John M. Ackerman
Circula una amplia variedad de teorías que sostienen la muerte inminente del sistema neoliberal mundial a raíz de la pandemia de Covid-19. Se postula que a partir de la crisis actual los gobiernos y los pueblos se darán cuenta de la necesidad tanto de establecer una mejor relación, más sana y equilibrada, con la naturaleza como de ampliar la inversión pública en sistemas de salud y otros servicios públicos.
Estos puntos de vista constituyen importantes expresiones del optimismo de la voluntad tan valorado por Antonio Gramsci. Sin embargo, también es importante completar estas visiones con un sano pesimismo del intelecto, como señalaba el mismo autor.
Primero, el distanciamiento social juega en contra de la consolidación de proyectos políticos de izquierda. La reclusión en el espacio privado del domicilio obstaculiza la construcción de las amplias redes de confianza necesarias para una efectiva organización social. Si bien las redes digitales han experimentado un auge durante esta cuarentena, este tipo de redes sólo sirven para la acción colectiva cuando están vinculadas a redes más auténticas basadas en el contacto físico y emocional.
Además, de manera paradójica, la huida hacia nuestros espacios privados reduce nuestra privacidad, ya que una porción cada vez mayor de nuestras actividades se desarrolla en línea y, por tanto, son observables por el mundo entero. La privacidad en línea es una fantasía en un ciberespacio dominado por grandes empresas como Youtube, Facebook, Twitter e Instagram y acechado por agencias de seguridad de múltiples países. Todo se encuentra bajo la lupa y podrá ser grabado y registrado, así que en el contexto actual es casi imposible contar con espacios verdaderamente autónomos y libres para la discusión y la organización.
Segundo, la suspensión de actividades económicas castiga más fuerte a los trabajadores manuales, a las pequeñas empresas y a los sectores productivos de la economía, en comparación con los trabajadores intelectuales, las grandes empresas y los sectores financieros. Los trabajadores manuales no pueden hacer home office y las pequeñas empresas no cuentan con ahorros. Y si bien los bancos sufren por la insolvencia de algunos de sus préstamos, también se benefician de la desesperada búsqueda de nuevos créditos para sobrellevar la coyuntura.
La cuarentena entonces tiene la tendencia de aumentar la concentración de la riqueza y fortalecer la especulación financiera, así como de potenciar la voz de la clase media urbana por encima de las demandas del sector obrero.
Tercero, el renovado activismo gubernamental es estrictamente coyuntural. La mayoría de las medidas económicas contracíclicas implementadas por gobiernos alrededor del mundo sólo buscan mantener a flote la economía y sostener la legitimidad gubernamental en el corto plazo. Es llamativo, por ejemplo, que ningún país ha aprovechado la coyuntura actual para implementar medidas más profundas de transformación estructural, como un aumento a los impuestos de los más ricos o la expropiación de industrias claves, por ejemplo.
Casi todos los gobiernos más bien han buscado la salida fácil de financiar sus estímulos económicos por medio de un aumento en la deuda pública. El problema con ese tipo de acciones populistas es que tienen efectos profundamente negativos a largo plazo, ya que fortalecen la dependencia de los países en los bancos. Estos préstamos deben ser devueltos, con intereses, después del fin de la pandemia, so pena de recibir duros castigos por los mercados internacionales y también fuertes presiones proneoliberales de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
México es una importante excepción al respecto. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está financiando sus importantes estímulos a la economía, de millones de nuevas becas y créditos a los más necesitados, por medio de un recorte a la burocracia y poniendo fin a la evasión fiscal. Se trata de un asalto final a las prácticas neoliberales tan comunes del pasado de inflar las nóminas gubernamentales y perdonar a los amigos empresarios.
Es precisamente por ello que el Presidente ha señalado que la crisis actual ha caído como anillo al dedo, ya que le ha permitido avanzar con aún más contundencia con su agenda antineoliberal.La aplicación estricta de los principios de austeridad republicana ha permitido un aumento en los apoyos a la población sin hipotecar el futuro de la nación, justo lo contrario de lo que ocurría con la austeridad neoliberal, que reducía los apoyos a la sociedad y aumentaba la dependencia en el capital financiero.
Hasta el momento no existe indicio de que la pandemia de Covid-19 vaya a generar un viraje mundial en favor de un estado social de derecho que favorezca el bienestar de los más vulnerables. Sin embargo, habría que celebrar que por lo menos en México la crisis actual no ha logrado descarrillar el proyecto antineoliberal que estaba ya en curso, sino que lo ha afianzado y consolidado.
