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Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz
10 de julio de 2026 09:10
Ciudad de México. En respuesta a las expresiones de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, de buscar la reanudación de relaciones diplomáticas con México, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum sostuvo que México tiene esa la misma intención con esa nación andina. Precisó que en su momento fue Perú el que decidió romper relaciones (en el contexto del asilo diplomático otorgado a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez).
En su conferencia, dijo que dio instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco a fin de que estableciera contactos con el equipo de Fujimori para la reanudación de relaciones diplomáticas, a partir de estas expresiones.
Sheinbaum recordó que a partir de que el presidente Pedro Castillo fue depuesto en 2022, ese país ha tenido tres mandatarios. Refirió que un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas concluyó que la remoción de Castillo fue arbitraria y pidió liberarlo.
A pregunta expresa, la mandataria dijo que respalda esa posición pues, incluso desde que fue removido México expresó su postura de que había sido depuesto sin cumplir los requerimientos legales , pues no alcanzó los votos necesarios en el Congreso para hacerlo.
de la redacción
10 de julio de 2026 11:42
Ciudad de México. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el ex presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido de manera “arbitraria” tras el intento de disolver el congreso el 7 de diciembre de 2022 y recomendó al Estado peruano disponer su libertad inmediata, otorgarle una reparación e investigar las irregularidades detectadas durante el proceso, reportó El País.
El documento, de 19 páginas, sostiene que la privación de libertad de Castillo careció de base legal y que durante el proceso no se respetaron garantías fundamentales del debido proceso y señaló que el Estado peruano presuntamente vulneró los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aunque las conclusiones no tienen carácter vinculante.
“El Grupo de Trabajo pide al gobierno del Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del señor Castillo sin dilación”, señala el trabajo. Y va más allá: considera que “el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”, se lee en el texto.
Los especialistas independientes argumentaron que un presidente en ejercicio no podía ser detenido antes de que el Congreso levantara el antejuicio político, trámite que se completó cinco días después. También cuestionaron que la orden de detención fue emitida por el Ministerio Público, al considerar que esa institución no constituye una autoridad judicial independiente.
El informe añade que Castillo no fue notificado oportunamente para ejercer su defensa antes de la vacancia por incapacidad moral permanente y que, durante la audiencia de prisión preventiva del 15 de diciembre de 2022, terminó representado por un defensor público designado sin su consentimiento y sin tiempo suficiente para revisar el expediente. El documento fue revelado por el portal de investigación El Foco.
Este año, alza de 35% en deportaciones; van 75 mil 750 paisanos devueltos de EU en 5 meses: Segob
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Néstor Jiménez
10 de julio de 2026 07:33
En los primeros cinco meses de 2026 han sido deportados desde Estados Unidos a México 75 mil 750 connacionales, lo que representa 35 por ciento de incremento respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la actualización más reciente de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación sobre las “devoluciones” de personas desde el país vecino.
El principal aumento se reportó en mayo pasado, cuando fueron deportados poco más de 18 mil paisanos”, en contraste con los más de 13 mil 800 del mismo mes de 2025.
En 2026 fueron retornadas por las autoridades migratorias estadunidenses 14 mil 690 personas en enero; 14 mil 143 en febrero y 14 mil 936 en marzo.
En abril hubo una reducción con 13 mil 936; en mayo se registró un aumento a 18 mil nueve connacionales deportados, que es el más reciente mes del informe.
También cambió el principal lugar de repatriación. En los primeros cuatro meses fueron expulsados principalmente por tierra a puntos fronterizos de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila y Tamaulipas; en mayo los principales puntos de retorno fueron vía aérea a Chiapas en primer lugar, seguido de Villahermosa, Tabasco, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
De los más de 18 mil paisanos deportados, 15 mil 771 fueron hombres adultos y mil 547 fueron mujeres adultas. A la par, 691 fueron niñas, niños o adolescentes, en su mayoría varones.
La mayoría de las personas deportadas en los primeros cinco meses de 2026 son originarias de Chiapas (mil 740), seguida de Guanajuato (mil 423), Veracruz (mil 391), Guerrero (mil 383), Oaxaca (mil 240) y Michoacán (mil 155).
En contraste, con las estadísticas de retornos desde Estados Unidos, la cifra de devoluciones de mexicanos desde Canadá reportó su nivel más bajo desde el año 2020.
En el periodo enero-mayo del presente año se reportó el retorno de sólo cuatro personas, mientras que en 2025 fueron 458 en el mismo lapso y 903 en los mismos meses de 2024.
La voraz inteligencia artificial
Silvia Ribeiro
El desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) usa más energía que casi todos los países del mundo, lo cual se traduce en un impacto devastador en el uso de agua, de suelo y en emisión de dióxido de carbono y otros gases que causan el caos climático. En 2025, el consumo de electricidad de la industria de la inteligencia artificial fue de 448 teravatios, lo cual supera en cerca de 1.3 veces al consumo de electricidad de todo México, triplica el de Argentina y es 40 veces la demanda eléctrica de Uruguay o Costa Rica.
