Con el fallecimiento de Alcorta Rodríguez, son ya 16 los mexicanos que han muerto a manos del ICE en lo que va de la segunda administración de Donald Trump. Las causas de muerte registradas incluyen seis complicaciones médicas y negligencias, cuatro supuestos suicidios, dos incidentes de violencia o uso de la fuerza durante arrestos y otros dos pendientes de autopsia o bajo investigación. Entre 2021 y 2024, en el gobierno de Joe Biden, sólo murió un mexicano cada año bajo custodia del ICE, por lo que las cifras del trumpismo implican un aumento de mil por ciento en la letalidad del organismo que encabeza la cacería humana contra quien sea –o parezca, según los criterios racistas de las autoridades estadunidenses– inmigrante proveniente de naciones en desarrollo.
Los mexicanos no son las únicas víctimas mortales de las políticas xenófobas estadunidenses. En 2024, 11 personas murieron en instalaciones u operativos del ICE, pero en 2025 el número prácticamente se triplicó al llegar a 31. A ellas deben sumarse 17 personas que murieron bajo custodia de la Patrulla Fronteriza y otras víctimas del sistema migratorio, que no se incluyen en la cuenta del ICE por razones administrativas. En la primera mitad de 2026 hubo 21 fallecidos; de mantenerse la tendencia, este año será más mortífero que el anterior.
De acuerdo con el informe Muriendo en detención: el aumento de muertes en un sistema de detención migratoria en expansión de Estados Unidos, elaborado por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights, entre enero de 2025 y enero de 2026, la población detenida por el ICE aumentó 77 por ciento, mientras que el número de muertes anuales se triplicó, lo que se tradujo en un incremento de 138 por ciento en la tasa de mortalidad anualizada. Esta proporción es la más alta en casi dos décadas, superando incluso el peor momento de la pandemia de covid-19. El hecho de que el incremento se presente de manera repentina y casi duplique el aumento en la cantidad de personas detenidas indica que no se trata de una casualidad, sino del resultado directo de la deshumanización de los migrantes y de un discurso oficial que rebaja el valor de las vidas de los extranjeros racializados.
Si bien México ha emitido notas diplomáticas y acompaña, por medio de su red consular, las demandas interpuestas por las familias de las víctimas, la reincidencia de ICE y la total impunidad de que gozan sus funcionarios dejan claro que es necesario evaluar medidas adicionales de presión, a fin de que Washington detenga la masacre de connacionales. Las autoridades mexicanas no pueden interferir en las políticas internas estadunidenses, pero sí les compete exigir que éstas se apliquen con respeto a la dignidad y las vidas de nuestros paisanos, quienes, en su inmensa mayoría, son trabajadores honrados que enriquecen la vida económica, social y cultural de las comunidades estadunidenses en las que habitan.
Tasas récord de mortalidad en sitios de arresto migratorio de Estados Unidos
En el segundo mandato del republicano van 52 muertes bajo custodia del ICE, informa Human Rights Watch
Arturo Sánchez
Periódico La Jornada Domingo 5 de julio de 2026, p. 3
La tasa de mortalidad en los centros de detención migratoria de Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en casi dos décadas, superando incluso el peor momento de la pandemia de covid-19, de acuerdo con un informe de Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR), el cual documenta 52 muertes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en lo que va del segundo mandato de Donald Trump.
Según ese informe, divulgado la semana pasada, 10 de los fallecidos entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026 eran de nacionalidad mexicana, la cifra más alta entre las 20 nacionalidades registradas. Un recuento hecho por este diario, que contempla tanto muertes bajo custodia del ICE como decesos ocurridos en el marco de operativos migratorios, eleva a 15 el número de connacionales fallecidos en ese mismo periodo, cifra que subió a 16 tras la muerte, el pasado 19 de junio, de otro paisano bajo custodia de esa agencia.
El informe, titulado Muriendo en detención: el aumento de muertes en un sistema de detención migratoria en expansión de Estados Unidos, señala que entre enero de 2025 y enero de 2026 la población detenida por el ICE aumentó 77 por ciento, mientras el número de muertes anuales se triplicó, lo que se tradujo en un incremento de 138 por ciento en la tasa de mortalidad anualizada. La tasa actual, de 8.4 muertes por cada 10 mil personas detenidas, casi duplica el máximo alcanzado durante el primer año de la pandemia, que fue de 4.4 por cada 10 mil.
