De acuerdo con una entrevista aplicada a 500 ejecutivos de grandes empresas multisectoriales, México se mantiene por segundo año consecutivo en la posición 17 entre las economías más atractivas para la inversión extranjera directa. Aunque esto lo ubica distante del noveno lugar alcanzado en 2015, destaca en un contexto en el que los países desarrollados concentran 84 por ciento de esos flujos de capital, mientras las naciones emergentes se encuentran en pleno retroceso en el rubro. Por ofrecer un punto de comparación, entre el año anterior y el actual, Brasil, la mayor economía de América Latina, cayó siete puestos en el índice mencionado.
Lo anterior da cuenta de la confianza que los inversionistas foráneos mantienen en los fundamentos económicos e insti-tucionales de nuestro país, pese a los inevitables vaivenes e incertidumbres genera-dos por dos complejos procesos en curso. En efecto, es de conocimiento público que las finanzas mexicanas están sometidas a una gran tensión debido a las negociaciones que autoridades y representantes del sector privado llevan a cabo con sus pares de Estados Unidos y Canadá para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Si a ello se suma el enrarecimiento del clima político por las descalificaciones y profecías catastrofistas que acompañan al proceso electoral que habrá de culminar el primero de julio, debe concluirse que, al menos en la lectura de los capitanes corporativos, ni la posibilidad de que se ponga fin al tratado comercial más importante suscrito por nuestro país ni el eventual resultado de las elecciones presidenciales ponen en riesgo la viabilidad financiera de México en el mediano plazo.
Esta actitud prevalente en el exterior contrasta con la mostrada por algunos sectores del empresariado nacional. Por una parte, los organismos cupulares de las personas de negocios mexicanas han vuelto a embarcarse en una campaña para advertir acerca de los peligros que, desde su perspectiva, representan las propuestas de uno de los candidatos, cruzada en la cual han llegado a extremos cuestionables, como quedó patente ayer con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se retire un espot en el cual la organización paraempresarial Mexicanos Primero utilizó a niños pequeños para orientar el voto en favor de su agenda. Por otro lado, la especulación alcista que los dueños de estaciones distribuidoras de gasolina hacen con el precio del combustible –la cual ya llevó la gasolina Premium a un techo de 20 pesos en la capital del país, sin ningún aumento en el costo mayorista que lo justifique– contribuye poco a la estabilidad económica y, por el contrario, propicia incertidumbre sobre la marcha general de la hacienda nacional.
Además, por elemental respeto a las leyes electorales, cabe esperar que los grandes empresarios mexicanos reculen de su injerencia en las campañas proselitistas a partir del reconocimiento de que los contendientes no suponen una amenaza para sus intereses en la medida en que éstos sean legítimos, como muestra el estudio citado. En este cambio de talante también debe incluirse a quienes atacan las finanzas personales, familiares e incluso corporati-vas con su apuesta por alzas especulativas que minan la confianza en la inversión y el consumo de las mayorías.
