La Redacción
17 de octubre de 2026 15:54
Ciudad de México. Como presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, México propuso una estrategia para impulsar un crecimiento mínimo del 5 por ciento anual en el comercio entre los países miembros, lo que implica fortalecer las cadenas de valor regionales, integrar más eficientemente la producción y aumentar la competitividad.
Las secretarías de Economía (SE), y de Relaciones Exteriores (SRE), quienes coordinan la presidencia Pro Tempore, indicaron que durante las reuniones realizadas el 15 y 16 de octubre, México presentó “una ambiciosa hoja de ruta” de tres años para incrementar al menos 5 por ciento anual el comercio intrarregional.
Detallaron que la propuesta busca fortalecer el mercado regional mediante el aumento de las compras intra-Alianza, la ampliación de las ventas de bienes y servicios de la región con base en la identificación de la demanda, y el impulso de inversiones conjuntas para el desarrollo y fortalecimiento de proveedores regionales.
El gobierno de México indicó que el país busca que la Alianza del Pacífico se consolide como una plataforma de competitividad regional, con metas claras, resultados medibles y un mayor contenido regional en su comercio.
En 2025, la Alianza del Pacífico se posicionó entre los quince principales socios comerciales de México, con un comercio total anual de 11 mil 261 millones de dólares. Asimismo, México recibió 2 mil 435 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), procedente de la Alianza del Pacífico entre 2015 y el primer trimestre de 2026.
Las dependencias señalaron que durante el encuentro representantes de Chile, Colombia, México y Perú revisaron la cooperación, incluyendo el Voluntariado Juvenil, el informe AP-Net y el Plan de Trabajo 2027 del Fondo de Cooperación. Se acordó el traspaso de la administración del Fondo de APC Colombia a AMEXCID para 2027-2029.
La agenda también contempló fortalecer la colaboración con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), mediante una coordinación más sistemática entre los gobiernos, el Grupo de Alto Nivel y sus capítulos nacionales, así como un mejor seguimiento de las iniciativas empresariales.
También se dio seguimiento al ejercicio con el Banco Interamericano de Desarrollo para renovar la estrategia de relacionamiento externo de la Alianza del Pacífico, priorizando socios, ordenando las modalidades de cooperación y estableciendo mecanismos de coordinación y seguimiento orientados a resultados.
Además, se revisó la agenda de cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), y la preparación de la próxima ronda de reuniones en diciembre.
Además, los viceministros de Comercio revisaron el seguimiento a los compromisos de la IX Reunión de la Comisión de Libre Comercio. Las delegaciones dialogaron sobre integración productiva y competitividad regional, incluyendo el desarrollo de cadenas de valor regionales y globales, el aprovechamiento de las reglas y la acumulación de origen para aumentar el contenido regional, y la identificación de mercados y socios estratégicos.
En 2025, la Alianza del Pacífico se posicionó entre los quince principales socios comerciales de México, con un comercio total anual de 11 mil 261 millones de dólares. Asimismo, México recibió 2 mil 435 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), procedente de la Alianza del Pacífico entre 2015 y el primer trimestre de 2026.
Las dependencias señalaron que durante el encuentro representantes de Chile, Colombia, México y Perú revisaron la cooperación, incluyendo el Voluntariado Juvenil, el informe AP-Net y el Plan de Trabajo 2027 del Fondo de Cooperación. Se acordó el traspaso de la administración del Fondo de APC Colombia a AMEXCID para 2027-2029.
La agenda también contempló fortalecer la colaboración con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), mediante una coordinación más sistemática entre los gobiernos, el Grupo de Alto Nivel y sus capítulos nacionales, así como un mejor seguimiento de las iniciativas empresariales.
También se dio seguimiento al ejercicio con el Banco Interamericano de Desarrollo para renovar la estrategia de relacionamiento externo de la Alianza del Pacífico, priorizando socios, ordenando las modalidades de cooperación y estableciendo mecanismos de coordinación y seguimiento orientados a resultados.
Además, se revisó la agenda de cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), y la preparación de la próxima ronda de reuniones en diciembre.
