Muchas de las parejas palestinas que congelaron embriones de sus futuros hijos en el centro de fertilidad Al Bashma habían empeñado joyas y objetos familiares para pagar por el procedimiento. Luego, comenzó la ocupación israelí de lo que les quedaba: una pequeña franja en la orilla del mar.
Cuando el proceso de genocidio comienza, uno de los principales blancos es la descendencia, que arraiga el pasado con el futuro. Un genocidio no es un evento, sino todo un proceso de exterminio que incluye romper con la continuidad en el tiempo. Desde octubre de 2023, los militares israelíes cercaron las calles que comunicaban a este centro de salud reproductiva que cobijaba a la mayoría de los embriones congelados de Gaza. Luego, le cortaron la luz a los demás centros donde aguardaban los embriones para ser implantados en las mujeres.
Al final, en diciembre de 2023, simplemente bombardearon el centro de fertilidad Al Bashma. Exterminaron 5 mil posibles palestinos con una bomba que dio exactamente en el laboratorio de embriología volando los tanques con nitrógeno líquido. “Eran los sueños de muchas parejas, que esperaron durante años, que sufrieron procedimientos dolorosos, y que prendieron con alfileres sus esperanzas a esos tanques que finalmente explotaron”, declaró a la BBC el director del centro Al Basma, el doctor Baha Ghalayini.
Durante los siguientes meses, nueve de los diez centros de fertilidad en Gaza fueron bombardeados. Israel mantuvo su dicho: albergaban terroristas. Al menos 545 mil mujeres quedaron sin atención a sus embarazos o partos por la destrucción de los hospitales palestinos. La tasa de natalidad bajó 41 por ciento en 2025, comparada con los tres años anteriores. No fue sólo por la guerra, sino porque el bloqueo de comida y medicamentos trajo una cifra altísima de abortos espontáneos producto de la desnutrición y falta de atención prenatal, porque 94 por ciento de los hospitales en Gaza han sido destruidos por los bombardeos de Israel: en el último semestre de 2025 fueron mil 197 abortos gestacionales, pero en el primero de este año alcanzaron 3 mil 950. Son datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, todavía no completados por el bloqueo de la comunicación con el país ocupado. Han muerto 20 mil 400 niños y niñas, 44 mil han quedado mutilados y 58 mil han perdido a sus padres.
En 1994, los hutus de Ruanda formaron batallones de violación sexual y para esparcir el VIH entre las mujeres tutsis. Fueron violadas 250 mil mujeres y 65 por ciento de ellas fueron contagiadas. A sus hijos se les llama “los niños del mal recuerdo” y presentan alteraciones genéticas por el estrés que sufrieron sus madres. Son hijos de asesinos y viven ahora –son cerca de 20 mil– marginados de la Ruanda del postgenocidio. Los hutus consideraron blancos militares a las mujeres embarazadas y a los niños y niñas. Los batallones llamados “los que matan juntos” fueron los encargados de ese genocidio que ocurrió en las carreteras, los sótanos, y los hospitales. Cerca de 44 por ciento de los cuerpos recuperados en fosas comunes eran de niños y niñas. La Radio Televisión Libre Des mille Collines les daba las direcciones de las mujeres embarazadas, y de niñas y niños escondidos de sus agresores. Eran delatados en vivo y, luego, ejecutados con machetes.
La etnia tutsi había sido inventada por los colonialistas belgas con base en la estatura y la forma de la nariz. Cuando esto no era posible como diferenciador, la división se hacía por el número de vacas que poseían: más de 10 debían de ser tutsis, que los belgas consideraban la raza “superior”. Con esa división implementaron de 1931 a 1933 los primeros documentos de identidad con la etnia hutu o tutsi registrada en distintos colores, lo que eliminó los matrimonios mixtos e hizo a los hijos herederos de esa clasificación arbitraria. Para la mirada colonial belga, los hutus siempre fueron inferiores porque sólo eran agricultores pobres, mientras que los tutsis eran los ganaderos, que no es que fueran ricos, pero sí con mayores ingresos que sus contrapartes. Así, la lucha de clases la enmarcó la Corona de Bélgica en una división entre “razas” creada por la supremacía blanca de siempre.
