El sábado pasado, el gobernador Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, encabezaron la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Academia Estatal de Interdicción de Querétaro, un centro “concebido para recibir capacitación especializada de agencias de Estados Unidos y ponerla al alcance de instituciones mexicanas de seguridad pública”, en palabras del secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Iován Pérez. De acuerdo con un oficio remitido por Kuri a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), “la interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia, ni la participación o intervención de agentes o gobiernos extranjeros en actividades de investigación, persecución de delitos o funciones reservadas al Estado mexicano o que correspondan a las autoridades mexicanas”.
Las palabras del referido Pérez, así como las de Johnson, evidencian la mentira de calificar el acto como un evento de carácter protocolar. El embajador exhibió en una serie de declaraciones que su “amigo” Kuri se encuentra en abierto desacato a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Esta última establece que la cooperación en seguridad y el intercambio de información con agentes extranjeros (como los capacitadores) sólo pueden ocurrir bajo convenios o programas bilaterales suscritos por el Estado mexicano, es decir, el gobierno federal. Además, prohíbe de manera explícita a los servidores públicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México entablar relaciones bilaterales directas en materia de seguridad con agentes extranjeros.
Johnson presumió que Washington ha invertido más de 10 millones de dólares en “capacitación y equipamiento” en Querétaro y, según resaltó, “la nueva academia se basa en esa cooperación, constituyéndose en la primera instalación de su tipo en México y América Latina dedicada específicamente a capacitar a las fuerzas del orden para detectar e incautar drogas peligrosas, armas, grandes cantidades de efectivo de procedencia ilícita y otro tipo de contrabando”. Además, reveló que desde 2015, 4 mil 732 integrantes de las instituciones de seguridad y justicia de Querétaro han recibido capacitación de Estados Unidos, y llamó a la entidad “un ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”. Para colmo, no se abstuvo de amenazar con que lo realizado en Querétaro vulnerará “estados y comunidades en todo México”.
En realidad, todo lo dicho es un ejemplo de la extralimitación de Johnson en sus funciones y de la obsequiosidad con que el panismo funge como infiltrado de un gobierno que ha amenazado una y otra vez con invadir nuestro país y habla sin tapujos de bombardear, asesinar y secuestrar en territorio mexicano. Ante estas provocaciones, es preciso que la Federación marque un alto a las violaciones a la soberanía nacional que ponen en riesgo las vidas de la población, la estabilidad política y la vigencia de la ley.
Hace 159 años, la ciudad de Querétaro fue el último bastión de la aventura intervencionista francesa y del entreguismo conservador. Es deplorable que los gobiernos estatal y municipal de esa entidad y de su capital, ambos panistas, se empeñen hoy día en evocar esa desgraciada circunstancia mediante acciones manifiestamente lesivas a la soberanía nacional.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ La comunidad latina sufre las intenciones imperialistas de Estados Unidos. En la imagen, manifestantes contra las redadas masivas antimigrantes en Chicago.Foto Ap
Producto de la descarada injerencia de Donald Trump y sus halcones, la ultraderecha a su servicio se ha “comido” buena parte de América Latina y el Caribe. Algunos ilusos creen que esto es producto de la llamada teoría sobre el péndulo político –que, según ella, lo mueve de izquierda a derecha y viceversa– y resultado de que el “pueblo” quiere “probar alternativas”, que en el caso latinoamericano han sido más que aplicadas con los nefastos resultados por todos padecidos. Hay que recordar los 36 años del brutal régimen neoliberal en México.
Sólo como ejemplos, ¿realmente el gringo-ecuatoriano Daniel Noboa ha sido una “alternativa” para el bienestar popular y contra la inseguridad? ¿Acaso el esperpéntico Javier Milei, quien ha masacrado socialmente a los argentinos? ¿Tal vez el pinochetista José Antonio Kats, a quien, con apenas siete meses de “gobierno”, nadie tolera? ¿O el subproducto colombiano Abelardo de la Espriella? ¿La hija del fascista Alberto Fujimori? ¿Rodrigo Paz, que aterra a los bolivianos? ¿Delcy Rodríguez, la “presidenta encargada”, que sin chistar entregó todo a Trump y tiene el mayor índice de rechazo en la región (80 por ciento la alucina)?
