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Rosa Miriam Elizalde
02 de julio de 2026 00:01
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, elevó el tono de la denuncia: la agresión del gobierno de Estados Unidos contra la isla es “multidimensional”. Por tanto, en conferencia de prensa este martes, anunció que Cuba solicitó una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas para el próximo 7 de julio, con el objetivo de llevar ante la comunidad internacional el impacto del bloqueo económico y energético, mientras el Departamento de Estado hace gestiones para frenar el debate en la ONU.
Lo de guerra híbrida o multidimensional lo hemos escuchado muchas veces, pero su consistencia y su materialización no son explicadas, no son incorporadas como vector, no son accesibles porque precisamente el poder destructor, mafioso e ilegal de este tipo de agresiones es lograr que ataquen a un país sin que intervengan las fuerzas armadas.
Vencer sin combatir, quebrar la voluntad antes que los ejércitos, aislar, confundir, desgastar y desmoralizar son expresiones superiores del arte de la dominación, que están aplicando a Cuba. La isla es, en ese sentido, un caso de manual de guerra multidimensional o híbrida.
La investigadora mexicana Ana Esther Ceceña ha documentado cómo las formas contemporáneas de dominación no se limitan al uso directo de fuerzas armadas, sino que operan sobre el “espectro completo”: economía, finanzas, energía, comunicación, diplomacia, subjetividad social y condiciones materiales de vida. Pero veámoslo paso a paso.
La guerra ya no busca sólo destruir, sino desgastar. Contra Cuba se aplica una guerra de larga duración. No necesita una declaración formal porque opera por acumulación. Cada sanción, cada prohibición, cada presión sobre terceros países, cada obstáculo a la compra de combustible, alimentos, medicamentos o piezas de repuesto forma parte de un mismo diseño: hacer ingobernable la vida. La agresión se mide en cansancio social, en ansiedad, en espera, en deterioro material y en dolor acumulado.
El blanco real es la población. La narrativa estadunidense suele presentar sus medidas como presión política. Pero cuando se impide adquirir combustible, se limita el acceso a créditos, se persiguen transacciones financieras, se encarecen importaciones y se bloquean rutas comerciales, el impacto no queda en los despachos del poder. Baja a la mesa, al barrio, a la escuela, al policlínico, a la cola, al transporte, a la vida doméstica. Sin ir más lejos, ayer en Matanzas, provincia del occidente, se reportaban más de 70 horas sin electricidad.
Esa es la clave de la agresión multidimensional: convierte a todo un pueblo en campo de batalla. No dispara directamente contra los cuerpos, pero organiza las condiciones para que enfermen, esperen, se agoten, emigren, se desesperen o se enfrenten entre sí. A veces, la violencia más eficaz es la que se administra como escasez.
La simultaneidad es el método. El bloqueo no actúa solo. Se combina con guerra comunicacional, persecución financiera, cerco energético, operaciones de descrédito, amenazas diplomáticas y presión sobre organismos internacionales. Todo ocurre a la vez. Esa simultaneidad impide respirar. Cuando falta combustible, se amplifica la idea de colapso.
Cuando hay apagones, se alimenta la desesperanza. Cuando Cuba intenta comprar, se amenaza al vendedor. Cuando intenta financiarse, se castiga al banco. Cuando denuncia, se intenta aislarla. Cuando resiste, se le acusa de fracasar.
La impunidad sostiene el crimen. Estados Unidos actúa como si el derecho internacional fuera obligatorio para los demás y opcional para sí mismo. Durante décadas, la comunidad internacional ha rechazado de forma casi unánime el bloqueo contra Cuba. Sin embargo, Washington lo mantiene, lo actualiza y lo endurece. Esa impunidad no es un exceso accidental. Es parte del mecanismo. Busca demostrar que una potencia puede castigar a un país entero, aunque el mundo lo condene. Que puede convertir normas, bancos, seguros, navieras, plataformas y mercados en instrumentos de coerción. Que puede hacer daño y llamar a ese daño “política exterior”.
La guerra también disputa el sentido. A Cuba no sólo se le bloquea. Se le narra. Se le caricaturiza. Se le reduce a crisis, fracaso, represión o ruina. La agresión necesita producir una explicación simple: si el pueblo sufre, la culpa es sólo de su gobierno; si el bloqueo mata lentamente, no existe; si la resistencia continúa, se presenta como terquedad. La guerra comunicacional busca separar causa y consecuencia. Borra la mano que aprieta y luego señala al cuerpo que se asfixia. Convierte a la víctima en culpable y al agresor en juez.
