Enrique Galván Ochoa
▲ Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, dio positivo en una prueba de detección de Covid-19.Foto Marco Antonio Peláez
Del viernes pasado al día de ayer, el Instituto Mexicano del Seguro Social había otorgado 66 mil 590 créditos de 25 mil pesos cada uno a pequeños empresarios, sin más garantía que su palabra. Forman parte del programa de un millón de créditos que anunció el presidente López Obrador, el cual se ampliará, dijo, a 3 millones. El trámite es simple y no es necesario ir a una sucursal bancaria. El interesado ingresa al portal del IMSS y ahí encuentra una guía de los pasos a seguir.
Hay tres requisitos que no pueden dejar de cumplirse: 1.- Que el patrón no haya despedido a empleados en fecha reciente. 2.- El RFC y 3.- La firma electrónica del SAT. Si cumple los requisitos, en 72 horas estará depositado el dinero en su cuenta bancaria. Con 25 mil pesos el dueño de la tintorería o la tiendita de la esquina o el taller mecánico saben hacer maravillas. Los abonos son progresivos de 600 a 800 pesos mensuales, hasta saldar la deuda. El primer pago será dentro de cuatro meses. (Y no necesitan tener grado de inversión de Fitch, Moody’s o Standard&Poors).
Créditos boutique
Pero a las empresas que sí se les exige tener el aval de las calificadoras de crédito internacionales son las que participan en el programa de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios, que ayer provocó un agrio comentario del presidente López Obrador. Supongo que no fue bien informado de qué se trata por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Son créditos exclusivamente para los proveedores de las empresas del Consejo. En este militan alrededor de 50 hombres de negocios del calibre de Carlos Slim, Germán Larrea y el propio presidente de la organización, Antonio del Valle Perochena. No se requiere aval del gobierno mexicano, por lo que no hay riesgo de que el crédito público vaya a ser afectado. Ayer ofrecieron una conferencia de prensa Del Valle Perochena y el representante del BID en México, Tomás Bermúdez, e hicieron las aclaraciones necesarias. Las empresas micro, pequeñas y medianas (mipymes) pueden acceder al programa de financiamiento sólo a través de empresas ancla de miembros del Consejo Mexicano de Negocios. Del Valle dijo que ya se cuenta con la participación en el programa de seis empresas: Mabe, Cemex, Nemak, Genomma Lab, Axtel y Xignux. En otras palabras, son créditos boutique, para un grupo no mayor a mil empresas. Lo que falta por aclarar, y se está tardando, es el otro mecanismo de financiamiento que anunció el Banco de México por 750 mil millones de pesos. Lo que quiere saber la opinión pública es si compromete las reservas internacionales –no deben tocarse, son reservas– o cuál es la fuente de los recursos. Ayer hice una consulta al banco central y no contestó.
El Tren Maya en tiempos del Covid-19
Magdalena Gómez
Para los pueblos indígenas la decisión del gobierno federal de acelerar el paso en la consolidación de sus proyectos prioritarios, se suma al desafío de la pandemia en curso, que entraña la necesidad de organizarse para la autodefensa frente a la misma. Es el caso del llamado Tren Maya, del que mucho se ha debatido y desde las comunidades organizadas en defensa de sus territorios han denunciado que se trata de un proyecto impuesto, validado por una consulta simulada, contraria a los estándares internacionales. Cuando se inició formalmente en el país la fase 1 de la pandemia, buena parte de las comunidades mayas se encontraban en el proceso de asambleas y éste se detuvo ante el imperativo de resguardarse como indispensable medida de protección. Sin embargo, más de 100 organizaciones, comunidades mayas y colectivos en defensa del ambiente y de derechos humanos así como académic@s,aún en el contexto de la cuarentena, han emitido pronunciamientos cuya respuesta es el silencio oficial. Destacan la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, Colectivo Indignación, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Red de Litigio Estratégico en favor de comunidades indígenas y campesinas de la Península de Yucatán, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (que logró la suspensión mediante un juicio de amparo en curso), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC, Greenpeace México y Due Process of Law Foundation, entre otras. Solicitaron al presidente López Obrador suspenda la construcción del Tren Maya, y con posterioridad a la emergencia sanitaria inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo.
Ni los veo ni los oigo, es la respuesta. El gobierno federal ha tomado decisiones que le dan carácter de cosa juzgada a la oposición indígena. Incluyó sus proyectos emblema entre los que son esenciales a fin de que avanzaran los contratos en curso hacia su puesta en marcha ( DOF, 6/4/20), asimismo se definió ya la empresa ganadora para el tramo 1 del Tren Maya, que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche: el consorcio formado por Mota-Engil, China Communications Construction Company que iniciará la obra con medidas sanitarias. Fue sancionada hace años por el Banco Mundial pero se argumenta que ya venció el plazo de castigo.
Lo más relevante es la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre la asignación en favor de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya SA de CV, para construir, operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye los permisos para la formalización de este instrumento ( DOF, 21/4/20).
La SCT demanda al asignatario que se conduzca con apego a las leyes y tratados internacionales: al adquirir los terrenos necesarios con su presupuesto, los cuales formarán parte del dominio público de la Federación, advierte que le corresponde liberar el derecho de vía, protegerlo de invasiones, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región. Respetar los bienes con valor histórico, cultural o artístico y en su caso realizar acciones remediales. Llama la atención que se otorga un año al asignatario para que presente el proyecto ejecutivo del Tren Maya, a fin de que la SCT lo apruebe y se fijan cuatro años para la construcción. Los pueblos indígenas y sus territorios quedan invisibilizados, la referencia, indignante, a ellos es el apartado 3.14: Servicios a las comunidades. El asignatario no podrá negarse a transportar agua a aquellas comunidades que por sus características geográficas o climatológicas lo requieran, en el entendido de que no es responsabilidad del asignatario el suministro del agua a dichas comunidades. El asignatario, dentro de los servicios de pasajeros que preste, deberá facilitar el transporte a las comunidades aisladas considerando para ello al menos un carro. Qué tal, no se vayan a molestar l@s turistas. Los polos de desarrollo aparecen en actividades comerciales inmobiliarias, y son aquellas que el asignatario podrá realizar en las obras de infraestructura que construya para tal fin, como hoteles, oficinas, centros comerciales, restaurantes u otros similares o análogos, y que deberá iniciar dentro de los primeros cinco años de vigencia de esta asignación. Ahora los pueblos para la SCT se denominan comunidades aisladas; la llamada 4T en efecto los aisló de sus derechos o les aplicó cuarentena indefinida, hasta que éstos le impongan un ¡ya basta!
