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Ap
21 de septiembre de 2026 12:58
Washington. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) dejó de revelar públicamente dónde mantiene a miles de detenidos sujetos a órdenes finales de deportación, una medida no anunciada que ha hecho mucho más difícil que abogados y familiares puedan encontrarlos, según funcionarios actuales y anteriores familiarizados con la práctica.
El ICE retiró a esos detenidos de su sistema en línea de localización de detenidos el 15 de septiembre, según tres funcionarios actuales y anteriores de la agencia que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar el cambio. Varios abogados contactados por The Associated Press confirmaron que sus clientes desaparecieron del sistema esta semana, y la Asociación Estadunidense de Abogados de Inmigración advirtió a sus miembros sobre la situación el viernes.
La medida representa un drástico giro respecto de la práctica anterior y subraya el carácter de línea dura de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, al hacer que miles de detenidos sean extremadamente difíciles de rastrear y potencialmente incapaces de ejercer todas sus opciones legales.
La práctica, que se aplica a detenidos que han recibido órdenes finales de expulsión por parte de un tribunal de inmigración, podría acelerar las deportaciones al dificultar la presentación de impugnaciones legales de último minuto, señalaron abogados de inmigración. Casi 16 mil personas arrestadas e ingresadas en detención del ICE en julio estaban sujetas a órdenes finales de expulsión, más de un tercio del total de ingresos, según datos del ICE obtenidos por el Deportation Data Project, con sede en la Universidad de California en Berkeley y la UCLA.
La práctica no se aplica a detenidos recluidos en un centro de detención en Adelanto, California, ni en centros temporales de retención en Mineápolis, la ciudad de Nueva York o los suburbios de Chicago, indicaron las fuentes. Varios jueces han ordenado al ICE que incluya a los detenidos en esas instalaciones en el localizador en línea de manera inmediata a su llegada, como parte de un litigio sobre sus prácticas de detención.
Abogados y familiares, angustiados por la falta de información sobre los detenidos
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El esfuerzo por ocultar sus ubicaciones se suma a las formas en que el gobierno de Trump ha hecho más difícil la vida de los detenidos y sus familias, al tiempo que ha incrementado la presión para que renuncien a apelaciones y acepten la deportación.
El ICE no hizo pública la medida y, en un comunicado emitido a la Ap, no la confirmó ni la negó. En el comunicado se indica que se da prioridad para la deportación a los detenidos con órdenes finales de expulsión, aun mientras la agencia enfrenta un “número histórico de medidas cautelares” de tribunales que detienen expulsiones individuales.
Como resultado del cambio, abogados y familiares perdieron el rastro de sus clientes y seres queridos sin explicación, lo cual es especialmente preocupante porque, con frecuencia, los detenidos son trasladados a nuevas instalaciones antes de ser deportados, dijo Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
“Las familias entran en pánico porque creen que la persona ha sido deportada y no saben dónde podría estar”, afirmó Chen. “Del lado de los abogados, esto tiene serias implicaciones para la capacidad de contactar a su cliente. Sin duda, tiene implicaciones sobre cómo interferirá con la relación abogado-cliente”.
El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del ICE, sostiene que las personas sujetas a órdenes finales de expulsión han recibido el debido proceso. Eso suele significar que un juez de inmigración ordenó su expulsión tras una audiencia, incluso en los casos en que los inmigrantes no se presentan, y que la decisión fue confirmada en apelación o no fue apelada.
Los detenidos con órdenes finales de expulsión aún tienen opciones para apelar
Aun así, esos detenidos tienen opciones para impugnar su detención y expulsión, incluida la posibilidad de solicitar la reapertura del caso o presentar lo que se conoce como una petición de hábeas corpus para pedir a un juez que los libere por motivos constitucionales. Jueces federales han emitido miles de fallos donde ordenan que los detenidos sean liberados o que se les concedan audiencias de fianza.
Los centros de detención del ICE albergaban a más de 65 mil personas a inicios de julio, según los datos más recientes disponibles. Alrededor del 30% de ellas probablemente tienen órdenes finales de expulsión, dijo Michelle Mendez, directora legal del National Immigration Project.
En los últimos meses se han emitido más órdenes finales de expulsión contra personas que no se presentaron a sus audiencias, porque los tribunales de inmigración del gobierno han tomado medidas para dificultar la participación y la reapertura de esos casos, explicó.
“Para mí, es simplemente otra iteración de hacer desaparecer a la gente”, señaló Mendez. ¿Por qué haríamos eso en Estados Unidos? Es algo de lo que, si lo escucháramos en otro país, nos preocuparía por los derechos individuales y el debido proceso”.
Algunas personas con órdenes finales de expulsión también cuentan con protecciones legales contra la deportación a sus países de origen, basadas en la probabilidad de que sean torturadas o perseguidas. Muchas de ellas enfrentan la expulsión a terceros países con los que no tienen vínculos, y su desaparición del sistema del ICE hará más difíciles las impugnaciones legales, dijeron los abogados.
Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en Houston, Texas. Europa Press
El ICE no hizo pública la medida y, en un comunicado emitido a la Ap, no la confirmó ni la negó. En el comunicado se indica que se da prioridad para la deportación a los detenidos con órdenes finales de expulsión, aun mientras la agencia enfrenta un “número histórico de medidas cautelares” de tribunales que detienen expulsiones individuales.
Como resultado del cambio, abogados y familiares perdieron el rastro de sus clientes y seres queridos sin explicación, lo cual es especialmente preocupante porque, con frecuencia, los detenidos son trasladados a nuevas instalaciones antes de ser deportados, dijo Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
“Las familias entran en pánico porque creen que la persona ha sido deportada y no saben dónde podría estar”, afirmó Chen. “Del lado de los abogados, esto tiene serias implicaciones para la capacidad de contactar a su cliente. Sin duda, tiene implicaciones sobre cómo interferirá con la relación abogado-cliente”.
El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del ICE, sostiene que las personas sujetas a órdenes finales de expulsión han recibido el debido proceso. Eso suele significar que un juez de inmigración ordenó su expulsión tras una audiencia, incluso en los casos en que los inmigrantes no se presentan, y que la decisión fue confirmada en apelación o no fue apelada.
Los detenidos con órdenes finales de expulsión aún tienen opciones para apelar
Aun así, esos detenidos tienen opciones para impugnar su detención y expulsión, incluida la posibilidad de solicitar la reapertura del caso o presentar lo que se conoce como una petición de hábeas corpus para pedir a un juez que los libere por motivos constitucionales. Jueces federales han emitido miles de fallos donde ordenan que los detenidos sean liberados o que se les concedan audiencias de fianza.
Los centros de detención del ICE albergaban a más de 65 mil personas a inicios de julio, según los datos más recientes disponibles. Alrededor del 30% de ellas probablemente tienen órdenes finales de expulsión, dijo Michelle Mendez, directora legal del National Immigration Project.
En los últimos meses se han emitido más órdenes finales de expulsión contra personas que no se presentaron a sus audiencias, porque los tribunales de inmigración del gobierno han tomado medidas para dificultar la participación y la reapertura de esos casos, explicó.
“Para mí, es simplemente otra iteración de hacer desaparecer a la gente”, señaló Mendez. ¿Por qué haríamos eso en Estados Unidos? Es algo de lo que, si lo escucháramos en otro país, nos preocuparía por los derechos individuales y el debido proceso”.
Algunas personas con órdenes finales de expulsión también cuentan con protecciones legales contra la deportación a sus países de origen, basadas en la probabilidad de que sean torturadas o perseguidas. Muchas de ellas enfrentan la expulsión a terceros países con los que no tienen vínculos, y su desaparición del sistema del ICE hará más difíciles las impugnaciones legales, dijeron los abogados.
ImagenEuropa Press
Abogados dicen que sus clientes han desaparecido del sistema localizador del ICE
El ICE puso en marcha el sistema en línea de localización de detenidos en 2010 para permitir que familiares, abogados y el público busquen a personas bajo custodia. Anteriormente, tenían que llamar a oficinas regionales del ICE o a instalaciones individuales para intentar ubicarlas.
Muchos defensores y legisladores se han quejado de que el sistema se actualiza con demasiada lentitud y contiene demasiada información inexacta o faltante, lo que permite que el ICE oculte las ubicaciones de los detenidos durante días o semanas. Entre otros, no aparecen en el sistema los menores, las personas que han estado bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos por menos de 48 horas, y los detenidos que están siendo trasladados.
Pero la exclusión de los detenidos con órdenes finales de expulsión no tiene un paralelo aparente, dijeron varios abogados de inmigración. Atenas Burrola Estrada, subdirectora de programas del Amica Center for Immigrant Rights, señaló que “todos y cada uno de nuestros clientes que tiene una orden final ha desaparecido del localizador”, incluidos 17 en total hasta el lunes.
Entre quienes han desaparecido del sistema localizador hay ocho varones somalíes detenidos en la base militar de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba, según una de sus abogadas, My Khanh Ngo, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Ella indicó que el cambio podría hacer “casi imposible” que las personas impugnen sus expulsiones en algunos casos.
“Si no puedes encontrar a tu cliente, no sabes qué está pasando con tu cliente, no puedes llevar esa información al tribunal para detener su expulsión”, afirmó.
Al menos 25 mil 447 personas fueron deportadas a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026, según datos recopilados por Forbidden Stories junto con un consorcio de periodistas internacionales. Cuartoscuro Foto autor
La gran mayoría -unas 20 mil- fueron enviadas a México, mientras que el resto fue distribuido entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico. Foto: @CBP
Forbidden Stories detalló que 49 de los 54 países de África habían sido contactados para evaluar si aceptarían deportados de terceros países.
Imagen@CBP
El ICE puso en marcha el sistema en línea de localización de detenidos en 2010 para permitir que familiares, abogados y el público busquen a personas bajo custodia. Anteriormente, tenían que llamar a oficinas regionales del ICE o a instalaciones individuales para intentar ubicarlas.