En los mismos años en que los belgas invasores inventaron los carnets de etnicidad en el Congo, los nazis en Alemania instauraron la Ley de Restauración de la Función Pública (1933) que impedía que los no-arios formaran parte del Estado, de las escuelas, o que pudieran ser ciudadanos. Los embriones de las parejas judías eran considerados por los nazis como “amenazas biológicas” que contaminaban el legado genético ario. Cuando las mujeres visiblemente embarazadas llegaban a los campos de exterminio, se les mandaba ejecutar bajo el lema: “no apta para el trabajo”. Si una mujer llegaba con un bebé de brazos se les enviaba a ambos a las cámaras de gas, inmediatamente. Embarazarse era una sentencia de muerte o, peor, si caían en manos de Josef Mengele o de Carl Clauberg, quienes realizaban experimentos de desnutrición y analizaban los fetos sin anestesia de ningún tipo.
La historia del genocidio se muerde la cola en Israel. No tiene caso, como pretende ahora la revista Nexos, considerar siquiera debatir un asunto que es real, material, y una verdad establecida por organismos de derechos humanos, intelectuales del mundo –entre ellos, muchos judíos– y una demanda de 60 países –entre ellos, México– en la Corte Internacional.
Con las imágenes en tiempo real en los teléfonos inteligentes, Gaza es un Auschwitz en directo. Ese genocidio es una verdad, no es una opinión. Como también es real que el genocidio es la parte actuante de todo supremacismo blanco. Incluso en el caso de Ruanda, se trata de una herencia rastreable al continente de los derechos humanos, sólo para algunos humanos: Europa Occidental. Como los hutus, los sionistas se cobijan en la justificación de las atrocidades que los judíos han pagado para cometer la misma atrocidad años después: hasta los embriones de una “raza” son una amenaza terrorista. Pero judíos como David Grossman, Judith Butler, Omer Bartov, Raz Segal, y Samuel Lederman, un experto en el Holocausto, han asegurado que es genocidio lo que Israel comete en Gaza. Pero se trata del supremacismo blanco que llamamos “racismo” y que es un sistema de poder. Represalias masivas e indiscriminadas contra poblaciones que deben de ser extinguidas por la fuerza y el terror porque no se concibe la propia existencia con ellos al lado. Y esa es su verdad.
La “derecha radical” y el neomacartismo trumpista
Maciek Wisniewski
08 de agosto de 2026 00:02
En la literatura académica sobre la extrema derecha la definición precisa del término sigue siendo un objeto del debate y sus estudios están plagados de las mismas dificultades que los estudios del fascismo: la ausencia de una definición consensuada del fenómeno y falta del consenso definitorio sobre su anatomía. Igual que respecto al fascismo, los estudiosos a menudo no pueden ponerse de acuerdo sobre los conceptos básicos, enfatizando ciertas características e ignorando otras, aunque el nacionalismo, el racismo, la xenofobia o la hostilidad hacia la democracia parlamentaria suelen aparecer como conceptos centrales.
Ni siquiera existe un consenso acerca del término que usar con diferentes autores hablando de la derecha “extrema”, “radical” o “ultra” o usando estos términos de modo intercambiable y abogando, o no, a distinguir entre la extrema derecha más tradicional y sus mutaciones más recientes. Uno de los viejos contribuidores a este debate, trabajando el tema desde los años 50 hasta principios de los años 2000, era Daniel Bell (1919-2011), uno de los sociólogos e intelectuales públicos más influyentes de Estados Unidos (EU) que se empeñó a ofrecer una radiografía de lo que él tildaba como la “derecha radical” (radical right) estadunidense que congregaba históricamente una constelación de grupos de presión, redes ideológicas y movimientos de masas delimitados –según él y según algunos de sus colaboradores como Richard Hofstadter, Seymour Martin Lipset o David Plotke– no tanto por siglas de partidos, sino por un perfil sociológico, sicológico y económico muy específico.
Las dos características fundamentales de esta derecha eran, según Bell, su excesiva valoración de la “amenaza comunista” –nacional e internacional− y su falta de realismo en el rechazo a las reformas del New Deal (véase: The Radical Right, 2001, pp. 606). Si bien esta derecha radical no abarcaba al Partido Republicano (GOP) como tal, pero sí describía una facción radicalizada, insurgente y extremista que operaba dentro y a los márgenes de él y que se sentía frustrada sobre todo cuando el GOP estaba fuera del poder o cuando este estaba dominado por el establishment moderado. La facción, o facciones, que finalmente por medio de un largo proceso de divisiones y rupturas y, aprovechando el vacío organizativo, en colaboración con las élites empresariales –tal como lo demuestra magistralmente en su estudio reciente Paul Heideman (t.ly/ NXqa8)– radicalizaron y transformaron, coincidiendo también con el proceso general del ocaso de la participación y el “vaciamiento” de los partidos, la GOP, dando a luz a Donald Trump (véase: Rogue Elephant: How Republicans Went from the Party of Business to the Party of Chaos, 2025, pp. 320).
Mientras las políticas económicas de estos grupos nunca eran particularmente originales –además Bell proponía ver su auge más como una respuesta a la dislocación social y a la ansiedad por el estatus, no simplemente como fruto del conflicto económico–, su primer rasgo, una búsqueda obsesiva, dogmática, paranoica y conspirativa de los “enemigos comunistas de la nación” y/o los “intelectuales cosmopolitas que trabajaban contra ella” y que llegó a su cenit con la “caza de brujas” del senador Joseph McCarthy en los años 50 −siendo el “macartismo” en su momento un verdadero movimiento de masas− era muy propio de la derecha radical en EU en todas sus diferentes iteraciones.
El hecho que el régimen de Trump −ante la creciente oposición a sus políticas internas y externas− esté entrando justamente a un poco más de un año y medio de haber tomado por segunda vez el poder abiertamente en su fase “neomacartista” de una frenética fabricación y persecución de “enemigos”: “socialistas”, “comunistas”, periodistas, intelectuales etcétera, es una buena ocasión para recentrar el análisis y reinsertar propiamente al trumpismo −muchas veces incomprendido y analizado mediante los códigos dramáticos y políticamente y mediáticamente más atractivos como por ejemplo el “fascismo”− en su genealogía correcta de la derecha radical estadunidense descrita por Bell. El link orgánico de Trump con el macartismo no puede ser más obvio y directo: Roy Cohn (1927-1986), el asesor jurídico principal que McCarthy contrató para su Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes y de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado –y que ayudó a mandar a Julius y Ethel Rosenberg a la silla eléctrica–, y que fue abogado, “fixer” y mentor bajo el cual el joven presidente se formó en Nueva York en los años 70.
Fue él quien le enseñó –como bien demuestran los biógrafos de Cohn (t.ly/ hv8SJ)– que “los hechos siempre podían ser ahogados por contraargumentos estridentes”, “los fuegos artificiales de la publicidad eran más importantes que la ley”, y que “siempre se debía evitar dejar un rastro en papel”, las técnicas de negocios y de poder que provienen directamente del mundo inmobiliario neoyorkino y no por ejemplo de la historia del fascismo. Y que siempre eran bañadas en el anticomunismo de corte macartista −y no fascista centroeuropea de entreguerras−, la única, por más rudimentaria que sea, educación política y noción del discurso público que Trump, gracias a Cohn, jamás haya absorbido.
