De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre el año 2000 y el presente, la deuda del sector público mexicano pasó de 19 a 45 por ciento del producto interno producto (PIB), un crecimiento a todas luces preocupante que, además, no considera el débito contraído por el Estado para el rescate bancario y de las carreteras concesionadas tras la crisis de 1995. Sólo en la década anterior, la deuda del sector público federal se disparó en 166 por ciento, al pasar de 4 billones 213 mil 878 millones al cierre de 2010, a 11 billones 27 mil 500 millones de pesos en diciembre de 2019. En este periodo, que abarca los últimos dos años del sexenio de Felipe Calderón, la administración completa de Enrique Peña Nieto y el primer año de Andrés Manuel López Obrador, el endeudamiento trepó de 31.5 a 45.5 por ciento del PIB.
Cabe recordar que la relación entre deuda y PIB es uno de los indicadores más usados para medir la sostenibilidad del débito de una nación, es decir, su capacidad de cumplir los compromisos contraídos con sus acreedores. En este sentido, aunque la deuda del sector público mexicano se encuentra lejos de los ni-veles considerados peligrosos por los organismos multilaterales y las agencias calificadoras, el constante debilitamiento de este indicador de las finanzas estatales supone una mayor carga en materia de pago de intereses, al mismo tiempo que una contracción en el margen de maniobra de las autoridades para financiar sus actividades por la vía del crédito. Como señaló el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, dicho escenario se complica al considerar que la pandemia en curso ha traído consigo el desplome del precio del petróleo, una de las principales fuentes de ingresos del país.
Es en este contexto que debe entenderse el debate entre el gobierno federal y el heterogéneo grupo de organizaciones y voceros de los sectores privado, académico y político, que se pronuncia a favor de que las autoridades usen el endeudamiento como una de las herramientas a su alcance para hacerse de los recursos que le permitan paliar los devastadores efectos económicos de la pandemia en curso. Así, mientras el presidente López Obrador y su equipo hacen énfasis en la posibilidad de capear la situación mediante medidas de austeridad y con los recursos de los que podría disponer si algunos grandes contribuyentes cumplieran con sus obligaciones fiscales; desde el otro lado se resalta que el crédito, sobre todo si se negocia en condiciones favorables y se aplica bajo criterios adecuados, puede proveer soluciones en medio de la crisis global que se avecina. Asimismo, estos últimos insisten en que las restricciones presupuestales prolongarán la depresión de la economía y tendrán un costo mayor a largo plazo, tanto para las finanzas públicas como para el conjunto de la sociedad.
Ante esta disyuntiva, lo cierto es que el gobierno federal deberá ponerse al frente de los esfuerzos de reactivación económica para devolver al país la normalidad, una vez superada la pandemia de Covid-19. Hacerlo sin comprometer a las futuras generaciones es un imperativo, como también lo es el no renunciar de antemano a las herramientas que permitan sacar adelante a la nación. Lo importante es que cualquier decisión al respecto deberá tomarse sin presiones ni chantajes, con total transparencia, y a partir de criterios eminentemente técnicos para coadyuvar al bienestar de las mayorías.
Ni sangre, ni agua.
Víctor M. Quintana S.*
La crisis de rápida explosión del coronavirus no ha podido ocultar otra crisis de larga gestación y efecto más letal: la del agua. En un mes en Chihuahua emergieron, primero, el conflicto del eventual trasvase de la presa de La Boquilla para cumplir el Tratado Internacional de Aguas de 1944, y el domingo pasado, el ataque de los propietarios del rancho La Mohína a los campesinos barzonistas del ejido Constitución en el municipio de Ahumada.
Los campesinos de Constitución, en el desierto norte de Chihuahua, han defendido su agua desde siempre, sobre todo desde 2012 cuando, junto con el ejido Benito Juárez y muchos productores de toda la región, emprendieron un fragoroso movimiento para defender la cuenca del río del Carmen, diezmada por la perforación y aprovechamientos ilegales del agua por parte de colonos menonitas.
