Reuters
27 de octubre de 2026 12:21
Nairobi.- Al menos 60 personas perdieron la vida en dos ataques distintos ocurridos la semana pasada en Oromiya, una región etíope castigada por el conflicto armado, informó la Iglesia ortodoxa etíope.
Las autoridades eclesiásticas afirmaron que todos los fallecidos eran cristianos, pero no dieron más detalles sobre cómo murieron ni quién estaba detrás de los ataques.
El gobierno regional de Oromiya y una fuente vinculada a una alianza rebelde que lucha contra las fuerzas gubernamentales en la región septentrional de Tigray se culparon mutuamente de los ataques.
El Santo Sínodo de la Iglesia tewahedo ortodoxa etíope dijo que 14 fieles fueron asesinados en Merti Woreda el 20 de octubre y 46 en Sherka Woreda el 24 de octubre.
Además, se incendiaron más de 20 viviendas y más de 20 personas fueron hospitalizadas con heridas graves, añadió el comunicado de la Iglesia, publicado el lunes.
El gobierno regional afirmó que la alianza rebelde lanzó los ataques para intentar provocar un conflicto religioso, sin aportar pruebas.
La fuente vinculada a la alianza rebelde dijo que el gobierno regional de Oromiya había llevado a cabo los asesinatos, citando conversaciones con dos residentes locales.
El grupo rebelde Ejército de Liberación de Oromo (OLA, por sus siglas en inglés), al que el gobierno regional ha culpado de anteriores ataques contra cristianos ortodoxos, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El OLA es uno de los siete grupos armados que anunciaron el mes pasado que habían formado una alianza con el objetivo de derrocar al gobierno del primer ministro Abiy Ahmed.
Kast y el vaciamiento de la memoria chilena
José Steinsleger
28 de octubre de 2026 00:01
Uno. Mientras el “ministerio de colonias” del imperio (eufemísticamente llamado OEA) procedía a retirar el retrato de Salvador Allende de la puerta principal del organismo, otro abuso de poder acontecía en Chile: la negativa del presidente neonazi José Antonio Kast a expropiar los terrenos de la tenebrosa “Colonia Dignidad”, enclave alemán nazi/evangelista que funcionó en el sur del país desde mucho antes del golpe fascista de 1973.
Dos. El cuadro de Allende se encontraba instalado desde septiembre de 2023, cuando en el marco del 50 aniversario del golpe, el consejo permanente de la OEA aprobó por unanimidad el homenaje a un gobernante que algunos historiadores dicen que se suicidó, en tanto otros aseguran que cayó defendiendo la democracia “por la razón o por la fuerza”, tal como reza el lema del escudo oficial chileno.
Tres. El Partido Socialista calificó el acto como un “agravio a la memoria histórica”, a más de señalar que “los homenajes institucionales no deben depender de cambios políticos”. Y de su lado, la misión de Kast en la OEA se limitó a pedir que se mantuviera la placa conmemorativa, y que el cuadro “…sea conservado por la organización”. Aunque sin aclarar en cuál sótano del edificio ubicado en 17th Street y Constitution Av.
Cuatro. Alejandro Encinas, representante permanente de México en la OEA, pidió una explicación del asunto a la secretaría general. Pero como no hubo respuesta, manifestó que llevará el caso al consejo permanente para conocer la razón del retiro del cuadro (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, 22/10/26).
Cinco. Así las cosas, es probable que tal iniciativa duerma el sueño de los justos, ya que desde mayo de 2025 el ministerio de colonias pasó a ser conducido por el mundialmente desconocido surinamés Albert Ramchand Ramdin, quien sustituyó en el cargo al mundialmente conocido golpista uruguayo Luis Almagro.
Seis. En cambio, por asociación mental, el segundo atropello me transportó a Santiago, cuando en marzo de 1990 cubría la “recuperación-de-la-democracia” (sic), y frecuentaba la panadería “Piroschka” en un centro comercial de la Avenida Vitacura. Hasta que un camarógrafo chileno comentó: ¿sabías que esos kuchen (pastelitos), mazapanes y galletas que consumes son elaboradas por niños y adolescentes esclavos de la Colonia Dignidad?
Siete. No lo sabía. Sin embargo, tenía registro del enclave evangélico alemán que fue campo de concentración del pinochetismo, y con temeraria valentía denunció la periodista chilena Mónica González en una serie de impactantes reportajes publicados por la revista Análisis, en 1988.
