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la redacción
08 de noviembre de 2026 12:55
El senador electo demócrata de Texas, James Talarico, visitó el pasado sábado en Houston el memorial dedicado al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, muerto hace cuatro meses por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Talarico publicó una foto en X frente al altar de Salgado Araujo donde colocó en el altar una calcomanía de “Yo voté”, como hicieron cientos de residentes que acudieron al lugar tras participar en las elecciones del martes pasado, al realizar su primera aparición pública después de ganar los comicios y compartió imágenes de su visita en redes sociales.
“Lorenzo Salgado fue asesinado por ICE hace cuatro meses. Los texanos han estado pegando sus calcomanías de ‘Yo voté’ en su memorial en Houston. Acabo de poner la mía”, escribió.
Salgado Araujo murió el 7 de julio durante un intento de detención en una parada de tránsito. ICE sostuvo entonces que el mexicano intentó evadir el arresto, embistió un vehículo de la agencia y quiso atropellar a uno de sus agentes, quien disparó en defensa propia. La familia y residentes de la zona cuestionaron esa versión.
El caso se sumó a las críticas contra las operaciones migratorias de la agencia, que en septiembre hirió de un disparo en la espalda al venezolano Wilber Garcés en Austin, capital de Texas.
Fiscalía de Paraguay allana casa del ex presidente Santiago Peña; hallan bóveda oculta
Santiago Peña, de 47 años, quedó el pasado sábado en prisión preventiva en un regimiento militar de Asunción; el viernes fue destituido de la presidencia tras un acelerado juicio político en el Senado.
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Dpa
08 de noviembre de 2026 19:17
La Fiscalía General de Paraguay ha llevado a cabo este domingo un registro en un inmueble atribuido al expresidente Santiago Peña en la ciudad de San Bernardino, en el marco de las investigaciones sobre el descalabro financiero y la quiebra de la entidad Ueno Bank, según ha informado el propio Ministerio Público.
La diligencia, encabezada por los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, junto con efectivos de la Policía Nacional, se ha producido en el inmueble ubicado en la zona de Ciervo Cuá.
El procedimiento forma parte de las actuaciones emprendidas tras la imputación y prisión preventiva decretada contra el ex mandatario por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.
Según ha informado el diario paraguayo 'ABC Color', durante el registro de la propiedad —valorada en unos 7 mil 700 millones de guaraníes (alrededor de un millón cien mil euros) y financiada mediante dos préstamos otorgados por Ueno Bank en mayo de 2024—, los agentes han hallado una bóveda oculta tras una pared falsa provista de un complejo sistema de seguridad blindado que no ha podido ser abierto de forma inmediata.
El ex presidente, que permanece bajo prisión preventiva tras la resolución dictada por el juez, Humberto Otazú, está siendo investigado por su presunta intervención en la colocación y permanencia de fondos públicos y previsionales por valor de unos 3.6 billones de guaraníes (casi 505 millones de euros) y 233.4 millones de dólares (unos 206.6 millones de euros) en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial mantuvo vinculación accionarial.
El colapso del banco forzó la intervención de la banca matriz y aceleró la caída del gobierno de Peña, quien ha sido sustituido en la jefatura del Estado por su hasta ahora vicepresidente, Pedro Alliana.
Noboa firma más convenios con EU; 13 congresistas piden a Trump revisar cooperación con Ecuador
El presidente, Daniel Noboa, suscribió un acuerdo de cooperación con Washington “para incorporar tecnología especializada e inteligencia artificial en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos”. Foto: Afp Foto autor
Orlando Pérez / Especial para La Jornada
08 de noviembre de 2026 18:40
Quito. Al tiempo que en varias ciudades de Ecuador se desarrollaban marchas de protesta contra las políticas económicas y de persecución política del gobierno y 13 congresistas estadunidenses le pedían a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, “suspender de inmediato toda asistencia en materia de seguridad y cooperación militar”, este fin de semana el presidente, Daniel Noboa suscribió un acuerdo de cooperación con Washington “para incorporar tecnología especializada e inteligencia artificial en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos”.
