Afp
09 de septiembre de 2026 14:42
Shaoshan. Cincuenta años después de la muerte de Mao Zedong, fundador de la República Popular China, cientos simpatizantes del líder comunista chino hicieron fila este miércoles en su pueblo natal para rendirle homenaje, portando retratos, banderas y enormes ofrendas florales.
Mao, fundador de la República Popular China, falleció el 9 de septiembre de 1976, y su vida y legado han sido conmemorados con fervor esta semana por quienes aún lo veneran como un líder visionario.
Mientras China se enfrenta a una desaceleración económica, crece la nostalgia por los ideales igualitarios de Mao, aunque los historiadores también culpan a sus políticas drásticas de una hambruna masiva y de millones de muertes.
Los turistas, muchos de ellos estudiantes universitarios, depositaron coronas de crisantemos, botellas de licor chino y cigarrillos a los pies de una estatua de bronce de Mao de 10 metros de altura en la plaza principal de Shaoshan, en la provincia central de Hunan.
Cientos de visitantes se alinearon en filas cuidadosamente organizadas para inclinarse solemnemente y guardar unos segundos de silencio, mientras que otros posaban para tomarse fotos frente al monumento bajo la mirada de la policía.
Deng, un turista de 28 años, le dijo a la Afp que siente un gran respeto por él.
"De repente sentí ganas de venir aquí hoy para conmemorarlo, porque el 50º aniversario es algo que sólo ocurre una vez en la vida", dijo.
La noche anterior, alrededor de mil seguidores, algunos con los trajes cortos estilo túnica que Mao solía usar, celebraron una emotiva ceremonia junto a la estatua.
Entre ellos se veían reliquias de una época pasada: viejos retratos del líder y ejemplares del "Libro Rojo", una recopilación de sus citas que en su momento fue prácticamente omnipresente en China.
"¡Viva el presidente Mao!", gritaba el grupo una y otra vez, mientras algunos levantaban los puños al aire y entonaban canciones revolucionarias.
Sánchez señala a grupos de ultraderecha de EU en la crisis migratoria de Ceuta
Foto Europa Press Foto autor
Armando G. Tejeda, corresponsal
09 de septiembre de 2026 13:32
Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, acusó este miércoles que la crisis migratoria en Ceuta fue provocada por “un ataque híbrido” perpetrado desde “redes vinculadas con Rusia e Israel” y “think tanks (centros de pensamiento) ultraderechistas de Estados Unidos” para desestabilizar a España y a Europa, polarizar a la sociedad y debilitar a las instituciones.
Sánchez insistió en su versión de que no fueron alertados por los servicios de inteligencia españoles de la entrada masiva, sin embargo el gobierno desclasificó 40 documentos reservados que contienen varias alertas tanto al Ejecutivo español como al gobierno de Marruecos.
En una entrevista en el programa Mañaneros, de la Radio Televisión Pública Española (RTVE), Sánchez insistió en que lo ocurrido en Ceuta, cuando ingresaron más de 72 mil migrantes procedentes de Marruecos a fines de julio, fue un “ataque híbrido” perpetrado desde “redes vinculadas con Rusia e Israel” como responsables de la “expansión y amplificación de los bulos y desinformación de la crisis”. Y -añadió- “eso es una evidencia, es un hecho, como también es un hecho que participaron por desgracia también 'think tanks' ultraderechistas de Estados Unidos”.
Sánchez explicó que “hay dos elementos en los que el Estado tiene que mejorar: uno es cómo nos preparamos ante ataques híbridos de esta naturaleza, y dos, cómo ciudades autónomas, como Ceuta y Melilla, se preparan para una realidad estructural que es la diferencia de renta per cápita y de oportunidades entre un lado y otro de la frontera”.
El mandatario español se refirió a la que hubiera sido la respuesta de un gobierno integrada por la derecha y la extrema derecha, como el Partido Popular (PP) y Vox: “¿Qué hubiera hecho otro gobierno? ¿Se hubiera liado a tiros contra esas personas jóvenes, menores, niños y niñas?”
A pesar de que el gobierno español mantiene su versión de que en ningún momento los servicios de inteligencia españoles alertaron de la entrada masiva en Ceuta, una vez desclasificados 40 documentos que eran “reservados” quedó en evidencia que sí que hubo varios avisos y que se alertó de la posible entrada de hasta 180 mil personas por la frontera.
