Ap
05 de junio de 2026 11:44
Boston. Un juez federal anuló este viernes una política de la administración del presidente Donald Trump promulgada después de la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional, que dificultaba a migrantes de decenas de países permanecer en el país.
En un fallo que criticó duramente al gobierno, el juez John McConnell Jr. afirmó que la política “arrojó las vidas de incontables inmigrantes que viven en Estados Unidos a un limbo legal indeterminado”, y acusó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de ignorar la ley.
“Al promulgar sus más recientes políticas migratorias, el Uscis (Servicios de Ciudadanía e Inmigración) se atribuye una autoridad estatutaria y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin considerar los intereses de confianza de los solicitantes que debe tener en cuenta; y justifica sus acciones con preocupaciones pretextuales de ‘seguridad nacional’ que encubren sentimientos antimigrantes cuya influencia en su toma de decisiones tiene prohibido permitir”, escribió McConnell.
“En términos legales, eso significa que las acciones del USCIS son contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas”.
Las políticas le prohibían a inmigrantes de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio recibir decisiones sobre, entre otras cosas, sus solicitudes de asilo, permiso de trabajo, tarjeta de residencia y ciudadanía.
“Este fallo reafirma un principio básico: el gobierno federal no puede cerrar vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su lugar de origen”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.
“Estas políticas ilegales causaron un daño enorme a familias, trabajadores, solicitantes de asilo y comunidades en todo el país, que quedaron en el limbo, sin poder trabajar, acceder a protecciones o seguir adelante con sus vidas”, añadió.
05 de junio de 2026 11:44
Boston. Un juez federal anuló este viernes una política de la administración del presidente Donald Trump promulgada después de la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional, que dificultaba a migrantes de decenas de países permanecer en el país.
En un fallo que criticó duramente al gobierno, el juez John McConnell Jr. afirmó que la política “arrojó las vidas de incontables inmigrantes que viven en Estados Unidos a un limbo legal indeterminado”, y acusó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de ignorar la ley.
“Al promulgar sus más recientes políticas migratorias, el Uscis (Servicios de Ciudadanía e Inmigración) se atribuye una autoridad estatutaria y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin considerar los intereses de confianza de los solicitantes que debe tener en cuenta; y justifica sus acciones con preocupaciones pretextuales de ‘seguridad nacional’ que encubren sentimientos antimigrantes cuya influencia en su toma de decisiones tiene prohibido permitir”, escribió McConnell.
“En términos legales, eso significa que las acciones del USCIS son contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas”.
Las políticas le prohibían a inmigrantes de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio recibir decisiones sobre, entre otras cosas, sus solicitudes de asilo, permiso de trabajo, tarjeta de residencia y ciudadanía.
“Este fallo reafirma un principio básico: el gobierno federal no puede cerrar vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su lugar de origen”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.
“Estas políticas ilegales causaron un daño enorme a familias, trabajadores, solicitantes de asilo y comunidades en todo el país, que quedaron en el limbo, sin poder trabajar, acceder a protecciones o seguir adelante con sus vidas”, añadió.
EU endurece la vigilancia financiera contra quienes den trabajo a migrantes
Imagen https://www.facebook.com/USTreasuryDept Foto autor
Alejandro Alegría
05 de junio de 2026 10:32
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió un aviso a los bancos y cooperativas para que identifiquen y denuncien “actividades ilícitas” relacionadas al empleo de migrantes sin papeles.
El documento, que refleja la estrategia del gobierno estadunidense de endurecer el control migratorio a través del sistema financiero, se da unas semanas después de que el presidente Donald Trump emitió una orden para restringir créditos y servicios financieros a migrantes indocumentados, ya que no cuentan con los permisos para laborar en ese territorio (https://tinyurl.com/La-Jornada).
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la administración del presidente Trump “no permitirá que los inmigrantes indocumentados abusen de las instituciones financieras” y justificó la medida como parte de la política para “restaurar la integridad del sistema financiero estadunidense”. La disposición se alinea con la Orden Ejecutiva 14406, publicada el 19 de mayo de 2026 en el Registro Federal de Estados Unidos.
