Es un lastre más oneroso para países en desarrollo
▲ Un arcoíris embelleció ayer el cielo de Bangkok, cerca del Centro Nacional de Convenciones Queen Sirikit, donde se llevan a cabo las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.Foto Afp
Dora Villanueva
Periódico La Jornada Jueves 15 de octubre de 2026, p. 18
La deuda pública superará 100 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial para 2030, un nivel no visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI), que destacó el acelerado incremento de las obligaciones en los países del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), para alcanzar su nivel más alto en dos décadas.
“Los rendimientos de la deuda soberana a largo plazo han aumentado drásticamente en varias de las principales economías avanzadas. Entre febrero y septiembre, el rendimiento medio de los bonos gubernamentales a 10 años del grupo de las siete economías más desarrolladas del mundo aumentó en más de un punto porcentual”, expuso el organismo financiero internacional en un artículo.
En semanas recientes, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ha concentrado los reflectores. El FMI advirtió que los costos del financiamiento público se han disparado: se espera que los pagos por intereses de la deuda estadunidense pasarán pasado de 2.8 por ciento del PIB antes de la pandemia a 5.7 por ciento en 2031.
Ese aumento del costo de la deuda, destacó el organismo financiero internacional, prácticamente equivale al gasto proyectado en seguridad social, el mayor programa de prestaciones en Estados Unidos.
En los países de ingresos bajos la situación es más grave, pues el servicio de sus deudas absorbe más de 15 por ciento de los ingresos fiscales. Entre 2011 y 2019 el costo financiero de esas economías era de 9 por ciento del PIB, en promedio.
El FMI explicó que esta explosión del endeudamiento se debe a que se aplicaron altas tasas de interés a pasivos de por sí elevados, lo que llevó a un mayor deterioro de los déficits fiscales y de la deuda.
En años recientes, “las tasas a largo plazo se han vuelto más sensibles a la deuda pública proyectada. Diversas fuerzas impulsan al alza los rendimientos en los países avanzados, entre ellas la crisis del petróleo, la inflación persistente, una mayor demanda de inversión y un crecimiento previsto más alto, vinculado con la inteligencia artificial”, explicó el organismo.
Latinobarómetro 2026: erosión democrática en clave de derechos humanos
Foto autor
Mario Patrón
15 de octubre de 2026 00:01
Las democracias en América Latina y el mundo viven un periodo de inestabilidad y erosión generalizada. Los hechos políticos y electorales de la última década confirman una creciente ola de debilitamiento de los contrapesos institucionales y políticos, radicalización de agendas conservadoras, polarización social y deslegitimación democrática frente a la complejidad y desafíos del actual contexto. México no es la excepción.
Hace un par de semanas, el reconocido estudio de opinión pública Latinobarómetro publicó su más reciente informe en el que recoge la percepción ciudadana de las democracias en América Latina. Es un estudio cuya desagregación por país permite realizar análisis comparativos que posibilitan el cruce de la percepción de legitimidad o aceptación de las democracias con otras variables y coyunturas políticas específicas que afectan a determinados territorios, por lo que merece la pena echar un vistazo a los resultados arrojados respecto de México.
En términos estadísticos, la población en México es de las que menos respaldan la democracia en comparación con el promedio regional. Apenas 45 por ciento de la población encuestada respondió preferir la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno, lo que significa una disminución porcentual de 4 puntos frente a los resultados de 2024 y 7 puntos por debajo del promedio en América Latina. Asimismo, 53 por ciento de la población estaría dispuesta a aceptar un gobierno no democrático que resuelva los problemas y 63 por ciento considera aceptable que el gobierno ejerza ciertos niveles de mano dura.
Respecto a la confianza en las instituciones, se confirma que la legitimidad de los contrapesos institucionales en México es especialmente baja, con una confianza inferior a 30 por ciento en instituciones como los gobiernos, el Congreso, el Poder Judicial y los partidos políticos. De igual modo, 77 por ciento no confía en que los impuestos se gasten bien y 42 por ciento considera que la democracia puede funcionar sin oposición.
En suma, con el bajo respaldo a la democracia, baja confianza institucional y alta tolerancia a la posibilidad de un gobierno no democrático pero eficaz, México parece presentar condiciones de alta permisividad a la concentración de poder, como en efecto ha ocurrido en los últimos sexenios.
En sintonía con lo anterior, el Latinobarómetro permite evaluar no sólo la percepción de nuestras democracias como fin en sí mismas, sino como medio para garantizar derechos. En ese sentido, la crisis de derechos humanos que atraviesa nuestro país debe también leerse en clave de debilitamiento democrático, especialmente frente a la erosión de los organismos autónomos, la deslegitimación de la sociedad civil desde el poder, el retroceso en la división de poderes y la militarización de funciones públicas.
