actuar de inmediato para promover la justicia para los inmigrantes. Desde los primeros momentos de su ingreso en la Casa Blanca, Donald Trump recurrió a la acción ejecutiva para promover su agenda nacionalista blanca y antinmigrante. En su primera semana, emitió una extensa prohibición de ingreso a musulmanes y refugiados y otra orden ejecutiva dirigida a los inmigrantes indocumentados. Tenía dos objetivos: evitar la entrada de inmigrantes negros y morenos, y hacer que los indocumentados que estaban en el país pudieran ser deportados de inmediato.
Mirando en retrospectiva, las órdenes ejecutivas iniciales de Trump en enero de 2017 marcaron de inmediato la pauta y agenda de cómo operaría su administración, enemiga de los inmigrantes. Fue una horrible anticipación de los cuatro años siguientes: asesinato de inmigrantes por agentes de la ICE y la Patrulla Fronteriza, familias separadas en la frontera, niños encerrados en jaulas, esterilización forzada de mujeres inmigrantes, esfuerzos por destruir el DACA y el estatuto de protección temporal, y nuevas restricciones sobre el número de extranjeros que pueden ingresar legalmente a la nación.
Ahora Joe Biden debe realizar acciones ejecutivas rápidas, no sólo para reparar el daño infligido por Trump a comunidades inmigrantes, sino también para crear un país mejor.
Después de una incansable organización y presión de la juventud inmigrante, Biden se comprometió durante su campaña a adoptar políticas que protejan a sus comunidades. Acordó poner fin al uso de instalaciones de detención de propiedad privada, frenar las deportaciones durante los primeros 100 días de su gobierno, expandir las protecciones para personas indocumentadas, presentar iniciativas de ley que abran camino hacia la ciudadanía, y garantizar asistencia médica gratuita a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, durante una pandemia como la de Covid-19.
Para el gobierno de Biden, la acción ejecutiva será la ruta más clara y rápida para avanzar en este tema. Pero el mandatario deberá también impulsar al Congreso para asegurar que todos los inmigrantes estén incluidos en el próximo paquete de asistencia por el Covid-19, sea cual fuere el partido que controle el Senado. Debe utilizar el periodo de transición para planear una serie de órdenes ejecutivas referentes a la inmigración y al Covid-19 que se puedan poner en marcha en enero de 2021. Al mismo tiempo, debe presionar a los líderes del Congreso para colocar a los inmigrantes en el centro de la próxima agenda legislativa federal.
En específico, Biden debe preparar y anunciar órdenes ejecutivas que: 1. Reviertan todas las órdenes ejecutivas antinmigrantes de Trump; 2. Reúnan a las familias que fueron separadas por Trump; 3. Aseguren que todos los inmigrantes tengan acceso a pruebas gratuitas y seguras de Covid-19, así como a tratamientos y a la aplicación de una eventual vacuna; 4. Reinstalen y expandan el DACA y el estatuto de protección temporal; 5. Clausuren las instalaciones de detención de propiedad privada y liberen de inmediato a todos los inmigrantes detenidos; 6. Reinstalen los programas de refugiados y asilados que fueron suprimidos por Trump; 7. Detengan todas las deportaciones hasta que haya protecciones legales permanentes para los inmigrantes, y 8. Redirijan los miles de millones de dólares entregados al ICE y a la Patrulla Fronteriza hacia esfuerzos de auxilio por el Covid-19.
El movimiento de la juventud inmigrante logró presionar a Barack Obama para crear el DACA, y ahora debemos asegurarnos de que el gobierno de Joe Biden continúe el programa.
Proteger el DACA durante los años de Trump no sólo ha ayudado a los inmigrantes, sino también ha transformado para bien la vida de la nación. Incontables jóvenes en todo el país han podido acceder a estudios superiores, carreras, propiedad de casas y más.
Sin embargo, proteger el DACA es el principio, no el fin de lo que Biden debe hacer. Así como Trump y los republicanos no han tenido reparos en promover su impopular agenda, Biden debe seguir toda ruta ejecutiva y legislativa para promover la justicia y la protección para los inmigrantes. Cuando todos los votos se hayan contado, es muy probable que Joe Biden tenga 5 millones más de votos que Trump. Eso constituye un claro mandato de una mayoría de votantes que rechazaron los ataques de Trump, en especial contra la inmigración, y que quieren que Biden gobierne de la misma manera en que obtuvo el triunfo.