Además, los viceministros de Comercio revisaron el seguimiento a los compromisos de la IX Reunión de la Comisión de Libre Comercio. Las delegaciones dialogaron sobre integración productiva y competitividad regional, incluyendo el desarrollo de cadenas de valor regionales y globales, el aprovechamiento de las reglas y la acumulación de origen para aumentar el contenido regional, y la identificación de mercados y socios estratégicos.
Energía y desarrollo nacional
Antonio Ponce
18 de octubre de 2026 00:03
Un programa serio de desarrollo nacional necesariamente implica la inversión en tecnología. Un país sin desarrollo tecnológico es un país que se subordina a los países que sí invierten en esta dirección.
Existe la idea de que México es un país autosuficiente en energía. Esto no es del todo cierto, pues aun teniendo reservas de hidrocarburos, carecemos de la capacidad para satisfacer la demanda de algunos derivados que son críticos para el funcionamiento de la economía.
Justo ahora se presenta una crisis en el abasto de diésel y podría fácilmente ocurrir con el gas natural. Es difícil describir lo que ocurriría si llegase a faltar alguno de estos combustibles.
No deberíamos tener esos problemas si hubiese habido la debida planeación y hasta donde se sabe, la Secretaría de Energía no está enfocada con el énfasis requerido en solventar este vacío.
Se habla, es cierto, que se van a desarrollar nuevas plantas solares y eólicas, pero eso no es suficiente. Como hemos ya comentado, esas fuentes de energía ayudan y qué bueno que se desarrollen en lo posible. Pero no resuelven la crisis que se aproxima.
Por razones que no se hacen públicas, se está dejando de lado a la energía nuclear, la única alternativa que puede en el futuro asegurar el suministro adecuado de energía y con ello la marcha de la economía. Prueba de ello son las noticias de los últimos días, referentes a que tanto en Inglaterra como en Finlandia los grupos verdes, ecologistas, están pidiendo abandonar los vetos a la energía nuclear. Están viendo claramente que es la opción que menos causa calentamiento global.
Hace algún tiempo, un grupo de personas con interés en estos problemas le hizo un planteamiento concreto al licenciado Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Le planteó la creación de un centro gubernamental de investigación en el sistema energético.
¿Por qué se le planteó esto al gobernador de Sonora? Por varias razones:
1) Hace aproximadamente 40 años, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares creó un centro de este tipo en Sonora, aunque estaba enfocado exclusivamente al desarrollo nuclear. Se comenzó a desarrollar con éxito, pero unos años después el gobierno federal acabó con este proyecto. Sin embargo, en Sonora se sembró la semilla.
2) Sonora es un estado con recursos energéticos abundantes. En primer lugar, es el estado con mayor irradiación solar. Se tienen también localizados sitios favorables para la energía eólica y para explorar en energía maremotriz en el canal que forma la Isla Tiburón con la costa del estado. Existen sitios para construir plantas microhidráulicas. Y hay reservas de uranio localizadas y mucho potencial para incrementarlas.
Ante ese planteamiento, el licenciado Durazo se entusiasmó y aceptó la propuesta. Desgraciadamente, no se le ha dado la continuidad necesaria a este proyecto, pero no es tarde para retomarla.
¿Qué va a ocurrir con la carencia de planes en caso de que Estados Unidos nos corte el suministro, parcial o total, de gas natural o de diésel? Es difícil vaticinar, pero es una amenaza real, debido a la política irracional del presidente Donald Trump.
La principal lección es que México no debe estar dependiendo de los caprichos y las presiones de un gobernante extranjero.