¿En serio esas son las “alternativas” (marca Donald Trump, con su ejército de traidores en cada una de las plazas “conquistadas”) que buscó y “encontró” el pueblo latinoamericano; es decir, aquellas que lo masacran socialmente para beneficiar aún más a la élite y sólo a ella? Si la respuesta es afirmativa, entonces ¡agarraos!, porque tendría que ser un pueblo verdaderamente masoquista como para elegir a ese tipo de mamarrachos que sólo los condena a la miseria. Falta Brasil por definir, lo que se sabrá el próximo 25 de octubre (parece que allá también “se cayó el sistema” de conteo de votos). Y en todos los casos la “victoria” ha sido del indecente magnate naranja.
América Latina está sitiada por la ultraderecha trumpista-sionista, y quiere más. Obvio es que en la geografía regional sólo falta México y por intentos (fallidos todos ellos) no para. Aquí se ha topado con pared, pero no quita el dedo del renglón, también con su ejército de traidores.
La presidenta Sheinbaum se refirió a ello, no sin antes aclarar: “como mandataria, debo tener una opinión diplomática siempre”. Dijo así: “la derecha internacional sí quiere intervenir, lo hemos estado denunciando permanentemente. He dicho que no necesariamente es el presidente (Trump), pero hay grupos muy de derecha en ese gobierno que no quieren a México, no quieren a los pueblos, y buscan que cambie el gobierno en México. Por eso, aquí la única defensa es el pueblo, la única, el pueblo, y seguir difundiendo los beneficios de la Cuarta Transformación, y actuar de manera responsable, y no zigzaguear”.
Algo más: “la derecha es un movimiento político, una ideología que está contra el pueblo, no defiende al pueblo. Defiende intereses económicos. Defiende la supremacía de unos sobre otros, el racismo, el clasismo. Todo lo plantea como si ‘el problema de la pobreza fuera la falta de esfuerzo individual’ y no un modelo que abandonó al pueblo a una situación de pobreza y desigualdad. Es una ideología que fomenta la violencia, el autoritarismo, que está en contra de la democracia, reconocida como el gobierno del pueblo”.
Y de pilón: “la derecha es un movimiento que en México se asemeja a los conservadores del siglo XIX, al porfiriato, al autoritarismo, a la guerra contra el narco, a la falta de derechos, al considerar la educación, la salud como mercancías y no como derechos del pueblo. Y la historia de México lo que ha demostrado es que el pueblo de México siempre triunfa frente a los movimientos conservadores. Lo hizo así en el siglo XIX, al triunfo del pueblo en la Revolución y lo ha hecho ahora, porque la Cuarta Transformación es un triunfo del pueblo en la defensa de sus derechos y sus garantías. Aquí hay mucha conciencia de la gente y hay beneficios que se palpan de manera directa. Entonces, eso es la derecha. ¿Y qué somos nosotros? Ni siquiera hablamos de ‘izquierda’. Somos humanistas, para no catalogar con otros adjetivos. Somos humanistas y somos mexicanos. Y nuestro modelo económico, político, social, nuestro pensamiento, se sustenta en nuestra propia historia”.
Las rebanadas del pastel
Ejemplo de las “alternativas que buscan los pueblos” (versión “péndulo”): durante la administración de Donald Trump, una de cada tres personas migrantes (31 por ciento del total) que han perdido la vida bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (el fuck ICE) eran mexicanas.
Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Amazonía en riesgo: no es solo biodiversidad: es cultura y memoria
Imagen Ap News Foto autor
Carolina Aranda Cruz
05 de octubre de 2026 22:56
Un estudio publicado en Nature reportó que el cambio climático reducirá entre el 28 por ciento y el 34 por ciento las plantas que los pueblos indígenas usan para curarse, alimentarse y vivir. Pero hay otra amenaza igual de grave: si las lenguas indígenas en peligro de extinción desaparecen, se perderá el 26 por ciento de todo el conocimiento amazónico. No es solo biodiversidad: es cultura y memoria.