El aviso señala que empleadores en sectores como el agrícola, la construcción, el servicio doméstico y la hostelería, entre otros, recurren a esquemas de nómina fraudulentos que ocultan la contratación de trabajadores indocumentados.
De acuerdo con el gobierno estadunidense, estos mecanismos incluyen robo de identidad, uso indebido de números de Seguro Social y Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN), así como la creación de empresas fantasma y la utilización de intermediarios laborales para dispersar pagos sin retener impuestos.
Un caso citado por FinCEN expone cómo una red de estafadores extranjeros operó durante años, pagando ilegalmente a migrantes sin papeles y generando pérdidas superiores a 38 millones de dólares. Según el informe, en 2025 las instituciones financieras reportaron más de 2 mil 500 millones de dólares en operaciones sospechosas relacionadas con esquemas de fraude en la nómina.
El documento destaca que las instituciones financieras son “clave” para detectar y denunciar estas actividades, y ofrece 18 indicadores de alerta para identificar patrones sospechosos. Entre ellos, el uso intensivo de ITIN sin documentación de empleo válida, transferencias a través de empresas no registradas y pagos en efectivo o mediante aplicaciones entre particulares.
Para facilitar las investigaciones, FinCEN pide a las entidades incluir la clave “FINANCIALINTEGRITY-2026-A002” en los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR). Además, recomienda reforzar la debida diligencia con clientes que presenten un ITIN, evaluando si puede representar un factor de riesgo.
La advertencia refleja la estrategia del gobierno estadunidense de vincular la política migratoria con la vigilancia financiera, trasladando a bancos y cooperativas la responsabilidad de reportar esquemas que puedan involucrar a trabajadores indocumentados.
Críticos de estas medidas señalan que esta política amplía la criminalización de la migración y delega en las instituciones privadas funciones de control que afectan a comunidades vulnerables, mientras se protege el interés fiscal y económico del gobierno estadunidense.
Esta acción se suma a una serie de medidas que buscan limitar la presencia de trabajadores sin documentos en Estados Unidos, al tiempo que genera presión sobre el sistema bancario para actuar como una extensión de la política migratoria federal.
Pedro Sánchez se desmarca de trama de espionaje contra adversarios en España
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Sábado 6 de junio de 2026, p. 28
Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se refirió ayer por primera vez a uno de los procesos judiciales más graves que afectan a su círculo político más íntimo, el que señala a su ex secretario de Organización, Santos Cerdán, como el operador en la sombra de una trama de espionaje y coacciones para neutralizar las operaciones judiciales contra el gobierno y el entorno familiar del mandatario.
“Nunca se me ha informado de las andanzas de la señora Díez porque nunca las hubiese tolerado. Y lo que no vamos a permitir es que las corruptelas de unos pocos y una oposición marrullera tape e impugne un proyecto político que está trayendo prosperidad y siendo un referente a nivel internacional”, afirmó Sánchez en un breve encuentro con los medios de comunicación en una gira oficial en Montenegro.
Iban contra jueces, fiscales, periodistas y empresarios
Sánchez es escrutado por los tribunales por medio de varios procesos judiciales, pero hay uno de ellos especialmente grave porque el informe policial que lo avaló es minucioso y relata una presunta trama para atacar a jueces, fiscales, periodistas y empresarios con el único objetivo de neutralizar cualquier tipo de acción penal contra el entorno del presidente del gobierno o del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El punto de partida de este caso fue la ex militante socialista Leire Díez, a quien en su día expulsaron de la formación política alegando que no tenía ninguna vinculación con la cúpula, pero una vez levantado el secreto del sumario adoptado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se desveló que se reunía de forma asidua e insistente con Santos Cerdán –el operador político de la máxima confianza de Sánchez–, así como con la actual directora de la Guardia Civil, la también socialista Mercedes González, quien en su día también negó cualquier encuentro con esta ex militante y ahora reconoce al menos tres reuniones en su propia oficina y donde presuntamente habrían hablado, según el informe policial, de la forma de debilitar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es la policía judicial del instituto armado responsable de las investigaciones sobre corrupción pública.
