El Ejecutivo federal utilizó 721 millones de pesos de los mil 569 autorizados para cubrir sus requerimientos
▲ Aspecto de la sesión plenaria en la Cámara de Diputados, el 18 de marzo pasado.Foto José Antonio López
Roberto Garduño
Periódico La Jornada. Domingo 3 de mayo de 2020, p. 9
En el primer año de gobierno de la actual administración, la Presidencia de la República gastó una quinta parte del presupuesto utilizado en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto.
La Secretaría de Gobernación envió a la Cámara de Diputados el informe de la cuenta pública 2019, el cual detalla que el Ejecutivo federal sólo utilizó 721 millones de los mil 569 millones de pesos autorizados por el Congreso para cubrir los requerimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un año antes, para el ejercicio 2018, la Cámara de Diputados (que en noviembre de 2017 era dominada por el Partido Revolucionario Institucional) autorizó mil 797 millones 418 mil pesos para la Presidencia de la República. En ese último año del gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entonces encabezada por José Antonio Meade Kuribreña, autorizó ampliaciones al presupuesto presidencial, para alcanzar 3 mil 682 millones 52 mil pesos. Esos fueron los recursos públicos más elevados en la historia para un año de la administración del Ejecutivo federal.
En cambio, en noviembre de 2018, la actual legislatura de la Cámara de Diputados aprobó un tope de gasto de mil 569 millones 844 mil pesos para la administración del primer año de gobierno de López Obrador. A lo largo del ejercicio 2019, las erogaciones del titular del Ejecutivo federal se redujeron a 721 millones 286 mil pesos. Es decir, no utilizó 848 millones 558 mil pesos, menos de la mitad de lo autorizado.
Respecto de esa cuenta pública 2019, el Congreso autorizó 138 millones 569 mil pesos para la secretaría particular del presidente López Obrador, y al final del periodo terminó gastando 66 millones 201 mil pesos. A la coordinación general de administración se destinaron 435 millones 856 mil pesos, y esa instancia utilizó 350 millones 489 mil. Y uno de los pocos rubros que se incrementaron fue la jefatura de la Oficina de la Presidencia, pues se le autorizaron 43 millones 34 mil pesos, para terminar con una erogación de 44 millones 770 mil.
En el mismo rubro, durante el último año de gobierno de Peña Nieto los gastos se elevaron como consta en la cuenta pública de 2018: a la secretaría particular se le autorizaron 173 millones 804 mil pesos, y devengó 159 millones 331 mil; la coordinación general de administración había solicitado 485 millones 785 mil pesos, y al concluir el ejercicio la SHCP le autorizó ampliaciones para alcanzar 992 millones 246 mil. Y la jefatura de la Oficina de la Presidencia, que había pedido 54 millones 17 mil pesos, gastó al final l70 millones 310 mil.
En 2019, en el rubro Estado Mayor Presidencial (que para entonces había desaparecido y sus elementos fueron reintegrados a las fuerzas armadas) la Cámara de Diputados autorizó un gasto por 374 millones 133 mil pesos, y de ese monto se ocuparon 27 millones 36 mil. Y para la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales se aprobaron 236 millones 759 mil pesos, gasto que llegó a 32 millones 49 mil.
Para esos rubros, en 2018 las cosas resultaron muy distintas. Al Estado Mayor Presidencial se le había autorizado la cantidad de 398 millones 551 mil pesos, y al finalizar el ejercicio se elevó a 837 millones 727 mil. Y a la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, cuyo gasto sería de 241 millones 223 mil pesos, terminaron por otorgársele mil 118 millones 676 mil.
¿Por qué darle argumentos a la derecha?
Violeta R. Núñez Rodríguez*
Me manifiesto absolutamente en contra de un posible golpe de Estado (duro o blando), que se pudiera fraguar en el futuro al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que la derecha aproveche la pandemia y la crisis económica para intentar derrocar al gobierno actual. Lo que no entiendo es por qué desde el gobierno federal se le dan argumentos a la propia derecha y ultraderecha. Esto es lo más preocupante, sobre todo, teniendo la experiencia de los gobiernos latinoamericanos. El gobierno tendría que ser sumamente cauteloso para realizar sus acciones, algo que queda en duda con la selección del primer consorcio ganador para el Tren Maya.
