Al haberse vencido el Acuerdo de Suspensión a la Investigación Antidumping a las Exportaciones Mexicanas de Tomate, Estados Unidos impondrá al jitomate mexicano –y que representa la mitad del consumo en ese país– un arancel de 17.5 por ciento. El acuerdo se mantenía en vigor desde 1996, pero la Comisión de Comercio Internacional decidió dejarlo vencer y tiene hasta noviembre de este año para decidir si llega a un nuevo arreglo o establece de manera definitiva dicha medida proteccionista.
Para poner el asunto en perspectiva: el jitomate es el tercer producto agrícola más exportado de México a Estados Unidos, por lo que tiene un papel relevante en el comercio binacional. Del lado mexicano, supone una fuente de 400 mil empleos directos y hasta un millón de indirectos, y es un cultivo de exportación en la mitad de las entidades de la República, en particular Sinaloa y Baja California, para cuyos productores el arancel comentado supondría un costo de 350 millones de dólares.
En lo que toca al lado estadunidense, los consumidores podrían encarar un incremento de precios hasta de 70 por ciento en ese fruto que en 2018 representó un mercado de 2 mil millones de dólares.
Por otra parte, la supensión de la exención arancelaria ocurre en el contexto de las guerras comerciales puestas en marcha por la Casa Blanca de Donald Trump contra diversos países. Para no ir más lejos, esta misma semana el gobierno del magnate reactivó su confrontación con China al amagar de nueva cuenta con gravámenes por 200 mil millones de dólares sobre una variedad de productos de la nación asiática.
También está claro que estas medidas agresivas son parte de lo que el propio Trump presume como su estilo de negociación, en el cual se inicia con un ataque frontal para tratar de arrancar concesiones a su contraparte. En este sentido, la imposición del arancel al jitomate puede verse como parte de las escaramuzas previas a la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (sustituto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Sin embargo, incluso si finalmente resultara ser nada más que una táctica de presión a corto plazo, el arancel tendrá efectos graves para la economía mexicana y afectará los planes de reactivación del campo proyectados por el gobierno federal.
Teniendo en cuenta esa perspectiva es necesario plantear dos consideraciones: primero, que sin dejar de lado las negociaciones con el Departamento de Comercio estadunidense, las autoridades y los productores mexicanos deben tomar el trance como un recordatorio de la urgencia de diversificar los mercados de exportación con el fin de reducir la dependencia a nuestro mayor socio comercial –aunque en el caso del jitomate esa diversificación no será una empresa fácil, por cuanto la inmediatez geográfica hacía de Estados Unidos el mercado ideal para las exportaciones de un producto tan perecedero.
Como complemento de lo anterior deberían revisarse las prioridades de la política de apoyos al campo.
Cabe recordar que uno de los objetivos centrales asumidos por la actual administración federal es el logro de la soberanía alimentaria, y en este sentido parece necesario analizar una reorientación de los apoyos al agro hacia productos de consumo interno que, si bien supondrían menores ingresos que los generados por la agroindustria orientada a la exportación, permitirían satisfacer las necesidades alimenticias de millones de mexicanos, sobre todo en zonas rurales.
