Iván Restrepo
Por décadas, investigadores y grupos defensores del medio ambiente y la salud han insistido ante las autoridades mexicanas sobre la necesidad de reducir y/o eliminar el uso de numerosos agroquímicos que por su alta peligrosidad están prohibidos en otros países. En lograr lo anterior, se caminó a paso de tortuga, pese a las pruebas que existen mundialmente sobre los males que ocasionan dichos productos.
En especial la lucha se centró en eliminar los que integraban la docena sucia. Entre ellos, uno de origen industrial (policlorobifenilos con más de 200 congéneres), dos subproductos industriales (dioxinas y furanos) y nueve plaguicidas. Todos tóxicos, persistentes y bioacumulables que se encuentran en el aire, el suelo y el agua en cantidades que ocasionan efectos adversos en la salud y el ambiente. A ellos se agregan otros igualmente tóxicos utilizados en el agro mexicano. Con el agravante de que entran de contrabando por la frontera sur: DDT, aldrin, clordano, dieldrín, endrín, heptacloro,hexaclorobenceno, mirex, toxafeno, lindano, alaclor, paraquat, metamsodio y metamidofos, bromuro de metilo, endosulfán. Además, el glifosato, herbicida elaborado por la empresa alemana Bayer y al que tantas veces me he referido aquí.
Hace unos días el gobierno mexicano negó el ingreso de mil toneladas de dicho compuesto y prohibió otros que por su peligrosidad debieron cancelarse en 2015. Corrieron igual suerte otros 220 elaborados por empresas trasnacionales y locales.Todo indica que las actuales autoridades al fin van a proteger la salud pública y el medio ambiente con la prohibición del uso de numerosas sustancias químicas en el agro. Eso informó en septiembre pasado Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Aseguró que ahora la prioridad es obtener alimentos agroecológicos donde se eviten tales sustancias. En el medio rural del país se utilizan alrededor de 360 compuestos químicos.
Hace un año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación relativa a la violación a las garantías de una sana alimentación, al agua salubre, a un ambiente sano y a la salud, por el incumplimiento del Estado de no restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad en perjuicio de la población. Esta recomendación dio como fruto que el gobierno federal integrara una mesa de trabajo de la que hacen parte la Semarnat, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), así como investigadoresy organizaciones sociales.
De lo que se trata es de aprobar una legislación de avanzada sobre los agroquímicos, tal y como la tienen los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)y no ser más patio trasero de las trasnacionales que los elaboran. En todos estos logros han jugado un papel clave las organizaciones y los especialistas que llevan décadas luchando por un ambiente libre de sustancias tóxicas y peligrosas.
En 1988 la editorial Océano, de don Andrés León Quintanar, publicó Naturaleza muerta, obra donde mostré con datos muy precisos lo que pasaba con los plaguicidas en México y el daño que estaban causando. Lo reditó luego la CNDH en tiempos de los doctores Jorge Carpizo y Fernando Cano Valle. Mas lo ignoraron los funcionarios.Por fortuna, se sumaron a esa labor pionera organizaciones como Ambiente y Salud, de la doctora Lilia Albert; Fronteras Comunes, de Marisa Jacott; Greenpeace; La Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, Guadalupe Ponce y la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas y Elena Kahn, de Guerreros Verdes.
Después de más de 10 años de trabajo, el actual Consejo de Salubridad General anunció la elaboración de una política nacional integral para la gestión de sustancias químicas, a fin de acabar con su manejo inadecuado y evitar impacto a la salud y al ambiente. Elaborar una nueva legislación sobre el tema es tarea de dicho consejo, otras instancias públicas y legislativas, el sector privado y laboral, los especialistas y las organizaciones sociales. Ojalá no quede en promesa.
El Poder Judicial
Bernardo Bátiz V.
El martes 3 de diciembre, por nombramiento del Presidente de la República me incorporé al Consejo de la Judicatura Federal, lo que es para mí un honor y la oportunidad de seguir participando, ahora desde el Poder Judicial, en la Cuarta Transformación; fui recibido en el salón de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante invitados, ministros y consejeros, pronuncié unas palabras sobre la justicia; aprovecho la hospitalidad de La Jornada para compartir parte de lo que dije.