La investigación liderada por Rodrigo Cámara-Leret de la University of Zurich es el primer análisis que cruza cambio climático y pérdida de lenguas indígenas en la Amazonía. Como base, modeló 8 mil 429 especies bajo tres diferentes escenarios climáticos, usando 90 mil 536 reportes de uso de 700 fuentes, entre los años 1504 y 2023.
Los investigadores combinaron 519 años de documentación etnobotánica con modelos climáticos y redes de conocimiento indígena para proyectar qué pasará con cada planta y cada uso. Los autores nos advierten que sus estimaciones son conservadoras: no incluyen deforestación, incendios ni minería. Una acotación importante, porque la pérdida real podría ser mayor.
Los tres escenarios
Antes de mencionar cualquier escenario es necesario explicar qué se midió en cada uno de ellos: la cooperación internacional para reducir las emisiones del calor solar retenido por la Tierra (forzamiento radiativo) y los servicios. Estos últimos incluyen: medicina, alimento para los habitantes y animales, cultura, combustible, construcción, utensilios y herramientas, recursos ambientales (sombra, control de erosión, etcétera).
Escenario Optimista, donde el mundo apuesta por la sostenibilidad: Hay una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, se cumplen metas climáticas ambiciosas para mediados de siglo y el forzamiento radiativo se estabiliza a 2.6 vatios por metro cuadrado para 2100.
A primera vista 2.6 parece poco, pero si multiplicamos el número por los 510 millones de kilómetros cuadrados terrestres, obtendríamos el equivalente de calor correspondiente a 664 millones de bombas de Hiroshima cada año.
Al mismo tiempo se perderían entre 25% y 32% de las plantas usadas por los pueblos indígenas, mientras los servicios disminuirían hasta en un 18%.
Escenario intermedio, sin política climática: El mundo se divide y se establecen bloques regionales rivales para apropiarse del Amazonas, toda gira en torno al comercio y al nacionalismo. Los acuerdos climáticos se abandonan y se priorizan los intereses de cada país, se siguen usando combustibles fósiles por falta de alternativas coordinadas. La guerra por los recursos causa desigualdad socioeconómica entre la población y la educación se vuelve insuficiente.
El forzamiento radiativo llega a 7 vatios por metro cuadrado, equivalente al calor desplegado por aproximadamente mil 800 millones de bombas de Hiroshima al año.
Las plantas de uso común se reducen hasta un 35% y los servicios caen a un 20%.
Escenario catastrófico, el mundo sigue apostando por los combustibles fósiles: No hay políticas climáticas, la economía se basa en energía sucia y el forzamiento radiativo llega a 8.5 vatios por metro cuadrado para 2100, equivalente al calor emitido por 2 mil 170 millones de bombas de Hiroshima al año.
Para el Amazonas involucraría perder hasta el 39% de las plantas de uso, y los servicios bajarían a un 23%.
Datos importantes sobre el Amazonas
De acuerdo con el Panel Científico por la Amazonia, es el mayor bosque tropical y cuenco hidrográfico del mundo. “Abarca unos 7 millones de kilómetros cuadrados y casi el 40% de Sudamérica”, se extiende por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, las 2 Guyanas, Perú, Surinam y Venezuela.
“Comprende una mezcla de más de 50 ecosistemas acuáticos y terrestres interconectados…alberga más del 10% de la biodiversidad mundial conocida (incluido el 34% de los mamíferos y el 20% de las aves que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo)”.
Además, aloja a unos 47 millones de personas, entre ellas se encuentran 2.2 millones de pobladores pertenecientes a 410 grupos étnicos (80 permanecen en aislamiento voluntario). Esto últimos desempeñan un papel fundamental en la conservación y la gestión del mega ecosistema. La Amazonia alberga más de 300 lenguas indígenas, clasificadas en 50 familias aproximadamente y 20 lenguas aisladas. Entre las más habladas está el kichwa, el tikuna y el matsés.
Una cifra muy alta, si tomamos en cuenta que en México existen 68 lenguas indígenas. Según la Secretaría de Cultura, hay 7 millones de hablantes de lenguas indígenas. El náhuatl y el maya son quienes encabezan la lista de hablantes. En total nuestro territorio cuenta con 11 familias lingüísticas y 364 variantes.
