En el pasado se benefició a inmobiliarias con “créditos impagables” // Canceló 5 millones de préstamos
▲ El Infonavit prácticamente había cancelado la construcción de vivienda para sólo entregar créditos impagables, dijo ayer la mandataria.Foto Presidencia
Alonso Urrutia Enviado
Periódico La Jornada Lunes 29 de junio de 2026, p. 5
Tuxtla Gutiérrez, Chis., La política de vivienda sexenal, que pretende construir un millón 800 mil casas en este periodo, aporta uno por ciento al producto interno bruto (PIB), afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria ratificó sus críticas a la política en este rubro en el periodo neoliberal, que privilegió a los desarrolladores inmobiliarios, y dijo que las diversas vertientes de su estrategia habitacional beneficiarán a 30 millones de personas a lo largo del sexenio.
Al concluir su gira por Chiapas, Sheinbaum criticó que en el pasado el Infonavit virtualmente canceló la construcción de vivienda para concentrarse en la entrega de créditos impagables a los derechohabientes. Por ello, al considerar injustas las deudas eternas de los trabajadores, se ordenó cancelar 5 millones de préstamos donde la gente ya había pagado mucho más de su deuda original y ésta, lejos de bajar, subía.
Cito ejemplos: “Carlos Ortiz Téllez, de Tapachula, pidió 89 mil pesos de crédito para una vivienda. Había pagado 446 mil y tenía una deuda de un millón 350 mil. ¡¿Cómo, si pidió 89 mil pesos de crédito?! Bueno, ahora no debe nada, ya se liberó. Griselda Durán Guizar, de Tuxtla Gutiérrez, solicitó 85 mil pesos. Ya había pagado 578 mil y todavía debía un millón 130 mil. ¡¿Pueden creer eso?!”
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, destacó que la política en este ramo durante esta administración tiene cuatro componentes: construcción de 1.8 millones de casas, de las cuales ya están en obra 600 mil; apoyo para mejoramiento de vivienda; entrega de un millón de escrituras y la liberación o restructuración de 5.1 millones de créditos impagables.
Para Sheinbaum, el gobierno de la oligarquía, que se prolongó durante 36 años, fue en detrimento de las políticas sociales. Al privilegiar los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, lo que se propició es que se construyeran casas muy pequeñas, pero además tan alejadas de centros urbanos que actualmente muchas están abandonadas.
Señaló que como parte de la modificación de la estrategia en este rubro es que ahora se ha priorizado el acceso a este beneficio a los trabajadores que tienen percepciones de entre uno y dos salarios mínimos. Sólo por la edificación de 1.8 millones de casas se calcula abarcar a una población de entre 7 y 8 millones de personas, si se considera una familia promedio de cuatro integrantes, apuntó.
Sobre ese mismo supuesto, la condonación o restructuración de 5.1 millones de créditos del Infonavit y del Fovissste beneficiará a cerca de 20 millones de empleados, por lo que en conjunto la política habitacional impactará en la vida de cerca de 30 millones.
La mandataria destacó el papel relevante que tiene la industria de la construcción en el conjunto de la economía del país, por lo que únicamente el programa Vivienda para el Bienestar aporta cerca de uno por ciento del PIB, para el crecimiento económico del país.
“Y si consideramos que cada vivienda emplea por lo menos a cuatro personas, se está generando una cantidad muy importante de plazas laborales. Esa es la diferencia entre los gobiernos del neoliberalismo y los humanistas. Nos llamamos humanistas sencillamente porque gobernamos para la gente.”
El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, enfatizó en la política de condonación de créditos impagables, pero también subrayó que la política salarial aplicada desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador –con incrementos sustanciales sostenidos– permitió que, producto del aumentó en las aportaciones, los recursos del Infonavit pasaron de 780 mil millones a un billón 50 mil millones de pesos para expandir los beneficios a los trabajadores en este derecho.
Estado rector
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una conferencia matutina en Palacio Nacional. Foto Yazmín Ortega Cortés / Archivo Foto autor
Bernardo Bátiz V.
29 de junio de 2026 00:03
Los debates y acontecimientos recientes en nuestro país y en América Latina, en especial en Cuba y Colombia, así como los oportunos comentarios de la Presidenta de México, han demostrado la eficacia del sistema adoptado por la Constitución mexicana; no somos neoliberales, no somos un Estado en el que el libre mercado rija sin barreras, pero tampoco somos una dictadura del proletariado ni mucho menos una dictadura a secas.
En lo político somos una democracia en la que el pueblo expresa su opinión con libertad y logró con votos un cambio histórico; no hay cortapisas ni represión a quienes opinan y al hacerlo critican al gobierno ni tampoco la hay cuando las críticas son dirigidas a las personas que ocupan cargos públicos; hay respuestas y debate abierto; la “mañanera” ha sido, desde el sexenio pasado, una muestra de esta actitud y nos invita a definir cuál es nuestro “modelo” tanto en lo político como en lo económico.
