la redacción
16 de julio de 2026 14:46
Amnistía Internacional (AI) México saludó la formalización de denuncias penales por la muerte de migrantes mexicanos en centros de detención y operativos a cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, que interpuso el gobierno mexicano ante el Departamento de Justicia y fiscalías estatales de ese país.
Frente al fallecimiento de 18 connacionales, destacó que el gobierno estadunidense “está obligado a investigar de forma independiente todas las muertes y denuncias de abusos ocurridas bajo custodia de ICE”.
En este sentido, exigió que las indagatorias sean “independientes, imparciales y transparentes”.
En redes sociales, AI México enfatizó que los Estados tienen la obligación de proteger la vida, la integridad física y psicológica de todas las personas sin considerar su estatus leal o nacionalidad; garantizar condiciones dignas de detención cuando ésta sea estrictamente necesaria, asegurar acceso efectivo a atención médica y representación legal, y prevenir cualquier forma de tortura, malos tratos o desaparición forzada”.
Recordó que en su informe Tortura y desapariciones forzadas en el Estado del Sol: Violaciones de Derechos Humanos en el “Alligator Alcatraz” y Krome de Florida, presentado a finales del 2025, esta organización internacional documentó detenciones arbitrarias, condiciones insalubres, falta de atención médica, obstáculos al acceso a la representación legal y aislamiento prolongado.
También, privación del sueño y tratos crueles, inhumanos o degradantes que, en algunos casos, “podrían constituir tortura y que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Refirió que el cierre del centro de Alcatraz en Florida “no pone fin a estas violaciones ni elimina la obligación de investigar y sancionar a las personas responsables”.
De la delincuencia binacional
Pedro Miguel
17 de julio de 2026 00:03
La ofensiva del trumpismo en contra de México ha centrado su discurso en nombres propios. En rigor, los señalamientos de supuestos vínculos con el narcotráfico vienen desde muy atrás –al menos, desde el gobierno de Miguel de la Madrid–, pero se limitaban a filtrar pretendidas investigaciones a medios estadunidenses. En tiempos de Joe Biden, The New York Times publicó un infundio pergeñado por Tim Golden –originalmente cocinado en un portal mantenido por fundaciones privadas como la MacArthur, la Pew, la Sandler, la Ford y la de Soros– en el que acusaba a Andrés Manuel López Obrador de haber recibido fondos del narcotráfico en su campaña presidencial de 2006. En años recientes, la formulación de imputaciones infundadas en contra de figuras de la Cuarta Transformación se ha vuelto uno de los deportes favoritos de políticos y funcionarios estadunidenses, especialmente los de ultraderecha, con el propósito de robustecer la calumnia principal: que México está gobernado por el narco.
Ciertamente, ningún régimen político del mundo está exento de tener entre sus cuadros a algunos infractores de la legalidad; el de nuestro país no podría ser la excepción y es insoslayable la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a quienes ostenten conductas delictivas, sean cuales sean su jerarquía y su adscripción partidista.
Pero si se ha de mencionar una clase gobernante involucrada con la delincuencia, habría que empezar por la de Estados Unidos, en cuya cúspide se acomoda un criminal convicto de 34 delitos graves y sospechoso de muchos otros, como el de brindar protección a ciertos traficantes de drogas, de los que el caso más escandaloso es el de Juan Orlando Hernández, un ex presidente hondureño que, tras ser apapachado por Obama y por Trump, en el cuatrienio de Biden fue hallado culpable por un juzgado de Nueva York de trasiego de estupefacientes a Estados Unidos (concretamente, 500 toneladas de cocaína), contrabando de armas de fuego hacia su país y lavado de dinero, y sentenciado a 45 años de prisión. Sin embargo, en diciembre del año pasado Trump lo indultó sin una argumentación mínimamente creíble, aunque resultó evidente que lo quería de regreso en Honduras para que retomara allí sus tareas de operador político al servicio de Washington.
Un botón de muestra: de 2011 a la fecha, más de 250 senadores y representantes estatales, alcaldes, concejales, jueces, fiscales, jefes policiales y otros funcionarios del país vecino recibieron diversas sentencias por cometer, en el ejercicio de sus funciones, delitos que van desde lesiones y fraudes electorales hasta tráfico de bebés, pasando por lavado de dinero, trasiego de drogas, evasión fiscal, conspiración, trata, fraude, falsificación, explotación de menores, soborno y violación. Si hubiera una pizca de coherencia y sinceridad justiciera en los flamígeros acusadores de México, tendrían que empezar por admitir –y combatir– la podredumbre que impera en las oficinas públicas de su país.