Ocho. Mucho se ha escrito y documentado en videos y películas acerca de la Colonia Dignidad, y los interesados pueden profundizar a la doctora Wikipedia, con amplios y verificados datos del enclave, así como el historial de su fundador: el pedófilo bautista alemán Paul Schafer (1921-2010).
Nueve. Recomendables: el libro Colonia dignidad, investigación del periodista Gero Gemballa (publicado en Alemania en 1988), y el muy buen artículo de la periodista chilena Ximena Ortúzar en la revista mexicana Proceso (No. 1054, 12/1/97), que empieza así:
“Como un Estado dentro del Estado puede considerarse la Colonia Dignidad, enclave de alemanes que huyeron de su país por problemas con la justicia, y que cobijó a nazis prófugos tras la derrota del fascismo a mediados de los años cuarenta (…).
“Los 40 kilómetros cuadrados en donde está la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad reservan, hasta hoy día, misterios y secretos insondables. Es el único lugar del territorio que está fuera del imperio de la ley. Distante 400 kilómetros de Santiago y vecina a la localidad sureña de Parral (…) con doble alambrado de púas, guardianes y sofisticados equipos de seguridad la hacen inexpugnable.”
Diez. En 1991, el democristiano Patricio Aylwin (golpista en 1973 y primer presidente de la democracia concertada por Pinochet (y por ello llamada “Concertación”), canceló la personería jurídica de la colonia, que desde su apertura en 1961 contaba, inexplicablemente, con el apoyo diplomático y “legal” del estado federal de Baviera (el más estratégico de Alemania).
Once. A finales de septiembre, en Ginebra, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, lanzó frente a la ONU un alerta sobre la alteración de sitios del enclave, tales como la deliberada inundación de subterráneos donde se torturaba detenidos, y que hoy explotan el sitio con fines recreativos, con un hotel, spa y restaurante, mientras destruyen evidencia fundamental para la justicia y el Plan Nacional de Búsqueda.
Doce. El comunicado de la Asociación sostiene que el gobierno de Kast se halla empeñado en minar los fallos judiciales logrados tras décadas de litigios. A más de una modalidad de “impunidad pasiva”, que revierte la decisión legal de expropiación del sitio de memoria de la ex Colonia Dignidad (hoy villa Baviera), alegando “restricciones presupuestarias…”
El algoritmo, la mentira, su repetición y la posverdad
Juan Becerra Acosta
28 de octubre de 2026 00:03
La política ya no sólo se disputa en las urnas, los congresos o las plazas públicas. También se libra en una pantalla donde la indignación cotiza, la mentira puede viajar más rápido que la rectificación y miles de clics pueden fabricar la falsa impresión de que todo un país piensa lo mismo.
El algoritmo no necesita convencer de tener la razón, le basta con mantener a la audiencia mirando, reaccionando y compartiendo. En esta economía de la atención, el enojo es un negocio extraordinariamente rentable que encuentra en México un mercado estratégico, víctima desde hace años de campañas de desprestigio, rumores electorales y ejércitos de cuentas que irrumpen en las conversaciones digitales.
Hoy, lo novedoso es la escala que pueden alcanzar y la posibilidad de combinar automatización, publicidad segmentada e inteligencia artificial para intervenir en la percepción pública. El debate dejó de ser teórico; la presidenta Claudia Sheinbaum denunció operaciones digitales de propaganda y desinformación contra su gobierno vinculadas públicamente con Fernando Cerimedo y La Derecha Diario. Acusaciones que deben examinarse.
Las implicaciones de este caso trascienden la simple propaganda y rozan la interferencia extranjera coordinada. Testimonios judiciales y la exhibición de pruebas en las conferencias mañaneras apuntan a que operadores de ultraderecha, coordinados por Cerimedo, diseñaron un plan explícito para intervenir en el proceso electoral intermedio en México con el objetivo de reventar la elección de 2027. La investigación académica y el monitoreo electoral documentaron fenómenos como las cuentas automatizadas, las campañas negras y la amplificación artificial de narrativas políticas.
No hace falta imaginar una conspiración omnipotente para reconocer que existen herramientas capaces de distorsionar la conversación pública. El mecanismo es sencillo: una publicación incendiaria genera reacciones, las reacciones aumentan su circulación, la circulación produce una impresión de relevancia y esa relevancia atrae nuevas interacciones. La repetición suele terminar sustituyendo a la evidencia.
Una acusación no necesita demostrarse para convertirse en tendencia, basta con que miles de personas la compartan antes de preguntarse si es cierta.
