Iván Restrepo
Por estos días en las ciudades veracruzanas de Coatzacoalcos y Córdoba se recuerdan tragedias causadas por la negligencia y corrupción de funcionarios y empresarios. Y, además, donde los derechos humanos fueron ignorados olímpicamente por las instancias oficiales.
El pasado 20 de abril se cumplieron dos años de la explosión de Clorados III, propiedad de industria Petroquímica Mexicana del Vinil SA de CV Mexichem-Pemex. El impacto de la explosión de la planta de cloruro de vinilo, ocasionó la muerte de 32 trabajadores y decenas de lesionados permanentes por quemaduras en ojos, oídos y otras partes del cuerpo. Se agregan los pasivos ambientales y a la salud en el mediano y largo plazo de los más de 300 mil habitantes de la región que estuvieron expuestos a las cenizas producto de la explosión. Ellas tenían un alto contenido de dioxinas y furanos policlorados.
Como bien señala el maestro Lorenzo Manuel Bozadas, las autoridades responsables de vigilar el medio ambiente niegan la existencia de tales sustancias y los impactos adversos a la naturaleza y a la salud de la gente expuesta. Agrega que no se ha entregado el informe técnico explicando las causas del accidente en una muestra más de complicidad de las instancias locales, estatales y federales con los propietarios de dicho complejo industrial. De igual manera, se desconocen los estudios que muestren los efectos de esa explosión en la calidad de vida en la región de Coatzacoalcos.
Por su parte, Sayda Chiñas Córdoba, reportera de La Jornada Veracruz, señala que ni Clorados III (donde antes hubo una explosión), ni Petróleos Mexicanos ni la empresa Mexichem han hecho público el estudio que las autoridades prometieron a fin de precisar el origen del accidente. Todo indica que se trató de una negligencia de las empresas, pues horas antes de que ocurriera hubo una fuga que ponía en riego a los trabajadores. Tampoco las empresas han limpiado o rehabilitado el área del siniestro, tal y como señala claramente la normatividad vigente sobre la materia.
Sayda agrega que los trabajadores sobrevivientes que sufrieron quemaduras y otras afectaciones, todavía carecen de pensiones dignas mientras los deudos de los fallecidos muestran su indignación porque no hay sanción alguna contra quienes autorizaron el reingreso del personal a las instalaciones de la planta, a pesar de que ya se habían presentado fugas en ella. Por su parte, la Procuraduría General de la República archivó todo lo referente a la tragedia.
En cuanto a la segunda tragedia, el jueves próximo se cumplen 27 años de que se incendió y luego estalló en la ciudad de Córdoba el local que ocupaba la formuladora de plaguicidas Agricultura Nacional de Veracruz, SA de CV (Anaversa). Ubicada en una zona densamente poblada de esa ciudad, durante casi tres décadas funcionó sin tomar las medidas mínimas de seguridad y con la complacencia de las instancias oficiales responsables de garantizar la salud pública y el medio ambiente. Por el incendio, mal controlado, se contaminaron aire, suelo y corrientes de agua con dioxinas y furanos, muy peligrosos para la salud de las personas y demás seres vivos.
Las autoridades y la empresa ignoraron la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la tragedia. Y en el colmo: el predio en que se encontraba la planta, no ha sido limpiado de residuos tóxicos y peligrosos conforme ordena el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados. El pasado 7 de diciembre se interpuso una demanda de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, por medio de la cual se hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos y omisiones de las autoridades.
En ambas tragedias, hay clara responsabilidad de varias dependencias oficiales: las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Salud; la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente; las autoridades del estado de Veracruz, y las de Coatzacoalcos y Córdoba.
Por ambas tragedias, ni un detenido, ni un responsable. Una prueba más de que la impunidad y la corrupción son el signo de cada sexenio gubernamental.