En temas de seguridad ciudadana y macrocriminalidad, por ejemplo, México tiene una de las confianzas más bajas hacia su policía, con apenas 26 por ciento, que contrasta con 50 por ciento de confianza que se concede a las fuerzas armadas, 7 puntos por encima del promedio de América Latina. Al mismo tiempo, México presenta una de las tasas de victimización más elevadas y percepción muy alta del poderío del crimen organizado. La correlación de estos factores ofrece un panorama desalentador de respaldo a la militarización de la seguridad, pero también de otras funciones públicas, lo que supone un alto riesgo de retroceso en materia de garantía de derechos humanos, tal como se ha documentado ampliamente por la sociedad civil.
En términos generales, los resultados del Latinobarómetro son un buen reflejo de la salud de las democracias en nuestra región. Más allá de las filiaciones ideológicas de los gobiernos en turno, en general las democracias enfrentan retrocesos preocupantes provocados tanto por el debilitamiento institucional como por la disminución de la estimación de la democracia entre la sociedad.
La preocupación va más allá de la defensa de la democracia formal y procedimental. La apertura del gobierno para la intervención social en la toma de decisiones y la presencia de contrapesos garantes del equilibrio de poderes es condición de posibilidad para el efectivo respeto a los derechos humanos. Frente a un contexto político global cada vez más marcado por expresiones autoritarias, el fortalecimiento de la calidad democrática de nuestros sistemas políticos es imprescindible para una efectiva traducción de las decisiones públicas en la garantía de la dignidad de la vida de nuestros pueblos.
Desaparecidos: paso positivo
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció la conformación de un grupo de expertos independientes (GEI), tanto nacionales como internacionales, para realizar un “análisis técnico y científico” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los especialistas, seleccionados con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, también ayudarán a “identificar posibles mejoras legales y administrativas para que el registro nacional cumpla con el propósito establecido en la ley: ser una herramienta efectiva para la búsqueda y localización”. Destaca la amplitud de miras con que se convocó al GEI, pues sus integrantes se especializan en campos que van desde el análisis de datos, estadística, matemáticas e inteligencia artificial, hasta evaluación de políticas públicas, funcionamiento de las fiscalías y el sistema de justicia, rendición de cuentas y participación ciudadana, fortalecimiento institucional, seguridad pública y reducción de la violencia.
Cabe recordar que en marzo pasado el gobierno federal presentó un informe exhaustivo acerca de la crisis de desaparición forzada o perpetrada por particulares en el país, las políticas puestas en marcha para abordar este drama social y los avances obtenidos en el primer año y medio de la actual administración. En ese momento se reportó que desde octubre de 2024 las autoridades localizaron a 66 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas. Asimismo, se dio a conocer la revisión y actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el cual los 130 mil 178 reportes levantados desde 2006 que no han dado pie a una localización se clasificaron en tres categorías: 36 por ciento (46 mil 742) no tienen datos suficientes para emprender un rastreo; 31 por ciento (40 mil 308) cuentan con referencias para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición, y 33 por ciento (43 mil 128) engloban reportes en que se dispone de datos idóneos para la búsqueda y no se detectan actividades que dejen un rastro documental posterior a la fecha de desaparición.
Dichas categorías se establecieron a fin de facilitar las labores de búsqueda y priorizar los casos en que existen indicios fuertes de actos delictivos. Por ejemplo, en 31 por ciento de quienes registraron actividades después de su fecha de desaparición se observa que obtuvieron actas de matrimonio, inscribieron menores ante el Registro Civil, renovaron su credencial de elector o realizaron trámites laborales. Desde octubre de 2024 se ha ubicado a 5 mil 269 personas de este grupo y, aunque las autoridades no lo mencionan, se presume que una importante proporción de quienes quedan por localizar se ausentaron de manera voluntaria y continúan sus vidas apartadas de los familiares u otros vínculos que reportaron su desaparición. En cambio, es evidente la urgencia de determinar lo ocurrido a las personas que no han dejado ningún rastro documental después de que se les reportara como desaparecidas.
Pese a la utilidad de la clasificación, algunos colectivos de búsqueda y organizaciones no gubernamentales la interpretan como un intento del gobierno por maquillar cifras y eludir la responsabilidad de buscar y localizar a todos los desaparecidos. A fin de desmentir esa impresión, las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para encontrar a las personas cuyo paradero se ignora, esclarecer lo sucedido a cada una (haya o no ilícitos que sancionar), hacer justicia hasta donde sea posible, dar certeza a las familias y acabar con la criminalidad que sigue atentando contra la integridad física, la libertad y la vida de miles de habitantes. El establecimiento del GEI supone un paso positivo en esa dirección y es de esperarse que su trabajo permita acelerar la tarea, así como dar a los familiares, seres queridos y entornos sociales de los desaparecidos la seguridad de que existe la voluntad política para localizar a quienes faltan.
