Foto Cristina Gómez Lima Foto autor
Jorge Durand
23 de agosto de 2026 00:03
Con el cierre de la frontera sur de Estados Unidos se afectó seriamente la correa de trasmisión, que vinculaba a los migrantes residentes en el otro lado con sus familias y con los potenciales emigrantes que permanecen a la expectativa en sus lugares de origen. No se ha cortado la comunicación, obviamente, pero por eso mismo se ha roto todo un entramado que proporcionaba información de oportunidades, de trabajo, de remesas que financiaban y ponían en marcha procesos migratorios, de posibilidades de alojamiento.
Los migrantes irregulares están aterrorizados: ya no hay tolerancia como sucedió a lo largo de décadas, el ambiente es hostil y persecutorio. Las actividades del ICE están protegidas por un manto de impunidad, incluso en el caso de ciudadanos estadunidenses asesinados por apoyar o defender a la comunidad migrante, como sucedió en Mineápolis. Son decenas de migrantes fallecidos en los centros de reclusión privatizados, donde no pueden ingresar abogados o defensores de los derechos humanos. Los informes de las condiciones de reclusión son terribles, la comida espantosa y tienen que comprar productos en las tiendas a precios exorbitantes.
Si un asesino tiene derecho a un abogado de oficio, no lo tienen los migrantes irregulares recluidos. Sólo los que cuentan con abogados privados pueden tener algún tipo de defensa. Paradójicamente, la frontera, que hace un año y medio estaba hipervigilada, ahora está llena de corralones donde tienen las camionetas estacionadas, al igual que drones, helicópteros y demás parafernalia de control migratorio. En el último año de la administración Biden, la migra capturaba a un promedio de 200 mil personas al mes; ahora, sin mayor vigilancia, a poco más de 10 mil, en una frontera de 3 mil kilómetros.
No obstante, deportar a millones de indocumentados no ha resultado tan fácil, a pesar de medidas extremas como externalizar las deportaciones a terceros países, como la República Centroafricana, que literalmente queda en el medio de África. Son 30 países pobres los que aceptan migrantes de diferentes orígenes, entre ellos Libia, Ruanda, Guinea Ecuatorial, Kosovo y numerosos países latinoamericanos. En algunos casos se acepta bajo presiones, en otros por módicas sumas que quedan en manos de los políticos de marras.
Las noticias de cubanos, hondureños y venezolanos deportados a la República Centroafricana han resultado ser la mejor política disuasiva para que los migrantes de esos y otros países se atrevan a pensar o imaginar que resulta ventajoso emigrar a Estados Unidos. Más aún, se podría decir que un nivel más alto que la disuasión es la política de desgaste (atrittion, en inglés), representada por la facilidad con la que se puede asesinar a migrantes que tratan de huir o defenderse de la policía migratoria (ICE), a la que se suman decenas de migrantes muertos por abuso y negligencia registrados en los centros privados de reclusión. México está entrampado en este proceso al recibir migrantes deportados de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, acuerdo que viene desde la administración anterior y que no ha sido revocado y se justifica por razones humanitarias.
En Australia y otros países se optó por hacer campos de concentración de migrantes en otros países, que se encargan y cobran por la administración. Como la isla y país de Nauru en el Pacífico y anteriormente a la isla Manus, territorio de Nueva Guinea. En este último caso se tuvo que cancelar por considerarlo ilegal, después de una ardua batalla judicial.
En el caso de la civilizada Europa, también se están enfocando en esta línea de externalización de personas sujetas a deportación y solicitantes de asilo. Esto, a pesar del fracasado convenio de Italia con Albania para retener migrantes deportados y solicitantes de asilo, lo que finalmente fue considerado como ilegal.
Aducir el tema de “derechos humanos” en Europa se le considera totalmente superado, por la primacía de derechos del Estado- nación. Es un tema vedado en Naciones Unidas. En 2010, tuve la oportunidad de trabajar como asesor, por parte de México, en el Foro Global de Migración, y allí me informaron que no debía hablar, ni escribir, sobre “derechos humanos de los migrantes”; en todo caso, había que utilizar una serie de eufemismos aprobados por la ONU.
Deportar al mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, convicto por asesinato, a una cárcel de Sudan del Sur no se justifica; por más horroroso que haya sido su crimen, tiene derecho a purgar su condena en Estados Unidos o en México, de acuerdo con los criterios de la justicia internacional, algo cada vez más pisoteado en los últimos años. Todo esto contribuye a considerar que el llamado sueño americano se ha convertido en la pesadilla americana para los migrantes y los solicitantes de refugio.
Jorge Durand
23 de agosto de 2026 00:03
Con el cierre de la frontera sur de Estados Unidos se afectó seriamente la correa de trasmisión, que vinculaba a los migrantes residentes en el otro lado con sus familias y con los potenciales emigrantes que permanecen a la expectativa en sus lugares de origen. No se ha cortado la comunicación, obviamente, pero por eso mismo se ha roto todo un entramado que proporcionaba información de oportunidades, de trabajo, de remesas que financiaban y ponían en marcha procesos migratorios, de posibilidades de alojamiento.