Los documentos fueron elaborados por Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y se entregaron a la Delegación del gobierno en Ceuta el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva. El Ejecutivo insiste en su versión y asegura que no fue una notificación formal.
El propio Sánchez afirmó este mismo miércoles que “sin desmerecer su profesionalidad, no se previó la llegada de tantos inmigrantes en ningún informe previo”.
Finalmente, la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), aprobó la concesión de una ayuda extraordinaria a España para atender la crisis de Ceuta de 114 millones de euros (dos mil 400 millones de pesos). El dinero se destinará para fortalecer el sistema de seguridad fronterizo y mejorar las infraestructuras para la acogida temporal de los migrantes.
Embajador de Estados Unidos se retracta de acusación contra la izquierda en Chile
Aldo Anfossi Corresponsal
Periódico La Jornada Jueves 10 de septiembre de 2026, p. 24
Santiago. El embajador estadunidense en Chile, Brandon Judd, se retractó de sus afirmaciones sobre que el espionaje de su país indagó y posee informes que adjudican a organizaciones de la izquierda local la autoría premeditada del estallido social ocurrido aquí en 2019.
Judd fue citado por la cancillería el miércoles luego que en una entrevista con CNN Chile, la noche del martes, indicara que “en 2019, lo que nuestra inteligencia dice es, categóricamente, que provino de organizaciones de izquierda o de esa ideología.
“Cuando nuestras agencias de inteligencia analizan –y cuando digo analizan, no digo que hayan venido a Chile a hacerlo–, pero cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”, recalcó.
Este miércoles, luego de dar explicaciones al canciller Francisco Pérez Mackena, Judd se corrigió al resaltar que “la embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación, ningún documento que hable sobre el estallido en 2019.
“No hicimos una investigación independiente, revisamos la información que venía de Chile”, señaló, y que “tenemos los mismos datos que sus policías”.
La cancillería citó a Judd “con el objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en días posteriores”.
El canciller, tras la reunión, aseguró que “no hemos recibido la información, la hemos solicitado formalmente. El embajador ha manifestado su disposición a hacer llegar la que disponga”.
Desde su arribo a Chile en 2025, Judd, un ex agente de la Patrulla Fronteriza, hizo declaraciones a su antojo. La semana pasada fue panelista en el ultraderechista Foro Madrid, donde afirmó que “lo bueno es que cuando tenemos administraciones como la del presidente Kast, todo resulta muy fácil, se convierte en algo que podemos observar. He escuchado a mucha gente decir que la Doctrina Donroe” es mala, me hace mucha gracia, porque Chile la está aplicando en este preciso momento”.
Son niños, no números
Rosa Miriam Elizalde
10 de septiembre de 2026 00:02
En 2003, antes de que Estados Unidos desatara la guerra en Irak, una webcam mantuvo durante horas un encuadre fijo de Bagdad. El rótulo de la página era más importante que la tecnología: “No son números”. Allí no había mapas militares ni partes de guerra, sino una calle, autos, peatones, gente que todavía iba y venía por una ciudad a punto de ser bombardeada. La cámara no detuvo la invasión. Sin embargo, hizo algo indispensable. Puso rostro a quienes pronto serían reducidos a estadísticas.
Veintitrés años después conviene encender otra cámara, esta vez sobre Cuba. No para negar sus errores internos, su infraestructura eléctrica envejecida o los daños acumulados por los huracanes. Sería poco serio atribuir cada apagón a Washington. Pero sería igualmente deshonesto ocultar que Estados Unidos convirtió el combustible que llega a la isla en objetivo explícito de presión sobre terceros países.
La Casa Blanca ya no pretende solamente decidir con quién pueden comerciar los estadunidenses. La Orden Ejecutiva 14404, emitida el 1º de mayo, faculta a Washington para sancionar a personas y entidades extranjeras por determinadas relaciones con Cuba, particularmente en el sector energético, aunque esas actividades sean lícitas en el país donde se realizan.
Dicho con claridad, el gobierno de Estados Unidos va un paso más allá de la tradicional aplicación extraterritorial del bloqueo y se arroga ahora el derecho de pasar por encima de las jurisdicciones nacionales y convertir en sancionable desde Washington lo que puede ser perfectamente legal en Roma, Madrid, Ciudad de México o cualquier otra capital.
La ley estadunidense se convierte así en un instrumento de coerción universal y el dólar, en una jurisdicción de facto. Si se aceptan estas premisas, tiene sentido que Trump logre rebautizar a la Tierra como “Planeta América”, que además suena a cómic de la agencia Marvel.