El pasado viernes, en una entrevista radial, sin mostrar pruebas, Noboa dijo que las marchas se estaban financiado con dinero del narcotráfico. Y casi de inmediato algunos dirigentes sociales denunciaron que sus cuentas bancarias personales fueron bloqueadas sin ninguna explicación y justificación.
Antes de las manifestaciones callejeras se emitió el comunicado oficial del gobierno para avalar ese acuerdo con Estados Unidos, pues “esta iniciativa permitirá mejorar el análisis de información financiera y la identificación de operaciones económicas vinculadas al crimen organizado transnacional”.
Todo esto ha ocurrido tras la detención de la ex candidata presidencial, Luisa González, con el mismo argumento: sospecha de lavado de activos. Por eso la carta de los 13 congresistas estadunidenses, a decir del ex candidato presidencial ecuatoriano, Andrés Arauz, está “ampliamente documentada, relata las prácticas antidemocráticas de Noboa, no sólo respecto a la oposición política sino también a la violación sistemática de derechos humanos de organizaciones sociales”.
“Esta carta es la primera que firma los demócratas luego de su victoria contundente en las elecciones de medio término. En ese contexto los demócratas manifiestan que ahora tienen la sartén por el mango y podrán orientar la relación política con Noboa mediante el financiamiento de la cooperación militar”, le dijo Arauz a La Jornada, para luego destacar que “las víctimas de la persecución política agradecemos las menciones explícitas y la atención que le están dando a la situación del Ecuador”.
Entre los 13 congresistas consta la firma del californiano, Ro Khana, quien ya anunció la conformación de un comité político para postularse como candidato presidencial para el 2028. Y en esa misiva, los legisladores advierten a Rubio que, “si la administración (del presidente Donald) Trump no toma medidas para disuadir las acciones autoritarias del gobierno de Noboa, el Congreso empleará los mecanismos a su alcance para forzar un cambio en la política de Estados Unidos”.
Y concluyen: “Estados Unidos no puede afirmar de manera creíble que apoya la democracia y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, mientras, al mismo tiempo, amplía su cooperación en materia de seguridad con un gobierno que está consolidando rápidamente su control autoritario del poder”.
La carta también está copiada a la embajada estadunidense en Quito, que no cuenta con su jefe diplomático, después que Trump sacó del cargo a Arthur Brown, quién había sido designado por Joe Biden, porque el embajador era “demasiado progre y afro”, según trascendió en los círculos políticos. Ahora la embajada en Ecuador sólo cuenta con un encargado de negocios.
Voto de latinos, decisivo en elección de EU
José Murat
Conforme pasan los días, y se hacen los estudios del comportamiento electoral por segmento poblacional, se confirma el peso decisivo del voto latino en las elecciones parlamentarias y de algunas gubernaturas de Estados Unidos. Es cierto que el principal balance es el triunfo del Partido Demócrata en ambas cámaras legislativas, un resultado nada atípico, pues en ese país suelen ganar los partidos opositores en las elecciones intermedias, sólo que ahora con mayor contundencia. Pero la contribución de los latinos al resultado global y territorial es un factor a ponderar con mayor acento del que se ha hecho.
Los estadunidenses de origen latino no sólo son ya la primera minoría étnica y cultural, sólo después de los de origen anglosajón, sino que cada vez ejercen más su derecho a decidir su destino en el ámbito público: votan más y son también cada vez más electos para cargos ejecutivos y legislativos relevantes, en comicios estatales y federales. Ya no se puede gobernar ni legislar en la primera economía mundial sin atender a la agenda de los inmigrantes de origen latino, y de manera especial, de origen mexicano.
Las frías cifras así lo revelan. En Estados Unidos viven aproximadamente 68 millones de personas de origen latino o hispano, lo que equivale a uno de cada cinco habitantes (cerca de 20 por ciento de la población total del país), según datos del proyecto Latino GDP (UCLA y California Lutheran University) y el Pew Research Center.
El paso de la segunda a la primera minoría, superando a la población afro-estadunidense, lo explica la celeridad del crecimiento latino frente a otros segmentos poblacionales: es la comunidad que más ha impulsado el crecimiento demográfico del país en las últimas décadas, pasando de 9.6 millones en 1970 a los casi 70 millones actuales. De este universo de personas de origen latino se estima que alrededor de 39 millones son ciudadanos estadunidenses y no tienen restricción alguna para votar en los procesos electorales del país.