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Economía viral
León Bendesky
Desde antes de que irrumpiera la pandemia del coronavirus se habían planteado algunas ideas sobre el proceso general del crecimiento económico y sus consecuencias.
Una de ellas remite a la cuestión medioambiental y la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono. Afirma que no hay medidas suficientes de política pública o mecanismos del mercado que consigan ese objetivo y que sólo queda el decrecimiento.
Otra idea parte de que la medición del PIB y su evolución no representa adecuadamente las condiciones económicas ni su repercusión social en un país. Afirma que el estancamiento productivo que se ha registrado en los últimos años podría ser un factor positivo en un entorno de estabilidad. Esto contrasta con la idea planteada, desde hace ya varios años, acerca de que el capitalismo atraviesa por una etapa de estancamiento secular que requiere redefinir los patrones de la generación del producto y el ingreso, y supuestamente, también, del modo en que se distribuyen.
La irrupción de la pandemia del nuevo coronavirus, que se fue dando de manera progresiva prácticamente desde finales del año pasado, obliga a repensar muchas cosas acerca del proceso económico. A saber: el crecimiento productivo, el lugar del trabajo, el papel de las inversiones privadas, los mecanismos financieros y las medidas monetarias y la actividad del gobierno en materia de ingresos, gasto y deuda.
Ya se sabe bien lo que significa una disrupción prácticamente total de la actividad económica, del desplome del crecimiento. Eso es lo que ha ocurrido en buena parte del mundo. Colapsaron la demanda y la oferta, ha habido necesidad de definir y aplicar no sólo las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia, sino también aquellas que atañen al sostenimiento de la capacidad de resistencia de las familias y las empresas que han quedado más expuestas.
Las decisiones que se han tomado, cualesquiera que hayan sido en función de distintos criterios técnicos y políticos, van a marcar necesariamente el escenario pospandemia.
En el primer año del gobierno actual se fijó como objetivo primordial reducir la corrupción reinante. Esa fue la oferta electoral y se mantuvo como acción de política pública. Se aplicó una severa contención del gasto público. El crecimiento del PIB fue prácticamente nulo en 2019 y ahora, con pandemia de por medio, las estimaciones para 2020 son de una severa contracción, como ocurre en el resto del mundo.
Tras el resultado negativo de 2019 se argumentó que esa no era una medición relevante, puesto que se había conseguido un mayor desarrollo. Esto significaba explícitamente que los programas de apoyo social que se habían implementado eran eficaces para aumentar el ingreso de las familias receptoras. Esa medida es efectivamente distributiva, pero había que plantear si era suficiente para sostener y elevar en el tiempo los ingresos de esa parte de la población. Esto es dudoso.
Aquí entra de nuevo la cuestión del crecimiento productivo y la generación de empleos mejor remunerados, amparados en un sistema de seguridad social más efectivo. En el sector productivo privado se generan la mayor parte del empleo y el ingreso en el país. El gobierno contribuye sólo con una parte, estimada en un quinto. Pero su acción es decisiva para conformar un entorno de mayor bienestar social y abatir la desigualdad.
Es también ahí donde se genera la mayor parte del ingreso público por la vía de los impuestos, recursos indispensables para la política del gobierno. La contratación de más deuda pública se ha eliminado como opción y se entiende, pues su efecto es intergeneracional y repercute en más desigualdad. Esto condiciona las demás opciones de las que pudiera disponerse. No obstante, el nivel de la deuda existente será más oneroso porque se eleva con respecto al PIB que se está contrayendo.
Con las repercusiones adversas de la pandemia, todas estas cuestiones adquieren una nueva dimensión. Cuando esto termine se irá redefiniendo muy rápidamente un entorno económico y social, y lo será en el marco de un gran desgaste material en las condiciones de las familias y las empresas de menor tamaño y del mismo gobierno.
La actividad económica se contrae severamente, lo que significa una caída del empleo y el ingreso, que aun será más profundo y que establecerá el piso sobre el que tendrá que rearmarse el entramado social. La mayoría de las empresas ya no contarán con la capacidad de renovar su actividad y ello complicará las condiciones para volver a emplear a la gente. La dimensión de lo que este escenario representa es enorme.
El papel del crecimiento y su efecto en el empleo, el ingreso y los impuestos sigue siendo una cuestión clave para cualquier definición de la política pública. No sólo eso. Es esencial para el modo de hacer política y alcanzar algunos consensos funcionales.
Lo será aún más cuando finalmente pase la pandemia y haya un elevadísimo nivel de desocupación de la gente y, en general, de los recursos. El ajuste necesario en ese momento no ocurrirá de manera automática ni por parte del mercado ni del gobierno.
