La decisión de la administración que encabeza Claudia Sheinbaum es digna de reconocimiento por varias razones: en primer lugar, porque pone fin a un sistema que se prestaba a toda suerte de corruptelas y arbitrariedades; en segundo, porque era un correctivo ineficaz para quienes tuvieran los recursos para pagar las multas y discriminatorio para los conductores o dueños de vehículos de más bajos recursos; es decir, cualquiera que contara con el dinero suficiente podía violentar las disposiciones de tránsito de manera indefinida; en tercero, porque la sanción del trabajo comunitario resulta mucho más edificante, tanto para el infractor como para los beneficiados por tal castigo.
Debe considerarse que las fotomultas no son el único sistema privatizado de sanciones a los conductores; el otro es el uso de los inmovilizadores llamados arañas, un pingüe e inmoral negocio derivado de los parquímetros y que sería del todo innecesario si la intención gubernamental fuera obligar al infractor a pagar su multa, porque para ello basta con negar el servicio de verificación semestral a quienes tengan infracciones no cubiertas.
Cabe esperar, por ello, que la nueva administración urbana no se limite a las fotomultas, desmantele todos esos mecanismos coercitivos operados por compañías privadas y establezca, en cambio, medidas más transparentes, justas y positivas para inducir a los conductores de toda clase de vehículos a respetar el Reglamento de Tránsito y a manejar de manera responsable.
Sería deseable, asimismo, que se investigaran las circunstancias en que fueron entregadas las concesiones correspondientes, así fuera sólo para despejar las sospechas sociales en torno a ellas.
Es claro que además de la cauda de opacidad de la administración anterior, el actual gobierno urbano debe enfrentar un déficit cívico en el uso del espacio público en general, y que para ello se requiere un cambio de estrategia en las políticas públicas que puede resumirse en el uso mínimo de medidas de castigo y la máxima utilización posible de acciones de educación y concientización.
Si se logra operar ese cambio, Ciudad de México podrá recuperar mucha de la habitabilidad que ha perdido en los años recientes.
Economía moral
Reto de Sheinbaum: rescatar para la izquierda el gobierno de la capital // Supone recuperar la vanguardia nacional en derechos sociales universales
Julio Boltvinik
El discurso inaugural de Sheinbaum puso énfasis en innovación y derechos (y anunció el cumplimiento, ¡gracias!, de una demanda del ME68). AMLO, por su parte, “resaltó la importancia de mantener en la capital los programas sociales para el bienestar de la gente… y se mostró seguro que estos esquemas se ampliarán…” (La Jornada, 6/12/18, p. 33). A esta ampliación me refiero al decir que el Gobierno de la Ciudad de México (GCM) debe recuperar la vanguardia nacional en derechos sociales universales. Aunque de manera parcial, entre 2001 y 2012 se esbozó en el GCM un modelo alternativo de política social que se expresa en las leyes que crearon los derechos a la pensión alimentaria para adultos mayores (PAAM) y a servicios médicos y medicamentos gratuitos, en los principios incorporados en la Ley de Desarrollo Social del DF (LDS), y en la definición del objeto de ésta que establece la responsabilidad social del Estado (que contrasta con el principio de subsidiariedad del Estado, bandera del neoliberalismo y del PAN), promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales, disminuir la desigualdad social, e integrar las políticas contra la pobreza en las políticas contra la desigualdad social. Los principios centrales son universalidad (la política social se dirige a toda la población y no sólo a los pobres extremos, PE, como en el neoliberalismo), enfoque de derechos, y lucha contra la desigualdad. La igualdad se identifica como el objetivo principal del desarrollo social y se instauran los principios de igualdad, equidad de género, equidad social y justicia distributiva, en contraste con las políticas neoliberales que no tocan la desigualdad y sólo buscan paliar la PE. En el GCM a partir de la PAAM (2001), se configuró (con excepciones) un modelo de transferencias monetarias (TM) universales e incondicionales (TMUI) que se extendió a otros programas. Mientras en el gobierno federal (GF) se eliminaron todos los subsidios generalizados a bienes y servicios básicos, el GCM ha mantenido el subsidio al Metro, a los autobuses del gobierno y al consumo doméstico de agua.
En el Cuadro comparo el paradigma de política social del GF (antes de AMLO) y del GCM. En los ocho rubros, los paradigmas dominantes en el GF y en el GCM son opuestos, pero con muchas tensiones e insuficiencias en el GCM. Mientras para el GF el Estado tiene un papel subsidiario y sólo debe intervenir cuando fallan mercado y familia, en el del GCM el Estado es el sujeto obligado de los derechos sociales. Mientras el GF busca lo que G. A. Cohen llama igualdad de oportunidades burguesa (eliminar restricciones de estatus socialmente construidas), el objetivo del GCM es, con tensiones, la igualdad de resultados. En tanto la libertad valiosa para el GF es la de elección económica, en el GCM son valiosas también las libertades sexual, reproductiva y matrimonial. A la visión liberal de derecha del GF centrada en el derecho de propiedad, en el GCM los derechos centrales son los sociales y las libertades cívicas. Para el GF la población objetivo de la política social se reduce a los PE, ya que sólo ellos están impedidos para jugar el juego del mercado; en cambio, para el GCM hay una gran tensión entre una población objetivo universal (todos y todas) en la LDS, que en los hechos está constituida casi sólo por grupos vulnerables (tercera edad, discapacitados, madres solteras, desempleados, no derechohabientes). El paradigma del GF busca mercantilizar, ampliar y crear mercados, y fortalecer la autoridad familiar y empoderar a las mujeres y, por ello, les otorga a éstas las TM del Prospera. En cambio, los objetivos del GCM son desfamiliarizar (interpretado como promover la autonomía de los individuos), lo que se logra entregando las TM a los individuos y no al jefe/jefa de familia, y de manera ambigua desmercantilizar (que es consustancial al enfoque de derechos), pero que no está en el discurso explícito del GCM. Por último, el tipo de programas y transferencias contrastan agudamente en ambos tipos de gobierno. Todos los programas del GF deben ser focalizados a la PE, condicionados al cumplimiento, por parte de los beneficiarios, de ciertas pautas de conducta, están dirigidas a la autoridad familiar, consolidando así el despotismo familiar y son insuficientes (muy magras). En el GCM, en contraste, los programas son universalistas (aunque como se dijo antes al interior del grupo vulnerable previamente seleccionado), la mayor parte de ellas son incondicionales (aunque las becas de Prepa Sí no los son), se entregan a los individuos (adultos mayores, discapacitados, estudiantes) estimulando la autonomía individual. Pero, aunque son menos magras que las TM del GF, siguen siendo muy insuficientes. Consolidar el paradigma esbozado en el GCM (falta mucho, sobre todo relacionado con ingresos para una vida digna), constituye, en mi opinión, la tarea central del GCM 2018-2024.
A Claudia Sheinbaum, con mi certeza que rescatará el GCM para la izquierda.
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