Carlos Fernández-Vega
▲ Aspecto de la principal convención mundial de la industria minera que anualmente se desarrolla en Toronto, Canadá. En el cónclave participaron las secretarias de Economía, Graciela Márquez (sentada) y del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. También acudieron Fernando Alanís Ortega, director general de Industrias Peñoles; el diputado priísta Carlos Pavón; los líderes sindicales Javier Villarreal y Tereso Medina (CTM Sonora y Coahuila, respectivamente), y el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga (con gorra).Foto La Jornada
Como en los buenos tiempos –que, por lo visto, no terminan de irse– y para que nadie dude quiénes son los dueños de la batuta en esos menesteres, los barones mexicanos de la minería placean a funcionarios (ahora de la 4T) en Toronto, Canadá. Por si fuera poco, también viajan con sus mascotas disfrazadas de líderes de sindicatos blancos.
En la convención más reciente (marzo de 2020) con los barones de la minería, compartieron el pan y la sal Luisa María Alcalde y Graciela Márquez, secretarias del Trabajo y de Economía, respectivamente, y el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga (otrora empleado del grupo privado Villacero, al que Carlos Salinas vendió –léase: regaló– la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas; desde 2006 pasó a ser propiedad de la trasnacional ArcelorMittal).
Junto a ellos aparecieron algunas mascotas de Baillères y Larrea, como los líderes sindicales Javier Villarreal y Tereso Medina (CTM Sonora y Coahuila, respectivamente) y Carlos Pavón –alias La Marrana–, actual diputado priísta de representación proporcional (cortesía de los barones de la minería) y zacatecano que se presume muy amigo de su paisano Ricardo Monreal, el descarado cancerbero del outsourcing. A su lado, Fernando Alanís Ortega, director general de Industrias Peñoles, propiedad del también dueño de El Palacio de Hierro. Y todos fueron felices.
Oficialmente, la Cámara Minera de México es la que placea a los funcionarios mexicanos en convenciones como la mencionada, pero (como lo ha denunciado el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia) ese organismo empresarial es dominado por dos de los grupos más grandes de este sector: Grupo Peñoles y Grupo México, de tal suerte que todo apuntaría a que la visita de los funcionarios mexicanos fue por cortesía de Alberto Baillères y Germán Larrea. No hay problema por el lado de los líderes de los sindicatos blancos, porque siempre han sido los gatos de los patrones.
Entonces, ¿qué sucede con Luisa María Alcalde y Graciela Márquez? Tienen tiempo para el placeo, pero no para lo importante. Por ejemplo, en febrero de 2019 el presidente López Obrador ordenó el rescate de los mineros que, desde 2006, permanecen bajo toneladas de rocas en Pasta de Conchos. Transcurridos 15 meses, la secretaria del Trabajo sólo da largas y más largas.
En marzo de 2019 el mandatario anunció que su gobierno no otorgará más concesiones mineras (“porque ni en mil generaciones terminarían de explotar los 80 millones de hectáreas que fueron concesionadas en gobiernos anteriores), aunque detalló que no cancelará las vigentes. Sin embargo, ordenó una detallada revisión para conocer el estado que guardan las activas. Más de un año después, la secretaria de Economía no ha dicho ni pío al respecto.
En noviembre de 2018 el grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó una iniciativa de reforma a la Ley Minera, pero a casi 17 meses de distancia tal propuesta permanece en el cajón de los recuerdos, siempre con los atentos saludos de Ricardo Monreal, muy amigo, según presume, de Baillères, Ancira y otros barones de la minería.
Entonces, parece que no todos jalan parejo en la 4T.
Las rebanadas del pastel
El solo apodo da en qué pensar, pero un hecho define a La Marrana: en diciembre de 2008 fue encarcelado en Coahuila, acusado de fraude y malversación. El sindicato minero pagó su fianza –5.6 millones, que el hoy diputado priísta nunca reintegró a las arcas sindicales– para que abandonara el reclusorio. Entonces fungía como secretario de Asuntos Políticos del sindicato minero, y hablaba maravillas de su jefe y amigo Gómez Urrutia. Culpó a Larrea y Ancira, y dijo que ellos están dispuestos a pagar lo que sea para acabar con el sindicato. Pero algo sucedió en la cárcel, porque después Carlos Pavón se dedicó a despotricar contra la organización que lo arropó, lo que quiere decir que en el penal lo hicieron totalmente Palacio.
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Covid-19: de la ignorancia a la mala fe
En una escandalosa muestra de irresponsabilidad, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desafió ayer en un mitin de seguidores suyos las medidas de confinamiento establecidas por los mandatarios estatales de ese país para mitigar los contagios de SARS-CoV-2, en momentos en que el ritmo de infecciones se acelera, la cifra de fallecidos al día ha superado 400 y la pandemia aún no ha llegado a su punto máximo entre la población brasileña, según estimaciones de los expertos.
Por desgracia, no es el único caso. En Estados Unidos, sectores de la derecha política, alentados por declaraciones del presidente Donald Trump, han empezado a movilizarse para exigir en forma precipitada el levantamiento de las medidas de reclusión y distanciamiento, y algunos gobiernos estatales, por convicción o por presión, han permitido la reapertura de restaurantes, tiendas y otros negocios –son los casos de Luisiana, Colorado, Carolina del Sur y Texas–, cuando el país acumula más de un millón 100 mil contagios y 67 mil 680 muertes en tres meses, cifra superior, esta última, a las bajas mortales sufridas por la superpotencia en los 13 años de la guerra de Vietnam.
En forma paralela, y de manera sincronizada, estamentos opositores de España, Argentina y México han difundido en redes sociales la consigna basta de cuarentena.
Un denominador común en todos esos casos es el recurso de apelar a las carencias materiales de las personas, ciertamente agudizadas por el parón antiepidémico, y a la urgencia de reactivar la economía.
Sin desconocer que, en efecto, la suspensión de labores en buena parte de los sectores económicos y el confinamiento de centenas de millones de personas en sus hogares han conllevado severos perjuicios en el nivel y la calidad de vida de la gente y causado un gravísimo desastre a la producción, el comercio y las finanzas de todo el planeta, debe considerarse que la catástrofe económica y el sufrimiento de las poblaciones serían mucho mayores si se levantaran de manera precoz las restricciones; ello causaría que la pandemia cobrara nueva fuerza, que la carga de enfermedad subiera a niveles casi inimaginables, las muertes se multiplicarían y colapsarían los servicios de salud y funerarios.
Paradójicamente, esas campañas irresponsables surgen de los mismos que hasta hace no mucho minimizaban la amenaza del nuevo coronavirus –casos de Trump y Bolsonaro– y que poco después, en los países en los que son oposición, denunciaran un supuesto ocultamiento de las cifras por parte de los gobiernos con el presunto propósito de esconder circunstancias catastróficas. Pero, salvo en el caso de Ecuador, donde la presidencia de Lenín Moreno se vio desbordada por la crisis sanitaria y perdió del todo el conteo de contagios y fallecimientos, no hay indicios que permitan suponer prácticas de adulteración de las cifras en el resto de las naciones.
De los casos referidos resulta inevitable suponer que no es siempre la ignorancia la que lleva a exigir una vuelta precipitada a la normalidad, que tendría consecuencias necesariamente devastadoras, sino que detrás de esas posturas hay también un componente inocultable de mala fe.