Si ya era preocupante que una parte del llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya, en particular las tierras ejidales, pudiera terminar en manos de los especuladores inmobiliarios, mediante la llamada FIBRA Tren Maya, hoy surgen otras preocupaciones y muchas preguntas en torno a algunas de las empresas ganadoras para elaborar el primer tramo del proyecto.
El 23 de abril, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo dio a conocer al consorcio ganador que será el encargado de elaborar el proyecto ejecutivo, suministrar materiales y construir la plataforma y vía del Tren Maya, del primero de los siete tramos (Palenque-Escárcega), por $15 mil 538 millones 133 mil 56.79 (Fonatur, 2020). El consorcio ganador, a quien le pagaremos todos los mexicanos, está conformado por Mota-Engil México SAPI de C.V. en convenio con China Communications Construction Company LTD, Grupo Cosh S.A. de C.V. Eyasa S. de R.L de C.V y Gavil Ingeniería S.A. (Fonatur, 2020).
Mota-Engil (una empresa multinacional, de origen portugués, dedicada a la construcción y gestión de infraestructuras segmentadas por las áreas de Ingeniería y Construcción, Ambiente y Servicios, Concesiones de Transportes, Energía y Minería. Según Compranet (sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, servicios y obras públicas), Mota-Engil obtuvo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) al menos 12 contratos para obra pública con un monto de 12 mil 134 millones 96 mil 653 (Compranet, 2020), monto cercano al presupuesto del tramo 1 del tren (sin considerar el IVA). Esto significa que fue una empresa beneficiada por el sexenio anterior. La pregunta es por qué se prefiere una empresa que había sido favorecida durante un sexenio sumamente cuestionado por la falta de transparencia, en particular con las licitaciones y las asignaciones directas. Dirán que es porque presentó la mejor oferta, pero se debió considerar su pasado. Periodistas de investigación señalan profundas irregularidades de esta empresa, entre ellas incumplimiento de obra, corrupción, o favoritismo por parte del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex secretario de Comunicaciones y Transportes Ruiz Esparza ( https://www.connectas.org/guadalajara -tren-pena-nieto-capitulo-2/; https://www.sinembargo.mx/25-09-2019/3650459).
Otra de las ganadoras es China Communications Construction Company LTD (CCCC), una empresa china dedicada principalmente al diseño y construcción de infraestructura, de transporte, dragado y negocios de fabricación de maquinaria pesada (en.ccccltd.cn), con mayor fortuna en el mundo. Según Fortune, ocupa el lugar 93 dentro del Global 500 (empresas con más ingresos a nivel mundial). Sin embargo, esta empresa tiene un pasado que ha sido cuestionado. El libro La silenciosa conquista China, que evidencia el papel de las empresas de este país asiático en 25 países en desarrollo, denuncia a partir de testimonios, cómo esta empresa, que subcontrató a Aolong en África (Gabón), para construir una carretera, casi esclavizó, dicen los autores, a sus trabajadores chinos, a quienes desde China se les había prometido que recibirían mil euros al mes. No obstante, tuvieron que huir. Al respecto, indican los testimonios: “Enseguida vi que las condiciones iban a ser difíciles, inhumanas. Teníamos que compartir una cama individual de 90 centímetros con otro compañero, las horas extras no se pagaban y sólo teníamos dos días de descanso al año… nos daban de comer arroz podrido”. Pero esto no fue todo, trabajaban a destajo, en jornadas eternas bajo un sol de justicia, y lo peor ocurrió cuando al primer mes, el salario no llegó, “la empresa pagó una parte… en el segundo y tercer mes… los trabajadores tampoco recibieron los ingresos… según el contrato” (Cardenal y Araújo, 2011).
Aunado a esto, el Banco Mundial comunicó la inhabilitación de CCCC y de todas sus filiales, por prácticas fraudulentas en la Fase 1 del proyecto de mejora y gestión de carreteras nacionales de Filipinas (BM, 2011). Además, periodistas independientes (https://www.las2orillas.co/los- lunares-de-una-de-las-empresas-del-consorcio -chino-que-se-disputa-el-metro-de-bogota/) también denuncian irregularidades de esta empresa China, en otros países en desarrollo.
La gran duda es por qué seguir dando más argumentos a la derecha, pero sobre todo por qué poner y exponer los territorios agrarios del sur de México a las grandes empresas que buscan, no el bienestar social, sino la ganancia.
*Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI
