Luis Raúl González Pérez*
Este 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha que da oportunidad no sólo para reflexionar sobre la importancia que tiene su ejercicio para el desarrollo democrático y como garantía del correcto ejercicio de los derechos humanos, sino también para pugnar el esclarecimiento de los crímenes y por la protección y salvaguarda de los periodistas en todo el territorio nacional.
En el proceso de construcción de una sociedad democrática, el periodismo ejerce un control social sobre el quehacer de distintos actores, como los servidores públicos, los partidos políticos y las organizaciones privadas, los integrantes de movimientos sociales, los sindicatos y las asociaciones religiosas, entre otros, quienes son objeto de un amplio escrutinio mediático ante el cual no siempre han dado muestra de tolerancia y respeto en cuanto al uso de las libertades de pensamiento, ideología y expresión ejercidas por los comunicadores, sometiéndolos a intimidaciones, amenazas y agresiones.
Si bien la violencia que se ejerce contra los comunicadores se inscribe en el clima general de inseguridad pública que vive el país, también es cierto que las agresiones que sufren están relacionadas, particularmente, con las informaciones sobre abusos y corrupción que han dado a conocer y que incomodan a los servidores públicos, así como las investigaciones que sobre delincuencia y narcotráfico realizan en distintos estados del país, que incomodan a los miembros de las organizaciones criminales.
De acuerdo con el registro de la CNDH, a la fecha, 146 periodistas han sido asesinados desde 2000 (15 casos corresponden a periodistas mujeres); 21 periodistas han sido desaparecidos desde 2005 (dos de las cuales eran mujeres), y se han registrado 52 atentados a medios de comunicación desde 2006. De los agravios destacan, por su gravedad, los homicidios (los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca concentran la mayor cantidad de crímenes de esta naturaleza), las desapariciones, las lesiones, las amenazas y la intimidación. Lo anterior da cuenta de la gravedad de la situación y de la necesidad de establecer políticas públicas adecuadas para prevenir estas agresiones y proteger a los comunicadores y medios, así como para mejorar los resultados en la procuración de justicia.
Reconociendo que el contexto actual en el que se desenvuelven las y los periodistas, comunicadores, se creó el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A casi siete años de su creación debemos reconocer, en un ejercicio crítico pero constructivo, que esa instancia debe fortalecerse. Entre los aspectos que deben atenderse están la burocratización de sus procedimientos y la falta de interlocutores a escala estatal que tengan conocimiento sobre aspectos de protección y prevención de agresiones; el desconocimiento del mismo por un alto porcentaje de los sujetos a los que está dirigido; los fondos insuficientes para dar protección; falta de personal suficiente y capacitado.
La política pública de protección a periodistas debe estar centrada en preservar la integridad y la vida de las personas, pero el objetivo no estará completo si a la política de prevención no se le añade el combate a la impunidad. En tanto no se atiendan las causas que originan los ataques y se sancione a los responsables, la tarea de protección continuará indefinida. En esta materia existe un alto grado de impunidad, resultando preocupante que casos emblemáticos como los homicidios de Javier Valdez y Miroslava Breach no se hayan resuelto totalmente.
A partir de la recomendación general 24, la CNDH revisó 173 averiguaciones previas iniciadas por homicidios y desapariciones de periodistas, así como de atentados a medios de comunicación, de lo que obtuvo datos que dan cuenta del gran problema de impunidad en este tipo de crímenes en el país. De los casos analizados, de acuerdo a la información que proporcionaron la PGR y las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, 106 indagatorias se encontraban en trámite, en 5 se resolvió el no ejercicio de acción penal, y en otros 3 se sobreseyó la causa penal; en 42 casos se consignaron las averiguaciones previas, y en 22 de los casos no se ha dictado sentencia condenatoria al no haberse reunido lo necesario para que las autoridades emitieran una resolución judicial. Sólo en 17 casos, es decir, 10 por ciento de las indagatorias iniciadas, el juez dictó sentencia condenatoria, lo que implica 90 por ciento como índice de impunidad.
Una forma en que la violencia puede ser prevenida es que las propias autoridades asuman como una responsabilidad y un compromiso el respeto de los periodistas y los medios de comunicación, por lo que además de expresar públicamente que su trabajo es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, deben abstenerse de realizar declaraciones de desconfianza y deslegitimación de la prensa y la labor periodística que los expongan a un mayor riesgo de actos de violencia.
Si bien todas las personas son titulares de este derecho, su ejercicio adquiere ciertas connotaciones y características específicas cuando es ejercido por servidores públicos, quienes deben hacer uso de esta libertad con un cuidado y diligencia mayor a la de los particulares debido a su investidura y posición de jerarquía, así como a la trascendencia que pueden tener sus señalamientos en la opinión pública, particularmente cuando se refieren a algún medio o periodista.
* Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
