El detonador del reciente estallido social en Guatemala fue el enérgico rechazo popular al mayor presupuesto de su historia, más de 12 mil millones de dólares aprobados de forma opaca, ilegal y aumentando el endeudamiento externo. No obstante su aumento de más de 2 mil millones respecto del de 2019, reducía la ya miserable inversión social en educación, salud, amparo a lactantes y, en general en combatir la pobreza. En situación de pandemia, grave crisis económica e incremento de las carencias, sobre un piso ya existente de 70 por ciento viviendo en pobreza y pobreza extrema, resulta ofensivo un presupuesto ostensiblemente mayor al del año anterior, pero que reducía más los enclenques fondos dedicados a necesidades sociales. Las magras ayudas prometidas por el gobierno de Alejandro Giammattei a las familias más afectadas por el coronavirus han llegado incompletas, o no han sido entregadas. Si encima el presupuesto se elabora basado en el engaño y es aprobado casi clandestinamente, sin consulta a la población y se termina reprimiendo a los inconformes, es explicable que estalle la ira popular y, que algunos le prendan fuego al Congreso Nacional, uno de los símbolos de la megacorrupción que aqueja a Guatemala hace décadas. Estas protestas continúan, pero ahora con más conciencia y elevada participación de indígenas, obreros y estudiantes que en las de 2015, que culminaron con el encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina, quien fue investigado por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, instancia creada por la ONU con el beneplácito de Estados Unidos, que vio la posibilidad de tomar al general como chivo expiatorio, mientras salvaba a sus aliados de los grandes grupos económicos y entretenía a la población con esta farsa para continuar la perversa aplicación de las políticas neoliberales.
Esas políticas han propiciado la olímpica corrupción de Giammattei, que no puede explicarse si no se ahonda en su enraizamiento vigoroso en la grosera injerencia de Estados Unidos en Guatemala. A partir del golpe de Estado de la CIA (1954), que derrocó al presidente Árbenz, el país quedó gobernado por una alianza de la embajada estadunidense, las cámaras empresariales y los militares de ultraderecha, cuyos negocios con el narco, el contrabando y otros giros criminales han sido sostenidos por las fuerzas armadas antes y después de los acuerdos de paz con la guerrilla en 1996. El golpe llevó al genocidio maya, con 200 mil muertos y desaparecidos, incluyendo opositores y bases de apoyo de la guerrilla.
El genocidio terminó, no así la impunidad de sus autores, ni las masacres de indígenas ni la represión. Los acuerdos de paz abrieron cierto espacio político a elecciones, pero apenas tocaron la secular estructura de dominación imperialista-oligárquica. El colmo del cinismo es que Giammattei haya invocado la Carta Democrática Interamericana (OEA), concebida para una situación de golpe de Estado y pedido al supergolpista Almagro que vaya en su auxilio, lo que ha provocado gran indignación popular.
Teñidas por las características de cada país, es evidente que las políticas neoliberales han impulsado la corrupción en América Latina y el Caribe, como en el mundo, al estimular la prevalencia del individualismo, el consumismo, la desigualdad, el desempleo y, en general, la subordinación de lo público a lo privado.
Hay pruebas de que crecientes sectores de los pueblos de nuestra América han tomado conciencia de estas realidades y sus causas y están hartos de sufrirlas. Las rebeliones populares haitiana y ecuatoriana de 2019 y 2020, seguidas por el masivo y combativo levantamiento popular chileno, que saca fuerzas de flaqueza y nos sorprende en la pelea y desafiando la represión no obstante la pandemia; la secuencia de protestas populares en Colombia, que ya cumplieron un año pese a los asesinatos y masacres, y la reciente derrota del golpe de Estado en Perú, que en unos lugares más y otros menos, claman por una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución deja muy claro que nuestros pueblos ganan madurez política y están relanzando la ofensiva progresista iniciada e impulsada por Hugo Chávez en 1999. Marca un hito extraordinario en esta corriente histórica la rápida derrota del golpe y la dictadura militar en Bolivia por sus pueblos encabezados por Evo Morales y el MAS y la clamorosa elección del dúo Arce-Choquehuanca, que ha refrescado mucho al ambiente revolucionario y democrático en la región. La derrota electoral de Trump beneficia a este proceso porque debilita más a los gobiernos ultraderechistas de Colombia, Chile, Ecuador y no se diga Brasil. Biden dejó el cargo cuando se acentuaba el retroceso de las fuerzas populares en varios países y sería muy inteligente si buscara el diálogo con una nuestra América rebelde que tenderá a unirse y presentar un frente común verdaderamente democrático al vecino del norte. Nos falta la victoria del chavismo el 6 de diciembre en Venezuela, que estremecerá las raíces de los Andes.