En ese escenario, la verdad compite en desventaja. Verificar exige tiempo, contrastar documentos y consultar fuentes tarda horas. En cambio, fabricar una falsedad puede tomar segundos. Cuando llega la rectificación el daño reputacional ya circuló, los prejuicios encontraron confirmación, y la conversación pública se desplazó hacia otro escándalo.
La inteligencia artificial añade una dificultad: voces clonadas, imágenes manipuladas y videos sintéticos pueden convertir la apariencia de autenticidad en un instrumento de engaño. La frontera entre información y simulación se vuelve más difícil de identificar para una ciudadanía bombardeada por contenidos que compiten por su atención.
Las plataformas no pueden presentarse como intermediarias neutrales cuando sus sistemas de recomendación influyen en qué contenidos adquieren visibilidad. Y los partidos no deberían denunciar los ejércitos digitales únicamente cuando perjudican a sus candidatos y guardar silencio cuando favorecen a los propios. La democracia necesita confrontación, discusión e indignación. Lo que no necesita es que la ciudadanía confunda popularidad con verdad, volumen con consenso o viralidad con legitimidad.
El desafío consiste en distinguir entre una denuncia documentada y una acusación sin pruebas, entre una comunidad política real y una amplificación artificial, entre el derecho a cuestionar al poder y la fabricación deliberada de hechos falsos. El algoritmo no vota, pero puede influir en aquello que millones de personas creen saber antes de hacerlo. No gobierna formalmente, pero ayuda a establecer los temas sobre los que discutimos, los adversarios que identificamos, y los miedos que compartimos.
La pregunta ya no es si la tecnología participa en la política, es quién controla las reglas de esa participación y quién responde cuando la manipulación se disfraza de opinión pública.
Si la democracia exige que la ciudadanía decida libremente, la información con la que toma sus decisiones no puede quedar sometida a una maquinaria opaca que recompensa el escándalo y convierte la atención humana en mercancía.
El peligro no es que las máquinas piensen por nosotros, sino que nosotros terminemos creyendo que lo que nos muestran representa la realidad. Porque cuando la política queda secuestrada por el algoritmo, la primera víctima no es un partido o un gobierno, es la sociedad enfrentada por posverdades hechas a la medida de sus propios resentimientos.
ONU-Hábitat: 3 mil 400 millones de personas carecen de vivienda adecuada en el mundo
Carolina Gómez Mena
27 de octubre de 2026 17:04
Ciudad de México. A escala global, 3 mil 400 millones de personas carecen de acceso a una vivienda adecuada, segura y protegida, señaló Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat. Asimismo, el organismo internacional advirtió que el déficit habitacional mundial se ha incrementado, al pasar de 251 millones de unidades en 2010 a 288 millones en 2023.
Durante la conferencia La crisis global de vivienda: caminos hacia la acción desde las juventudes, que impartió ante estudiantes y docentes de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Iberoamericana (Ibero), detalló que 44 por ciento de los hogares arrendatarios del mundo destinan más de 30 por ciento de sus ingresos al pago de renta, situación que puede obligarlos a sacrificar necesidades fundamentales, como alimentación, educación o salud.
La también subsecretaria general de Naciones Unidas, quien visitó México y reconoció las Utopías impulsadas por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, señaló que la crisis de vivienda no solo afecta a los países en desarrollo, sino también a las naciones desarrolladas. En ciudades de Norteamérica, Europa y Japón, las nuevas generaciones enfrentan barreras económicas para comprar o alquilar una vivienda, comentó.
Explicó que las ciudades pueden experimentar transformaciones importantes en su infraestructura, desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento y ampliar sus mercados inmobiliarios sin que ello implique necesariamente una reducción del déficit habitacional.
Construir más viviendas no garantiza su accesibilidad
La especialista indicó que América Latina ofrece ejemplos de este fenómeno: aunque su parque habitacional ha cambiado y sus sistemas financieros se han sofisticado, las necesidades de vivienda de millones de personas siguen sin resolverse.
Al respecto, sostuvo que el problema radica en que el funcionamiento del mercado no siempre corresponde con la capacidad económica de la población. Los precios inmobiliarios pueden mantenerse fuera del alcance de amplios sectores sociales, incluso cuando existen mecanismos para financiar su adquisición.
A ello se suma que la actividad inmobiliaria también puede tener efectos especulativos e incrementar el valor de los terrenos, especialmente en las grandes urbes.
