Gustavo Leal F.*
La mal llamada pensión para el bienestar de los adultos mayores de 68 años (2 mil 555 pesos bimestrales) es una oportuna ayuda, apoyo o subsidio alimentario, pero no es una pensión. Tampoco se vincula con la comprometida dinámica del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), su caja de capitalización (Afore) y el fracaso de las reformas tecnocráticas IMSS-Issste-CFE-Pemex-banca de desarrollo-IMSS/patrón. El SAR paga pensiones de 25 por ciento del último salario devengado, aunque acumule más de 3.4 billones de pesos. Esas reformas generaron un proceso deformado: un sistema de ahorro forzoso, no de retiro.
El uso interesado de la confusión entre ayuda-pensión proviene del, entonces, presidente de Amafore: Carlos Noriega, quién declaró que la reforma pensionaria comenzará desde el primero de enero de 2019, con el programa de pensiones que se otorgará a partir de los 68 años y no a los 65. La reforma está en marcha. Es muy buena señal la que nos envían.
¿Quién envía? El señor Gerardo Esquivel, entonces perfilado subsecretario de Hacienda/AMLO, hoy subgobernador del Banco de México. En el Foro Moody’s observó que un primer paso de la reforma será universalizar el Programa de apoyo alimentario 65+, y extender su cobertura, porque mucha gente ya no contribuyó y no cuenta con acceso a ningún tipo de pensión. Quedarían en el abandono sin la reforma. Posteriormente, ante la Concamin, agregó que actualmente las personas reciben una pensión de 580 pesos, lo cual es insuficiente para tener una buena calidad de vida durante la vejez, por lo que se aumentará a mil 200 pesos.
¿Pensión o apoyo alimentario? Toda pensión es ayuda, pero no toda ayudaes pensión. Lo que ofertó el señor Esquivel pudiera ser un sistema de subsidios a adultos mayores en pobreza. Pero no atiende el fondo del desafío-SAR. Duplicar las transferencias que los ayuda, sin duda los apoyará con un subsidio alimentario, pero nunca con una pensión propiamente dicha. Ese subsidio no es sustituto de ingreso, tampoco deriva de relación laboral, ni se norma por leyes/contratos colectivos. Es una ayuda contabilizada sólo como apoyo.
El Diccionario Jurídico Mexicano establece que la pensión no debe verse como una concesión generosa del Estado o patrono. El derecho se adquiere con aportaciones por años de trabajo productivo. En cambio, el subsidio alimentario no se asocia a derechos, sino a políticas públicas: frente a riesgos similares, los beneficios son menores para quienes tienen menores ingresos. La misma Consar-Peña asumió la ayuda para evitar pobreza en vejez como subsidio, no como pensión. Sólo el señor Esquivel identifica subsidio con pensión; falsa identidad que Noriega (entonces desde Amafore) empleó interesadamente para decretar el equívoco inicio de una reforma pensionaria.
Hacer pasar como pensión una ayuda alimentaria universalizando el Programa 65+ no es sólo un franco error conceptual. También puede conducir a que, sirviéndose de la llamada protección social mínima asistencial, se pretenda resolver –a la baja– un serio pendiente de la seguridad social: el fracaso SAR que no cumple con pagar retiros dignos. Así, disponiendo de montos crecientes de recursos fiscales públicos –impuestos generales– se estaría subsidiando como pensión universal un Pilar cero dentro del SAR, pilar que constituye apenas un apoyo alimentario para adultos mayores que caigan debajo del umbral de pobreza.
La pensión para el bienestar de los adultos mayores que los dota de ese apoyo, e incluso establecerla como un derecho y no como programa sujeto a frecuentes achicamientos presupuestales –tal como reconociera el señor Esquivel–, no mueve un milímetro la problemática estructural del SAR como estado de la seguridad social. Queda pendiente el corazón del fracaso: el modelo de capitalización.
Con esa pensión universalizada, el SAR recibirá del nuevo gobierno sólo más recursos fiscales públicos sin entrar al fondo del asunto. Lejos de ser muy buena señal la que nos envían, como ostentó Carlos Noriega, postergará y complicará aún más la urgente atención del desafío pensionario mexicano. Sobre todo frente a quienes se jubilarán y, muy especialmente, a los jóvenes.
Sin embargo, en diciembre 2018, Carlos Noriega fue designado al frente de la Unidad de Pensiones, Seguros y Seguridad Social de la SHCP de la Cuarta Transformación. Inmediatamente (29/4/19) logró la aprobación de la cuestionada Ley de los SAR, con la complicidad de Dolores Padierna, que seguirá complicando el asunto público. La diputada Padierna se atrevió a sostener –en tribuna– que esa reforma incluye cinco pasos para mejorar el ahorro de los trabajadores. ¿Y sus pensiones? Está claro: en la 4T no habrá cambio en materia pensionaria. ¿Qué hace el ex presidente de Amafore en semejante responsabilidad y sin que se conozca manifestación alguna de posible conflicto de interés?
*Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco
