Abraham Nuncio
La incondicionalidad no es buena consejera de la ciudadanía en su relación con el gobierno. Esto tiene validez en cualquier momento y en todas partes. Mal haríamos los mexicanos en apoyar incondicionalmente al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, aunque estemos de acuerdo con él (por supuesto, en lo general).
Es un buen momento, que difícilmente se presentará más tarde en las condiciones presentes, para inaugurar una doble pedagogía: la de la ciudadanía, que sabe exigir y vigilar, y la del gobierno, que sabe escuchar y aceptar la crítica, así como responder en términos racionales y aceptablemente políticos. Así lo presupone no una democracia –régimen posible en una sociedad igualitaria–, sino el gobierno que promete una gestión democrática, en el contexto capitalista, al que la modalidad llamada neoliberalismo ha convertido en un conjunto monstruoso de prácticas profundamente desiguales, excluyentes e inhumanas.
Más allá de lo que significa y dice Andrés Manuel López Obrador, hay que precisar varias cosas a riesgo de no aprovechar –en beneficio de la mayoría nacional– la coyuntura de lo que puede ser, tras el triunfo arrollador de él y de Morena, el ejercicio de gobierno en el sexenio 2018-2024.
Una dificultad, y también una limitación del gobierno amlista es, sin duda, la recuperación, con creces, del presidencialismo que caracterizó en el pasado a los gobiernos del PRI y el PAN. El propio AMLO lo ha vuelto más contenido y equilibrado. La eliminación de un fuero que desbordaba el concepto y sus rutinas y la revocación de mandato son dos medidas que permiten impulsar el gobierno abierto. Pero centralizado como está el poder, el liderato de Morena y su desdoblamiento en el Congreso de la Unión no es garantía de que la conducta personal de AMLO (honestidad, republicanismo, austeridad y otros valores) se extienda automáticamente a todos los funcionarios de los poderes públicos. La prueba nos la dio en el pasado el uso del Bellagio como salón adictivo de cierto tiempo libre, y recientemente la aspiración a mimetizarse con un clasismo deplorable hasta desembarcar en las no menos deplorables páginas de ¡Hola! Este tipo de conductas le será censurado –no sólo por los adversarios– menos a quien las practique que a AMLO y al gobierno que preside.
Por otra parte no puede soslayarse, pero llevarlo más allá de lo que el Presidente ha prometido: borrón y cuenta nueva a los grandes delincuentes de cuello blanco: sí, para sus personas –y ya es demasiado decir–, pero no respecto a los bienes que le han sustraído a la nación. Es urgente que los regresen. Y en adelante no permitir nada de lo prohibido por la Constitución, empezando por los monopolios y los daños a la naturaleza; no se trata de venganzas sino de recta justicia.
También debe decirse que México es un país capitalista donde la minoría rapaz y sus aliados lo han llevado a la situación ruinosa en que lo recibió el nuevo gobierno, ella no va a colaborar con sus planes y programas contrarios a sus privilegios; hará, en cambio, todo lo que esté de su mano para minar los cimientos de los cambios anunciados. Ya lo hizo saber con la protesta por la cancelación del proyecto Texcoco para el NAIM y con la especulación bursátil.
Esa minoría aprovechará cualquier mínimo gesto para intentar cambiar la opinión del electorado que votó por los candidatos de Morena, con López Obrador como su líder. Si para ello será necesario comprar medios, plumas, parlamentarios, dirigentes partidarios, funcionarios los más encumbrados, oficiales de las fuerzas armadas, sectores sindicales, educativos, eclesiales, sin duda lo hará. Lo hizo en el pasado, ¿por qué no lo haría ahora, si se atiende a lo que expresa, por ejemplo, Claudio X. González?
La minoría rapaz quiere más dinero y más poder. Se escuda, entre otras cosas, en la lógica de que riqueza, éxito y decencia son una santa trinidad cultural que forma parte de algunas asunciones colectivas.
La participación ciudadana, por lo menos en la parte que apoya al gobierno, tendrá que modificar su manera de pensar, para ser congruente con lo que votó y con el trato a lo que López Obrador llama –benevolente– adversarios. Entre esos adversarios están los enemigos jurados de los cambios que afecten sus privilegios. Por ello esa participación debe aprender a combatirlos con el arma de la crítica, en sus terrenos, en sus prácticas y, si es posible, con sus denuncias. No perderlos de vista, monitorearlos, obligarlos a transparentar sus acciones turbias, así algunas de ellas se intersecten con espacios gubernamentales.
La vigilancia ciudadana tiene que ser permanente, de la mayor dimensión y tanto sobre el poder público como sobre el poder privado. Para ello necesita disponer de medios masivos de comunicación y organizarse por unidades de actividad y vivienda. Es la mejor manera, creo, de cuidar y, en el caso, defender al gobierno con el que se identifica, si así es.