Los migrantes irregulares están aterrorizados: ya no hay tolerancia como sucedió a lo largo de décadas, el ambiente es hostil y persecutorio. Las actividades del ICE están protegidas por un manto de impunidad, incluso en el caso de ciudadanos estadunidenses asesinados por apoyar o defender a la comunidad migrante, como sucedió en Mineápolis. Son decenas de migrantes fallecidos en los centros de reclusión privatizados, donde no pueden ingresar abogados o defensores de los derechos humanos. Los informes de las condiciones de reclusión son terribles, la comida espantosa y tienen que comprar productos en las tiendas a precios exorbitantes.
Si un asesino tiene derecho a un abogado de oficio, no lo tienen los migrantes irregulares recluidos. Sólo los que cuentan con abogados privados pueden tener algún tipo de defensa. Paradójicamente, la frontera, que hace un año y medio estaba hipervigilada, ahora está llena de corralones donde tienen las camionetas estacionadas, al igual que drones, helicópteros y demás parafernalia de control migratorio. En el último año de la administración Biden, la migra capturaba a un promedio de 200 mil personas al mes; ahora, sin mayor vigilancia, a poco más de 10 mil, en una frontera de 3 mil kilómetros.
No obstante, deportar a millones de indocumentados no ha resultado tan fácil, a pesar de medidas extremas como externalizar las deportaciones a terceros países, como la República Centroafricana, que literalmente queda en el medio de África. Son 30 países pobres los que aceptan migrantes de diferentes orígenes, entre ellos Libia, Ruanda, Guinea Ecuatorial, Kosovo y numerosos países latinoamericanos. En algunos casos se acepta bajo presiones, en otros por módicas sumas que quedan en manos de los políticos de marras.
Las noticias de cubanos, hondureños y venezolanos deportados a la República Centroafricana han resultado ser la mejor política disuasiva para que los migrantes de esos y otros países se atrevan a pensar o imaginar que resulta ventajoso emigrar a Estados Unidos. Más aún, se podría decir que un nivel más alto que la disuasión es la política de desgaste (atrittion, en inglés), representada por la facilidad con la que se puede asesinar a migrantes que tratan de huir o defenderse de la policía migratoria (ICE), a la que se suman decenas de migrantes muertos por abuso y negligencia registrados en los centros privados de reclusión. México está entrampado en este proceso al recibir migrantes deportados de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, acuerdo que viene desde la administración anterior y que no ha sido revocado y se justifica por razones humanitarias.
En Australia y otros países se optó por hacer campos de concentración de migrantes en otros países, que se encargan y cobran por la administración. Como la isla y país de Nauru en el Pacífico y anteriormente a la isla Manus, territorio de Nueva Guinea. En este último caso se tuvo que cancelar por considerarlo ilegal, después de una ardua batalla judicial.
En el caso de la civilizada Europa, también se están enfocando en esta línea de externalización de personas sujetas a deportación y solicitantes de asilo. Esto, a pesar del fracasado convenio de Italia con Albania para retener migrantes deportados y solicitantes de asilo, lo que finalmente fue considerado como ilegal.
Aducir el tema de “derechos humanos” en Europa se le considera totalmente superado, por la primacía de derechos del Estado- nación. Es un tema vedado en Naciones Unidas. En 2010, tuve la oportunidad de trabajar como asesor, por parte de México, en el Foro Global de Migración, y allí me informaron que no debía hablar, ni escribir, sobre “derechos humanos de los migrantes”; en todo caso, había que utilizar una serie de eufemismos aprobados por la ONU.
Deportar al mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, convicto por asesinato, a una cárcel de Sudan del Sur no se justifica; por más horroroso que haya sido su crimen, tiene derecho a purgar su condena en Estados Unidos o en México, de acuerdo con los criterios de la justicia internacional, algo cada vez más pisoteado en los últimos años. Todo esto contribuye a considerar que el llamado sueño americano se ha convertido en la pesadilla americana para los migrantes y los solicitantes de refugio.
Murió migrante y otros 80 fueron detenidos; su destino, islas Canarias
Europa Press
Periódico La Jornada Domingo 23 de agosto de 2026, p. 18
Madrid. Al menos una persona murió y 80 más fueron detenidas por las fuerzas de seguridad marroquíes tras dos intentos de llegar por mar a las islas Canarias desde Fum el Ued, a las afueras de la capital de Sahara Occidental, territorio bajo control marroquí, informaron autoridades. Los indocumentados partieron en dos embarcaciones desde la costa africana, pero fueron interceptados por las autoridades marroquíes a primera hora del viernes, según fuentes citadas por el portal de noticias marroquí Hespress.
