Luis Linares Zapata
El evento presidencial en el Zócalo de la Ciudad de México desató la nueva andanada sistémica contra tal celebración a un año de la toma de posesión. Coincidentes en esta refriega difusiva aparecen los severos opositores de siempre. No hay desperdicio que añorar en la condena, la uniformidad vuelve a ser completa. El centro de la disputa lo forman, por un lado, la inseguridad y, por el otro, la economía estancada. Dos de los aspectos pendientes que el mismo AMLO menciona en su alocución y para los que solicita se le otorgue otro año de plazo. Y sobre de esos notorios problemas se monta una feroz crítica, ya por demás acostumbrada y, sobre todo, por demás coordinada en la siembra de conceptos derivados.
Al crecimiento estancado no se le reconocen sus influencias externas; todo se debe, acusan con suficiencia, al provocador discurso presidencial que induce la desconfianza de inversionistas claves. Nada se dice sobre la situación que aqueja al mundo entero y, menos aún, se hace un recuento –por lo demás documentado en este espacio– de la tendencia, ya inscrita en el seno mismo del proceso de crecimiento, desde hace varios años. El notorio declive arranca a mediados del sexenio pasado y ha sido persistente. La inversión, por su parte, inicia tendencia a la baja un tanto antes de ello y, como se sabe, es el factor determinante del bajo crecimiento actual.
No cabe duda de que un esbozo anual de los trabajos de gobierno es propicio para el análisis, la discusión y hasta para la crítica. Pero la forma en que la aborda el aparato de comunicación, muy condicionado por las ideas e intereses del modelo en vías de ser desplazado, configura todo un fenómeno político de enfrentamiento. La acusación de polarizar el ambiente es la acción de fondo que se le lanza a AMLO. El Presidente no desperdicia foro alguno para lanzar puyas, condenas y diatribas contra sus oponentes. Las formas que adopta en su narrativa, dicen, citando ejemplos concretos, las particulariza con motejos: fifís, neoliberales, conservadores y otras varias clasificaciones despectivas. En conjunto, repiten, va tejiendo una descriptiva red que ha enajenado a muchos ciudadanos y comunicadores.
La polarización, bien debían de saber varios de los ilustrados y severos críticos que condenan al Presidente, tiene que ver, en realidad –si es que se ha olvidado–, con la lucha de clases. Es en ese pleito histórico donde se da el quiebre y surge la polarización. No se ignora que tal concepto es anatema para todos aquellos que ven peligros comunistas por doquier. O, como expresan algunos intelectuales, les huele a naftalina que presumen haber superado tan nociva categoría conceptual. En verdad, hay que decirlo, la lucha de clases es un fenómeno cierto, vital y útil para entender mucho o casi todo lo que sucede en política y economía. El economista francés Thomas Piketty, en su nuevo libro, Capital e ideología, hace un hilado relato, inseparable por lo demás, entre la concentración excesiva de la riqueza y los desajustes sociales que afectan en todo el mundo. Para este autor, las luchas ideológicas ocupan el mero centro de la humana historia. Aunque, también reconoce que, la suya, es una interpretación sustituta de la lucha de clases. Otros autores, más apegados a la ortodoxia marxista (Vicenç Navarro), retraen, para el análisis de los sucesos contemporáneos, el célebre concepto de la explotación. Con ello piensan discernir mejor lo que aqueja a varias naciones en la actualidad. Trátese de Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina o Chile, en este continente, o Francia, España, Inglaterra o Grecia, en Europa. Se desea, de esta manera, entender mejor fenómenos complejos. En esquema, la lógica se puede trazar linealmente y abarca la triada: dominio, hegemonía y represión. En nuestro medio, todavía rige, por ejemplo, el horizonte de la meritocracia. Una forma de dominación muy en boga dentro del neoliberalismo actual. Con ella se da, a los dueños del capital, esos de mero arriba, el derecho de dominar, administrando los asensos y reconocimientos; o mediante otros variados tipos de sui generis formas de explotación como el endémico machismo, el racismo tan oculto como mexicano, el erotismo en la moda o el ahora beligerante género. Estas modalidades son, en realidad, rutas sembradas en la mentalidad colectiva para solventar la expoliación, concomitante al modelo concentrador que se piensa sustituir por otro donde rija y se aliente la justicia distributiva. Tal pretensión igualitaria, inserta en el nuevo gobierno, no es tolerable para los aguerridos y atrincherados defensores del vetusto modelo neoliberal.
Hacia el fin de la ley Bonilla
Un documento elaborado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se dio a conocer ayer, en el que sus siete magistrados concluyeron por unanimidad que la denominada ley Bonilla se aparta de la regularidad constitucional. La opinión técnica del TEPJF fue solicitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de contar con elementos que le permitan pronunciarse sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el conjunto de reformas a la Constitución de Baja California, por las cuales el Congreso de la entidad aprobó ampliar el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años.
Para entender el alcance de esta opinión es necesario aclarar que, de acuerdo con el Tribunal Electoral, la legislación impulsada por diputados de los partidos Acción Nacional, Morena, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Transformemos no puede invalidarse por las eventuales violaciones al procedimiento legislativo cometidas durante su aprobación.
A la vez, el TEPJF estima que los temas que en efecto vulneran el orden constitucional –relacionados con la retroactividad, la división de poderes, la prohibición de leyes privativas y la conclusión de los efectos– se encuentran fuera del ámbito de sus competencias, por lo que deja la decisión final en manos de la Suprema Corte, que funge como tribunal constitucional.
Más allá de los aspectos técnicos de la esfera de competencias de cada instancia jurídica, parece difícil que la resolución del máximo tribunal del país vaya a ser formulada a contrapelo del contundente juicio emitido por el TEPJF. Si, como resulta previsible, la sentencia de la SCJN sigue a la opinión técnica que recibió el 30 de octubre, se estará ante el inicio del fin de la ley Bonilla, desenlace por demás deseable en tanto las reformas aprobadas en julio son contrarias tanto a los principios democráticos como a la ética política.
Los ciudadanos que otorgaron a Bonilla un holgado triunfo sobre sus contendientes en los comicios del 2 de junio depositaron su voto en el entendido de que elegirían a un mandatario para dos años, periodo excepcional aprobado en 2014 a fin de sincronizar las elecciones locales con las federales a partir de 2021. Ante ello, la pretensión de ampliar el mandato por una vía ajena a la de las urnas constituye una franca adulteración de la voluntad popular que no tiene cabida en un régimen democrático, y representa un lastre para la imagen de la Cuarta Transformación y para el partido que postuló al actual Presidente de la República.