Sánchez se desmarcó de forma categórica de las referencias a que él mismo sabía de la trama y en la que aparece, según una interpretación de los agentes, como el Number One: “Hay que respetar el auto del juez. No voy a entrar en ninguna valoración que pueda hacer la UCO. Hay que dejar trabajar a la justicia. Ni nunca avalé ni nunca tuve información ni conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado”.
Además, Sánchez aseguró que mantiene su confianza en la directora de la Guardia Civil y en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que han cambiado de versión en varias ocasiones sobre este asunto.
Sánchez se mostró molesto ante el “tsunami informativo” y la ofensiva de la oposición “marrullera”, al insistir en que “hay malas artes para intentar derribar el gobierno, que es limpio e íntegro”.
Se oponen a decisión de Bukele de reactivar la minería
Periódico La Jornada
Sábado 6 de junio de 2026, p. 25
Al menos 700 ambientalistas se manifestaron ayer en El Salvador, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, contra una ley impulsada por el presidente Nayib Bukele que autorizó la explotación de minerales en el país. En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa derogó, por solicitud del mandatario, la prohibición total de la extracción que estaba vigente desde 2017. El Ejecutivo sostiene que es “absurdo” que la minería estuviera proscrita en la nación que posee los yacimientos de oro “con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo”.
INE: ¿incorregible?
El Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta pedir 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para la operación de sus oficinas en 2027, de los cuales 2 mil 380 millones corresponden a su sede central y mil 567 millones a juntas locales ejecutivas y distritales. Estos montos no contemplan ni los “servicios personales” (sueldos) ni el presupuesto repartido a los partidos políticos. La semana pasada, la consejera Frida Gómez Puga, integrante de la Comisión de Fiscalización, anticipó que se solicitarán “al menos” 15 mil millones de pesos adicionales para organizar los comicios en los que se renovarán la integración de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, diputaciones locales en 31 entidades y ayuntamientos y alcaldías, en 30.
Con sus cuentas, el INE envía a la sociedad un desalentador mensaje de inercia y falta de sensibilidad. Por ejemplo, los 15 mil millones de pesos para conducir el proceso electoral representan un incremento de 70 por ciento frente a lo erogado en las elecciones generales de 2024. Es cierto que entonces sólo se renovaron nueve gobiernos estatales, pero también se disputaron la Presidencia y el Senado, por lo que la magnitud del aumento parece difícil de justificar.
Por otra parte, aunque ha quedado atrás el despilfarro ostensible y provocador que llevaba a cabo el instituto cuando era controlado por el consejero presidente Lorenzo Córdova y el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, las percepciones y privilegios de los mandos distan de ajustarse al decoro republicano. De acuerdo con datos del propio INE, sus consejeros tienen una percepción bruta anual de 4 millones 402 mil 923 pesos (antes de impuestos y de cualquier otro descuento), equivalentes a 366 mil 910 pesos al mes, frente a los 2 millones 882 mil 131 pesos de la presidenta de la República (240 mil 177 pesos brutos al mes). La secretaría ejecutiva tiene una percepción total anual bruta de 4.1 millones de pesos (344 mil 643 pesos al mes).
A estos sueldos se suman seguros de gastos médicos mayores, gastos de alimentación por un máximo de 11 mil 970 pesos mensuales, gastos funerarios e indemnización por fallecimiento equivalentes a mil veces el salario mínimo, vehículo con chofer, ayuda para renta por 20 mil pesos mensuales, entre otras prebendas. Hasta el año próximo, y obligados por la reforma constitucional aprobada en abril, 262 altos funcionarios ajustarán sus sueldos para ganar menos que la Presidenta de la República.
Al presentar el estimado de las necesidades presupuestales para el proceso electoral de 2027, la consejera Gómez Puga afirmó que “en la función pública no sólo es necesario ser, también es importante parecer; parecer honestos, imparciales, responsables y transparentes frente a una ciudadanía cada vez más exigente”. Cabe esperar que ella y sus colegas atiendan a ese principio y emprendan una racionalización importante de sus gastos, los cuales mellan la credibilidad de la autoridad electoral y alimentan la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones y los procedimientos democráticos.
