Fue positiva a la postre la disonancia declarativa entre la Presidencia de la República y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) sobre la naturaleza del programa de financiamiento emergente acordado por ese organismo cúpula empresarial con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a fin de otorgar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para ayudarles a sortear el parón económico causado por las medidas destinadas a contener la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 en el país: ha quedado claro que, pese a las presiones iniciales de las cámaras empresariales y diversos actores políticos, la administración pública no lo adoptará como medida gubernamental, que no habrá recursos públicos comprometidos en su aplicación –ni como erogación ni como deuda– y que será simplemente un convenio entre particulares y el referido organismo financiero internacional.
Cabe recordar que desde que fue posible avizorar los desastrosos efectos que la propagación del coronavirus habría de tener en la economía nacional –como lo está teniendo, ciertamente, en todo el planeta–, el gobierno federal adelantó un conjunto de acciones para proteger de manera directa a los sectores más pobres de la población, conjunto que se ha ido ampliando en extensión y diversidad en las semanas transcurridas bajo la pandemia. También desde un inicio, las asociaciones de empresarios demandaron que las medidas económicas incluyeran subsidios, rescates o ayudas fiscales para las grandes y medianas empresas, lo que resultaba contrario a los lineamientos ideológicos y políticos y al programa económico de la Cuarta Transformación, la cual no sólo se propuso impulsar un desarrollo desde abajo, sino también suspender toda modalidad injustificada de transferencia de recursos públicos a manos privadas –salvo las que tienen un propósito redistributivo y de combate a la pobreza– como las que fueron impuestas en los sexenios anteriores con el saldo desastroso que todo mundo conoce.
En este contexto, el CMN negoció con el BID una modalidad novedosa de préstamos a particulares con la garantía de las facturas por cobrar que emiten miles de mipymes a nombre de las grandes empresas, las cuales suelen tardar tres meses, en promedio, para liquidarlas. De esta manera, las primeras podrán obtener la liquidez que requieren con urgencia para salvar la suspensión de actividades no esenciales. Según los términos del acuerdo, el papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se limitaría a autorizar la operación dentro del BID –del que nuestro país es socio accionista–, sin que ello implique fungir como aval y mucho menos como contratante de deuda pública.
Si el programa logra concretarse en esos términos, se habrán dado dos pasos de gran importancia: por un lado, se obtendrán recursos frescos para financiar a miles demipymes en apuros, lo que sin duda contribuirá a aliviar el sombrío panorama económico, y por otro, se habrá esclarecido que el sector privado puede reposicionarse en la nueva realidad nacional para desempeñar un papel sin duda positivo que justamente no incluye la atribución fáctica que ejerció en el pasado inmediato de imponer a las instituciones los lineamientos de política económica; en suma, si el plan referido se lleva a cabo tal y como está planteado, se avanzará en el propósito de separar el poder económico del poder político.
Maquiladoras y coronavirus
Luis Hernández Navarro
Don José –cuenta la periodista Ana Lilia Ramírez– era obrero en una fábrica de costura que manufactura partes para automóviles en Tijuana. Tenía 42 años de edad y llevaba cinco trabajando en la maquiladora. Padecía de hipertensión. El pasado 14 de abril falleció de Covid-19 en el Hospital Regional 1 del IMSS.
Rosa, hija de don José, le presentó a la empresa su cartilla del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que demostraba que sufría de presión arterial alta. A la compañía no le importó. Le exigió que presentara su incapacidad médica. Cuando la obtuvo era demasiado tarde. La cadena de montaje no podía detenerse. En otras palabras, laboraba o se iba a la calle. Se quedó a trabajar hasta su muerte.
Cuando la empresa fue notificada por el IMSS sobre la defunción de su trabajador, cerró sus puertas. De sus líneas de ensamble no salían productos vitales para enfrentar la pandemia. No fabricaba productos o equipo médico ni procesaba alimentos. Sólo partes para armar automóviles. Y muerte y trabajadores contagiados de coronavirus (https://bit.ly/3ePorMh).