Si bien la perspectiva de Heideman es en sí misma un correctivo a la de Bell, que veía en la radicalización de la derecha estadunidense “un brote sicopatológico” que dependía de los ciclos políticos y cambios modernos −mientras se trataba de una transformación institucional más profunda y el futuro de la política en EU−, leídos en conjunto ambas permiten historizar propiamente al trumpismo y evitar los frecuentes hoy en día culs-de-sac en el campo del estudio de las derechas.
¿Seguiremos creyendo en lo que vemos?
Fernando Buen Abad Domínguez*
08 de agosto de 2026 00:04
¿Ver para creer? Durante siglos, la imagen fue una forma privilegiada de testimonio. Ver significaba, en gran medida, creer. La fotografía llegó a la cultura moderna con la promesa de una huella: algo había ocurrido frente al lente y esa evidencia quedaba fijada en una superficie. La imagen no era la realidad, pero mantenía con ella una relación de proximidad que le otorgaba autoridad. Hoy esa relación se encuentra bajo una tensión inédita: las máquinas pueden producir rostros que nunca existieron, escenas que jamás ocurrieron y voces capaces de imitar con precisión la presencia humana. La inteligencia artificial no ha destruido la imagen; ha modificado el contrato de confianza que manteníamos con ella.
Una imagen, hoy, ya no es necesariamente el recuerdo de un instante es la posibilidad de un instante que nunca ocurrió. Durante mucho tiempo confiamos en que toda fotografía guardaba, como una cifra secreta, la presencia de algo que había sido; ahora sabemos que una máquina puede inventar una calle, un rostro o una escena con la misma serenidad con que un escritor inventa un personaje. La diferencia es que la ficción literaria siempre declaró su condición de ficción, mientras la imagen que algunos trafican se agazapa en el antiguo prestigio de la evidencia. El peligro no está en que las imágenes mientan, porque las imágenes siempre han mentido de algún modo, el peligro está en que olvidemos preguntar qué mano, qué algoritmo o qué interés las puso delante de nuestros ojos. La imagen del presente se parece a un espejo que ya no “refleja” solamente el mundo, “refleja” también la inmensa capacidad humana de remplazarlo y desfigurarlo.
Y el problema central no es solamente tecnológico, es semiótico. Los signos siempre han dependido de acuerdos sociales para producir sentido. Una bandera representa una nación porque una comunidad reconoce ese vínculo; una firma acredita una identidad porque existe una institución que la valida. La imagen fotográfica funcionó durante mucho tiempo como un signo asociado a la idea de prueba. Cartier-Bresson hablaba del “instante decisivo”, ese breve encuentro entre la realidad y la mirada capaz de revelarla. Hoy la inteligencia artificial introduce una paradoja: puede crear la imagen perfecta de un instante que jamás sucedió, y nos obliga a preguntar si seguimos mirando el mundo o solamente sus simulacros.
Pero cuando una imagen puede nacer sin referente, cuando puede ser fabricada a partir de instrucciones escritas y no de un acontecimiento, aparece una nueva condición cultural: la imagen deja de ser necesariamente una ventana hacia un hecho y se convierte en un territorio de disputa. La inteligencia artificial introduce una fractura entre apariencia y origen. Una imagen puede conservar todos los rasgos visibles de la verdad y, sin embargo, carecer de acontecimiento detrás de ella. La superficie permanece intacta; lo que cambia es la genealogía del signo. Ya no basta preguntar “¿qué muestra esta imagen?”, hay que preguntar también “¿quién la produjo?, ¿con qué intención?, ¿dentro de qué circuito de circulación?”. La pregunta semiótica contemporánea no está únicamente en el significado del mensaje, está en las condiciones industriales en disputa, económicas y políticas que permiten que ese mensaje exista.
Aquí aparece una dimensión cercana a nuestra mayor debilidad política más empantanada: los sistemas de comunicación nunca son neutrales, porque están organizados por estructuras de poder, intereses económicos y formas de distribución. La inteligencia artificial debe comprenderse dentro de esa historia de la mercantilización de la información. De las guerras cognitivas. Las imágenes no circulan en un vacío cultural; forman parte de un ecosistema donde la atención humana se ha convertido en un recurso disputado. La imagen vale no sólo por lo que representa, vale por su capacidad de atraer miradas, generar reacciones y alimentar emociones.