Rossbach advirtió que ampliar el financiamiento inmobiliario puede generar inversión y empleos, pero cuando estas acciones no se acompañan de una adecuada regulación del suelo y planificación urbana, también pueden provocar distorsiones en los precios. Es decir, construir más viviendas no garantiza que sean accesibles para quienes las necesitan.
Más de mil millones viven en asentamientos informales
De acuerdo con el Reporte Mundial de Ciudades 2026. La crisis global de vivienda: caminos hacia la acción, de ONU-Hábitat, más de mil millones de personas viven en asentamientos informales y barrios marginales, en condiciones caracterizadas por la inestabilidad de la tenencia, el hacinamiento, la exposición a riesgos medioambientales y el acceso limitado a servicios básicos.
Investigaciones de ONU-Hábitat estiman que aproximadamente 64 millones de personas fueron desalojadas en todo el mundo entre 2003 y 2023, con graves consecuencias para sus medios de vida, seguridad y bienestar social.
El reporte considera la vivienda adecuada un pilar fundamental del desarrollo urbano sostenible y el bienestar humano, que va mucho más allá de la simple provisión de un techo.
“La vivienda influye en el acceso al empleo, los servicios públicos, la salud y las oportunidades económicas, siendo fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
El informe destaca también la importancia de contar con una vivienda segura, asequible y bien ubicada para reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida y transformar los asentamientos informales y los barrios marginales.
De igual forma, sitúa la vivienda como un “motor clave” de la acción climática y la resiliencia urbana, y señala la necesidad de soluciones habitacionales energéticamente eficientes y bajas en carbono, así como de infraestructuras urbanas resilientes.
El análisis llama a gobiernos y otros actores involucrados a reafirmar su compromiso con la vivienda como un derecho humano y una base para construir ciudades más verdes, equitativas y resilientes.
Explicó que las ciudades pueden experimentar transformaciones importantes en su infraestructura, desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento y ampliar sus mercados inmobiliarios sin que ello implique necesariamente una reducción del déficit habitacional.
Construir más viviendas no garantiza su accesibilidad
La especialista indicó que América Latina ofrece ejemplos de este fenómeno: aunque su parque habitacional ha cambiado y sus sistemas financieros se han sofisticado, las necesidades de vivienda de millones de personas siguen sin resolverse.
Al respecto, sostuvo que el problema radica en que el funcionamiento del mercado no siempre corresponde con la capacidad económica de la población. Los precios inmobiliarios pueden mantenerse fuera del alcance de amplios sectores sociales, incluso cuando existen mecanismos para financiar su adquisición.
A ello se suma que la actividad inmobiliaria también puede tener efectos especulativos e incrementar el valor de los terrenos, especialmente en las grandes urbes.
Rossbach advirtió que ampliar el financiamiento inmobiliario puede generar inversión y empleos, pero cuando estas acciones no se acompañan de una adecuada regulación del suelo y planificación urbana, también pueden provocar distorsiones en los precios. Es decir, construir más viviendas no garantiza que sean accesibles para quienes las necesitan.
Más de mil millones viven en asentamientos informales
De acuerdo con el Reporte Mundial de Ciudades 2026. La crisis global de vivienda: caminos hacia la acción, de ONU-Hábitat, más de mil millones de personas viven en asentamientos informales y barrios marginales, en condiciones caracterizadas por la inestabilidad de la tenencia, el hacinamiento, la exposición a riesgos medioambientales y el acceso limitado a servicios básicos.
Investigaciones de ONU-Hábitat estiman que aproximadamente 64 millones de personas fueron desalojadas en todo el mundo entre 2003 y 2023, con graves consecuencias para sus medios de vida, seguridad y bienestar social.
El reporte considera la vivienda adecuada un pilar fundamental del desarrollo urbano sostenible y el bienestar humano, que va mucho más allá de la simple provisión de un techo.
“La vivienda influye en el acceso al empleo, los servicios públicos, la salud y las oportunidades económicas, siendo fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
El informe destaca también la importancia de contar con una vivienda segura, asequible y bien ubicada para reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida y transformar los asentamientos informales y los barrios marginales.
De igual forma, sitúa la vivienda como un “motor clave” de la acción climática y la resiliencia urbana, y señala la necesidad de soluciones habitacionales energéticamente eficientes y bajas en carbono, así como de infraestructuras urbanas resilientes.
El análisis llama a gobiernos y otros actores involucrados a reafirmar su compromiso con la vivienda como un derecho humano y una base para construir ciudades más verdes, equitativas y resilientes.
