Jorge Eduardo Navarrete
Hace un mes dediqué este espacio a sugerir un enfoque multilateral de las tensiones en la frontera México-estadunidense. Insistiré ahora en esa propuesta, con el análisis de algunos acontecimientos ocurridos en esas cuatro semanas.
El 29 de abril, .el presidente Trump dirigió un memorando al procurador general y al secretario interino de Seguridad Interior ordenándoles adoptar medidas adicionales para ampliar la seguridad fronteriza y restaurar la integridad del sistema de inmigración de Estados Unidos. Tanto The New York Times (NYT) como The Washington Post (WP) tradujeron el texto en cuestión de la jerga burocrática al inglés corriente, facilitando su comprensión.
En el documento: a) se reitera la noción de que existe en la frontera una situación de emergencia que deteriora la seguridad y la soberanía de Estados Unidos (una encuesta del WP mostró que ahora 35 por ciento de los estadunidenses, frente a sólo 24 por ciento en enero, está de acuerdo con este argumento); b) se afirma el objetivo de manejar los programas de inmigración humanitaria de manera segura y ordenada, otorgando con prontitud alivio y protección a quienes califican y negándolos y expulsando sin demora a quienes no; c) se prohíbe extender permisos de trabajo a quienes ingresaron de manera irregular; d) se limita a 180 días el plazo en que deben concluirse y decidirse las solicitudes de asilo; y, entre otras disposiciones, e) se establece una cuota que deberán pagar los solicitantes de asilo y otra por el trámite de las autorizaciones de trabajo.
“Es repugnante –declaró Julián Castro, precandidato presidencial demócrata– que a las familias que huyen de la violencia y el conflicto y buscan refugio en nuestras fronteras, Donald Trump les imponga una cuota por solicitar asilo.” Es evidente que, conforme se acerca el periodo electoral en Estados Unidos, se multiplican las acciones gubernamentales lesivas para los inmigrantes, que se consideran populares y proveedoras seguras de votos.
Uno de los 12 postulados del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, entregado a la Cámara de Diputados el 30 de abril, establece: No más migración por hambre o por violencia. Recuerda que México tiene una larga tradición como tierra de asilo y refugio y señala que, a los extranjeros que llegan a nuestro territorio, brindaremos respeto a sus derechos, hospitalidad y la posibilidad de que construyan aquí una nueva vida. Se responde así a una inflexión que empieza a manifestarse: la transición de México de país de emigración neta a país de inmigración neta.
Una semana antes, los titulares de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración habían expuesto los lineamientos de la política mexicana en materia migratoria. Destacaron elementos como los siguientes: a) se expresa en tres ejes: la protección de los derechos de los migrantes, el fomento de la actividad económica y el empleo en las zonas de origen, y el registro ordenado de los migrantes que ingresen al país; b) se han reforzado las acciones de protección humanitaria de los migrantes, tanto en las regiones de ingreso –en la frontera sur, sobre todo– como a lo largo de los recorridos hacia Estados Unidos y en la frontera norte misma. Ha habido, a lo largo del año y sobre todo en los pasados dos meses, afluencias extraordinarias en número, frecuencia, modalidad y composición. Es ahora mucho mayor la diversidad de nacionalidades y se ha elevado el número de menores, a menudo no acompañados. Ha resultado evidente en estas semanas que la atención a estas corrientes de migrantes reclama recursos crecientes.
Otro acontecimiento relevante fue la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Al dar cuenta de ésta, la señora Bachelet subrayó que un cambio real de la política migratoria debe ser parte de una estrategia de conjunto que incluye la atención de los migrantes en tránsito por México, el mejoramiento de las capacidades institucionales para la gestión de las solicitudes de asilo y otras necesidades de protección internacional, así como reducir la impunidad en caso de crímenes contra los migrantes. Al ser cada vez más país de destino y no sólo de tránsito, en el año en curso México ha expedido 17 mil permisos humanitarios que permiten la integración a las comunidades y el acceso a los servicios públicos.
El componente complementario que también debería integrarse es la dimensión multilateral. Los acontecimientos reseñados, entre otros, confirman la necesidad, ya expresada, de adoptar un enfoque multilateral. Éste haría aún más visible una situación irregular que debe resolverse; permitiría acopiar recursos para financiar los costos implicados; constituiría una experiencia multinacional que brindaría enseñanzas para situaciones similares en otras regiones, y, sobre todo, ampliaría la protección de los derechos de los solicitantes de refugio.
