Texas a la izquierda
David Brooks
▲ El líder progresista más reconocido de Estados Unidos, el texano Jim Hightower, afirmó que la rebelión cívica-electoral de 3 de noviembre ofrece un gran momento que promete posibilidades para un cambio populista.Foto oficina de Jim Hightower
Uno imagina que Texas es un bastión republicano derechista –lo cual ha sido cierto por tres décadas– repleto de los mitos estadunidenses de cowboys, los titanes petroleros, donde enjaulan niños migrantes, un estado que ofreció al mundo a George W. Bush y Alberto Gonzales (de origen mexicano, del cual nadie debe de estar orgulloso, quien fue procurador general de Bush y elaboró el memorándum justificando la tortura) y a Ted Cruz. El gran intelectual Gore Vidal comentó a La Jornada hace un par de décadas que enviaba una súplica a México: “por favor, retomen a Texas, todo lo peor en este país ha salido de Texas”.
El pasado 3 de noviembre, el tsunami azul que en parte se originó en Texas, dejó empapados de derrota a todos los republicanos en los puestos a nivel estatal/federal que estaban en juego y entregó el triunfo a los demócratas (Cruz, el único republicano que quedó en un puesto federal por ese estado, está gritando de manera histérica y solito que Texas no es un lugar donde “comemos tofu, no nos ponemos tutús… no somos comunistas rosados”). Asombra que de repente Texas es parte de la vanguardia de un cambio en la dinámica política nacional de este país.
Para figuras políticas progresistas como Jim Hightower, esta rebelión cívica-electoral ofrece un gran momento prometedor de posibilidades de cambio populista (en su definición estadunidense de movimiento popular contra los ricos y poderosos).
Hightower, a sus 83 años, sigue siendo el heredero más reconocido de una larga tradición rebelde de Texas, cuya historia es casi siempre ocultada: el populismo progresista y el socialismo que se expresó en ese estado a fines del siglo XIX. De hecho, a principios del XX, Texas tenía el tercer Partido Socialista mas grande del país, el cual nació del Partido Populista. Ese populismo se expresó con luchas de granjeros contra monopolios y con un movimiento rebelde de vaqueros que realizó la gran huelga de cowboys de 1883, quienes eran los trabajadores a sueldo de los grandes rancheros. La rebeldía y resistencia en Texas cruza toda su historia, desde movimientos de trabajadores agrarios en los 30 y luchas sindicales hasta el presente, como un polo del movimiento Chicano y de derechos civiles de los latinos. Figuras como Hightower y grandes periodistas como Molly Ivins y Bill Moyers, entre otros, ofrecieron visiones inteligentes que brotaban de ese estado y que impactaron a toda la nación hasta hoy día.
Es de este movimiento de populistas y socialistas que nace la primera red trasnacional de revolucionarios mexicanos y estadunidenses, de la cual formó parte Ricardo Flores Magón, tal como lo documenta el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz en su libro El retorno del camarada Ricardo Flores Magón. Exiliados mexicanos llegaron a Texas en 1904 donde empezaron a elaborar planes para impulsar una revolución en México, cuenta Lomnitz, y “no se percibían como creadores de una nueva nación, sino como una fuerza regenerativa (…) Por su parte, los estadunidenses que trabajaban con estos hombres y mujeres se percibían como colaboradores en ‘la causa mexicana’, un movimiento que había tomado el liderazgo en la lucha universal por la emancipación”. En este entorno también llegarían John Kenneth Turner, Ethel Duffy y más tarde anarcosindicalistas para juntos crear “la primera gran red de solidaridad mexicano-estadunidense de base” (https://www.jornada.com.mx/2014/03/11/politica/017n1pol).
Lo que ocurrió en Texas el 3 de noviembre rescató un legado rebelde de más de 150 años de historia. Y con humor muy texano. Por ejemplo, ante el argumento de que no hay mucho que unos pobres pueden hacer para confrontar a los ricos poderosos, Hightower tenía una respuesta: “aún no han logrado construir un edificio tan grande y alto ante el cual un perro no puede levantar la pata y orinarse sobre el”.
Tal vez en Texas se asomara de nuevo la solidaridad transfronteriza que tanto se necesita en esta coyuntura un siglo después.
Lyle Lovett. That’s Right (You’re Not From Texas). https://www.youtube.com/watch?v=30nHX4ifn6o
Analizará Suprema Corte decisión de Trump de prohibir solicitudes de asilo
Ap y Afp
15 de noviembre de 2026 08:46
Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó este fin de semana analizar la prohibición del mandatario Donald Trump de atender las solicitudes de asilo en la frontera sur, un pilar de la amplia ofensiva del magnate contra la migración irregular.