Ya la antigua mercancía era un objeto que ocultaba las relaciones sociales de su producción. La nueva mercancía digital puede ser también una representación: una imagen, una identidad, una emoción fabricada para circular. En este escenario, la lógica mercantil penetra la esfera de lo visible. No solamente compramos productos; compramos narrativas, estilos de vida y versiones posibles del mundo. La inteligencia artificial acelera esta transformación porque permite producir signos a una velocidad y escala desconocidas.
La crisis de la verdad visual no significa que todas las imágenes sean falsas ni que la realidad haya desaparecido detrás de las pantallas. Significa algo más preciso: hemos perdido la antigua inocencia frente a la imagen. La mirada contemporánea debe incorporar una nueva alfabetización crítica. Así como aprendimos a leer textos reconociendo sus autores, sus intereses y sus contextos, ahora debemos aprender a leer imágenes considerando sus tecnologías de producción, sus circuitos de circulación y sus efectos sociales. El desafío democrático es profundo. Una sociedad que no puede distinguir entre registro y simulación queda expuesta a nuevas formas de manipulación. Una imagen falsa de un acontecimiento político, una declaración inventada de una figura pública o una escena fabricada de una crisis social pueden intervenir en la percepción colectiva antes de que la verificación alcance a corregirlas. La velocidad de producción del signo supera la velocidad de su comprobación.
Pero la solución no consiste en desconfiar de toda imagen, porque una cultura sin imágenes sería también una cultura sin memoria, sin denuncia y sin imaginación compartida. El desafío consiste en recuperar una relación más madura con los signos. La imagen del futuro no será menos importante; será más compleja. Tendremos que aprender a observar no sólo lo que aparece frente a nosotros, observar también las fuerzas que hicieron posible esa aparición.
La inteligencia artificial nos obliga a comprender que la verdad visual nunca fue simplemente una propiedad de las imágenes: fue una construcción social sostenida por instituciones, prácticas y acuerdos colectivos. En la nueva era digital, la pregunta decisiva no será únicamente qué vemos, será qué medios, modos y relaciones de producción de sentido y signos organiza aquello que podemos ver. Porque quien controla la fabricación y circulación de las imágenes no controla solamente representaciones: participa en la construcción misma de la realidad compartida. Quizá la pregunta decisiva sea la misma que formuló Susan Sontag: “Las fotografías no parecen tanto afirmaciones sobre el mundo como fragmentos de él, miniaturas de realidad”. Pero ahora debemos añadir una duda ¿qué haremos cuando una máquina puede fabricar esos fragmentos?, ¿Qué queda de la realidad que creíamos reconocer en ellos? ¿Cómo reconocerla?
*Doctor en filosofía
La IA alucina, pero no imagina
Beñat Zaldua
08 de agosto de 2026 00:03
Hace un año, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, recibió contundentes críticas tras reconocer que utilizaba “con bastante frecuencia” herramientas de inteligencia artificial (IA) a la hora de tomar decisiones. Las principales críticas, al margen de la publicidad gratuita ofrecida a algunas plataformas, fueron dos. La primera tenía que ver con la seguridad. ¿Qué clase de información estaba compartiendo el dirigente conservador con una empresa privada como ChatGPT? En la medida en que la IA aprende con nuestras propias preguntas, ¿incorporaría la información de Kristersson en respuestas futuras a otros usuarios? La segunda tenía que ver con los errores y los sesgos asociados a la inteligencia artificial. No es una máquina neutral ni infalible, hay aspectos en los que falla más que una escopeta de feria, por lo que supeditar decisiones gubernamentales a sus respuestas tiene sus peligros.