Defender a Cuba es defender un límite. La sesión del 7 de julio en Naciones Unidas debe entenderse como una defensa de Cuba, pero también como un amparo al derecho de todos los pueblos a existir sin chantaje. Si se acepta que una potencia puede someter a un país por hambre, energía, crédito, comercio, información y miedo, entonces ningún otro estará a salvo
Rosa Miriam Elizalde
02 de julio de 2026 00:01
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, elevó el tono de la denuncia: la agresión del gobierno de Estados Unidos contra la isla es “multidimensional”. Por tanto, en conferencia de prensa este martes, anunció que Cuba solicitó una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas para el próximo 7 de julio, con el objetivo de llevar ante la comunidad internacional el impacto del bloqueo económico y energético, mientras el Departamento de Estado hace gestiones para frenar el debate en la ONU.
Lo de guerra híbrida o multidimensional lo hemos escuchado muchas veces, pero su consistencia y su materialización no son explicadas, no son incorporadas como vector, no son accesibles porque precisamente el poder destructor, mafioso e ilegal de este tipo de agresiones es lograr que ataquen a un país sin que intervengan las fuerzas armadas.
Vencer sin combatir, quebrar la voluntad antes que los ejércitos, aislar, confundir, desgastar y desmoralizar son expresiones superiores del arte de la dominación, que están aplicando a Cuba. La isla es, en ese sentido, un caso de manual de guerra multidimensional o híbrida.
La investigadora mexicana Ana Esther Ceceña ha documentado cómo las formas contemporáneas de dominación no se limitan al uso directo de fuerzas armadas, sino que operan sobre el “espectro completo”: economía, finanzas, energía, comunicación, diplomacia, subjetividad social y condiciones materiales de vida. Pero veámoslo paso a paso.
La guerra ya no busca sólo destruir, sino desgastar. Contra Cuba se aplica una guerra de larga duración. No necesita una declaración formal porque opera por acumulación. Cada sanción, cada prohibición, cada presión sobre terceros países, cada obstáculo a la compra de combustible, alimentos, medicamentos o piezas de repuesto forma parte de un mismo diseño: hacer ingobernable la vida. La agresión se mide en cansancio social, en ansiedad, en espera, en deterioro material y en dolor acumulado.
El blanco real es la población. La narrativa estadunidense suele presentar sus medidas como presión política. Pero cuando se impide adquirir combustible, se limita el acceso a créditos, se persiguen transacciones financieras, se encarecen importaciones y se bloquean rutas comerciales, el impacto no queda en los despachos del poder. Baja a la mesa, al barrio, a la escuela, al policlínico, a la cola, al transporte, a la vida doméstica. Sin ir más lejos, ayer en Matanzas, provincia del occidente, se reportaban más de 70 horas sin electricidad.
Esa es la clave de la agresión multidimensional: convierte a todo un pueblo en campo de batalla. No dispara directamente contra los cuerpos, pero organiza las condiciones para que enfermen, esperen, se agoten, emigren, se desesperen o se enfrenten entre sí. A veces, la violencia más eficaz es la que se administra como escasez.
La simultaneidad es el método. El bloqueo no actúa solo. Se combina con guerra comunicacional, persecución financiera, cerco energético, operaciones de descrédito, amenazas diplomáticas y presión sobre organismos internacionales. Todo ocurre a la vez. Esa simultaneidad impide respirar. Cuando falta combustible, se amplifica la idea de colapso.
Cuando hay apagones, se alimenta la desesperanza. Cuando Cuba intenta comprar, se amenaza al vendedor. Cuando intenta financiarse, se castiga al banco. Cuando denuncia, se intenta aislarla. Cuando resiste, se le acusa de fracasar.
La impunidad sostiene el crimen. Estados Unidos actúa como si el derecho internacional fuera obligatorio para los demás y opcional para sí mismo. Durante décadas, la comunidad internacional ha rechazado de forma casi unánime el bloqueo contra Cuba. Sin embargo, Washington lo mantiene, lo actualiza y lo endurece. Esa impunidad no es un exceso accidental. Es parte del mecanismo. Busca demostrar que una potencia puede castigar a un país entero, aunque el mundo lo condene. Que puede convertir normas, bancos, seguros, navieras, plataformas y mercados en instrumentos de coerción. Que puede hacer daño y llamar a ese daño “política exterior”.