Trump pidió a los jueces que anulen decisiones de tribunales inferiores en las que se estableció como ilegal no atender las solicitudes de protección, luego de que el mandatario emitiera una orden ejecutiva que calificaba la situación de una “invasión”.
Abogados federales aseguraron que los tiempos de tramitación, que se prolongaban durante años, contribuyeron a una gran afluencia de indocumentados en la frontera sur, ya que muchos eran liberados dentro del país mientras esperaban una decisión.
“El presidente no tiene el derecho a dejar sin efecto unilateralmente las protecciones que el Congreso ha concedido a quienes huyen del peligro”, expuso Lee Gelernt, litigante de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Un juez distrital dictaminó el año pasado que Trump excedió su autoridad legal al prohibir de manera generalizada que los migrantes que cruzaban sin documentos la frontera sur solicitaran el cobijo humanitario. Un tribunal de apelaciones confirmó el fallo al considerar que violaba la ley de inmigración y nacionalidad, por lo que el actual gobierno llevó el caso a la Suprema Corte.
La ley federal estadunidense otorga a las personas el derecho a solicitar el resguardo si temen persecución en sus países de origen, sin importar cómo hayan llegado a la potencia. Al mismo tiempo, también permite que el Poder Ejecutivo decida si se concede el amparo a los individuos.
El gobierno del republicano sostiene que puede negar categóricamente el refugio a las personas cubiertas por la orden y que no debería tener que aceptar solicitudes destinadas a ser rechazadas.
En diciembre, el tribunal supremo escuchará los argumentos sobre la legalidad de las expulsiones de indocumentados a países que no son los suyos, las llamadas deportaciones a “terceros países”. Se espera que analice el caso sobre el asilo a inicios de 2027 y dé un dictamen para finales de junio.
¿Ganamos algo con los demócratas?
David Penchyna Grub
Las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026 otorgaron al Partido Demócrata la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. El resultado constituye un revés para la administración de Donald Trump, que conserva el poder ejecutivo hasta 2028. En sectores de México y de otros países de la región, se registró una reacción de alivio ante la pérdida de control republicano del Congreso. La idea de que un actor político hubiera impuesto un límite al presidente en funciones circuló como un dato favorable, aunque de alcance restringido.
El interrogante que se plantea es si ese resultado electoral produce un cambio material en la relación de Estados Unidos con América Latina. Algunas lecturas sostienen que el control demócrata de las cámaras facilitará una mayor supervisión sobre las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y sobre las prácticas de detención y deportación que afectan a personas de origen hispano. Esa expectativa se basa en el historial de iniciativas legislativas demócratas en materia migratoria y en la posibilidad de que comités del Congreso incrementen el escrutinio de presupuestos y de programas ejecutivos.
Sin embargo, la victoria obtenida el 3 de noviembre es, en primer término, un resultado interno del sistema político estadunidense. Corresponde a un electorado que expresó su preferencia por candidatos demócratas en estados que habían respaldado a Trump en 2024, incluyendo Texas, Kansas y Carolina del Sur. No constituye, por sí misma, una reorientación de la política exterior estadunidense hacia Cuba, Venezuela o México. El presidente conserva la facultad de nominar funcionarios, de emitir órdenes ejecutivas y de dirigir las negociaciones bilaterales. La mayoría demócrata en el Congreso puede condicionar el financiamiento y ejercer control político, pero no sustituye la autoridad ejecutiva en materia de seguridad fronteriza o de política migratoria.
Trump enfrenta un escenario de poder dividido. En áreas como el sistema de salud o la regulación de costos de medicamentos es previsible que busque acuerdos legislativos, dado que carece de mayoría propia para imponer su agenda. En el ámbito migratorio, en cambio, ha mantenido posiciones que no ha modificado desde su primer mandato. El mensaje emitido tras las elecciones respecto de las caravanas de migrantes que se desplazan hacia la frontera sur reafirma esa línea. La designación de Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca, anunciada en los días posteriores a la votación, refuerza esa continuidad. Miller ha sido el principal diseñador de las medidas de control fronterizo y de detención implementadas desde 2025. Su elevación al cargo de máxima coordinación interna indica que la administración no anticipa un ajuste de fondo en esa política durante los próximos dos años.