En agosto de 2025 ignoré consciente y activamente la polémica. En parte por una pereza innata hacia todo lo que tiene que ver con la IA, y en parte porque las críticas no me parecieron excesivamente trabajadas. Si EU tuvo pinchado durante años el teléfono de la canciller alemana Angela Merkel, y el rey de Marruecos tuvo acceso, como parece, al del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no creo que las consultas que un mandatario haga a la IA constituyan semejante peligro. Y sobre los errores de la inteligencia artificial, el trabajo del gobernante es, a menudo, decidir entre diferentes opciones presentadas por sus colaboradores. Con consulta a la IA o sin ella, la decisión seguía siendo humana, pensé.
Así, de entrada, no me gusta la inteligencia artificial. La uso en el trabajo, como si de un buscador avanzado se tratara, pero le sigo pidiendo las cosas “por favor”, lo cual a estas alturas creo que es más signo de estupidez que de educación. Se me cae el alma a los pies cada vez que me toca editar un artículo manifiestamente creado con IA; son textos-barbie, perfectos por fuera, huecos por dentro. Con lo bonito y útil que es el error. Sé que ha venido para quedarse y que va a cambiar muchas cosas, algunas de ellas para bien. Hacerle frente con las armas del ludismo me parece la mejor forma de comprar billetes para el fracaso, pero echo de menos críticas constructivas y comprensibles a la irrupción de la IA. Entre el optimismo ciego y la crítica a cualquier precio debería haber algún punto medio. Un poco de finura entre tanta brocha gorda.
La he encontrado, en el ámbito de las políticas públicas, en un artículo académico publicado este mes de julio en la Revista Española de Ciencia Política. Se llama ‘‘La irrupción de la inteligencia artificial en la decisión pública’’ y está firmado por el catedrático y ex ministro de Universidades Joan Subirats, por Marta Cruells y por Jaume Blasco.
En el texto, los autores consideran que la entrada de sistemas avanzados de IA en ámbitos gubernamentales y administrativos está empezando a reorganizar “la naturaleza misma de la decisión pública”, y no en la mejor de las direcciones, ya que puede comprometer la legitimidad democrática de un sistema y los derechos de la ciudadanía. ¿Cómo? Básicamente de dos maneras. Por un lado, afectando a la evidencia científica que sirve para tomar decisiones políticas, reforzando la engañosa idea tecnocrática de un gobierno de expertos –¿qué sería entonces de la política que tanto nos entretiene?–. Por otro, asumiendo el papel de decisor en una administración, por ejemplo a la hora de adjudicar ayudas o pensiones, un ámbito en el que el diseño –opaco y con sesgos– de la IA condiciona el resultado, sin que los afectados puedan acudir a alguna ventanilla a protestar. “La discrecionalidad no desaparece con la automatización, sino que migra, a menudo, fuera del alcance de los mecanismos de control democrático”, dicen en el artículo.
“La doble presencia de la IA, como productor de conocimiento y como apoyo o sustituto del decisor, multiplica las preguntas democráticas sobre legitimidad y responsabilidad”, añaden los autores, que no obstante reconocen que “la IA ofrece también oportunidades reales para mejorar la decisión pública”. Pero subrayan que su incorporación a una administración “requiere garantías sustantivamente más robustas que las disponibles hoy”.
El artículo es de acceso libre para todo aquel que quiera algo de finura en la crítica a la IA. A mí me ha servido para ordenar ideas y confirmar académicamente algunas prevenciones hacia estos algoritmos predictivos. El principal tiene que ver quizá con nuestra capacidad de innovar políticamente, de imaginar y disputar futuros mejores. Helga Nowotny ha estudiado esto. La IA aprende del pasado, por lo que a la hora de tomar decisiones, siempre parte de los patrones que han dado forma al presente, cayendo en una forma de determinismo políticamente nefasto. Nos interesa la política exactamente para lo contrario. La IA, por lo tanto, tiene respuestas viejas para preguntas nuevas, cuando a veces, lo que necesitamos son respuestas nuevas a preguntas viejas.
