Enrique Calderón Alzati
Ha pasado ya una semana de que pudimos escuchar a Andrés Manuel López Obrador, luego de tomar posesión de su cargo como Presidente de México, siendo esto un motivo de profunda emoción para la inmensa mayoría de la población que pudo observar la ceremonia desde sus hogares o en las pantallas que se colocaron en las plazas públicas de los pueblos y ciudades de todo el país. Tal fue mi caso y el de mi familia, quienes decidimos acudir a la Plaza de Coatepec, población cercana a Xalapa, a la que nos encaminamos para conocer y formar parte de una población visiblemente diversa en cuanto a edades, tipos de ocupación y vestimenta, coincidentes todos en una clara simpatía por nuestro nuevo Presidente. Sentimiento que pronto se hizo patente por los aplausos y las exclamaciones a las afirmaciones y propuestas enumeradas de López Obrador como parte de lo que el mismo ha llamado: La Cuarta Transformación.
En este escenario de emoción colectiva, luego de las décadas de gobiernos neoliberales, que tanto daño le hicieron a la inmensa mayoría de la población y a la nación en su conjunto, la mención de Andrés Manuel de que su lucha contra la corrupción no incluiría a los integrantes del gobierno que recién terminó, ni a los de las administraciones anteriores, encabezadas por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, constituyó un balde de agua fría para quien piensa que de algún modo estos personajes fueron responsables de la situación de miseria y violencia en la que vive actualmente la mayor parte de la población. Ante tal anunció los asistentes bajaron sus cabezas y reinó por un tiempo el más absoluto silencio.
La posición de López Obrador es explicable; más que las miles de celdas que serían necesarias para encerrar a personajes de esos gobiernos, el problema más serio lo representa por ahora, el riesgo de desestabilización que ellos pudiesen lograr mediante sus relaciones en el entorno actual; sin embargo también el desencanto de un pueblo que ha sido víctima de la violencia, empobrecido y engañado por esos gobernantes, demanda justicia y castigo para quienes han gobernado sin tomar en cuenta sus carencias; por ello dedico este artículo a contribuir a un debate, que permita a la sociedad mexicana y a su Presidente, plantearse lo que puede y debe hacerse con estos funcionarios que han venido actuando por encima de las leyes y con total desprecio por la nación, sin que ello desate nuevas tormentas y tragedias en el país.
En lo personal, considero que los ex presidentes de la República mencionados, igual que algunos de sus colaboradores, deben ser juzgados por los presuntos delitos cometidos, estableciendo con certeza que quienes de ellos cometieron este tipo de acciones delictivas y antisociales, sean debidamente procesados por los tribunales de justicia, con el propósito de imponerles castigos acordes con los delitos confirmados, siendo entonces cuando López Obrador, como Presidente de la República podría ejercer su facultad para indultarlos, (a condición de que estos devuelvan los recursos robados u obtenidos mediante alguna de las variantes de las operaciones conocidas como moches, realizadas por ellos o por algún subalterno), pues ello tendría seguramente un impacto importante en la conducta ética de quienes ejercen algún cargo público o lo hagan en el futuro. No se trataría pues de actos de venganza en contra de quienes aprovechan sus cargos para enriquecerse, sino de evitar que los malos ejemplos se sigan repitiendo. Es posible que esto no sea un castigo suficiente, desde el punto de vista de quienes han sido afectados con la pérdida de un familiar y de manera especial cuando se trata de personas que siendo ajenas a la delincuencia fueron asesinadas o desaparecidas por las autoridades, como fue el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014.
¿Qué se deberá hacer con quienes, desde puestos superiores ocultaron información importante para dificultar la identificación y detención de los verdaderos responsables de estos crímenes? Todas estas preguntas nos llevan a pensar que la solución que finalmente se dé al problema habrá de incidir de manera central en la imagen del nuevo gobierno, por lo que quizá la mejor opción para el Presidente sea esperar un tiempo, mientras se instrumentan los programas sociales ya consultados y se fortalece la capacidad de mando de su gobierno.
Algo que no se hizo en las dos primeras consultas fue solicitar a los participantes su compromiso de apoyo y de respeto a los resultados de la consulta, aun habiendo sostenido tesis contrarias a la opinión de la mayoría, como un principio fundamental de la democracia, que asegura que una vez tomada e instrumentada una decisión, ésta sea aceptada por la sociedad entera, haciendo innecesarias nuevas discusiones sobre el tema: punto final.
Por la complejidad de los temas vinculados con la corrupción y la amnistía, convendrá que previa a la consulta que se haga sobre estos temas, se lleven a efecto conferencias y mesas de discusión con la participación de académicos, sobre lo que significa una amnistía y sus alcances, así como las consecuencias tanto positivas como negativas de cada una de sus posibles respuestas, buscando asegurar la participación significativa de l@s ciudadan@s.
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