Minerales críticos y pueblos originarios
Ana de Ita*
28 de octubre de 2026 00:01
La segunda administración del presidente Trump ha declarado como uno de sus objetivos de seguridad nacional evitar la dependencia de minerales críticos y tierras raras importados desde China. Definió el abastecimiento nacional como una prioridad de defensa, ya que estos minerales son estratégicos para la transición energética, el sector automotor, el aeroespacial y las tecnologías de guerra.
China mantiene el dominio sobre 17 elementos metálicos conocidos como tierras raras, que forman parte de los minerales críticos para Estados Unidos. Domina 70 por ciento de su extracción, 90 por ciento del procesamiento y 93 por ciento de la fabricación de imanes.
En abril de 2025, el ministerio de Comercio chino impuso restricciones a la exportación de tierras raras en represalia a los nuevos aranceles de Trump a sus productos, y en diciembre del mismo año negó licencias de exportación a cualquier empresa que tuviera nexos con fuerzas armadas extranjeras. Las cadenas de suministro estadunidenses sufrieron escasez, retrasos y paros, e hicieron evidente que la política de tierras raras de Pekín es un instrumento de influencia económica y geopolítica.
Los minerales críticos se han convertido en una moneda de cambio para negociar con Estados Unidos. Ucrania pagó con tierras raras las armas que le proporcionó Washington en 2022. Brasil negoció con sus tierras raras la reducción de aranceles impuestos por Trump a sus exportaciones; la pretensión del magnate de adquirir Groenlandia –territorio inuit, autónomo de Dinamarca– responde a la existencia de importantes yacimientos de estos minerales.
Estados Unidos busca activamente formas de contrarrestar el control de China sobre los recursos mundiales de tierras raras y garantizar las cadenas de suministro a partir de otros países aliados. En diciembre de 2025, impulsó la iniciativa Pax Silica, en la que participan tanto los gobiernos de 26 naciones como corporaciones privadas encargadas de la ejecución operativa.
Entre los países que se integran como proveedores claves están Argentina, con reservas de litio, cobre y uranio; Chile, que puede aportar cobre y litio; Australia, primer productor mundial de litio y potencia en la extracción de tierras raras; India con la tercera reserva de tierras raras; Kazajistán, proveedor de metales raros; Noruega, Suecia y Finlandia de importancia para el suministros de cobalto, níquel y grafito. Estados Unidos también participa en la extracción en su propio territorio.
El 3 de febrero de este año, Estados Unidos convocó a la Cumbre Ministerial sobre Minerales Críticos en la que participaron 54 países, incluido México. Varios gobiernos firmaron memorandos de entendimiento con el país promotor.
El 4 de febrero se puso en marcha el Plan de Acción entre Estados Unidos y México sobre minerales críticos, en la antesala de la negociación para la renovación del T-MEC. Según ese plan, los dos países desarrollarían políticas y mecanismos comerciales coordinados. Identificarían los minerales críticos de interés y proyectos específicos de extracción, procesamiento y fabricación. El Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio Geológico de México intercambiarían información sobre la ubicación de posibles yacimientos.
En los países del Sur se ubican los procesos de extracción y refinado que provocan los mayores conflictos socioambientales. En Australia, las resistencias a la minería han aumentado por parte de los granjeros y las comunidades rurales por la pérdida de tierras agrícolas de cientos de años de tradición, expropiadas o inutilizadas, además de la sobrexplotación de los acuíferos. Los pueblos indígenas denuncian el avance de la minería sobre sus tierras ancestrales y reportan incluso la destrucción de sus sitios sagrados.
En Groenlandia, territorio inuit, las pretensiones de Trump se topan con su resistencia que no ha permitido llevar a cabo ninguna actividad minera de tierras raras en la isla. El Parlamento inuit aprobó una ley que prohíbe la exploración y la explotación minera en donde exista una concentración de uranio superior a 100 partes por millón y bloqueó el desarrollo de la mina de tierras raras de Kvanefjeld.
En el Congo, las mineras desalojan por la fuerza a la gente, la amenazan e intimidan para que abandone sus comunidades, o la engañan para que den su consentimiento a sus operaciones.
En México, las comunidades y pueblos indígenas están alerta frente a la nueva amenaza a sus territorios que puede significar este Plan de Acción sobre Minerales Críticos con el vecino del norte. La explotación minera en los territorios de los pueblos originarios amenaza sus posibilidades de vida y su autonomía, de ahí que las resistencias hayan crecido después de conocer y sufrir sus resultados. Alrededor del mundo, los pueblos originarios rechazan pagar con sus territorios el costo de la modernidad del sistema.
- Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano
