▲ El 11 de septiembre se cumplen 53 años del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende. En la imagen, manifestantes sostienen imágenes de las víctimas.Foto Afp
Aldo Anfossi Corresponsal
Periódico La Jornada Lunes 7 de septiembre de 2026, p. 22
Santiago. Como ha sido inamoviblemente por más de tres décadas en estas fechas, organizaciones de detenidos y de ejecutados políticos durante la dictadura en Chile, sumadas a ellas la ciudadanía y representaciones de la izquierda, marcharon ayer hasta el cementerio de Santiago para rendir “honor y gloria” a las víctimas de la sapatría del general Augusto Pinochet.
En pleno gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, confeso partidario y justificador del pinochetismo, la fecha adquiere más emblema, por cuanto el propio gobernante está bajo la presión de su sector político para que conceda indultos a centenares de condenados por delitos de derechos humanos y que deberían estar en prisión por décadas.
Hasta ahora, transcurridos los primeros seis meses del gobierno de cuatro años de Kast, no ha ocurrido nada, pero la posibilidad está latente, particularmente para los policías y militares que cometieron tropelías cometidas en la revuelta popular iniciada en octubre de 2019.
Pero el gobierno de Kast ha dicho que está dispuesto a analizar cualquier petición de indulto.
Los familiares de las víctimas de la dictadura llamaron a mantener viva la memoria y a rechazar la impunidad, en su marcha desde el centro de la capital y hasta el cementerio, donde en un memorial esculpido en piedra, se registran los nombres de los más de 3 mil asesinados desde el golpe de Estado de 1973 por la dictadura, donde el paradero de los restos de unos mil 500 de aquellos es desconocido, pese a las peticiones hechas a las fuerzas armadas para que entreguen información acerca de qué hicieron con ellas y ellos.
Dirigentes de la izquierda enfatizaron los peligros de establecer escenarios de impunidad tanto para los delitos cometidos durante la dictadura como para las vulneraciones ocurridas en el marco del estallido social de 2019, mientras de informaba de dos docenas de manifestantes detenidos que se enfrentaron a la policía.
En Ceuta se manifiestan exigiendo seguridad frente a crisis migrante
Armando G. Tejeda, corresponsal
06 de septiembre de 2026 12:09
Madrid. Las autoridades de España repatriaron este domingo a Marruecos a 21 personas que apedrearon una patrulla militar en la playa de Trampolín, donde cientos de migrantes instalaron un campamento que formaron parte de la entrada masiva a Ceuta a finales de julio, en una jornada en la que con banderas españolas y ceutíes unos 500 manifestantes exigieron en el enclave norafricano "medidas reales, soluciones y expulsión", y que se garantice la seguridad y los derechos de los menores de cara al inicio del curso escolar este martes.
Mientras medio millar de vecinos de Ceuta volvieron a salir a las calles para exigir mayor presencia tanto física como institucional de la Unión Europea, y la “vuelta a la normalidad” de su ciudad, alterada por la entrada masiva de 72 mil personas procedentes de África, de las cuales se calcula que más de cinco mil permanecen en sus calles, la Guardia Civil española detuvo durante la mañana a 21 migrantes tras la denuncia de un ataque a un vehículo militar.
El proceder habitual ante este tipo de episodios es el siguiente: si tras la denuncia, la Guardia Civil confirma los hechos y detiene a los supuestos autores, entonces les plantea dos posibilidades: o comparecer ante un juzgado para prestar declaración, lo que supondría la apertura de un procedimiento judicial que puede derivar en un juicio y por lo tanto una sentencia condenatoria, o regresar voluntariamente a su país, con lo que se archiva la denuncia y no se abre causa penal. La mayoría de los detenidos por estos hechos han decidido hasta ahora egresar a Marruecos.
La denuncia procedió esta vez de la Asociación de Tropa y Marinería Española, que relató que durante la noche del sábado una patrulla fue atacada con piedras en la zona de la playa del Trampolín, en las inmediaciones del barrio Benzú y cifró en 22 a las personas participantes en la presunta agresión, de los cuales se detuvo horas después a 21.
De los 214 marroquíes repatriados hasta ahora des que comenzó la crisis migratoria, 110 fueron detenidos por la comisión de varios delitos, sobre todo agresiones a vehículos militares o policiales, en repudio a la vigilancia constante a la que son sometidos desde su incursión en Ceuta. Y el resto porque tenían antecedentes penales en España, entre ellos tres personas con presunta vinculación a las redes del integrismo islamista u otro tipo de historial delictivo, sobre todo hurtos y tráfico de drogas.
ICE recibe autorización para alimentar por la fuerza a huelguista de hambre cubano
Foto: @DHSgov Foto autor
la redacción
06 de septiembre de 2026 12:52
Un juez federal de Texas autorizó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a alimentar por la fuerza a un ciudadano cubano detenido que se declaró en huelga de hambre, incluso mediante una intervención quirúrgica para colocarle una sonda directamente en el estómago, de acuerdo con documentos judiciales consultados este domingo por The Guardian.
El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue detenido por ICE el 22 de julio y comenzó la huelga de hambre tres días después. El 19 de agosto, el juez Andrew Hanen autorizó a la agencia a suministrarle alimentos y líquidos contra su voluntad, y el pasado miércoles extendió la orden hasta mediados de septiembre. El detenido permanece en el centro de procesamiento del ICE en Montgomery, cerca de Houston, administrado por la empresa privada GEO Group.
La nueva autorización permitió al ICE utilizar una sonda de gastrostomía endoscópica percutánea, procedimiento que requiere realizar una incisión en el abdomen para introducir un tubo que permanece colocado hasta que es retirado mediante otra intervención.
La agencia ya había recibido autorización para introducir sondas nasogástricas por la nariz a otros huelguistas, pero este procedimiento quirúrgico no había sido identificado previamente en los casos revisados por el diario.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) afirmó que el detenido ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 1980, recibió una orden de deportación en 2004 y tenía antecedentes por agresión agravada con arma, lesiones graves, posesión de drogas y portación de un arma de fuego oculta. La dependencia sostuvo que se le garantizó el debido proceso y que permanecería bajo custodia hasta su expulsión.
El DHS también sostuvo que los centros de detención proporcionan alimentos, higiene y otros servicios básicos y que durante las huelgas de hambre los detenidos reciben tres comidas diarias. Sin embargo, el organismo no aclaró cuántas veces el ciudadano cubano había sido alimentado contra su voluntad ni si había abandonado la huelga esta semana. Señaló únicamente que el hombre había “reanudado su alimentación y bebida”.
La decisión se produjo en medio del aumento de casos de alimentación médica involuntaria en centros del ICE durante la segunda administración de Donald Trump. The Guardian documentó 18 órdenes judiciales desde enero de 2025 que permitieron a la agencia realizar procedimientos médicos involuntarios contra huelguistas de hambre; con el caso de Texas, la cifra llegó a 19.
Organizaciones de derechos humanos calificaron estas prácticas de tortura. Savannah Kumar, abogada de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles de Texas, cuestionó que el gobierno pueda abrir quirúrgicamente el cuerpo de una persona para imponerle alimentación durante una protesta. Eunice Cho, abogada especializada en derechos civiles y migración, también criticó que el detenido no cuente actualmente con representación legal en un proceso que podría someterlo a una intervención médica invasiva sin su consentimiento.
La sequía mundial aumenta y los acuerdos entre los gobiernos se postergan
Foto Cuartoscuro / Archivo Foto autor
Iván Restrepo
07 de septiembre de 2026 00:02
Como di cuenta el lunes anterior, luego de dos semanas de deliberaciones terminó el viernes 28 de agosto en Ulán Bator, Mongolia, la 17 Conferencia de las Partes (COP17) sobre desertificación. Y, nuevamente, como hace dos años en Riad, Arabia Saudita, sin lograr un acuerdo global para dedicar recursos monetarios y acciones efectivas y coordinadas para luchar contra la sequía. Decidieron aplazar dicho acuerdo para la COP18, que tendrá lugar en 2028 en El Cairo, Egipto.