En 2017, los barzonistas denunciaron a Joel LeBarón Soto por plantar nogales y perforar 12 pozos ilegales en el rancho La Mohína, vecino a su ejido. Ante la omisión de las autoridades, ingresaron a la propiedad para detener las perforaciones. Entre más se explota el manto acuífero, se abate el agua de los pozos agrícolas del ejidoy de los pozos de agua potable de la comunidad: hasta las escuelas se han quedado sin el vital líquido. La situación se tensó mucho, hubo destrucción de equipo y los LeBarón acusaron al gobierno de Chihuahua de proteger a los productores barzonistas.
Los dueños de La Mohína han montado un entramado de artimañas jurídicas para operar sus pozos ilegales. Acogiéndose a viejos decretos del Ejecutivo federal alegaron haber ingresado una solicitud para que se les reconociera la legalidad de sus aprovechamientos desde diciembre de 2008. Aunque ésta fue presentada ante la CFE, nunca ante Conagua.
Conagua interpuso un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el 5 de enero de 2018 para que no se reconozca la legalidad de los aprovechamientos, mismo que fue resuelto el 30 de enero de 2018, concediéndole la suspensión definitiva a Conagua para el efecto de que las cosas se mantengan en la misma situación que se encontraban al momento en que fue presentada la demanda.
En junio de 2018 los propietarios de La Mohína demandaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de la sentencia y, el 22 de agosto del mismo año, el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del décimo séptimo circuito admitió el juicio de amparo y le asignó el número de expediente 280/18. El 7 de junio de 2019 el citado tribunal resolvió por unanimidad de votos el juicio de amparo 280/2018, negando el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos Joel LeBarón y Ellen Nadine Jones en contra de los actos reclamados a la Conagua. Resolución definitiva que quedó notificada el 14 de junio del mismo mes. Montados en su macho, los LeBarón presentaron ante la SCJN primero, un recurso de revisión (Exp. 1563/19) que fue declarado infundado el 9 de octubre de 2019 y, posteriormente, el recurso de reclamación (2321/2019), mismo que fue también declarado infundado y se confirmó el acuerdo recurrido por los LeBarón, en sesión de la segunda sala de la SCJN el 27 de noviembre de 2019.
A pesar de haber resultado vencidos en todas las instancias legales, los LeBarón, todo este tiempo, han tratado de conectar sus pozos ilegales a la energía eléctrica. Piensan que al tener la protección de sus personas por parte de la Policía Federal, primero, y de la Guardia Nacional, luego de la masacre de Bavispe, disuadirán a los ejidatarios de cualquier movimiento para impedir que operen sus pozos.
Pero las y los campesinos saben para qué sí y para qué no es la protección federal. Por eso, el domingo pasado, al darse cuenta de que los propietarios del rancho estaban instalando la postería y el tendido a fin de conectarse a la línea de transmisión, se reunió más de un centenar de ellos y procedieron a derribar un poste. Fueron recibidos a balazos por los propietarios del rancho y dos campesinos resultaron con heridas leves.
Los LeBarón han estado denunciando la supuesta invasión y agresión de los campesinos, aprovechando la presencia que les ha dado en los medios las muy reprobables y lamentables tragedias que han sufrido. De nuevo volvieron a invocar la intervención del FBI, apelando a que gozan de doble nacionalidad, revelando al mismo tiempo su desprecio por las leyes mexicanas. Pero los productores y El Barzón siguen en pie de lucha, bloquearon con zanjas la carretera Sueco-Nuevo Casas Grandes y están demandando a las autoridades de Conagua y de la CFE que no se electrifiquen y clausuren ya los pozos ilegales.
Las y los barzonistas de Chihuahua no quieren que se derrame una gota más de sangre ni de la familia LeBarón ni de ellos mismos. Pero exigen que no se perfore un pozo más en su sobrexplotado subsuelo. Toca a las autoridades federales proceder con prontitud y energía.
* Investigador-docente de la UACJ