Reiteramos la insistencia en que en México debe:
1. Hacer planeación energética de largo plazo.
2. No excluir a la energía nuclear de la base del sistema, dejando a un lado los prejuicios.
3. Dar pasos concretos, como la realización del Centro de Estudios Energéticos en Sonora.
Las controvertidas renovables: la quinta
José Antonio Rojas Nieto
La transición energética nos plantea una disyuntiva que suele quedar oculta detrás de las metas de capacidad instalada y energía neta inyectada a la red. México puede multiplicar sus centrales solares y eólicas y, al mismo tiempo, importar la mayor parte de los equipos. Obtendría electricidad, pero desaprovecharía una oportunidad para ampliar sus capacidades industriales. No se trata de elegir entre renovables y manufactura nacional, sino de desarrollar ambas sin encarecer innecesariamente el suministro ni comprometer su confiabilidad. En ejercicios preliminares he intentado examinar dos ejercicios ilustrativos. Siempre con la intención de descubrir los lineamientos a impulsar para lograr que en el año 2040 logremos inyectar a nuestras redes un 50 por ciento de energía libre de gases de efecto invernadero y abatir un poco –al menos– nuestra dependencia del gas natural importado. Sin olvidar nuestras metas de justicia energética. Por un lado, tendríamos 8 mil megavatios fotovoltaicos, con una inversión supuesta de 6 mil 400 millones de dólares. Por el otro, 3 mil megavatios eólicos terrestres, con 5 mil 400 millones de dólares de inversión. No son proyectos autorizados ni presupuestos oficiales. Son ejercicios para averiguar cuánto de esas inversiones podría transformarse en producción, ingeniería, empleo especializado y conocimiento generados en México. En desarrollo regional. Las oportunidades difieren. Una central fotovoltaica incluye módulos, estructuras, seguidores, cables, transformadores, subestaciones, obra civil y sistemas de supervisión. México cuenta con capacidades en varios de estos rubros y podría avanzar hacia componentes de módulos, inversores y electrónica de potencia. Pero fabricar estructuras no equivale a producir celdas solares: cada eslabón exige tecnología y escala propias. En la eólica, buena parte de la inversión se concentra en el aerogenerador, en torres, palas, góndolas, generadores, convertidores y controles. México ha fabricado torres y palas, aunque es indispensable verificar qué capacidades permanecen activas y certificadas. Debemos distinguir tecnología desarrollada en México, manufactura localizada con tecnología nacional o extranjera, ensamble de piezas importadas, servicios realizados aquí y equipos importados terminados. Una empresa extranjera que fabrica en México puede aportar valor agregado nacional; una empresa mexicana que importa equipos no convierte su precio de venta en producción mexicana. Tampoco un módulo ensamblado aquí con insumos importados es cien por ciento nacional. Por ello, las metas porcentuales generales resultan insuficientes. Necesitamos una matriz por componente que registre participación en la inversión, valor agregado mexicano comprobable, capacidad de producción, precios, calidad, garantías, tecnología y refacciones. La política industrial debe avanzar por etapas: primero, estructuras, acero, torres, cables, transformadores, obra civil e ingeniería; después, subconjuntos electromecánicos, materiales compuestos, controles y mantenimiento especializado; finalmente, diseño y fabricación de equipos críticos, laboratorios y capacidad exportadora. No todos los componentes progresarán al mismo ritmo. La condición decisiva es una demanda de largo plazo creíble. Las contrataciones públicas, incluidas las de CFE y hoy las exitosas inversiones mixtas pueden crear escala si se acompañan de financiamiento, certificación, capacitación y compromisos verificables de inversión y aprendizaje. Los apoyos deben exigir calidad internacional, entregas oportunas, productividad y desarrollo de proveedores, procura eficiente y oportuna. Cualquier preferencia nacional deberá ajustarse a la legislación mexicana y a los compromisos comerciales internacionales. Hay otra exigencia: evaluar las renovables por su costo integral para el sistema, no sólo por el precio de generación. Transmisión, almacenamiento, reservas, servicios conexos, estabilidad y rampas también cuestan. La manufactura nacional puede reforzar la seguridad de abastecimiento y mantenimiento, pero no sustituye la obligación de ofrecer electricidad confiable al menor costo sistémico compatible con los objetivos sociales y ambientales. Importan igualmente la calidad del empleo, la formación técnica, las empresas regionales y los beneficios para las comunidades. Antes de adjudicar grandes programas conviene verificar fabricantes y publicar una ruta de demanda. Después habrá que medir, además de megavatios instalados, valor agregado nacional, aprendizaje, exportaciones, desempeño técnico, nivel de empleo, masa salarial, nivel de asimilación tecnológica. Soberanía energética no significa fabricar absolutamente todo ni cerrar la economía: significa contar con capacidades para decidir, diseñar, producir, operar, reparar e innovar. Si vinculamos la expansión renovable con una política industrial exigente y realista, México aprovechará el sol y el viento y fortalecerá su futuro productivo. De veras.