Será hasta entonces que adopten una estrategia para luchar activamente en el mundo contra este fenómeno. El único logro que los organizadores destacaron fue movilizar hasta mil 300 millones de dólares en financiación. Esa suma se concentra en la iniciativa “Insignia de pastizales”, la mayor movilización de fondos para este tipo de ecosistemas en la historia de la convención. Y coincide con el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, el cual fue una propuesta del país anfitrión.
El fracaso, que se quiso disimular con el logro anterior, ocurre mientras crece la preocupación por la sequía mundial, que aumentó 30 por ciento este siglo. Y como se incrementa año con año, en 2050 afectará a tres de cada cuatro personas en el mundo.
La burocracia y los optimistas de siempre en este tipo de conferencias afirman que sí hubo otros dos avances. Uno de ellos es el Fondo de Inversión para la Resiliencia de la Sequía, el cual movilizará 400 millones de dólares de capital privado para financiar proyectos que estudien sus efectos en 23 países. Y el otro, la segunda fase del Observatorio Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRO, por sus siglas en inglés), una plataforma que ayuda a los países a evaluar su nivel de preparación e identificar vulnerabilidades.
Sobre lo anterior, Jahan Chowdhury, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), sostiene que se tienen las soluciones técnicas más viables y efectivas para controlar la desertificación y prevenir y/o revertir la sequía, pero faltan los recursos financieros. Y en muy buena parte los provenientes del sector privado (bancos multilaterales de desarrollo, instituciones financieras, fondos de pensiones...). Sostiene que dicho sector tiene una gran responsabilidad en lo que el mundo padece ahora por los dos fenómenos mencionados.
A su opinión se suma la del ministro mongol de Medio Ambiente y Cambio Climático, Tsend Sandag-Ochir. Éste calcula en unos 355 mil millones de dólares las inversiones necesarias que deben realizarse cada año en el mundo para enfrentar la degradación de las tierras, la desertificación y la creciente sequía. Hoy, asegura el ministro mongol, apenas se disponen de 77 mil millones.
En cuanto a México, 57 por ciento de su territorio presenta algún grado de degradación del suelo. Ello incide de manera notable en la producción de alimentos, la calidad de vida de la población rural y en la de los ecosistemas. La situación se ha agravado en años recientes debido al cambio climático y a la sobrexplotación y/o pésimo uso de los recursos naturales.
La Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), institución establecida por el gobierno federal en 1970, con sede en Saltillo, tenía como misión la planeación y el desarrollo sustentable de las regiones áridas y semiáridas del país. Tuvo mucha actividad en los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo.
Fue languideciendo y hace un año se decretó su desaparición. La kafkiana justificación: no era conveniente para la economía nacional, al ser desectorizada de la entonces Secretaría de Desarrollo Social. Además, que no realizaba programas propios, sino los de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
También se justificó su desaparición por no ser efectiva para cumplir con su misión por cambios en las políticas públicas, las cuales redujeron su estructura y acciones. Y porque “perdió la estructura agroindustrial con la que contaba”.
Ahora las tareas de la Conaza las realizarán las unidades administrativas de la Sader, “reasignando los recursos eficientemente, generando ahorros presupuestales y simplificando la administración pública”.
El gobierno federal tiene otros programas para evitar la desertificación. Sin embargo, no hay evaluaciones que muestren que estén logrando su objetivo. Mientras, todo indica que continúa la degradación de los suelos, algo nada alentador.
Temor en Indonesia por erupción
Ap y Afp
Periódico La Jornada Lunes 7 de septiembre de 2026, p. 21
El Anak Krakatau expulsó gran cantidad de ceniza que obligó a cancelar los vuelos en ocho aeropuertos de esa nación y que afectó a más de 170 mil pasajeros. No se reportaron víctimas y tampoco se emitieron órdenes de evacuación, ya que el asentamiento más cercano está a más de 16 kilómetros. El coloso está ubicado en el archipiélago Krakatoa, con actividad intermitente desde su nacimiento a comienzos del siglo XX, dentro de la caldera formada tras la erupción de 1883. Esa catástrofe fue una de las más mortíferas y destructivas de la historia, con 35 mil víctimas.