La conexión entre la pérdida de lenguas y pérdida de biodiversidad
Los investigadores pusieron sobre la mesa dos mapas: uno con las plantas que se perderán por el cambio climático, otro con las lenguas originarias en peligro de extinción. Al sobreponerlas, encontraron algo inesperado. En las regiones donde las lenguas están amenazadas, la pérdida de plantas utilizadas es de 39 por ciento, frente a 25 por ciento donde las lenguas resisten.
No por nada Sebastião Salgado, el fotógrafo del Amazonas, escribió en su libro Amazônia “Deseo, con todo mi corazón, con toda mi energía, con toda la pasión que hay en mí, que en 50 años este libro no sea un recuerdo de un mundo perdido. La Amazonia debe pervivir. Y, en su corazón, también aquellos que viven en ella.”
La doble cara del capitalismo verde
Víctor M. Toledo
06 de octubre de 2026 00:01
En un artículo publicado en La Jornada el pasado 9 de septiembre “La política ambiental se demuestra con hechos”, se afirma que la nueva ley ambiental “fortalece las atribuciones del Estado en adaptación al cambio climático y en restauración ecológica”. Considero que ambas propuestas son un mero paliativo que no solucionan la tremenda crisis ambiental del país y del mundo.
La idea de que los ciudadanos del mundo nos adaptemos a la crisis del clima, aunque casi ningún gobierno ha cumplido con sus compromisos establecidos desde el Acuerdo de París (2016) para reducir sus emisiones de dióxido de carbono, sino que por lo contrario los han ido aumentando, es inaceptable. El concepto de adaptación conlleva el hecho de que las personas tendríamos que cambiar conductas para ajustarnos a una necesidad o situación nueva. Adaptarnos a la realidad que ya estamos padeciendo significa ajustarnos a los eventos climáticos que se intensifican y se hacen cada vez más frecuentes: las inundaciones, sequías, olas de calor, glaciares que se derriten azotando pueblos enteros (como fue el evento de Nepal), así como los incendios y los huracanes.
Adaptación al cambio climático es una manera elegante de decir que yace en los ciudadanos y sus familias la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de los impactos que produzca el calentamiento global, cuando son los gobiernos y las empresas los que deben asumir la responsabilidad de reducir hasta en un 80 por ciento la producción de la energía fósil que les sostiene. El Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático (IPCC), el Instituto de Resiliencia de Estocolmo y miles de investigadores y académicos de Universidades han advertido, desde hace más de una década, que si se rebasa la temperatura media global de 2 grados centígrados, la cual ya llegó a 1.6 grados, estaremos caminando hacia el colapso (véase el artículo publicado en La Jornada de Oriente 25/08/26).
Lamentablemente, la situación se ha agravado por el extractivismo, caracterizado por la explotación a gran escala de bienes naturales, escasamente procesados y especialmente con fines de exportación. Un informe del Observatorio de Conflictos Socio Ambientales (OCSA) de la Universidad Iberomericana Ciudad de México, realiza un recuento detallado de la extracción. En el documento de 222 páginas, un equipo de unos 15 investigadores de diferentes disciplinas concluye que al cierre de 2024 se registraban mil 139 proyectos extractivos: 420 urbanos, 201 mineros, 173 agroindustriales, 141 energéticos, 138 hidráulicos y 113 de megainfraestructura.
Por otro lado, la restauración sea de biodiversidad, ecosistemas, paisajes o vegetaciones, es un proceso que toma tiempo. Para las regiones con selvas tropicales de 20 a 200 años (Cole, et al, 2014: https://pmc.ncbi.nlm.nih. gov/articles/PMC4354292/), y para los bosques templados de 10 a 150 años (Cerioni, et al, 2024: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ full/10.1111%2Fgcb.17159).
Ante estas evidencias, todas las prácticas extractivas que en el mundo van en aumento, como son la agricultura industrial de monocultivo, la ganadería extensiva, la pesca y la extracción masiva de especies y sus productos, ponen en evidencia la inviabilidad de la restauración ecológica. Por todo lo anteriormente expuesto, pensamos que estamos ante una suerte de “capitalismo verde”. No de soluciones ante las peligrosas condiciones actuales.
