Mario Patrón
12 de noviembre de 2026 00:03
Como cada año, un puñado de líderes políticos y económicos del mundo se dan cita para llevar a cabo la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En la edición actual, la número 31, los trabajos se realizan en Turquía, acompañados de crecientes cuestionamientos sobre la poca efectividad que estas reuniones han tenido para el fortalecimiento de la política climática global.
El cambio climático incrementa cada día sus efectos en todo el mundo, ante la impotencia de una diplomacia ecológica cuyos avances no parecen llegar más allá del papel especialmente en años recientes, marcados por el protagonismo en la escena política de gobiernos conservadores y de ultraderecha que niegan los impactos de la acción humana en el calentamiento global, y han impulsado políticas generalizadas que refrendan la apuesta por la explotación y consumo de combustibles fósiles, por proyectos extractivistas y, en general, por modelos económicos lineales, no circulares. Bajo esta pauta, el mundo se encuentra cada vez más cerca del punto de no retorno establecido en los Acuerdos de París.
La crisis climática no tiene que ver sólo con temperaturas; es también una servera expresión de la desigualdad. Numerosas organizaciones y organismos internacionales han advertido, desde décadas atrás, que la contribución al cambio climático es significativamente mayor entre el sector poblacional más rico, pero los impactos afectan principalmente al sector poblacional más empobrecido.
Oxfam Internacional, en su reciente informe Desastre ¿para quién? Cómo el caos climático agrava la desigualdad y enriquece a una minoría, advierte de las magnitudes de esta desigualdad y sus efectos climáticos. Según las cifras mostradas en dicho informe, las emisiones del 0.1% más rico del mundo causan 1.9 millones de muertes adicionales debido al calor y a los numerosos efectos derivados del cambio climático, dato que evidencia la crudeza de la desigualdad económica y climática de nuestro planeta y de sus efectos directos en la vida de las personas.
En México, la crisis tiene implicaciones más severas debido a su posición geográfica, pero también porque los efectos del cambio climático vulneran a una mayor proporción de la población, debido a que nuestros índices de desigualdad son superiores al promedio global.
Así lo subraya la nota informativa elaborada por Oxfam México en el marco de la publicación del citado informe internacional, al revelar que 49% de la población en México está expuesta a fenómenos climáticos severos como inundaciones, sequías, olas de calor o ciclones, cifra que es 12 veces mayor que en países de ingresos altos; además, una de cada cinco personas se encuentra en riesgo climático, proporción 14 veces mayor que la de países con ingresos altos. Asimismo, el 0.1% más rico del país es responsable de un volumen de emisiones equivalente a las del 40% más empobrecido y, su ritmo de emisiones se ha cuadruplicado entre 1990 y 2022.
Dicho de otro modo, en México, una persona que pertenece al 0.1% más rico emite 67 veces más dióxido de carbono a la atmósfera que una persona promedio; asimismo, el informe revela que los ultrarricos mexicanos emiten mayores cantidades de contaminantes que sus pares europeos y de los países de la OCDE. Para ilustrar la magnitud de la desigualdad en México, el informe ilustra que tan sólo Carlos Slim y Germán Larrea son responsables de 43.07% de las emisiones del 0.1% más rico del país. Mientras tanto, el 10% más empobrecido de México emite menores contaminantes que el 10% más empobrecido de Asia occidental y el norte de África.
La COP31 debe asumir con determinación en sus resoluciones que, como se revela más claramente en cada edición, el nudo de la crisis climática se encuentra en los más ricos y en los gobiernos, por lo cual, no existirá una acción climática eficaz sin una justicia económica que redistribuya la riqueza.
A contraflujo de las alternativas que han encontrado en la acción climática y el greenwashing un mecanismo para lucrar con la crisis e incrementar sus ganancias con falsas soluciones, los gobiernos deben implementar políticas fiscales que reduzcan la concentración de la riqueza y la redirijan a la acción climática, apuntalar la priorización presupuestal de alternativas climáticas efectivas y fortalecer los marcos normativos y de planeación para la atención de la crisis con perspectiva interseccional y de desigualdades, tal como lo propone Oxfam.
Ante la intensidad extraordinaria del fenómeno de El Niño de este año, se teme que el 2027 sea el más caluroso en la historia de nuestro país. Oxfam México advierte que de no asumir el riesgo climático particular que corre nuestro país, se ponen en riesgo los avances recientes conseguidos en la reducción de la pobreza. Espacios como COP31 deben ser clave para establecer acuerdos para que los responsables de las emisiones paguen por sus daños y para que países tan vulnerables como el nuestro avancen progresivamente hacia el fortalecimiento de una política transversal en materia de justicia climática.