No sólo ha crecido el número de ciudadanos de origen latino, sino que ha aumentado su participación efectiva en las urnas: los latinos representaron la mitad de todos los nuevos votantes en Estados Unidos de 2022 a 2026, según UnidosUS. Visto con mayor perspectiva en el tiempo, los latinos constituyen el grupo poblacional que más ha crecido en los últimos 20 años, según estudios del Pew Research Center, al pasar de representar 9 por ciento de los votantes en 2006 a cerca de 20 por ciento este año. Además, los datos preliminares apuntan a que casi 5 de cada 10 votantes latinos acudieron a las urnas, frente a los 3 de cada 10 que lo hicieron en los comicios intermedios de 2022.
Ese voto creciente se inclinó ahora predominantemente en favor de los candidatos demócratas a las cámaras del congreso y a las gubernaturas en juego. El gobierno republicano actual formalmente no estuvo en disputa, pero el apoyo latino a los candidatos demócratas en la Cámara de Representantes aumentó 28 por ciento con respecto a los comicios de 2024, más que el de ningún otro grupo étnico, según The New York Times: 67 por ciento votó por los demócratas en la Cámara Baja, frente a 30 por ciento que apoyó a los republicanos.
Igualmente, la mayoría de los hispanos respaldaron a los candidatos demócratas al Senado (63 por ciento) y a gobernadores (66 por ciento), de acuerdo al sondeo llevado a cabo en distritos reñidos por UnidosUS, una de las principales organizaciones de defensa de los latinos.
Ese incremento exponencial se notó más en estados tradicionalmente republicanos, es decir, no de ahora sino por décadas. El epicentro del cambio radical, telúrico, se registró en Texas, uno de los bastiones republicanos emblemáticos, donde ningún demócrata había ganado un cargo estatal relevante en más de 30 años. Esta vez ganaron dos demócratas: Gina Hinojosa, de 52 años y de ascendencia mexicana, fue elegida gobernadora del estado, la primera latina en conquistar el cargo. Al mismo tiempo, en elecciones concurrentes, el legislador estatal de 37 años James Talarico, ex maestro y seminarista presbiteriano, conquistó un escaño por Texas en el Senado estadunidense.
En otro estado muy importante de Estados Unidos, con el mayor padrón electoral del país (23.4 millones de empadronados) y la primera economía estatal, (PIB de 4.5 billones de dólares, superior a las economías más grandes de Europa), en California fue electo gobernador Xavier Becerra, de madre originaria de Guadalajara, y padre criado en Tijuana.
Como lo resumió Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de Unidos-US: “Las elecciones han marcado un hito para la comunidad latina. Impulsados por la indignación ante la situación económica y una fallida campaña de deportaciones masivas, los votantes latinos registraron la mayor participación jamás vista en unas elecciones de mitad de mandato y consolidaron su posición como un sector electoral decisivo”.
En efecto, en sondeos al emitir el voto, más de dos tercios, 68 por ciento, reprobaron la actuación de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluyendo 54 por ciento que la desaprobaron “fuertemente”. Estuvieron de acuerdo 77 por ciento en que el actual sistema migratorio es “injusto” y que los “agentes de ICE violan los derechos de las personas, separan familias e, incluso, usan violencia”, por lo que pidieron remplazar la actual política migratoria.
En suma, reconociendo de entrada el derecho soberano de cada país para decidir su propio destino, comparto el diagnóstico, avalado por las frías cifras, de que los ciudadanos latinos, y sobre todo los de origen mexicano, son y serán cada vez más determinantes en la elección de gobernantes y en el diseño de leyes y políticas públicas de la primera economía mundial y principal socio comercial de México. Que ese voto sirva, en primer lugar, para un mayor respeto a los derechos humanos, sociales y laborales de nuestros hermanos migrantes y sus familias.
Francia en primera persona
Protesta en París han escalado a nivel nacional en el marco de las movilizaciones organizada por sindicatos y estudiantes contra el aumento del costo de vida y la desigualdad.