El documento advierte que la expansión sin precedente de la detención migratoria, aunada al desmantelamiento de mecanismos de supervisión dentro del Departamento de Seguridad Nacional y a fallas en el sistema de pago de atención médica externa para las personas detenidas, ha derivado en condiciones de hacinamiento que agravan la ya de por sí deficiente atención sanitaria en los centros de detención. La mayoría de las 39 muertes analizadas a profundidad por las organizaciones durante el primer año del actual gobierno estadunidense ocurrieron en instalaciones que, en las dos semanas previas al deceso, registraban poblaciones muy superiores a su promedio histórico.
Entre los casos documentados por HRW y PHR figura el de Ismael Ayala-Uribe, mexicano de 39 años que había vivido en Estados Unidos desde los cuatro años de edad y que murió el 22 de septiembre de 2025 en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, luego de que, pese a sus quejas por un absceso infectado, el personal del centro no lo enviara de inmediato a un hospital.
Otro caso es el del connacional Lorenzo Antonio Batrez Vargas, quien llegó al país vecino a los cuatro años y murió en agosto de 2025, a los 32 años, tras permanecer casi dos semanas en aislamiento por haber contraído covid. Su madre relató a HRW que desconoce las causas exactas de la muerte de su hijo.
“Cruce involuntario”
Dos presuntos militares de Estados Unidos intentaron ingresar con armas de fuego hacia México por uno de los puentes internacionales de Ciudad Juárez, donde fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional y consignados ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) la tarde del viernes, informaron funcionarios de Relaciones Exteriores.
Ambos hombres buscaron viajar a Ciudad Juárez desde El Paso, Texas, a bordo de un vehículo no oficial, en el que llevaban las armas. Se identificaron como militares y fueron liberados tras gestiones de funcionarios del consulado estadunidense y de la SRE; el incidente fue considerado un “cruce involuntario”.
Hasta el cierre de la edición, la FGR y la SRE no habían emitido ningún posicionamiento oficial en relación con el incidente.
(Con información de Jesús Estrada, corresponsal)
México y la IA
Irmgard (Gardi) Emmelhainz*
05 de julio de 2026 00:01
Una analista conservadora publicó el 27 de junio una reflexión sobre la inteligencia artificial (IA) en México diagnosticando dónde estamos en los debates sobre su regulación e implementación. Reportando del Summer Davos en China, concluye: “La carrera ya no es entre quién inventa la tecnología, sino quién la despliega más rápido y a mayor escala”.
Según la analista, la visión de los chinos es de cooperación tecnológica global, de China como centro de desarrollo e investigación tecnológica teniendo a la innovación como motor de crecimiento, la IA como infraestructura nacional, palanca de productividad industrial y terreno de disputa geopolítica.
“La tecnología ya está lista para seguir evolucionando, el problema son las organizaciones y países que no lo están”. Para ella, México claramente no lo está. Es difícil no leer su columna como propaganda del incipiente orden mundial de la IA impulsado por la alianza entre las Big Tech (los broligarchs) y el gobierno de Donald Trump compitiendo con China por la hegemonía cibernética.
La analista inclusive dedica un párrafo a desmitificar la narrativa apocalíptica del desempleo humano por la IA: “el trabajador del futuro no compite con la máquina, trabaja con ella”, afirma, descalificando datos, por ejemplo, del índice creado por el Banco Interamericano de Desarrollo que demuestra que en EU 43 millones de empleos se vieron afectados por la IA en 2024; en México 15 millones, que aumentarán en cinco años a 60 y 22 millones. Obviando también el aspecto extractivista de la IA, desde su perspectiva, la IA es una oportunidad de mercado que no se nos puede escapar, y aboga por la impulsión de políticas públicas, marcos de inversión y de cooperación internacional, aprovechar los beneficios de la supuesta “transición energética” en curso.
La lógica detrás de este razonamiento no es más que la creencia decimonónica en un evento redentor que viene del futuro: de la tecnología que nos viene a salvar, creencia que viene con políticas reaccionarias. Y es que más allá de los aspectos extractivistas del uso de la IA, hay que considerar el giro ideológico detrás de su impulso en 2024 con la alianza de los broligarchs de Silicon Valley con la administración de Trump: son el resultado de restricciones estructurales, pero también de la rivalidad estratégica de guerra con China y por el control de la exportación de la tecnología de punta. En resumen: Las Big Tech son el prestador de servicios de la soberanía del incipiente imperio que se plataformiza afincado en la misoginia, el desprecio por la vida y el racismo.