La guerra también disputa el sentido. A Cuba no sólo se le bloquea. Se le narra. Se le caricaturiza. Se le reduce a crisis, fracaso, represión o ruina. La agresión necesita producir una explicación simple: si el pueblo sufre, la culpa es sólo de su gobierno; si el bloqueo mata lentamente, no existe; si la resistencia continúa, se presenta como terquedad. La guerra comunicacional busca separar causa y consecuencia. Borra la mano que aprieta y luego señala al cuerpo que se asfixia. Convierte a la víctima en culpable y al agresor en juez.
Defender a Cuba es defender un límite. La sesión del 7 de julio en Naciones Unidas debe entenderse como una defensa de Cuba, pero también como un amparo al derecho de todos los pueblos a existir sin chantaje. Si se acepta que una potencia puede someter a un país por hambre, energía, crédito, comercio, información y miedo, entonces ningún otro estará a salvo
Trump afirma que Cuba "se está acercando" a Estados Unidos pese a la tensiones
El presidente, Donald Trump, llega a la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, el miércoles 1 de julio de 2026, en Medora, Dakota del Norte. Foto: Ap Foto autor
la redacción
01 de julio de 2026 15:38El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Cuba "se está acercando" a Washington, al afirmar que, "después de muchas, muchas décadas", la relación con la isla "está saliendo como lo queremos", en declaraciones durante un evento celebrado en Medora, Dakota del Norte.
En su discurso, el mandatario mencionó a varios países y sostuvo que su administración ha logrado avances en su política exterior. También aseguró que "los tenemos a todos", al referirse a diversas naciones, entre ellas Filipinas.
Las declaraciones ocurren en un contexto de fuerte presión de Washington sobre La Habana. En meses recientes, Trump ha calificado a Cuba como un "Estado fallido" y ha señalado que evaluaría el futuro de la isla una vez resuelto el conflicto con Irán. Además, en junio afirmó que Estados Unidos podría llevar a cabo en Cuba una operación similar a la ejecutada en Venezuela.
A finales de enero, el gobierno estadunidense impuso aranceles a las importaciones provenientes de países que suministran petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia por una supuesta amenaza de la isla a la seguridad nacional.
Las autoridades cubanas sostienen que esas medidas forman parte del embargo económico destinado a asfixiar la economía del país y agravar las condiciones de vida de la población.
Consuelo Porras "formó un gobierno paralelo", denuncia nuevo fiscal general de Guatemala
García Luna dijo que no descarta tomar acciones penales contra Porras, quien enfrenta varias denuncias, una de ellas por presunta trata de personas en un caso de adopciones irregulares.
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Ap
01 de julio de 2026 22:57
Guatemala. El nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, afirmó este miércoles que impulsa cambios en el Ministerio Público en un esfuerzo por tomar distancia de su antecesora, la sancionada ex fiscal Consuelo Porras, quien —según dijo— formó una entidad paralela que despidió a cientos de fiscales afectando la labor de investigar los delitos en el país.
“Aquí (la ex fiscal) formó un gobierno paralelo que destruyó la carrera fiscal, principalmente al haber destituido a un promedio de entre 800 y mil trabajadores durante su gestión” de ocho años, aseguró García Luna en una entrevista con The Associated Press.
El nuevo jefe del Ministerio Público asumió el cargo hace 40 días y ya ordenó desarticular la red de personal administrativo y fiscal de confianza de la ex fiscal Porras denunciada por criminalizar y perseguir a ex operadores de justicia.
“Todos tienen un concepto de un Ministerio Público que se puede usar de una forma y eso ya no podemos tenerlo, no es un ente político, ni un arma política de nadie y yo no pienso volver a hacer cosas que se hicieron en anteriores administraciones”, señaló García Luna, sentado en un lujoso y vacío escritorio de madera, herencia de su antecesora, en su nueva oficina.
García Luna, de 49 años, es doctor en derecho y comenzó su carrera dentro del sistema de justicia a los 17 años en un cargo menor en un juzgado, hasta llegar a ser juez y magistrado de Sala de Apelaciones. Llegó con el desafío de cambiar el rumbo de una fiscalía general que con Porras al frente (2018-2026) fue señalada de perseguir y criminalizar a decenas de operadores de justicia, activistas y periodistas que buscaron el exilio.
Porras también intentó detener la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo al buscar que el partido que lo llevó al gobierno fuera cancelado por un juez y que se desconociera su presidencia alegando un presunto fraude que no fue comprobado.
El nuevo fiscal apuesta a un cambio radical de una fiscalía “represora y de venganza” a opositores políticos a otra nueva con el relanzamiento de la carrera fiscal. Estados Unidos y la Unión Europea, que sancionaron a Porras y a varios de sus fiscales por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia, han ofrecido apoyo a ese proyecto y al combate al crimen transnacional organizado.