¿En qué se traduce una arquitectura de sanciones cuando baja de los decretos a la casa de cada cubano? En comida que se echa a perder durante apagones prolongados. En padres que abanican a un bebé para que pueda dormir. En un niño que hace la tarea con la luz de una vela. En contenedores con medicinas que no llegan. En bombas de agua que dejan de funcionar y obligan a cargar cubos escaleras arriba.
Los datos reunidos esta semana por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, describen meses con apenas dos o tres horas de electricidad al día en numerosos lugares y daños en cadena sobre la salud, la alimentación y el transporte. Naciones Unidas informó el 1º de mayo que más de 96 mil operaciones habían sido pospuestas por los cortes eléctricos; unas 11 mil correspondían a niños. Un mes después hablaba ya de más de 100 mil cirugías aplazadas. También advirtió que la falta de combustible golpeaba las diálisis, las incubadoras, el agua y la distribución de alimentos. No es una metáfora. Cuando falta la energía en el hospital pediátrico de Santiago de Cuba, una máquina puede dejar de suministrar oxígeno y convertirse en la sentencia de muerte de un bebé.
El informe cubano presentado por el canciller, que se discutirá en octubre próximo en la ONU, tiene, además, nombres concretos. Diego, diagnosticado de cáncer a los 15 años, debe desplazarse con su madre, Licet Rodríguez, entre Villa Clara y La Habana para recibir tratamiento. La pregunta de ella –“¿qué ocurre si el hospital se detiene?”– contiene toda la discusión moral. No estamos hablando de “presión máxima” como una abstracción diplomática, sino del momento exacto en que el equipo de radioterapia necesita estar conectado para que el hijo de Licet no se diluya en una cifra ni su vida termine confundida con el ruido de fondo del “Planeta América”.
Aunque ayer, en Colombia, el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que “trágicamente, el pueblo cubano está sufriendo”, él repite una y otra vez que las sanciones buscan presionar al gobierno cubano, no a la población. Sus pretextos evitan la expresión “daño colateral”, pero ésta sobrevuela, como en Gaza o en Irak, para desviar la responsabilidad hacia la víctima y hacer que “lo abominable nos parezca benigno”, como decía Howard Zinn.
Por eso el debate no puede reducirse a estar a favor o en contra del gobierno cubano. El dilema ético es anterior: ¿puede considerarse legítima una política que pretende modificar la conducta de un Estado mediante medidas cuyo efecto previsible es aumentar la vulnerabilidad material de toda una sociedad? Y hay otra pregunta que desborda la relación entre Cuba y Estados Unidos: ¿con qué legitimidad puede Washington sancionar a ciudadanos, empresas, bancos o instituciones de terceros países por realizar actividades que son legales bajo sus propias leyes y que no tienen lugar en territorio estadunidense?
La webcam de Bagdad no salvó a Irak de la guerra ni evitó los horrores de Abu Ghraib, pero dejó una advertencia que sigue ignorándose. Cuando se habla de castigos que pueden traducirse en barriles, megavatios o contenedores que no llegan, miremos quién camina por las calles: el hijo de Licet, la abuela de alguien, una madre, un padre, los niños de una escuela. No son números.
El cártel de los presidentes
Ilán Semo / II
10 de septiembre de 2026 00:01
11de julio de 2011. Univisión transmite en prime time un reportaje sobre el caso de Orlando Cicilia, que en 1987 fue encontrado culpable de tráfico de drogas por una corte de Miami. Más aún: su negocio de mascotas no era, al parecer, más que una fachada de una vasta organización criminal dedicada al trasiego de mariguana y cocaína. Recibió una condena de 25 años, cumplió 12 y salió de prisión en el año 2000. Quien estalla de indignación es un joven político estadunidense de origen cubano, cuya hermana mayor estaba casada con Cicilia: Marco Rubio. Ya en la época, Rubio se había convertido en una figura ascendente en las filas republicanas. Y el reportaje de Univisión afectaba sin duda su imagen. Hasta la fecha (léase 2026), nadie ha comprobado que la familia Rubio, de origen particularmente humilde, tuviera algún nexo con actividades delictivas; pero en 2011 el golpe mediático resultó severo. El Partido Republicano acabó por boicotear a Univisión como una de las sedes probables de sus eventos electorales.