Por eso es necesario entender al tema de la IA en términos de las infraestructuras que requiere: México vive un auge en la industria de centros de datos. Nuestro país se posicionó como epicentro estratégico en su instalación. Microsoft, Amazon Web Services y Google, entre otras, han invertido en instalaciones de última generación en el país. Los centros de datos requieren un flujo constante y elevado de electricidad para mantener sus operaciones, lo cual genera presión sobre la infraestructura energética nacional. Además del método de las técnicas de enfriamiento que requieren del consumo desmedido de agua.
Otro aspecto de la IA que debemos plantearnos es el tipo de colectividad que esta tecnología hace posible y las lógicas detrás de su reconfiguración de la sociedad, la subjetividad y del poder político. Si en México estamos atrasados y la IA desregulada, Estados Unidos está estableciendo una forma de gobernancia centrada en la IA: abarca infraestructura pública, servicios, vigilancia y administración los cuales se integran automatizando la administración. La estructura del gobierno se amplifica y se hace más intrusiva. Implica decisiones hechas por procesos algorítmicos opacos en vez de burócratas identificables y se corre el riesgo de caer en fallas administrativas que causen severos problemas (como las identificaciones erróneas de individuos deportables por ICE).
Otros riesgos son la toma de decisiones administrativas estandarizadas fuera de contexto, la ampliación de modelos de censura y manipulación política. En resumen, la implementación de la IA en las estructuras de gobierno implica renunciar al papel que tenemos los humanos en el autogobierno y el emplazamiento de la gobernancia (autoritaria) a través de estructuras difíciles de cuestionar o entender.
Estados Unidos se encuentra actualmente empujando el desarrollo desenfrenado de la IA para contrarrestar el declive de la potencia de su imperio en la escena internacional. Las implicaciones se encuentran en la ampliación de formas de hacer la guerra, campañas de influencia sobre la opinión pública, riesgo de desempleo, explotación del lenguaje, extractivismo intelectual, la reducción de la especie humana a espectros transhumanistas, refuerzo de las desigualdades en cuanto al desarrollo. Para México, implica perpetuar su papel histórico de subordinación colonial al imperio.
*Autora del libro por publicarse: Neurofascismos (México: Siglo XXI)
El sistema está diseñado para apresar pobres: ONG Perteneces
▲ Arriba, el abogado José Mario de la Garza Marroquín, y abajo, los liberados Martha Elizabeth Macareno Ibarra y Édgar Samuel Rodríguez Medina, quienes ahora toman terapia y están en reinserción social.Foto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez
Periódico La Jornada Domingo 5 de julio de 2026, p. 9
En 14 años, la asociación civil Perteneces ha liberado de las cárceles mexicanas a más de 500 personas, la mayoría inocentes. Su misión, sin fines de lucro, es la defensa y promoción de los derechos humanos frente al universo de las injusticias legales cometidas todos los días en el sistema judicial de México.
Su presidente fundador, José Mario de la Garza Marroquín, decidió ir cambiando pequeños mundos en la vida de las víctimas, en lugar de aspirar a modificar el corrupto e insufrible mundo penitenciario convertido en una auténtica universidad del crimen, donde la reinserción social sigue siendo una quimera, y los penales, el jugoso negocio de unos cuantos “empresarios” vinculados a la política.
Egresado de la Escuela Libre de Derecho, enfocó profesionalmente sus dos vertientes sociales; por un lado, la abogacía de la mano de su padre, y por el otro, el humanismo y compromiso social emanado de su madre desde el magisterio. Su visión del sistema de justicia y de las cárceles mexicanas es devastadora.
“En México, más de 90 por ciento de las personas son detenidas bajo el argumento de la flagrancia. Es una mentira oficial. No hay manera de que nuestra policía tenga la sincronización para llegar y detener a la persona cuando se esté cometiendo el delito. La flagrancia es inventada. Por tanto, las detenciones en México, en su mayoría, son ilegales. La policía mexicana no está diseñada para investigar”, dice en entrevista con La Jornada.