Porras fue nombrada por el entonces gobernante Jimmy Morales (2016-2020) y relecta por Alejandro Giammattei (2020-2024), y aunque se presentaron varias denuncias contra es dos ex mandatarios, Porras optó por desestimar, no investigar o no accionar judicialmente contra quienes la eligieron.
La ex fiscal siempre negó asimismo las acusaciones en su contra, al señalar que “afectan el derecho al honor, la dignidad, reputación y presunción de inocencia”.
En mes y medio, el fiscal García Luna ha destituido a una treintena de allegados a Porras, que habrían cometido faltas como destituir a fiscales que llevaban investigaciones importantes para bloquear procesos y por ordenar traslados injustificados para entorpecer investigaciones, entre otras razones.
“Estamos investigando si sus acciones tienen alguna responsabilidad judicial”, dijo.
El miércoles, el fiscal general firmó la destitución de otro grupo de exfiscales y personal, entre ellos el de Gilberto de Jesús Porres de Paz, exfiscal de Sección Adjunto de la Fiscalía contra la Corrupción y esposo de la exfiscal Porras, debido a que según dijo “su trabajo no representaba las políticas de la nueva fiscalía”.
Muchos exoperadores de justicia, como el exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien vive exiliado tras denunciar persecución por parte de Porras por su trabajo en casos de corrupción de alto impacto, consideran que los colaboradores de la polémica exfiscal cesados deben ser objeto de una investigación imparcial e independiente.
García Luna dijo que no descarta tomar acciones penales contra Porras, quien enfrenta varias denuncias, una de ellas por presunta trata de personas en un caso de adopciones irregulares.
El nuevo fiscal también creó una comisión que revisa los expedientes de quienes han denunciado criminalización, y aseguró que colabora con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que ha fijado para el 4 de agosto una audiencia para conocerlos.
García Luna señaló, además, que se revisan los casos en los que la fiscalía, bajo el mandato de Porras, benefició o permitió liberar a presuntos corruptos, narcotraficantes y acusados de otros delitos, con el fin de retomarlos e interponer las acciones judiciales que permita la ley para que no haya impunidad.
Perú: Roberto Sánchez apela ante CIDH victoria de Keiko Fujimori en elección presidencial
El candidato presidencial peruano del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, gesticula junto a su primera candidata a la vicepresidencia, Anali Márquez (izquierda), y su segunda candidata a la vicepresidencia, Brígida Curo, durante una marcha de protesta en Lima el 27 de junio de 2026.
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Afp
01 de julio de 2026 20:48
Lima. El candidato izquierdista derrotado en las presidenciales de Perú, Roberto Sánchez, informó este miércoles que presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionando la victoria de la derechista Keiko Fujimori.
Sánchez alega un presunto fraude en los votos de peruanos en el exterior, por lo que presentó una "medida cautelar" ante la CIDH, informó su partido, Juntos por el Perú, en una declaración enviada a la prensa.
La petición fue anunciada dos días después de que la autoridad electoral de Perú finalizara el escrutinio, según el cual, Fujimori resultó electa con 50.13 por ciento de los votos en la segunda vuelta del 7 de junio, frente a un 49.86 por ciento de Sánchez.
Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la diferencia es de menos de 50 mil votos.
El Jurado Nacional de Elecciones, máximo tribunal electoral de Perú, rechazó previamente un pedido de Sánchez para anular los votos en el exterior por considerar sus alegatos infundados .
El izquierdista asegura que si se descartan los votos en el exterior, que favorecieron masivamente a Fujimori, él sería el ganador de las elecciones.
Afirma que hubo un "cambio de reglas en pleno proceso electoral, impidiendo que en la segunda vuelta se digitalicen las actas de las votaciones en el extranjero" en los consulados peruanos, según el comunicado enviado este miércoles.
Esa situación "impide conocer con certeza los resultados de las elecciones realizadas fuera del Perú", agrega.
Sánchez ya había anticipado que no reconocería una eventual victoria de Fujimori y que recurriría a la CIDH por sentirse "afectado en sus derechos políticos".
Está previsto que el Jurado Nacional de Elecciones, máximo tribunal electoral del país, proclame oficialmente a Fujimori como presidenta electa este viernes.
La mandataria electa, de 51 años, recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el poder el 28 del mismo mes.
Sustituirá al mandatario interino José María Balcázar, para gobernar hasta 2031.
Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos.
El triunfo de Fujimori se suma al de los líderes de derecha que han vencido en las urnas en los últimos tiempos en Latinoamérica, algunos con el respaldo explícito del presidente estadounidense, Donald Trump.