Twitter: @aguerraguerra
Pandemia: la cumbre del G-20
Jorge Eduardo Navarrete
La reunión anual de los líderes del G-20, uno de los hitos rituales de la agenda política multilateral, se celebró a distancia el 21 y 22 de noviembre. Fue la segunda vez que los 20, forzados por la pandemia, optaron por este formato. En la declaración final subrayan que controlar la dispersión del virus es la clave para conseguir la recuperación económica global. Advirtieron también que la crisis del nuevo coronavirus sólo podrá resolverse cuando el virus sea derrotado en todo el mundo. Indican, de este modo, que combatir con efectividad la pandemia a escala global es condición sine qua non para plantearse cualquier otro objetivo. Aunque en diversas ocasiones los 20 habían intentado sin particular éxito centrar el debate de sus cumbres en un gran tema prioritario, en esta ocasión la realidad lo impuso sin ambages. La reunión virtual del G-20 en Riad fue, sin duda, la cumbre de la pandemia.
Las intervenciones del Presidente de México en las sesiones plenarias de sábado y domingo se concentraron en el asunto prioritario. En la primera, subrayó que “[l]a sa-lud es un derecho humano fundamental que el Estado tiene que garantizar, haciendo a un lado el afán de lucro. La atención médica, las vacunas y los medicamentos deben ser gratuitos y de aplicación universal…” En la segunda dio cuenta breve de las acciones de México para combatir la pandemia y paliar sus efectos sobre la actividad económica. Destacó que para este último objetivo resultarían importantes la reducción de la deuda de las naciones pobres y la disponibilidad de recursos financieros para los países de ingreso medio a costos equivalentes a los que ahora prevalecen en los mercados de las naciones desarrolladas.
De entrada, al mirar al futuro, el comunicado de los 20 se refiere a los temas de salud. Se trata, en primer término, de superar las vulnerabilidades que han hecho tan difícil, dolorosa y costosa la actual experiencia. Debe tenerse plena conciencia de las insuficiencias en materia de preparativos, prevención, detección y capacidad de respuesta oportuna. “Reafirmamos –declaran los líderes– nuestro compromiso con el cumplimiento de las regulaciones internacionales de salud y con el mejoramiento de su puesta en práctica, incluyendo el apoyo a aquellos países que lo requieran… Los sistemas [nacionales] de salud funcionales, incluyentes y resilientes son esenciales para alcanzar la cobertura universal de salud”.
En cuestiones más específicas, se alude a las enormes exigencias financieras y a los no menores desafíos logísticos que plantean las actividades de investigación, desarrollo, manufactura y distribución de materiales de dignóstico, tratamiento y vacunación seguros y efectivos. Se reitera la intención política de asegurar un acceso equitativo y asequible para todos y se proclama que la inmunización generalizada constituye un bien público global.
Diversos comentaristas subrayaron la divergencia entre esta intención, ya expresada en la cumbre de marzo, y la forma en que se ha desenvuelto la elaboración de vacunas y los riesgos de grandes disparidades en su distribución. Véase, por ejemplo, esta información: “la distribución de vacunas en 2021 será un indicador clave de la efectividad de los esfuerzos de cooperación intergubernamental para conseguir que quienes más la necesitan reciban una inmunización temprana o de si el factor decisivo en la distribución continuará siendo la capacidad financiera de las naciones ricas… hasta el momento, las economías más poderosas han adquirido casi todas las dosis disponibles de las dos vacunas más promisorias: la de Moderna y la de Pfizer-BioNTech… [Entrambos,] disponen de capacidad para producir mil 350 millones de dosis de sus vacunas para finales de 2021, comenzando con 50 millones antes del fin del presente año. La mayoría de estas dosis han sido reservadas por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Japón. Los líderes del G-20 eludieron la cuestión del número de dosis que se destinaría a sus propias poblaciones y cuántas se pondrían a disposición del esquema Covax, que ha anunciado la intención de distribuir [con criterios no comerciales] 2 mil millones de dosis en el mundo para finales de 2021.” (Chris Gilles, G20 leaders pledge to ensure global access to Covid vaccines, Financial Times, 22/11/20).
Parece ya inevitable una distribución regida por criterios comerciales de las vacunas que obtengan la aprobación de las distintas autoridades nacionales de salud, lo que las concentrará en los países arriba mencionados y algunos más. Queda la expectativa, para la segunda parte de 2021 o más adelante, qué aumentos sustanciales en la variedad de vacunas efectivas y seguras y en la disponibilidad de dosis permitirá atender más ampliamente la demanda mundial.