La bonhomía de José Mario se muestra en su carácter generoso y combativo. Ha presentado más de 100 iniciativas de reforma a las leyes. Todos los días lucha por un sueño aún inalcanzable: un México más justo e igualitario. “El sistema mexicano está diseñado para capturar gente pobre. La policía tiene cuotas para arrestar pobres. México no produce pruebas, produce detenciones en flagrancia”.
Peor aún, dice que el sistema penitenciario se basa en mantener en prisión a quienes no pueden pagar una defensa: “La reinserción está abandonada, no existe. La justicia es vista en México como un negocio para unos cuantos; no está en la agenda de la problemática social ni del gobierno. Ningún gobernador está preocupado por resolver el problema de justicia y menos el de las prisiones. A nadie le interesa”.
Perteneces atiende además a personas privadas de su libertad con litigio estratégico. Realiza un gran trabajo de acompañamiento cuando las personas salen de la cárcel, con sicólogas, trabajadoras sociales y un equipo para ayudarles.
Martha Elizabeth Macareno Ibarra tiene 33 años y hace tres años salió del penal de La Pila, en San Luis Potosí.
Estuvo en la cárcel tres años y ocho meses, acusada de robo calificado y homicidio en grado de tentativa. La sentenciaron a seis años, dos meses y 10 días, pero gracias a su buena conducta y a la ayuda recibida por Perteneces, pudo salir al cumplir la mitad de su sentencia.
Dice que uno de los delitos se lo plantaron: “Fue un coche, pero ese mismo día lo recuperaron. Teníamos daño reparatorio de casi 150 mil pesos y lo redujeron a 75 mil. Dijeron que había dinero en efectivo y pertenencias, una mentira”.
“Necesitaba un estirón de orejas”
Martha cuenta que tenía una relación que le generaba muchos problemas con su nueva pareja: “Fue mi amigo con derechos y teníamos un pequeño acuerdo: cuando no teníamos pareja, salíamos. Llegó el momento en que tuvo su novia y lo respeté, pero cuando yo tenía mi novio, ahora mi esposo, él no quiso respetarlo. Y sufrí acoso, y ante la insistencia, mi entonces novio me preguntó. Le dije que no quería nada con él. Mi novio le pidió que ya no me siguiera acosando para no tener problemas. Ante la insistencia, actuamos mi novio y yo. Fuimos los dos y por eso pagamos con cárcel”.
Ambos decidieron enfrentar el acoso y el acecho con pistola en mano: “Él insistía en que quería verme y nos quedamos de ver. Ahí fue donde lo agarramos y yo vi que el carro tenía las llaves puestas y lo agarré para escapar y luego lo abandoné; recuerdo que no sabía ni cómo apagar las luces. Ese mismo día lo recuperaron y él se salvó”.
Después de dos años de este incidente, los detuvieron: “Nos empezaron a vigilar. No sabíamos si eran los familiares de él que andaban metidos en temas de delincuencia. No sabíamos quién nos andaba cazando. Luego supimos que eran ministeriales y nos metieron a la cárcel”.
Dice que no tuvo una buena defensa: “La primera vez, la licenciada de oficio nos pidió que no declararámos nada. Hubo muchas irregularidades en nuestro caso. Conseguimos un abogado de paga, pero sólo nos ayudó con bajar el monto reparatorio. Me di cuenta de que los licenciados querían más dinero para pagar testigos. Y nos negamos. Luego me recomendaron que mi esposo se echara la culpa para sacarme a mí. Y a mí no me gustó eso. Yo acepté todo y cumplí; ahora camino tranquila”.
Añade: “Estoy arrepentida por cómo se dieron las cosas; igual ya necesitaba un estirón de orejas. Aprendí que para meterte en un problema es bien fácil, pero para salir de él es muy difícil. No sólo uno sufre, también la familia que, bien que mal, siempre va a estar ahí”.
“Se encarcela al marginado, a quien no puede defenderse”
José Mario habla mientras camina durante la entrevista e insiste en que el común denominador del preso mexicano es la pobreza: “México tiene un sistema de justicia que encarcela al pobre, al marginado, a las personas que no pueden defenderse. ¿A México le sirve que estén en la cárcel jóvenes porque se robaron un refresco o un six de cerveza? Me di cuenta de que en las cárceles hay defensores públicos que trabajan para Oxxo, una empresa que inventó una política de cero tolerancia. Los llevan a juicio por robarse un litro de leche. Y la defensoría pública trabaja para una empresa privada porque los tienen cooptados, son cientos de audiencias. El problema es la desigualdad en México y van a seguir por más que los encarcelen”.