antoniorn@economia.unam.mx
Chihuahua: no obstruir la justicia
César Gustavo Jáuregui Moreno, ex fiscal de Chihuahua, fue detenido ayer por la mañana en un operativo de agentes del Ministerio Público y policías estatales por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, así como por ser autor material de los mismos delitos en otro cargo penal. Más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejecutó una orden de aprehensión en su contra tras determinar que incurrió “en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional”, al haber autorizado de manera ilegal la participación de personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en esa entidad en abril pasado. La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, dijo que esa acción “claramente es un ataque al pacto federal y a la división de poderes”, ya que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional establecen límites a las entidades federativas para asumir facultades reservadas a la Federación, así como para transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.
Gilberto Loya Chávez, recién nombrado encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmó que esta acción obedece a la responsabilidad del imputado en el operativo antidrogas en El Pinal. Sin embargo, la defensa de Jáuregui denuncia que el arresto constituye una maniobra política para impedir que compita por la candidatura a la alcaldía de la capital del estado. Para su abogado, “es evidente que esta maniobra es electoral, porque al privarlo de la libertad, automáticamente lo están privando de la posibilidad de competir” en los comicios del año entrante. Cabe recordar que la legislación electoral local impulsada por la gobernadora María Eugenia Campos le da a su administración el poder de hundir candidaturas con una simple acusación, sin presentar pruebas ni poder sostenerlas ante un tribunal. La Suprema Corte ya declaró inconstitucionales dichas disposiciones, pero la sentencia tendrá efecto hasta 2030.
Más allá de los fuertes indicios de culpabilidad del ex fiscal, todos los antecedentes apuntan a que su detención por parte de la instancia que dirigió tiene un trasfondo político. Es imposible ignorar que, después de medio año sin tocarlo, la FGE se lanzó contra él la misma semana en que rompió con Campos mediante un video en el cual aseguró: “estoy firme (en sus aspiraciones a la alcaldía), y nadie me va a hacer sentir fuera de lugar en mi propia casa”. Incluso anticipa lo ocurrido al decir que, si “la Federación o el estado me fincan alguna responsabilidad, estoy listo para asumirla con orgullo”.
Asimismo, debe señalarse la incongruencia de proceder contra Jáuregui por unos cargos por los que también se encuentra señalada la mandataria estatal. Después de que la muerte de los espías estadunidenses en un accidente carretero pusiera al descubierto la complicidad total de las autoridades chihuahuenses con agencias de Washington para vulnerar la soberanía mexicana y violar la Constitución, Campos ha admitido que estaba al tanto de la colaboración ilegal entre la fiscalía y los organismos extranjeros, e incluso haber autorizado extradiciones a Estados Unidos, facultad exclusiva del gobierno federal. El 9 de septiembre se inauguró la Torre Centinela, nueva sede de la FGE, con presencia de miembros de la embajada y el consulado estadunidenses. El piso 18 del edificio ubicado en Ciudad Juárez es para uso exclusivo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, como anunció desde abril Loya Chávez, entonces secretario de Seguridad Pública estatal.
En este contexto, pareciera que la FGE y la gobernadora Campos procedieron contra Jáuregui para apartar a un rival político e impedir que el funcionario quedara a disposición de la FGR y fuera trasladado a la capital del país, donde el ex fiscal pudo haber revelado detalles sobre las relaciones de la administración blanquiazul con el espionaje estadunidense y la profundidad de la intervención del trumpismo en la entidad. Estas maniobras enfatizan la necesidad de que el ex funcionario sea entregado a la justicia federal y de que ésta continúe sus indagatorias en torno a las responsabilidades del gobierno de Chihuahua en las transgresiones a la Constitución y la integridad nacional de México.