Muchos defensores y legisladores se han quejado de que el sistema se actualiza con demasiada lentitud y contiene demasiada información inexacta o faltante, lo que permite que el ICE oculte las ubicaciones de los detenidos durante días o semanas. Entre otros, no aparecen en el sistema los menores, las personas que han estado bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos por menos de 48 horas, y los detenidos que están siendo trasladados.
Pero la exclusión de los detenidos con órdenes finales de expulsión no tiene un paralelo aparente, dijeron varios abogados de inmigración. Atenas Burrola Estrada, subdirectora de programas del Amica Center for Immigrant Rights, señaló que “todos y cada uno de nuestros clientes que tiene una orden final ha desaparecido del localizador”, incluidos 17 en total hasta el lunes.
Entre quienes han desaparecido del sistema localizador hay ocho varones somalíes detenidos en la base militar de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba, según una de sus abogadas, My Khanh Ngo, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Ella indicó que el cambio podría hacer “casi imposible” que las personas impugnen sus expulsiones en algunos casos.
“Si no puedes encontrar a tu cliente, no sabes qué está pasando con tu cliente, no puedes llevar esa información al tribunal para detener su expulsión”, afirmó.
EU deportó más de 25 mil migrantes a 35 países de los cuales no eran originarios, la mayoría a México
Afp
21 de septiembre de 2026 12:10
Narobi. Estados Unidos deportó a más de 25 mil personas en virtud de acuerdos secretos con 35 países para recibir a migrantes que no tienen vínculos con esas naciones, según una investigación publicada este lunes.
Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025, Estados Unidos firmó acuerdos con países en desarrollo para recibir a migrantes que no pueden ser enviados legalmente de regreso a sus lugares de origen.
La investigación de la entidad sin ánimo de lucro Forbidden Stories reveló que el gobierno destinó 410 millones de dólares para ser entregados directamente a los países receptores o a organismos de la Organización de las Naciones Unidas para facilitar las deportaciones.
Al menos 25 mil 447 personas fueron deportadas a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026, según datos recopilados por Forbidden Stories junto con un consorcio de periodistas internacionales.
La gran mayoría -unas 20 mil- fueron enviadas a México, mientras que el resto fue distribuido entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico. Además se finalizaron acuerdos con otros siete países.
Los acuerdos varían, incluso en cuanto a las nacionalidades de las personas que pueden ser deportadas y si pueden ser aceptadas personas con antecedentes penales.
Limbo legal
Una investigación de la AFP publicada a principios de este año reveló que Washington está utilizando prohibiciones de visas y restricciones contra países africanos para presionarlos a aceptar deportados.
Abogados afirmaron a la AFP que los deportados estaban siendo arrojados a un "limbo legal", retenidos sin cargos en países con los que no tienen vínculos y donde cuentan con pocos derechos, si es que tienen alguno.
Una división poco conocida del Departamento de Estado, la Oficina de Remigración -creada en mayo de 2025-, gestionó la mayoría de las negociaciones y los pagos, según la misma fuente.
La oficina está dirigida por Christian Jove Ehrhardt, un diplomático de 41 años que anteriormente trabajó como oficial de seguridad.
El informe detalla sus visitas a Camerún, país que en diciembre firmó un memorando de entendimiento con EEUU para aceptar deportados. Una semana después, también firmó un programa de asistencia sanitaria de cinco años por un valor de casi 400 millones de dólares.
Al mes siguiente, el Departamento de Estado indicó que proporcionaría otros 30 millones de dólares a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Camerún para "facilitar el retorno voluntario de refugiados y combatir la inmigración ilegal".
El primer avión con deportados llegó a Camerún el 14 de enero.
Pagos y acuerdos
Otros acuerdos incluyen pagos directos a gobiernos. Palau, pequeña nación insular del Pacífico con una población de menos de 18 mil habitantes, firmó en diciembre de 2025 un acuerdo para aceptar hasta 75 ciudadanos de terceros países a cambio de 7.5 millones de dólares. Sin embargo, hasta ahora solo tres personas fueron enviadas en virtud del acuerdo.
En Esuatini, 32 personas llegaron desde julio de 2025, de un total potencial de 160 contemplado en un acuerdo valorado en más de 5 millones de dólares. Según la investigación, el país aceptó deportados con antecedentes penales.
De los 410 millones de dólares previstos para los acuerdos, documentos internos del Departamento de Estado mostraron que 81 millones de dólares estaban destinados a los gobiernos signatarios.
El resto estaba destinado a organizaciones de ayuda, incluidos más de 178 millones de dólares para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU y 123 millones de dólares para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Las agencias enfrentan críticas por su participación, aunque Acnur afirmó a Forbidden Stories no ser parte de los acuerdos bilaterales y que los fondos estadunidenses se utilizaban de acuerdo con su mandato para fortalecer los sistemas de asilo.
Un portavoz de la OIM detalló a Forbidden Stories que las decisiones de la agencia de aceptar fondos se basaban "en una sola pregunta: si nuestra participación mejorará la vida de los migrantes afectados. En estos casos, creemos firmemente que así es".