Lo cierto es que Rubio creció en ese medio de ex agentes cubanos contratados por la CIA para orquestar el infructuoso ataque de Bahía de Cochinos, y que en su mayoría acabaron, años después, dedicándose al tráfico de estupefacientes. En 1971, en una redada nacional para detener a los capos del naciente negocio de la cocaína, fueron apresados 150 de ellos en toda la Unión. Según Maureen Tracik, más de 70 por ciento resultaron de origen cubano. (Una suerte de Scarface, sólo que a lo bestia.)
Este es un antecedente remoto de lo que en marzo de 2026 devino la política oficial de Estados Unidos al fundar el Escudo de las Américas, un conciliábulo de presidentes de la región afines a Trump (Noboa, de Ecuador; Irfaan Ali, de Guyana; Bukele, de El Salvador; Peña, de Paraguay, y un largo etcétera). El centro de esta política ha consistido ya no sólo en hacer de las organizaciones criminales instrumentos de control de una territorialidad política, sino en insertar a los propios capos en los poderes ejecutivos. Brasil y México se apartaron de este impresentable cónclave.
No se trata aquí de una simple crónica de infiltraciones o de alianzas undercover, sino del despliegue de una economía política del crimen que opera como verdadera tecnología de gobierno. Este conciliábulo no debe leerse como una simple alianza geopolítica, más bien apunta hacia la formalización de un nuevo régimen de inserción: el propósito ya no es utilizar a las organizaciones criminales en América Latina como meros instrumentos de control local (eso sería aún una forma arcaica de soberanía negativa), sino de operar una sinapsis entre el Estado y el crimen organizado, haciendo de los capos no agencias de subalternidad, sino engranajes del poder, transfigurando así la propia definición de lo político.
Por ejemplo, en el caso de México, se reclama que no se emprenden suficientes esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales, pero la Migra y las policías fronterizas estadunidenses no mueven un solo dedo para detener el flujo (prácticamente industrial) de abastecimiento de narcóticos a sus mercados locales.
Se dice con frecuencia que el factor estadunidense en todo este oscuro universo se concentra en la demanda que plantea un mercado de más de 30 millones de usuarios. Y en efecto: “donde hay quien compre, siempre hay quien venda”. Y, sin embargo, el problema es mucho más complejo. Para las agencias estadunidenses, los cárteles mexicanos representan agencias de control de territorios, poblaciones y fuerzas políticas. No hay que olvidar la otra gran máxima de esta historia: “el que paga, manda”. Y quien paga aquí es el mercado del vecino. Visto desde la perspectiva del discurso oficial de la Casa Blanca, el argumento del “narcoterrorismo” no hace más que extender a todos los presuntos involucrados (empresarios, funcionarios, policías, ejército, etcétera) la esfera de una amenaza y, con ello, los convierte en dóciles sujetos.
El dilema de esta política es la completa desinstitucionalización de las estructuras formales y jurídicas en México, y con ello la pérdida de control del Estado sobre el Estado mismo. Es decir: un Estado esquizo. La paradoja es que no es fallido. Por el contrario, nunca el capitalismo mexicano había marchado tan bien como lo hace ahora, nunca el control sobre los movimientos civiles y sociales había sido tan eficiente.
Un caso evidente de los derrames posibles de este sistema que se presenta como una aporía (una sistematicidad sin sistema) se expresa en el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. Al comienzo de la administración de Trump fueron “transferidos” a Estados Unidos aproximadamente 30 presos sin proceso de extradición debido. ¿Por qué? Sólo Dios lo sabe. Pero con ello se abrió una auténtica brecha extrajudicial. Ahora se pide lo mismo para Rocha Moya, y la respuesta por parte de las autoridades mexicanas exige regresar a la judicialidad de la extradición. No es díficil derivar las conclusiones al respecto: el espacio que separa a la política de la justicia se vuelve una “tierra de nadie”, con el peligro de evaporarse.
Sea como sea, la administración de Morena, si pretende mantener su unidad, sólo puede regirse por una máxima elemental ya prevista por Hegel en la Filosofía del derecho: “El soberano es el cuerpo que entrecruza la ley”. En palabras más sencillas: la judicatura mexicana debe fincar proceso a cualquier funcionario bajo sospecha razonable. (La sospecha es siempre un sinónimo de la condición de posibilidad, y nada más.) De lo contrario, el marasmo juridíco acabará por agrietarla.
