viernes, 20 de noviembre de 2026

Myanmar califica de “injusto” fallo de la ONU que lo declara culpable de genocidio contra los rohinyás.

Refugiados rohingyá esperan la llegada del presidente de la Asamblea General de la ONU, Khalilur Rahman, en un campamento en Cox's Bazar, Bangladesh. Foto: Afp   Foto autor
Ap
20 de noviembre de 2026 19:26
El gobierno de Myanmar calificó el viernes como “injusta” la histórica sentencia emitida por el máximo tribunal de Naciones Unidas que declaró al país culpable de genocidio contra su minoría rohinyá, y opositores pidieron a la comunidad internacional que actúe para garantizar que se haga justicia.
Khine Khine Soe, portavoz del presidente Min Aung Hlaing, apuntó que la decisión de la Corte Internacional de Justicia, anunciada el jueves, se adoptó por nueve votos contra seis para concluir que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá en una brutal operación militar de 2017.
“No todos los 15 jueces estuvieron de acuerdo con la decisión. No fue un fallo unánime", dijo a reporteros en la capital, Naipyidó. "Yo diría que fue injusto”.
La CIJ señala responsabilidad de Myanmar
La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Países Bajos, representa la primera vez que el tribunal dictaminó que un Estado cometió genocidio. El gobierno de Myanmar ha negado haber cometido genocidio y sostiene que actuó contra insurgentes en su operación militar de 2017 en el estado de Rakhine, en el norte del país.
La CIJ señaló que las pruebas mostraban que las fuerzas de Myanmar mataron a unos 10 mil rohinyá en la campaña en la que se acusó a los militares de cometer violaciones y asesinatos masivos, y arrasar miles de viviendas.
Unos 1.2 millones de refugiados rohinyá viven ahora en Bangladesh, principalmente en campamentos abarrotados en todo el distrito de Cox’s Bazar, donde soportan duras condiciones marcadas por riesgos de incendios, enfermedades infecciosas, deslizamientos de tierra durante el monzón, saneamiento inadecuado y estrictas restricciones laborales.
Opositores exigen que se cumpla la sentencia
Nay San Lwin, un activista del Consejo Nacional Rohingyá de Arakan, que ahora vive fuera de Myanmar, subrayó que el fallo del tribunal fue apenas la “primera victoria en nuestro camino hacia la final: regresar a nuestra patria y vivir allí en paz y dignidad”.
“Sin acción y apoyo de la comunidad internacional, la orden del tribunal seguirá siendo sólo una declaración”, dijo a The Associated Press. “Cada país debe ayudar en la medida de lo posible”.
El Gobierno de Unidad Nacional en la sombra de Myanmar, la principal organización que coordina la oposición al gobierno militar en Myanmar desde la toma del poder por el ejército en 2021, acogió con satisfacción el fallo de la CIJ, afirmando que respetaba la autoridad del tribunal y su sentencia.
Aproximadamente 50 rohingyás, adultos y niños, quedaron varados en la playa de Lampanah, en Aceh Besar, el 16 de febrero de 2023. Foto: Afp
También resaltó que la búsqueda de justicia para los rohinyá debe ir acompañada de esfuerzos para poner fin a la violencia continua de los militares contra civiles en todo Myanmar.
Myanmar rechaza las acusaciones de genocidio
El caso se centró en las llamadas “operaciones de limpieza” de los militares en el estado de Rakhine en 2017, cuando el gobierno democráticamente elegido de Aung San Suu Kyi estaba en el poder. Min Aung Hlaing, que ahora es el presidente, era el comandante en jefe del ejército en ese momento, tomó el poder de Suu Kyi en 2021 y desde entonces ha consolidado su control del gobierno, al ser elegido presidente a principios de este año en una votación que, según críticos, no fue ni libre ni justa.
El país está ahora inmerso en una sangrienta guerra civil, con milicias prodemocracia y otras luchando contra los militares.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Myanmar emitió el viernes por la noche una respuesta más larga y detallada al fallo del tribunal, señalando que estaba decepcionado porque consideraba que las pruebas no cumplían “el estándar de prueba que debe cumplirse para establecer que se ha cometido genocidio”. Afirmó que los cargos contra Myanmar tergiversaban la situación cuando sus militares llevaban a cabo “acciones antiterroristas”.
Dichas acciones “fueron limitadas en alcance y duración, y duraron sólo cuestión de días, y se emprendieron en respuesta directa a ataques terroristas generalizados” que, aseveró, fueron perpetrados por el Ejército de Salvación Rohingyá de Arakan, o ARSA.
ARSA fue el grupo armado miliciano rohinyá cuyos ataques contra puestos gubernamentales en Rakhine fueron el detonante inmediato de la devastadora represión de 2017 por parte del ejército de Myanmar.
Las “intimidaciones, ataques, destrucciones, asesinatos y actos de terrorismo” de ARSA causaron destrucción y desplazamiento, sostuvo el comunicado, acusando que esas acciones estaban destinadas a provocar una respuesta de las agencias de seguridad de Myanmar y atraer la atención internacional.
El comunicado no se comprometió con ninguno de los remedios ordenados por el tribunal, que incluyen reparaciones, organizar el regreso seguro de los refugiados y el castigo de los autores del genocidio.
Añadió que Myanmar seguirá proporcionando asistencia humanitaria a las personas desplazadas en el norte del estado de Rakhine y repatriará a quienes están en campamentos de refugiados en Bangladesh “cuando y según lo permitan las situaciones, al tiempo que se salvaguarda el mejor interés de su pueblo y su soberanía”.
“El Gobierno de Myanmar se tomará tiempo para estudiar cuidadosa y exhaustivamente la sentencia”, señaló.
Grupos rohinyá piden garantías para el retorno de refugiados
ARSA indicó que se debe permitir que los refugiados regresen a casa de manera segura y que los responsables deben enfrentar la justicia.
“Hacemos un llamado a Naciones Unidas y a la comunidad internacional para garantizar que Myanmar cumpla con la sentencia del Tribunal y que la justicia no quede sólo en el papel”, declaró el grupo en un comunicado publicado en redes sociales y firmado por “Ustad Khalid Junun”, descrito como su jefe del Estado Mayor General.
La Organización de Solidaridad Rohingya, o RSO, un grupo miliciano rival, emitió un comunicado similar.
ARSA y la RSO han sido marginados desde 2017 por la represión de las autoridades de Myanmar y las luchas internas. Ahora están involucrados en combates a tres bandas en Rakhine, donde el Ejército de Arakan, un grupo de mayoría budista que busca autonomía para el estado, está combatiendo al ejército de Myanmar, pero también ha sido acusado de atacar a los rohinyá.
El Ejército de Arakan no respondió a una solicitud de comentarios sobre la decisión del tribunal.