IPAB, el derecho a saber
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en favor de que se abran los archivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB, antes Fobaproa), y preguntó al secretario de Hacienda si es factible liberar la información “para que se sepan todos los negocios que se hicieron al amparo del Fobaproa”. En respuesta a declaraciones de Ricardo Salinas Pliego, la mandataria reviró que sí se benefició de la socialización de la deuda privada, pues “Salinas y Rocha es una de las empresas rescatadas por el Fobaproa: se pagaron 4 mil 160 millones de pesos por ella, y después Elektra compró esas acciones a un valor mucho menor, 77 millones de dólares”, equivalentes a alrededor de 500 millones de pesos de la época.
Es injustificable ocultar a la sociedad el conocimiento acerca de quiénes han lucrado con una operación fraudulenta que ya se ha pagado por casi 30 años y que, en el mejor de los casos, se terminará de cubrir en 2050. Cabe recordar que hasta abril de 2025 más de 945 mil millones de pesos de todos los mexicanos se habían ido por el pozo sin fondo del Fobaproa-IPAB, una cantidad que supera los 2 millones de millones cuando se actualiza por inflación. Si bien los pagos realizados porel gobierno federal tienen un impacto decreciente en las finanzas públicas porque el aumento de la economía reduce el peso relativo de la deuda en el producto interno bruto y el presupuesto, estas erogaciones todavía son un freno al bienestar y el desarrollo.
Con los 48 mil millones de pesos aprobados para el IPAB en 2027 se podrían pagar casi un millón de pensiones no contributivas para adultos mayores, alrededor de 270 mil Pensiones Mínimas Garantizadas del IMSS; o bien, contratar a más de 50 mil médicos familiares de la misma institución, con lo que se triplicaría el número de estos especialistas de los que actualmente dispone el seguro social. En los tres casos, se cubriría un año completo del beneficio.
Por ahora, diversos obstáculos legales impiden a la titular del Ejecutivo dar a conocer los datos de uno de los mayores desfalcos de la historia nacional. La Ley de Instituciones de Crédito (LIC) declara confidencial la información de las operaciones de los clientes; la Ley General de Transparencia les da el mismo estatus, sin temporalidad, a los secretos bancario, fiduciario, fiscal y bursátil cuya titularidad sea de particulares; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) establece que para abrir información confidencial se requiere el consentimiento de cada titular, salvo que esté en fuentes públicas, una ley le dé carácter público, exista orden judicial o se justifique por razones de seguridad nacional, salubridad o derechos de terceros. Asimismo, en 2005 los entonces ministros de la Suprema Corte Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Juan Díaz Romero, José Gudiño Pelayo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero y Mariano Azuela Güitrón resolvieron de manera sumi-sa una controversia constitucional en la que el ex presidente Vicente Fox les pidió prohibir que la Auditoría Superior de la Federación revisara las operaciones realizadas por el Fobaproa.
Sin embargo, todas las trabas interpuestas para negar a la ciudadanía el derecho a conocer los nombres de quienes hace tres décadas saquearon el erario pueden removerse con una ley que declare pública la información del rescate bancario: el artículo 119 de la LGTAIP dice que no se requerirá el consentimiento del titular para divulgar información confidencial cuando por ley tenga el carácter de pública. También sería conveniente reformar la propia LGTAIP a fin de excluir los recursos del IPAB de los secretos fiduciario y fiscal establecidos en sus artículos 116 y 118, así como modificar el artículo 142 de la LIC para retirar la secrecía a las operaciones pagadas con recursos públicos del rescate.
Incluso sin estos cambios normativos, la FGR puede solicitar información y el consentimiento para divulgarla puede obtenerse mediante resoluciones judiciales. En los hechos, esta vía ha estado cerrada por la catarata de amparos promovidos por los interesados en ocultar malos manejos, conflictos de intereses y su participación en el expolio. Por ello, el camino legislativo es el idóneo, y el Congreso debería convertir en una prioridad absoluta este necesario ejercicio de transparencia. Si el saqueo del Fobaproa/Ipab no es punible por la vía legal, que la ciudadanía conozca al menos los nombres de las personas y empresas que hicieron o engordaron sus fortunas gracias el enorme sufrimiento social causado por el rescate bancario zedillista.
1988
Foto Francisco Mata / La Jornada Foto autor
Abraham Nuncio
12 de noviembre de 2026 00:02
Sobre el título no dudé. El primer libro de contenido político que leí fue La sucesión presidencial de 1910 de Francisco I. Madero. Y las condiciones de 1987 eran muy semejantes a las de ocho décadas atrás. En La sucesión presidencial de 1988 intenté recoger las voces más representativas del espectro político nacional. Logré que participaran 26 autores cuyos nombres aquí transcribo por dos razones: todos, hoy, son ya historia, y su significado habla claramente de la época que atravesaba México en ese año.