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Iván Restrepo/I
09 de noviembre de 2026 00:03
En los 35 años que llevo de visitar Francia de septiembre a mediados de noviembre por motivos académicos y culturales, nunca había encontrado tanto descontento social como este año. Desde los estudiantes hasta una amplia gama de grupos sociales, en especial el laboral. Lo expresan a su modo y conveniencia los líderes de los partidos políticos, pero no los representantes del gobierno.
En noviembre de 2018 me tocó el surgimiento de los chalecos amarillos, llamado así por los que usan los conductores de vehículos. Fue la reacción ciudadana por un nuevo impuesto ecológico decretado al diésel y la gasolina por el presidente Macron. Pero se convirtió en una movilización mucho mayor contra el costo de la vida, la pérdida de poder adquisitivo y las desigualdades económicas.
Los chalecos amarillos movilizaron durante varios sábados a más de 300 mil personas en el país. Hubo bloqueo de carreteras. Fueron reprimidos por la fuerza pública. El movimiento se disolvió al archivar el gobierno su propuesta de gravar los carburantes y anunció un aumento del salario mínimo y exenciones de impuestos para quienes laboran horas extras. Los chalecos amarillos no desaparecieron del todo. Fueron el inicio de lo que hoy sacude a Francia.
Cuando el 1 de septiembre llegué a París, reinaba el turismo masivo. Los habitantes de la urbe regresaban de las vacaciones de agosto a su vida cotidiana. Una semana después, comenzó el nuevo ciclo escolar. Todo parecía estar en orden, especialmente en los liceos, el equivalente en México a la preparatoria. Mas poco a poco comenzaron las expresiones de inconformidad estudiantil en París. Exigían, entre otras demandas, aumento de la planta de profesores, reducir el número de alumnos por aula, mejorar el mobiliario de las escuelas y más apoyo al sector educativo.
La respuesta de las autoridades fue errática. Voceros gubernamentales dijeron que la protesta era de grupos pequeños manipulados por fuerzas ajenas al sistema educativo. Y que 90 por ciento de las escuelas funcionaban plenamente. En unos cuantos días, el movimiento estudiantil era de una magnitud no prevista por las autoridades. En algunos casos se expresó en daños al mobiliario de las escuelas y pequeños mítines con cartelones que tenían leyendas sobre sus reclamos.
El 17 de octubre todo cambió al desfilar 130 mil personas en orden por las calles de París. Otras 400 mil en las grandes ciudades, como Marsella y Burdeos. Trabajadores, estudiantes, amas de casa, jubilados, desempleados, mostraban su inconformidad por la situación económica y social, y el deterioro de los servicios públicos. Al final hizo su presencia la violencia: tres mil comercios de diverso nivel destruidos, incendiados y saqueados, igual el mobiliario urbano, mil policías heridos y también decenas de manifestantes. Las pérdidas de esa destrucción se calculó en más de un billón de euros.
Según las autoridades, en París detuvieron a más de 800 personas por lo ocurrido. Y en otras ciudades, a mil 800. Y afirmaron que se trataba de “grupos de alborotadores”, células de ultraizquierda (black blocs), vándalos y delincuentes, que aprovecharon las manifestaciones para saquear comercios. En Limoges, un grupo provocó el incendio que destruyó su histórico ayuntamiento, un monumento protegido.
El presidente Macron responsabilizó a la extrema izquierda de la violencia, de “sembrar el caos” para desestabilizar las instituciones del país. La dirigente de la ultraderecha, Marine Le Pen, dijo que las legítimas reivindicaciones sociales de los estudiantes y sindicatos fueron “secuestradas” por radicales violentos. Tales señalamientos los rechazó el líder de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon. Afirmó que quienes “comparten nuestra lucha no tienen nada que hacer en los saqueos ni en los actos vandálicos”. Responsabilizó a la dirección de las fuerzas del orden de la situación de violencia.
El presidente Macron prometió identificar y procesar a los responsables de los destrozos y dijo que no permitiría que se volvieran a repetir. No fue así. La situación se agrava con protestas cada vez más concurridas y exigencias claras relacionadas con la situación económica y social que afecta a la mayoría de la población. A seis meses de que se elija a un nuevo mandatario, Francia se levanta y pone en jaque al gobierno y al sistema vigente, como detallaré el lunes próximo.
Duele la ausencia física de Humberto Musacchio, referente de la cultura mexicana