“En toda América Latina, los estallidos han sido violentos y generalizados; las calles tomadas por las multitudes, los reclamos exigentes, radicales, duros; afortunadamente en México no hubo un estallido de esa naturaleza y si lo hubo, su derrotero, su cauce fue otro, la vía institucional y democrática; en nuestro país el cambio también se dio, pero fue por decisión de multitudes, entusiastas y enjundiosas como en los países hermanos de Centro y Sudamérica, pero por la vía democrática, no en las plazas ni en las calles grafiteando y tirando piedras.
“El régimen neoliberal fue rechazado en las urnas en un proceso transparente y no impugnado; debemos congratularnos por que así haya sucedido y actuar en consecuencia. Es muy distinto un cambio a través del sufragio y de las urnas que un cambio que se dirime con las gentes en las calles, con pintas, roturas de cristales y consignas por un lado y represión violenta por el otro. Por esta vez, México ha sido privilegiado, tenemos la oportunidad de revisar el pasado y corregir lo que se requiera corregir, sin enfrentarnos unos a otros, sin motines y sin golpes de Estado.
“En este proceso, el Poder Judicial tiene un papel fundamental. La justicia es un servicio que el pueblo espera y es también la justificación del Estado. El poder público puede encomendar, no sin riesgos, otros servicios a los particulares, puede desentenderse de algunas áreas de la administración pública, pero nunca podrá hacerlo de la administración y de la procuración de justicia.
“La justicia es el motivo por el cual se creó el Estado moderno; formar parte de esa comunidad perfecta como alguna vez se le definió, que es el Estado, vivir en él, ser parte de él, implica obligaciones y responsabilidades, exige el cumplimiento de normas de convivencia y la renuncia a parte de la libertad personal.
“Los ciudadanos debemos aceptar que en el Estado radica la potestad de usar la fuerza, que nadie puede hacerse justicia por propia mano, aceptar que la venganza personal no es legítima ni legal.
“A los jueces, les toca impartir justicia, en eso consiste su potestad, interpretar la ley, asegurar la constitucionalidad en la vida pública, no en administrar bienes, ni presupuestos, ni ocuparse de cargos y manejo del personal; esa es la función del Consejo de la Judicatura Federal, atender a requerimientos materiales y humanos para el óptimo funcionamiento institucional, de tal modo que los jueces se concentren en su trabajo, en lo que les corresponde; al consejo le toca vigilar el presupuesto, recibir quejas de ciudadanos, administrar y también supervisar y sancionar faltas.
“Al asumir mi cargo, me incorporo a un Poder Judicial que ya se encuentra en proceso de cambio, está como todo el país, en transformación; pienso que debe haber en él, valor para continuar, para mejorar, cumpliendo el mandato que el pueblo dio en el triunfo electoral de 2018. No podemos quedarnos a la zaga y debemos remontar la percepción de que en el Poder Judicial hay opacidad, corrupción y protección a la impunidad.
“En ambas funciones, el Poder Judicial, como ya lo está haciendo, va en ese camino, debe incorporarse plenamente a la transformación decidida por el pueblo con su voto ampliamente mayoritario.
“A eso me incorporo, por eso acepté el cargo conferido y protesto cumplir con él, con la Constitución y con las leyes que de ella emanan; me propongo contribuir con trabajo, experiencia y principalmente dedicación.
Creo en los valores del humanismo, estoy convencido de que la competencia como valor social supremo y la lucha de unos contra otros, lleva a la desunión y a la injusticia; pienso que en la vida de la comunidad debe sostenerse en valores superiores, la solidaridad, la cooperación y la fraternidad.
En esta encomienda que asumí ese es mi compromiso, eso me propongo y por eso he luchado durante muchos años; el cambio está en proceso, los enemigos de siempre, los que quieren mantener sus privilegios y conservar las cosas como están, ponen obstáculos, zancadillas y trampas, pero no han podido con un gobierno distinto y apoyado por la gente; estoy cierto de que si todos hacemos lo que nos corresponde, sin mentir, sin robar, sin traicionar y sin cansarnos, por lo que hemos luchado tanto y tantos, podrá ser una realidad.
jusbb3609@hotmail.com