Los principales replicadores vernáculos del discurso trumpiano, a su vez, se inscriben en facciones políticas con vínculos delictivos probados e inocultables: por el lado del PRI, baste con mencionar sólo a los priístas que ocuparon gubernaturas y que han recibido imputaciones penales: Javier y César Duarte, Roberto Borge, Roberto Sandoval, Mario Villanueva y Tomás Yarrington; de Acción Nacional han sido vinculados a proceso Guillermo Padrés Elías, Francisco García Cabeza de Vaca, Luis Armando Reynosa Femat y, a última hora (ayer), Ernesto Ruffo Appel, prócer del panismo bajacaliforniano y primer gobernador del maridaje que se estableció, en el salinato, entre el entonces partido gobernante y el blanquiazul.
Fuera de estas enumeraciones quedan docenas de individuos que se desempeñaron como presidentes municipales, regidores, síndicos, directores generales y subsecretarios, además de legisladores aún en funciones que están libres sólo porque tienen fuero. Pero el verdadero elefante en la sala es Felipe Calderón Hinojosa, responsable de haber puesto la seguridad pública del país en manos del narcotraficante Genaro García Luna.
Significativamente, el usurpador recibió cuando menos tres advertencias sobre el carácter delictivo de su secretario de Seguridad: del policía Javier Herrera Valles, del general Tomás Ángeles Dauahare y del periodista Jesús Lemus Barajas. La respuesta del michoacano fue la misma en los tres casos: fabricarle delitos a quienes hacían los señalamientos y meterlos a la cárcel.
La expresión “delincuencia transnacional” suele evocar pactos en oscuros escondrijos retacados de cargamentos de droga y cuernos de chivo. Pero la alianza entre la criminalidad política de Estados Unidos –hoy monopolizada por el trumpismo– y la mexicana –refugiada principalmente en el prianismo– se sella más bien en encuentros en centros de convenciones y coloquios en sedes de think tanks entre personas impecablemente vestidas y perfumadas.
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Perú: justicia admite recurso del depuesto Pedro Castillo para salir libre
Europa Press
Periódico La Jornada Viernes 17 de julio de 2026, p. 22
Madrid. La justicia de Perú admitió a trámite la solicitud de habeas corpus con la que el equipo legal del depuesto presidente Pedro Castillo busca lograr su liberación, tras el informe de un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que concluyó que su detención, en el marco de la investigación por un supuesto intento de golpe de Estado, fue “arbitraria”.
El abogado Walter Ayala, quien fue ministro de Defensa de Castillo, indicó que el Poder Judicial de Perú comenzará a evaluar dicha petición, que incluye siete puntos, entre ellos anular la resolución del Congreso que derivó en su destitución como presidente y tras la cual se ordenó su detención.
Ayala argumentó en declaraciones a la emisora RPP que las medidas adoptadas contra el derrocado mandatario “no eran legales” y pidió que se “restituya la libertad que perdió en diciembre de 2022”, después de la disolución del Parlamento.
Para los expertos de la ONU, esta detención fue arbitraria debido a que vulneró la Declaración Universal de Derechos Humanos –a la libertad, a no ser detenido sin justificación, a un tribunal independiente y a la presunción de inocencia– y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hacen énfasis en la igualdad ante los tribunales.
Solicitaron que el Estado peruano lleve a cabo la liberación inmediata de Castillo.
No obstante, la cancillería de Perú rechazó la conclusión de ese comité de expertos y aseveró que “no constituye una decisión jurisdiccional obligatoria”.
A finales de 2025, un tribunal de Perú condenó a Castillo a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para cometer rebelión.
UE avala ley promovida por Pedro Sánchez para dar amnistía a separatistas catalanes
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Viernes 17 de julio de 2026, p. 24
Madrid. Los encausados por el proceso independentista catalán, entre ellos el ex presidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont, refugiado en Bélgica desde 2017, fueron amnistiados acorde con la normativa y jurisprudencia europea, avaló ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que manifestó que “no se opone” a una ley española que absuelve actos que no afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La sentencia pone fin al debate sobre un instrumento que pactó el presidente español Pedro Sánchez con las formaciones separatistas catalanas Esquerra Republicana de Catalunya y Junta per Catalunya, que preside Puigdemont, a cambio de apoyo para su relección en 2023.
El TJUE consideró la norma “como un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”, y cuyo propósito “es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación”.
El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional de España llevaron a Luxemburgo sus dudas sobre la responsabilidad contable de los implicados por fondos, supuestamente, derivados hacia el proceso separatista desde las arcas públicas catalanas, así como el enjuiciamiento por terrorismo de 12 acusados.
El TJUE dejó claro que los fondos en cuestión “no provenían del presupuesto de la UE ni estaban destinados a éste”, y que la amnistía otorgada “no menoscaba el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo” porque se refiere a casos que no implicaron “violaciones graves” de derechos humanos.
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, será juzgada por un jurado popular, de acuerdo con la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de Madrid, debido a la cual enfrentará acusaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y corrupción en los negocios.