Aún más preocupante: un reciente informe de Naciones Unidas estimó que para 2030 se duplicará la demanda energética de los centros de datos –donde se aloja la infraestructura de la IA– hasta 945 teravatios/hora de electricidad, equivalente al consumo total actual de todo el continente africano con una población de mil 600 millones de personas.
Si la demanda de electricidad de la IA estimada para 2030 se considera como un país, ocupará el sexto lugar en el ránking mundial, sólo detrás de Estados Unidos, China, India, Rusia y Japón, superando con creces a países de alto consumo como Alemania, Francia o Arabia Saudita.
El informe “Costo ambiental del uso energético de la inteligencia artificial: huellas de carbono, agua y suelo” fue publicado en junio de 2026 por la Universidad de Naciones Unidas y coordinado por Kaveh Madani, director del Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de Naciones Unidas. (https://tinyurl.com/UNU-IA-impacto).
Junto con la altísima demanda energética, reportan que, a 2030, la huella hídrica asociada será de 9.3 billones de litros de agua, lo que equivale a las necesidades básicas anuales de mil 300 millones de personas en África subsahariana. La apropiación de suelos para infraestructura se estima en 14 mil 500 kilómetros cuadrados, 10 veces la superficie de la Ciudad de México.
Señalan que la huella ambiental de la inteligencia artificial se ha subestimado sistemáticamente. No solamente porque las poderosas empresas tecnológicas que dominan esta industria evitan dar esa información, también porque la mayoría de las evaluaciones se centran en medir solamente las emisiones de carbono asociadas al entrenamiento y ejecución de los grandes modelos de lenguaje. No consideran, además, que cada kilovatio de electricidad usada conlleva una importante huella hídrica, entre otros en generación, uso de energía y la refrigeración que exigen los centros de datos, así como su huella en uso de la tierra, en infraestructura energética, instalaciones y cadenas de suministro.
Medir los impactos solamente en emisiones de carbono y tratar de compensarlos con energías supuestamente “bajas en carbono” oculta la consideración de las huellas hídrica y de suelos y no considera tampoco otros impactos como la extracción de recursos minerales y la producción de desechos electrónicos que se estima en más de 2.5 millones de toneladas métricas anuales.
Un problema agregado es que la huella energética, hídrica y de suelos no necesariamente se mueven en la misma dirección. “Cambiar de los combustibles fósiles a la bioenergía, por ejemplo, podría dar la impresión de que se reduce la huella de carbono hasta 70 por ciento, pero al mismo tiempo multiplica la huella de agua por 30 y la de suelo por cien. “Bajo en carbono” no es sinónimo de “bajo en agua” ni de “bajo en territorio”, explica la doctora Miriam Aczel, una de las autoras del informe.
Señalan además que el uso de la energía, con su consiguiente impacto hídrico y ambiental, es muy relevante en el proceso de entrenamiento de la IA y aumenta exponencialmente con el uso de los sistemas de IA, especialmente de IA generativa, como ChatGPT y similares. Entre 80 y 90 por ciento de las demandas energética e hídrica es causada por las interacciones diarias de miles de millones de usuarios con esos sistemas, actualmente 2 mil 500 millones en el caso de ChatGPT. Una consulta de texto usa hasta 60 veces más energía que una consulta en buscador sin IA, y 200 veces más energía que una aplicación simple de IA, como clasificación de spam. La generación de imágenes con IA usa mil 450 veces más energía y hacer un video corto demanda hasta 200 mil veces más.
Reportan también la enorme desi-gualdad entre quienes se benefician y quienes sufren los impactos. Es un mito que la ubicación de un centro de datos signifique mayor acceso para la población local que sufre los impactos. La tendencia de parte de las empresas de Estados Unidos –que junto a China tienen 90 por ciento de la infraestructura de producción de IA– es ubicar los centros de datos en lugares que ya sufren estrés hídrico, lo cual ocasiona escasez de abasto de electricidad y aumento de costos para las poblaciones de esos lugares. Uno de los ejemplos en el informe es la instalación de centros de datos en Querétaro, México. (https://tinyurl.com/39vkrm4m)
Hay muchos aspectos profundamente negativos en el desarrollo de la inteligencia artificial, ambientales, sociales, laborales, económicos, políticos, de dependencia. La promoción de sus supuestos beneficios se basa, demasiado a menudo, en ignorar u ocultar los brutales impactos hídricos, climáticos y de explotación de miles de comunidades locales que conlleva, entre otros.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ En imagen de archivo, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya (derecha), y Alonso Ancira, entonces dueño de Altos Hornos de México, gozan de impunidad.Foto Notimex
Desde tiempos inmemorables, en las altas esferas del poder político es recurrente escuchar una frase cajonera: “no habrá impunidad”, que se suma a otras igual de famosas y repetitivas, como “caiga quien caiga”, “nada ni nadie fuera de la ley”, “la justicia es igual para todos”, y así por el estilo. Si se cobrara un peso, sólo uno, cada que un integrante de aquel pronuncia enunciados como los que se citan (aunque el inventario de ellos es por demás abundante), sin duda México no tendría deuda y sería superavitario en todos los sectores.