Afp
05 de octubre de 2026 12:54
Houston. Un bebé de un año da tumbos en una corte de inmigración de Luisiana. Lanza un juguete que casi golpea al fiscal. El juez le ha pedido a su madre, de 17 años, que solicite asilo para ella y su hijo. Son menores de edad y, sin abogado, están expuestos a la deportación.
En 2025, el gobierno de Donald Trump intentó cortar los fondos con los que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) financia una red nacional de organizaciones que desde hace años presta servicios legales a menores migrantes no acompañados.
Llegaron a Estados Unidos sin un adulto o sus padres fueron detenidos por agentes de migración, y están en albergues o bajo custodia del gobierno.
Tras una demanda de varias de las organizaciones afectadas, la medida fue bloqueada por una jueza federal que ordenó mantener los servicios, protegidos por una ley que data de 2008.
"Ataque concertado"
Meses después, el gobierno dejó de pagar y en julio de 2026 dejó vencer el contrato con Acacia Center for Justice, que administraba una red de un centenar de organizaciones.
La subdirectora del Proyecto Florence, que ayuda a migrantes con procesos de deportación, Roxana Avila-Cimpeanu, explicó a la Afp los problemas que enfrentan con el la administración Trump.
A fines de 2025 el gobierno condicionó los pagos a la entrega de información confidencial de los representados por la red, unos 20 mil niños. "Y no lo hicimos", enfatizó.
La administración Trump anunció luego planes para entregar los casos a Burke Law Group, cuya fundadora fue funcionaria durante el primer gobierno del magnate republicano. Pero la firma retiró su candidatura.
También recurrió a Our Rescue, fundada por Tim Ballard, exagente de Seguridad Nacional cuyo trabajo fue dramatizado en la película "Sound of Freedom". Ballard fue además asesor del Ejecutivo de Trump sobre tráfico sexual infantil. El actual director ejecutivo de la entidad es Derek Benner, exfuncionario de inmigración.
El contrato quedó en pausa tras cuestionamientos en el Congreso.
"La protección legal de los niños nunca debería ser objeto de favoritismos políticos", dijeron legisladores demócratas en una carta enviada esta semana al Departamento de Salud, responsable de la ORR. Expresaron su "profunda preocupación" de que se "confíe a una población vulnerable a firmas tan claramente no calificadas para la tarea".
A juicio de Avila-Cimpeanu, la intención es complicar la defensa de los menores, en el marco del plan de deportaciones masivas del gobierno.
"Llevo 10 años trabajando en esto y este es el peor momento que he visto en cuanto al ataque concertado del gobierno contra los niños y cómo están utilizando diferentes áreas para lograr su objetivo de deportar a tantos niños lo más rápido posible", señaló.
Niños en corte
Avila-Cimpeanu fue quien detectó en agosto al bebé de un año con su madre en un tribunal, sin abogado. "El bebé corría por todas partes tirando juguetes y llorando, y la madre tenía que concentrarse en eso y en la audiencia", contó.
Aclaró que es común para un menor no acompañado ir a una corte de inmigración. Por eso es necesario un abogado que entienda del tema e incluso hable su idioma.
Recordó que en 2018 tuvieron en la corte a un bebé de pocos meses de nacido. "Tuvimos que decir que el bebé negaba los cargos en su contra y que deseaba irse voluntariamente. Es muy absurdo, pero es parte del procedimiento", contó.
Esta semana, CNN reportó que 25 niños migrantes, varios sin abogado, tuvieron una audiencia en una corte de Texas.
Apoyo temporal
En una declaración a la Afp, la ORR dijo que en agosto entregó fondos para lo que resta del año al Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes (USCRI), que "está presente en el 100% de las audiencias y ha ampliado sus servicios para ofrecer orientación legal, consultas legales y representación directa" a los menores.
Bilal Askaryar, director de comunicaciones de Acacia, explicó que USCRI es una entidad pequeña con medio centenar de abogados, frente a los 800 de su red.
"Esto no se trata de un contrato para nosotros. No se trata de una disputa entre una organización y el gobierno. Se trata de 20.000 niños que llegaron a Estados Unidos buscando seguridad", agregó Askaryar.