En tanto, 13 ciudadanos de Túnez continúan desaparecidos luego del naufragio de una embarcación con migrantes que intentaban llegar a Italia, indicó el centro de vigilancia marítima de Zarzis. El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, solicitó a España la repatriación a territorio marroquí tanto de los migrantes sobrevivientes como de los cuerpos de los ahogados durante su intento del cruce del paso del Tarajal hacia la ciudad autónoma de Ceuta el pasado 30 de julio. “Hemos pedido los cuerpos. No nos han dado los cuerpos, así que seguimos hablando de los cuerpos”, denunció. En cambio, los cadáveres comenzaron a ser enterrados en Ceuta este fin de semana.
Anula jueza de EU suspensión de visas impuesta a 75 países
Ap y Afp
Periódico La Jornada Domingo 23 de agosto de 2026, p. 18
Washington. La jueza federal estadunidense Jeannette Vargas anuló ayer la suspensión de los trámites de visa para la residencia permanente en Estados Unidos impuesta en enero a 75 países.
Vargas, de Nueva York, dictaminó que la política era “contraria a la ley” de Inmigración y Nacionalidad, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, se extralimitó en sus funciones al ordenar “la denegación de visas a solicitantes elegibles sin fundamento legal alguno”.
La magistrada sostuvo también que las acciones iban en contra del requisito del Congreso que sitúa a los funcionarios consulares al frente de cualquier decisión sobre visados.
Cuando entró en vigencia la medida, el 21 de enero, el Departamento de Estado instruyó a los funcionarios consulares para que detuvieran las solicitudes de visa de inmigrantes de 75 países, entre ellos Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.
La política obedecía a una orden más amplia del presidente Donald Trump para endurecer las normas relativas a los posibles inmigrantes que podrían convertirse en “cargas públicas”.
La medida fue impugnada por dos organizaciones sin fines de lucro y 11 personas, seis de ellas cuyos familiares habían visto denegadas sus visas. Las cinco restantes se encuentran fuera del país y habían presentado solicitudes de visa basadas en el empleo para ingresar a Estados Unidos
Mexicanos, principales blancos de la revocación de ciudadanía de Trump
Arturo Sánchez Jiménez
Periódico La Jornada Domingo 23 de agosto de 2026, p. 7
Ciudadanos mexicanos figuran de manera reiterada entre las personas naturalizadas a quienes el gobierno de Estados Unidos busca revocar la ciudadanía, en el marco de su ofensiva legal que en los primeros siete meses de 2026 acumula ya 105 demandas de “desnaturalización”, una cifra cercana al total registrado durante los 18 años previos, según un reporte del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, organización no partidista de análisis de datos judiciales.
De acuerdo con el documento, entre 2008 y 2025, las autoridades estadunidenses habían presentado 125 demandas de desnaturalización en tribunales federales. En apenas siete meses de este año, la administración Trump ha presentado 105, un ritmo sin precedente en cerca de dos décadas.
Sólo julio concentró 50 casos, la cifra mensual más alta documentada por TRAC, con querellas presentadas en 23 estados, siete de los cuales no habían registrado ningún caso de este tipo desde 2008. En un reporte anterior, TRAC había señalado que el Departamento de Justicia (DOJ) proyectaba superar las 250 demandas para el cierre del año fiscal el 30 de septiembre próximo, lo que situaría el acumulado de este año por encima de casi dos décadas de casos previos.
Entre los expedientes que el propio DOJ ha hecho públicos, los ciudadanos mexicanos aparecen con frecuencia. En un comunicado del 20 de julio, la dependencia detalló 10 demandas de desnaturalización por delitos que incluyen abuso sexual infantil, fraude y narcotráfico; seis de esas 10 personas identificadas nacieron en México: Ceflo Luviano-Mojica, acusado de ocultar arrestos previos; Urbano Vázquez Ortega, ex sacerdote condenado por abuso sexual de menores en Washington; Antonio Alcántara-Ruiz, acusado de usar documentos de identidad falsos; Omar Cantú-Montalvo, sentenciado por conspiración para distribuir cocaína; Francisco Montaño, condenado por abuso sexual infantil, y Martín García Cardiel, condenado por abuso sexual agravado de menores.
En un segundo comunicado, del 3 de agosto, el DOJ anunció 25 demandas adicionales contra personas originarias de 18 países, entre ellos México. La Jornada había documentado previamente, en un reporte del 21 de junio basado en un informe anterior de TRAC, los casos de otros dos connacionales: María Lourdes Montoya, acusada de haber asumido una identidad ajena para naturalizarse, y Armando Mendoza, condenado por posesión de material de explotación sexual infantil.
TRAC advierte, sin embargo, que estos comunicados no reflejan el universo completo de las demandas.
De las 50 presentadas en julio, el DOJ sólo detalló 29 en sus boletines oficiales, mientras el resto permanece sin identificar públicamente, en parte porque las cortes federales restringen el acceso a estos expedientes bajo el argumento de proteger la privacidad de los acusados.