–¿Cuál es el rol que deben tener los abogados en México?
–A mí nunca me explicaron que teníamos una responsabilidad social frente a la injusticia, la impunidad. La profesión de abogado no puede entenderse solamente como llevar casos y ganar dinero. Nuestra profesión en México no ha tomado una reflexión profunda de cuál es nuestro rol en un país con tantas injusticias”.
Comenta que los despachos de abogados no están diseñados para hacer un trabajo social, sino que sólo atienden clientes, ganan asuntos y dinero. “Y lo demás no importa, que el país no te importe, que no te importe que haya gente inocente en las cárceles”, ironiza.
El otro problema, dice, es que la defensoría pública en México está quebrada: “Está rebasada, saturada de cientos y miles de expedientes. Y hay un sector de abogacía que está afuera de las prisiones. Este tipo de abogados lo primero que pide para liberar al preso son 40 o 50 mil pesos, sin contrato. Las familias piden prestado, tienen la solidaridad, se van al empeño y consiguen la lana y se la dan. Y ese abogado les roba y los abandona, mientras sus hijos se quedan en la cárcel”.
Édgar Samuel Rodríguez Medina, de 33 años, lleva dos años con terapia sicológica, al igual que su hijo. Lo detuvieron en 2016 por homicidio calificado. Estuvo ocho años y tres meses en el penal de La Pila, en San Luis Potosí. Salió en 2024.
Tenía 19 años cuando participó en una riña: “Me juntaba con mis primos en la calle. Un día golpearon a mi hermano en la tienda y fuimos a hacerle el paro. En esa bronca falleció el muchacho. Yo disparé y ellos también, pero nomás a mí me agarraron cuatro años después”.
Édgar se fue a Estados Unidos, pero lo detuvieron en Laredo: “Pagué 3 mil 500 dólares para que me pasaran nadando. Me quedé tres años trabajando de pintor. Una familia cristiana me adoptó. Les ayudaba con los gastos. Luego regresé y me detuvieron. Iba camino al trabajo cuando me agarraron. Fue muy duro, muy dificil. Fueron ocho años que se me hicieron eternos”.
Y en la cárcel conoció las drogas: “Me hice adicto al cristal, a la cocaína. En el penal las venden, hay puntos de droga. Mis papás me mandaban 200 o 300 pesos a la semana. Trabajaba en el taller de carpintería. Iba al gimnasio y hacía otros deportes, pero me deprimía mucho”.
Cuenta que se casó en prisión, aunque después de que salió, se divorció. Su hijo, que crió su mamá, tiene ahora 10 años. “Aprendí a valorar todo, desde la familia hasta un plato de frijoles. Aprendí a ser más tolerante frente a las agresiones de la gente. Ahora prefiero ignorar. Sale más caro responder o come-ter un delito”.
Expedientes sin pruebas
De la Garza lleva 30 años dando clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ha revisado cientos de casos para brindarle ayuda a los privados de la libertad.
“En la mayoría de los casos, son sólo imputaciones hechas. La detención en supuesta flagrancia y un reporte policial. Así están los expedientes. El sistema mexicano está diseñado para detener jóvenes y mantenerlos en prisión, lo que genera un problema gravísimo porque en algún momento van a salir porque no hay pruebas. ¿Qué pasa al salir? Que todo mundo los rechaza porque son ‘delincuentes’ que estuvieron en prisión. Y el crimen organizado los coopta.
“Los responsables de grandes delitos como corrupción, lavado de dinero, defraudación fiscal, violaciones o agresiones sexuales, no están en prisión porque esos delitos requieren investigación y pruebas. La policía no investiga, no está preparada; les pagan muy mal”, añade.
El experto señala que más de la mitad de los presos en el país no están sentenciados y el Estado mexicano se niega a reformar las fiscalías, el verdadero control político: “Fue un gravísimo error la reforma judicial. No cambió nada: los tribunales siguen siendo lentos y sigue habiendo corrupción”.