Para los gobiernos de la región, el periodo que se abre implica un escenario de negociación más fragmentada. El Congreso demócrata puede generar presiones sobre el Ejecutivo en asuntos de derechos humanos o de supervisión de agencias y puede condicionar partidas presupuestarias vinculadas a cooperación en seguridad. Al mismo tiempo, el presidente conserva la iniciativa en la definición de prioridades bilaterales, en la aplicación de medidas arancelarias y en la gestión de flujos migratorios. México, en particular, continúa siendo el interlocutor central en la frontera y en la cadena de suministro, pero cualquier acuerdo formal requerirá el consentimiento de un ejecutivo que ha situado la restricción migratoria como eje no negociable de su agenda.
Los próximos 24 meses se perfilan, por tanto, como un intervalo de tensión diplomática recurrente. Las diferencias no se limitarán a declaraciones; afectarán la agenda de reuniones bilaterales, la asignación de recursos de cooperación y la velocidad de trámites en materia comercial y de seguridad. Más allá del ciclo inmediato, el resultado de 2026 plantea la posibilidad de que el movimiento político que llevó a Trump a la presidencia en 2016, y lo mantuvo en el poder en 2024, entre en su fase final.
La pérdida de ambas cámaras reduce el margen de maniobra del partido republicano y obliga a una redefinición de liderazgos de cara a 2028. Para América Latina, ese proceso interno estadunidense no equivale a una transformación automática de las prioridades de Washington; sí marca un cambio en la capacidad del Ejecutivo para actuar sin contrapesos legislativos. La región deberá calibrar sus expectativas en función de esa distinción entre victoria electoral y alteración de la política de Estado.
Miles de personas protestan en Praga, República Checa, contra la medida impulsada por el gobierno que cambia la forma de financiar los medios públicos, el 15 de noviembre de 2026.
Foto Ap Foto autor
Ap y Europa Press
15 de noviembre de 2026 11:49
Praga. Cientos de miles de personas se manifestaron en Praga este domingo contra el plan del gobierno checo para reformar la financiación de los medios públicos, al denunciar que ello erosionará la independencia de los medios y la democracia.
Unas 400 mil personas, según la organización Milion chvilek pro demokracii -Un Millón de Momentos por la Democracia–, quienes convocaron a la protesta para alertar de la intención del gobierno checo de remplazar el pago de licencia para recibir las emisiones de los medios públicos por una financiación estatal directa, lo que provocó recelos sobre el mantenimiento de su independencia.
La protesta masiva tuvo lugar en el parque Letná de la capital, donde se reunieron enormes multitudes durante la Revolución de Terciopelo de 1989, que puso fin a más de 40 años de régimen comunista en el país.
Según el plan, las emisoras públicas de radio y televisión del país se financiarían con el presupuesto estatal, en sustitución del sistema actual de cuotas periódicas pagadas por individuos, hogares y empresas. Las emisoras recibirían alrededor de un 15 por ciento menos de dinero del que reciben ahora, lo que podría derivar en despidos, una producción limitada y la cancelación de programas.
Ap y Europa Press
15 de noviembre de 2026 11:49
Praga. Cientos de miles de personas se manifestaron en Praga este domingo contra el plan del gobierno checo para reformar la financiación de los medios públicos, al denunciar que ello erosionará la independencia de los medios y la democracia.
Unas 400 mil personas, según la organización Milion chvilek pro demokracii -Un Millón de Momentos por la Democracia–, quienes convocaron a la protesta para alertar de la intención del gobierno checo de remplazar el pago de licencia para recibir las emisiones de los medios públicos por una financiación estatal directa, lo que provocó recelos sobre el mantenimiento de su independencia.
La protesta masiva tuvo lugar en el parque Letná de la capital, donde se reunieron enormes multitudes durante la Revolución de Terciopelo de 1989, que puso fin a más de 40 años de régimen comunista en el país.
Cientos de miles de personas sumaron a sus demandas las consignas a favor de la cultura y sanidad, en Praga, República Checa, el 15 de noviembre de 2026. Foto Afp
Además de rechazar la reforma de los medios de comunicación, los asistentes han mostrado su rechazo a la política judicial, cultural, de seguridad, sanitaria y medioambiental en una protesta que ha transcurrido pacíficamente, según ha confirmado la Policía.
Exigieron que el gobierno retire su plan y manifestaron su preocupación de que el mandatario, el multimillonario checo Andrej Babiš, y sus socios de coalición representen una amenaza para la democracia.Según el plan, las emisoras públicas de radio y televisión del país se financiarían con el presupuesto estatal, en sustitución del sistema actual de cuotas periódicas pagadas por individuos, hogares y empresas. Las emisoras recibirían alrededor de un 15 por ciento menos de dinero del que reciben ahora, lo que podría derivar en despidos, una producción limitada y la cancelación de programas.
