Continuando con mi reflexión en torno al enorme costo que hubo de pagar el país durante estos años por el fraude electoral que hizo posible a Felipe Calderón acceder a la Presidencia de la República, con todos los riesgos que este personaje implicaba y que a lo largo de casi seis años se han hecho evidentes, procedo a comentar lo que hoy surge como una amenaza más para nuestro país; a la luz de los hechos y tomando en cuenta las formas y los medios por los que el señor Enrique Peña Nieto obtuvo la mayor votación en las pasadas elecciones, con una interrogante medular: ¿cuál será el costo de este nuevo fraude electoral, si las actuales manifestaciones sociales no hacen cambiar de opinión a las autoridades electorales, tal como lo vienen afirmando cotidianamente en torno a la anulación de este proceso, que ya es hoy un referente de oprobio y desprestigio para nuestro país, a la vez que un motivo de indignación generalizada?
Hoy es claro que el estancamiento de la economía mexicana, su pérdida de liderazgo, su creciente lejanía del progreso y su triste imagen en el entorno internacional, como resultado de la creciente corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad, así como el modelo de desarrollo que los sucesivos gobiernos nos han impuesto desde hace más de dos décadas, habrán de continuar sin el menor cambio, con todas sus consecuencias para millones de mexicanos que seguirán tratando de emigrar al extranjero, aun bajo riesgo de perder la vida o al menos su libertad en el intento, en virtud de la imposibilidad de obtener un empleo digno, ya que el modelo de liberalismo económico impuesto por Carlos Salinas continuará no sólo vigente, sino amplificado a partir de las experiencias acumuladas en este tiempo.
Para el resto de la población, los que por una razón o por otra decidamos, o nos veamos forzados a seguir viviendo en nuestro país, las posibilidades de un cambio y mejoría económica para nuestras familias y comunidades, simplemente no existen, pues al igual que las de su antecesor Felipe Calderón, las promesas de Peña Nieto sólo serán válidas para la minoría privilegiada, que ha sido beneficiada por este gobierno y los anteriores y a la que por supuesto le interesa seguir en lo mismo. A ello obedecen, desde luego, los intentos de acallar y minimizar las manifestaciones generalizadas y crecientes en todo el país de rechazo al proceso electoral, pidiendo su anulación y restitución inmediata.
Del combate a la impunidad y la corrupción, dos de los grandes problemas nacionales, nada debemos esperar con sólo observar quiénes son los individuos que conforman el círculo cercano al candidato Peña Nieto, pues si los de Felipe Calderón sin experiencia previa lograron hacerse de enormes fortunas en unos cuantos años, imaginemos las nuevas actuaciones de los Salinas de Gortari, los Osorio Chong y demás colaboradores de vieja y nueva estirpe que conforman el círculo cercano de Peña Nieto, de los cuales nos han dado ya una clara muestra de su capacidad e inventiva. Por otra parte, ¿qué podemos esperar de alguien que fue capaz de exonerar a su antecesor y pariente, el señor Arturo Montiel, respecto a la impunidad? De hecho, es posible vaticinar desde ahora el magnífico futuro que tendrá el mismo Felipe Calderón, quien lejos de tener que responder por sus delitos, omisiones e irresponsabilidad, y los enormes daños causados a miles de familias sumidas en la tragedia, podrá gozar de una vida de abundancia, producto de esas acciones y omisiones, seguramente hoy con un pacto que le asegure no ser tocado, a cambio de su aval al supuesto triunfo de Peña Nieto, así como su permisividad ante el desvío ilegal de recursos públicos millonarios, usados para la campaña y la compra de votos por los gobiernos estatales priístas.
Debemos pensar también en los costos que tendría una posible consumación de este nuevo fraude electoral en los términos –ya vividos– de un presidente que inicie su gobierno bajo la sombra de la ilegitimidad, en un escenario de violencia e incertidumbre generada por el creciente poder de los grupos delictivos que hoy parecen controlar amplios territorios de la nación, como resultado de las facilidades de lavado de dinero e introducción y tráfico de armamento. Todo ello se traducirá necesariamente en una crisis de ingobernabilidad de facto, que podría reducirnos al establecimiento de una dictadura militar, sin garantías individuales (de lo cual parecemos estar cada día más cerca) ni posibilidades de crecimiento económico y desarrollo social alguno, como consecuencia de la incertidumbre en que vivimos, o bajo la intromisión mayor de intereses extranjeros con un gobierno a su modo y conveniencia, para después lavarse las manos y decir plácidamente, como un funcionario dijo hace unos años en relación con la caída de la inversión extranjera: ... todos tenemos la culpa.
Suponiendo que un posible gobierno de Peña Nieto pudiese imponerse, nos debe quedar claro que mucho de lo que hoy tenemos continuará vigente, en virtud de que quienes realmente estarán ejerciendo el control de las políticas gubernamentales serán los mismos que lo han ejercido en este sexenio, en el de Fox y en los últimos y lamentables gobiernos priístas, que ven ambos partidos como una especie de ropaje que pueden cambiar mientras el anterior es mandado a la tintorería para recibir desmanchado.
De esta manera, seguiremos viviendo en un sexenio caracterizado por el tráfico de influencias, el derroche de recursos públicos para la promoción personal del presidente de la República, de los gobernadores y de algunas figuras complementarias y huecas, todo ello con grandes beneficios para las televisoras y sus empresas satélites. Del mismo modo, estaremos enfrentándonos a las mismas políticas clientelares de otorgamiento de migajas, como sustitución de los derechos sociales básicos en materia de salud, educación y empleo, en virtud de la carencia de un verdadero plan de desarrollo, orientado a impulsar la productividad del país mediante la generación de empresas capaces de competir en el mercado internacional.
Del mismo modo, la producción de energía eléctrica y el manejo de los recursos no renovables como el petróleo y los minerales seguirán inmersos en las mismas políticas de parálisis, estancamiento del desarrollo tecnológico interno, centralismo y explotación irresponsable, como sustitutos para una reforma fiscal orientada a que pague más quien más tiene y quien más beneficios recibe, convirtiendo a México en una especie de paraíso fiscal para los bancos, los negocios financieros y las operaciones accionarias.
Hoy me atrevo a pensar que todo esto junto es lo que motiva la imperiosa necesidad que se viene expresando cada día con más fuerza en todos los rincones del país, de anular el proceso electoral, considerándolo como la violación de la voluntad popular misma, mediante millones de votos comprados en una operación totalmente ilícita, de acuerdo con los preceptos constitucionales que conforman el verdadero pacto nacional.