El problema es que aquellas nunca trascienden el discurso. Por el contrario, las repiten hasta la ignominia, a la par que la impunidad crece como la espuma, no cae nadie y sólo los privilegiados tiene acceso (mediante módica cuota) a los servicios de la justicia que “es igual para todos”. Terrible.
Son innumerables los casos con impunidad garantizada (barones, políticos –con todo y familia–, funcionarios, amigos, socios, casas chicas y grandes, y conexos). Sexenios van y vienen y la constante es la descrita, mientras los involucrados en actos de corrupción, saqueo, fraude, lavado de dinero, etcétera, etcétera, gozan haberes malhabidos y evitan la cárcel por compadrazgos, connivencia, un ejército de abogados y “facilidades” de carácter judicial, siempre bajo el manto protector de otra consigna: perro no come perros y entre ellos se protegen.
Uno de tantos casos es el relacionado con el fraude a la nación cometido por Alonso Ancira Elizondo (hampón disfrazado de empresario que se quedó con Altos Hornos de México gracias a la privatización salinista) en connivencia con el flamante director peñanietista de Petróleos Mexicano, Emilio Lozoya Austin, que data de 2013, cuando ambos concretaron la compraventa del consorcio Agronitrogenados (un montón de fierros viejos) por 275 millones de dólares, con un sobreprecio, nada más nada menos, de 216 millones de billetes verdes, de los que el entonces funcionario se quedó con una modesta “comisión” de 3.4 millones.
Con la cara más dura que el concreto, Lozoya Austin es el mismo que entre sus primeros discursos como director general de Petróleos Mexicanos aseguró: “mi administración tendrá una tolerancia cero ante cualquier comportamiento fuera del marco legal, ya sea de privados o dentro de esta empresa; Pemex debe ser la más transparente y contar con un sistema real y permanente de rendición de cuentas”.
Y Alonso Ancira también es el mismo que defraudó a instituciones del Estado como Nacional Financiera, y a raíz de ello se fugó a Israel, donde permaneció cómodamente por algún tiempo. Amarrados los contactos políticos, sin problema alguno regresó a México para seguir en lo suyo, y más recientemente reventó a la empresa que prácticamente le regaló Carlos Salinas de Gortari (Altos Hornos) y dejó en la calle a cerca de 20 mil trabajadores, deudas y estafas por doquier. Y sigue tan campante.
Cuando estalló el escándalo de Agronitrogenados (2019), Ancira huyó a España; ahí lo detuvieron y encarcelaron; lo repatriaron a México y finalmente fue enchiquerado en el Reclusorio Norte, del que salió en libertad sólo tras aceptar y firmar un “acuerdo reparatorio” (febrero de 2021) con el gobierno federal por los 216 millones defraudados, pagaderos en tres entregas, con el fin de “resarcir al erario”., so pena que de no hacerlo regresaría al Reclusorio Norte.
Cubrió las dos primeras (de 50 y 54 millones de dólares) y la tercera (por 112 millones de billetes verdes) debió pagarle en noviembre de 2023, lo que no hizo. El gobierno federal le otorgó una prórroga de un año y en ese mes, pero de 2024, el gánster no solo incumplió, sino que ya había huido a Estados Unidos (tiene doble nacionalidad), en donde permanece sin ser molestado. Nunca lo regresaron al reclusorio.
Sirva el contexto anterior para entender la desesperante lentitud de “la justicia que es igual para todos”: han transcurrido 13 años del fraude a Pemex (y contando) y la moneda sigue en el aire. La Fiscalía General de la República justifica la “demora”, porque dice “dos apelaciones a sentencias judiciales, promovidas por la defensa de Emilio Lozoya han impedido reactivar el proceso penal en su contra y de Alonso Ancira. Eso sí, el pasado día 7 “se reactivó la orden de aprehensión”. Y sólo han transcurrido trece años, en un circuito de avance-retroceso-olvido-avance (etcétera).
Las rebanadas del pastel
Se repiten las gráficas que documentan y denuncian (2003) la tortura del ejército estadunidense en Abu Ghraib, Irak, pero ahora contra palestinos detenidos por el régimen genocida de Benjamín Netanyahu. Ignominioso.
Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
