Pedro Miguel
En los primeros cinco días del nuevo gobierno el país ha cambiado mucho más de lo que sus negadores (ya verán: será lo mismo de siempre) estarían dispuestos a conceder. En realidad, los cambios empezaron desde antes, acaso desde el 3 de julio. Ya no hay más insultantes pensiones y subvenciones de que gozaban los ex presidentes y se acabó con el detestable Cisen y se puso fin a la guardia pretoriana llamada Estado Mayor Presidencial y se terminó el guarurismo en el ámbito del Ejecutivo federal. Desde el primer día del nuevo gobierno se abrió al pueblo la ex residencia presidencial de Los Pinos, una acción que va mucho más allá de la demolición simbólica del reducto por excelencia de la Presidencia despótica y llega hasta la entrega a la sociedad de un espacio físico y concreto que fue por décadas la expresión de un poder hierático, misterioso y temible, y que en el tramo neoliberal acabó convertido en bastión de la vulgaridad ostentosa.
La ceremonia en San Lázaro fue, entre muchas otras cosas, la primera sanción en contra de un ex mandatario. Habría podido ser cualquier otro, pero a Enrique Peña Nieto le cupo en desgracia acudir en representación de esa caterva de individuos que han ejercido la jefatura del Estado sin merecerla y que la han puesto al servicio de sus amigos, socios y parientes, sin preocuparse en lo más mínimo por la suerte de los gobernados, y le tocó recibir en cadena nacional el escarnio y la reconvención por todo el daño que su partido, el PRIAN, causó al país. Si en algún momento de su toma de posesión López Obrador encarnó los sentimientos de la nación, fue cuando reprochó a su antecesor –y por su conducto, a los ex presidentes anteriores– el que hubieran entronizado la más inmunda corrupción política y privada y el que convirtieran la corrupción en la principal función del poder político.
El tercer vértice del triángulo simbólico fue el Zócalo capitalino, donde, por primera vez en la historia, el Presidente recibió la investidura de los pueblos indígenas en un contexto de relevancia nacional e institucional. El hecho de que algunos ex mandatarios hayan recibido en el pasado bastones de mando en recorridos como candidatos o ya en funciones, o el que la ceremonia del sábado pasado no obedezca a un patrón étnico determinado, no le quita un ápice a la importancia del ritual como signo y promesa de inclusión plena y como símbolo de respeto a los pueblos originarios.
Si alguien dudaba del propósito presidencial de trasladarse como cualquier otro ciudadano, al día siguiente el nuevo mandatario tomó un vuelo comercial para viajar a Veracruz, donde acompañó al gobernador Cuitláhuac García, quien –otro signo de la Cuarta Transformación– hizo de la atención a los familiares de desaparecidos su primera instrucción de gobierno.
El lunes pasado López Obrador decretó la creación de la Comisión de la Verdad para esclarecer la atrocidad perpetrada en Iguala el 26 de septiembre de 2014, en lo que constituye la primera expresión de voluntad política de la Presidencia para esclarecer lo ocurrido aquella noche trágica, dar con el paradero de los 43 desaparecidos y poner fin a la simulación de justicia. Ese mismo día el palacete volante que servía de avión presidencial fue enviado a California, donde será puesto en venta.
En materia del combate a la delincuencia, el miércoles pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la procuraduría federal la primera denuncia por lavado de dinero en contra de integrantes de la delincuencia organizada, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que ya han sido desplegados 50 mil efectivos de la que será la Guardia Nacional (35 mil policías militares, 8 mil policías navales y 7 mil policías federales) para atender regiones particularmente azotadas por la delincuencia, especialmente en Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas y Puebla.
El estreno de la Cuarta Transformación en la capital de la República, con la asunción de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno, estuvo marcado por dos hechos de inmediata satisfacción para la ciudadanía: la desaparición del cuerpo de granaderos –una demanda que se remonta a 1968– y la abolición de las corruptas y tramposas fotomultas y su sustitución por un mecanismo de control más transparente y propositivo, no basado en sanciones económicas sino en una disminución de puntaje para vehículos y conductores y en trabajo comunitario como sanción.
Ayer se aprobó la reforma constitucional que permite convertir en delitos graves la corrupción, el robo y tráfico de combustibles y los delitos electorales. Y muchas cosas se quedan fuera del recuento.
De septiembre a la fecha el país ha cambiado mucho más de lo que los negadores (ya verán: va a ser lo mismo de siempre) estarían dispuestos a conceder; bueno, en realidad, algunos de ellos no están dispuestos a reconocer ningún aspecto positivo de Morena en el poder y no hay razón para sufrir por ello.
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