A la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, el principal protagonista del movimiento finisecular que produjo una primera –aunque módica– transición hacia lo que se inició con la fundación de Morena por Andrés Manuel López Obrador, en las primeras dos décadas del siglo XXI, se antoja valorarlo a la luz de lo que esos autores escribieron. Véase la nómina en el orden que aparece en el libro:
Enrique Semo, Pablo González Casanova, Carlos Monsiváis, Luis Javier Garrido, Rolando Cordera, Sergio de la Peña, Porfirio Muñoz Ledo, Bernardo Bátiz, Pablo Gómez, José Carreño Carlón, Francisco José Paoli Bolio, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Ricardo Pascoe Pierce, Gerardo Medina Valdés, Heberto Castillo, Roger Bartra, Adolfo Aguilar Zínser, Raúl Trejo Delarbre, Rodolfo F. Peña, Luis Guzmán García, Raúl Macín, Uriel Jarquin, Isidro H. Cisneros, Ilán Semo, José Woldenberg e Iván Restrepo.
Una nómina políticamente plural que traducía la tendencia de la misma naturaleza observable, sobre todo, en lo que constituyó la Corriente Democrática del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Todos ellos hablaron acerca de la sucesión –noción monárquica que prevalecía desde la de Porfirio Díaz– del titular del poder ejecutivo.
Como lo ven algunos de esos autores, desde principios del siglo XX no ha habido momentos más intensos en la política nacional que los episodios electorales vinculados a la Presidencia de la República, y el de 1988 no fue excepción. Se vivía una profunda crisis económica, la inconformidad social era evidente y el agotamiento del régimen priísta se mostraba espectacular. La llamada disciplina del partido oficial se había luido, cuajaba la crítica y el disenso pronto se transformaría en una desafección masiva.
Con diferentes matices, en la lectura de las voces que configuraron el título publicado en 1987 había una clara concordancia: la necesidad de democratizar la vida política del país. Unos poniendo el énfasis en la participación ciudadana y la soberanía política y económica del país; otros en la limpieza de las elecciones para asegurar la alternancia periódica en el poder. Unos viendo las posibilidades de cambio dentro del PRI; otros al margen del viejo partido. En los análisis específicos de la correlación de fuerzas para abrir el sistema a la transición se abordaron las diferentes influencias e instrumentos de la oposición política (de izquierda y de derecha), de los empresarios, de Estados Unidos, la Iglesia y las organizaciones obreras.
En un párrafo, Cuauhtémoc Cárdenas veía con claridad los requerimientos del proceso democratizador: “para nosotros no hay duda de que el necesario fortalecimiento de la soberanía nacional, las modificaciones que demanda la política económica, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la democratización del partido y de la vida nacional son acciones simultáneas y estrechamente relacionadas”. Era como si estuviese hablando para 2026.
Hoy es convicción compartida que el primer paso de la buscada democratización en todos los ámbitos del país fueron las elecciones de 1988, y que quien triunfó en la contienda electoral de ese año fue Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato del Frente Democrático Nacional, y no Carlos Salinas de Gortari, el candidato del PRI. Otra cosa es que tal proceso se haya constreñido a la alternancia electoral, cuyo fruto no fue otro que el bipartidismo de cuño gringo. Modelo que para México no fortaleció la soberanía ni modificó la política económica a fin de mejorar las condiciones de vida de la población; tampoco resultó en la democratización de ese partido ni de la vida nacional.
El electoralismo, como única vía de movilización, participación ciudadana e incluso, práctica fundamental de la militancia de los partidos tradicionales en los países capitalistas, no construye democratización alguna. En una de sus últimas entrevistas así lo vio el propio Cuauhtémoc en referencia al PRD: todo se fue convirtiendo en elecciones.
La brillante analista Teresa Rodríguez sitúa muy bien la primera etapa de la transición (1988-2000), donde la praxis democrática se subsumió en el tema electoral y la alternancia. Si esa era la democracia, la oligarquía mexicana le daba la bienvenida, sobre todo si recaía en un partido de derecha, el PAN en este caso.
La actitud de esa oligarquía cambió radicalmente –dice Rodríguez– cuando la alternancia indicaba el ascenso de un partido de izquierda. Las trampas priístas, en la fuente tecnológica del escrutinio, se repetían ahora con el PAN. Así que, como en los buenos tiempos del PRI, la elección de 2006, como ahora lo reconoce Vicente Fox (hay aves que cruzan el pantano… y lo manchan), fue una elección de Estado. Con Morena, el comportamiento de los componentes de la derecha formalmente fuera de los partidos (empresarios, embajada gringa, medios corporativos, Iglesia católica, ciertas ONG, el sector aporofobia) fue y ha sido distinto.
Sin embargo, los patos rengos de 1988 y sus patrocinadores, socios y aliados siguen presentes, algunos de ellos ya incrustados en puestos importantes de la 4T. La suerte de los partidos progresistas o de izquierda que no son capaces de ganarle espacios sustanciales al régimen capitalista y sus emanaciones terminan justamente, como se ha visto en América Latina, y con el PRD en México, derrotados o absorbidos por las fuerzas de la derecha.