A mil 200 kilómetros de distancia de allí, en Ciudad Juárez, dos obreras de la maquiladora Electrolux-refrigeradores murieron contagiadas de Covid-19, escribe Kau Sirenio. La empresa lo reconoció en tres párrafos de un breve comunicado. Dos semanas antes, el 7 de abril, las trabajadoras habían protestado por la falta de medidas de protección contra la enfermedad en la planta. La compañía encerró a las empleadas y despidió a 20. El 22 de abril, reconoció que tres operarios habían dado positivo. Finalmente cerró, a pesar de que asegura que su negocio es esencial (https://bit.ly/2KvKppA).
Como muestra la edición de este lunes de La Jornada (https://bit.ly/2VKdeVU ), casos como el de don José o las obreras de Electrolux son la regla. Sólo que la crisis del Covid-19 los han exacerbado. A la industria maquiladora, que florece de la mano de la precariedad laboral y una moratoria de facto de la legislación ambiental, nunca le ha importado la salud de sus operarios (muchos de ellos mujeres), sino sus ganancias. Tampoco ahora. Sus líneas de producción no deben parar y abunda la fuerza de trabajo que las mantienen activas.
Carlos Monsiváis bautizó como Taiwanajuato y Maquilatitlán a esos territorios industriales de excepción asentados en las ciudades fronterizas con Estados Unidos, pero también, en el Bajío, el valle de México o la península de Yucatán, para señalar su condición de enclaves ensambladores, en los que, los obreros, en tanto personas, son prescindibles porque son fácilmente remplazables.
El 24 de abril, sólo 141 maquiladoras de Baja California había parado actividades; 68 por ciento de empresas de la entidad continuaban en operación, según el CEEP local. Esto, a pesar de que el gobierno ordenó la suspensión inmediata desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores públicos, privado y social. No puede extrañar entonces que, el 24 de abril, a pesar del subregistro en la entidad, 60 trabajadores de plantas de ensamble en Tijuana habían dado positivo a coronavirus.
La cosa no termina ahí. Multitud de empresas que han suspendido actividades se niegan a pagar a los trabajadores la totalidad de sus salarios o han despedido a su personal.
La desobediencia maquiladora ha enfrentado, en decenas de empresas, la rabia obrera. En Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Durango, Yucatán, Reynosa y Matamoros han estallado protestas espontáneas de trabajadores. Sus demandas varían de compañía a compañía y de ciudad. Entre otras consisten en: parar actividades, no recorte de salarios, que no haya despidos con el pretexto del Covid-19, que quienes deben seguir laborando cuenten con medidas sanitarias, o, en caso de que enfermen, que se brinde apoyo a sus familiares.
Las autoridades laborales han clausurado en varias entidades norteñas maquiladoras que no realizan actividades esenciales. Pero muchas otras siguen funcionando con la mayor impunidad.
En la mejor tradición colonial, el tío Sam ha presionado a México para que las ensambladoras sigan funcionando al margen de cualquier consideración de salud. Desde Twitter, el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, llamó a mantener intactas las cadenas de suministro. Expresó su preocupación por los cierres a causa del coronavirus que perjudican el flujo de partes y productos que alimentan a las empresas de los tres países de la zona de libre comercio de América del Norte. La destrucción económica también amenaza la salud, escribió.
En la misma ruta, la Asociación Nacional de Manufactura de Estados Unidos envió una carta al presidente López Obrador para demandar la homologación de la clasificación mexicana de actividades industriales consideradas como básicas con las de Estados Unidos.
El empecinamiento empresarial por mantener funcionando las fábricas en la región de Lombardía pese a la pandemia fue fundamental en la catástrofe sanitaria italiana. La obcecación de las maquiladoras en la frontera con EU por laborar al margen de cualquier consideración de salud de sus obreros (y la falta de una respuesta enérgica de las autoridades mexicanas para impedirlo), anticipan que el caso italiano podría repetirse aquí.
Twitter: @lhan55