Durante esta pandemia, millones de trabajadores esenciales están en el frente de batalla, ayudando a mantener segura la nación, y muchos de ellos son indocumentados. No habrá medidas de asistencia a trabajadores esenciales si no se da apoyo inmediato a todos los trabajadores indocumentados: ambos están inextricablemente ligados y no se pueden separar.
Biden debe impulsar a los legisladores republicanos y demócratas para asegurar que las iniciativas de asistencia por el Covid-19 incluyan a todos los inmigrantes, porque eso es una parte fundamental para lograr que nuestro país esté en el camino de una recuperación.
Biden debe gobernar con audacia, al lado –y no en contra– de los muchos votantes latinos, los jóvenes de color y los nuevos votantes estadunidenses que lo eligieron con grandes números. Somos la mayoría naciente y creciente de esta nación, pero hoy nuestras comunidades están luchando por sobrevivir, después de cuatro años de Trump.
Por eso hacemos un llamado a Joe Biden a que asuma el liderazgo ahora, como nuestro nuevo presidente.
¡No esperaremos!
* Greisa Martínez Rosas, beneficiaria del DACA y directora ejecutiva de United We Dream (UWD)
Traducción: Jorge Anaya
Prevenir la violencia de género, prioridad de Estado
▲ Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cientos marcharon hacia el Zócalo capitalino (izquierda) para exigir el fin de los abusos y la impunidad. En la movilización hubo grupos de encapuchadas que externaron su descontento rompiendo vidrios de negocios y mobiliario urbano; el saldo fue de 23 policías lesionadas y 20 civiles atendidas. En Europa hubo protestas de Francia a Ucrania, con énfasis en el repudio a la violencia familiar. La imagen es en Toulouse. Fotos Yazmín Ortega y Afp
Ante este panorama, la encargada de la política interior urgió a actuar desde el ámbito personal y colectivo para impulsar acciones que fortalezcan la prevención y atención a la violencia contra la mujer y refrendó que erradicar este fenómeno es una prioridad del Estado en la que los poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno deben aplicar la tolerancia cero contra esta práctica, propiciada por un entorno machista y patriarcal. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la violencia desbocada como el fruto podrido del periodo neoliberal, y destacó que las agresiones de género tienen que ver con el machismo, pero también con las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad que prevalecen en México.
En este sentido, es innegable que el régimen anterior propició una situación de violencia exacerbada en todos los ámbitos y las regiones del país, la cual es caldo de cultivo y catalizador de los abusos contra las mujeres –en particular de sus manifestaciones más extremas: la violación y el feminicidio– en tanto implica una severa devaluación y un desprecio atroz por la vida humana, a la vez que engendra un ambiente de impunidad en el cual los agresores se mueven a sus anchas.
Sin embargo, es igualmente claro que la violencia contra las mujeres, sea sicológica, sexual, económica, patrimonial o simbólica, posee una especificidad definitoria: la de originarse en una cultura machista, patriarcal y misógina. Este origen obliga a hacerle frente por medio de acciones puntuales, la primera de las cuales es necesariamente el fortalecimiento de un orden legal auspicioso para la protección de la integridad física, sicológica y patrimonial de las mujeres, así como para una plena igualdad de derechos y obligaciones.
Más allá del mejoramiento del marco legal, es necesario corregir las trabas institucionales que obstaculizan su implementación y que hoy por hoy, lejos de coadyuvar en esta ardua labor, reproducen y amplifican la violencia de género. Una de estas trabas la constituye, sin duda, la imposibilidad de fiscalizar y sancionar a los ministerios públicos estatales, cuya inoperancia y hasta hostilidad hacia las políticas de género son un elemento fundamental en la impunidad de las conductas sociales discriminatorias contra las mujeres.
Es imperativo adoptar como objetivo público el garantizar condiciones de realización personal y profesional, seguridad e igualdad sustantiva a las mujeres, y para lograrlo es imprescindible una acción combinada de las instituciones del poder público con la sociedad, ya que el enemigo a vencer es algo mucho más complejo que las condiciones económicas, las leyes o el mal funcionamiento de las instituciones: se trata de toda una cultura debe cambiar.
Está claro que no puede haber una transformación nacional satisfactoria y positiva si ésta no incluye la transformación de unas circunstancias en las que ser mujer es una desventaja, un impedimento y hasta un peligro de muerte.