Los gobernados participan en las polémicas, tienen voz y espacio para hacerlo, no hay represión ni abierta ni velada; se respetan las libertades políticas y lo cierto es que el pueblo es “sabio”, está enterado, opina y participa, con declaraciones, marchas que no son reprimidas y de otras maneras, por medio de sindicatos, agrupaciones empresariales, organizaciones con diferentes objetivos y con diferentes formas de actuar y de expresarse.
Han quedado muy atrás los tiempos en los que la única opinión que contaba era la del presidente de la República y el único partido que ganaba era el PRI. Recuerdo que el maestro Virgilio Domínguez, que fue director de la Facultad de Derecho de la UNAM, decía entre bromas y veras que “en México sólo hay dos instituciones: el PRI y el presidente”; eso ya no sucede.
Sólo que ahora tenemos que ser muy cuidadosos para que el viejo sistema no reaparezca como algunos temen y quizá también algunos deseen. Debe quedar claro que Morena no es un nuevo partido de Estado, ni un nuevo partido oficial.
¿Qué es México? ¿Cuál es nuestro sistema? Si no somos ni una democracia neoliberal en la que las fuerzas del mercado, y por tanto, los intereses de los poseedores de la riqueza prevalecen, ni somos tampoco una dictadura del proletariado, ni menos una “dictablanda”, ¿qué somos entonces?
La respuesta debe ser clara, resultado de la observación y la reflexión, y abarca tanto lo político como lo económico; a todos nos debe quedar claro que la Cuarta Transformación, como lo dijo recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum, no debe detenerse, sino por el contrario, consolidarse y respetar los derechos de todos, y muy en especial el voto democrático.
Para que esta intención de congruencia se sostenga, se fortalezca y se respete, debemos entender muy claramente quién o quiénes son los dueños de la riqueza y cuáles son las reglas formales, e informarles de nuestro sistema. Si no somos neoliberales, ¿cuál es el papel del Estado? Si no somos un sistema socialista, ¿cuál es el papel del Estado? La respuesta está en el texto de nuestra Constitución aprobada en 1917 como efecto principal de la Revolución Mexicana, y reformada paulatinamente a través del tiempo, paso a paso y en forma no sólo democrática sino, diría yo, prudente y a veces sabia.
El papel del Estado en la economía no es ser titular de la riqueza; los bienes, las empresas, la tierra, las fábricas, los transportes pueden ser legítimamente de personas en lo individual o de personas colectivas como ejidos, cooperativas o sindicatos. Hay un régimen económico en el que se respeta tanto la propiedad privada como la propiedad pública, pero también la propiedad social, y creo que ésta es la gran aportación de la Revolución Mexicana.
Al lado de las empresas privadas, bancos controlados por accionistas, trasnacionales poderosas, juegan en México un papel importante; empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, bancos del Estado como el Banco de México, la Nacional Financiera, los bancos Ejidal y Agrario, así como cooperativas de ahorro y préstamo, también otras de fines diferentes de las que doy dos ejemplos: la Cooperativa Pascual, embotelladora de refrescos, y Cementos Cruz Azul.
Y esto no es sólo producto de intereses particulares; es un modelo propio, ya consolidado y previsto en la ley suprema, producto de la Revolución Mexicana.
La Constitución reconoce expresamente que hay tres tipos de propiedad: pública, privada y social; transcribo para no olvidarlo el siguiente párrafo del artículo 28, cuando se refiere a la tierra: “Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social, que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios (…) de esta Constitución”.
Creo que esta es la importante aportación, nuestra propia respuesta al liberalismo o al socialismo; en México hay rectoría del Estado en la economía, pero en especial coexistencia de la propiedad social con la pública y la privada.
jusbb3609@hotmail.com
“Jamás regresará el capitalismo a Cuba”, afirma Díaz-Canel
▲ Soldados limpian una zona de La Habana Vieja luego de que la basura se acumuló tras el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos.Foto Afp
Prensa Latina y Cubadebate
Periódico La Jornada Lunes 29 de junio de 2026, p. 24
La Habana., El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este fin de semana que en la isla “jamás” se restaurará el capitalismo y afirmó que las transformaciones económicas en marcha no implican cambios en el sistema político, al clausurar el 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). “Se trata de salvar la revolución y sus conquistas sociales”, aseveró el mandatario.
“Quiero ratificar algo, para que quede bien claro a nuestros compatriotas, a los amigos y hasta a los enemigos: ¡No nos proponemos ni jamás estará en nuestros propósitos la restauración del capitalismo en Cuba!”, señaló el también primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de este país.
Agregó: “se trata, y nadie lo dude, de salvar la revolución y sus innegables conquistas sociales, porque no renunciaremos nunca a la aspiración mayoritaria de construcción socialista. Pero para tener justicia social, para mantener y ampliar las conquistas de la revolución en la salud, la educación, el deporte, la ciencia, la cultura y en otros tantos campos del desarrollo humano, hay que generar y disponer de recursos materiales y financieros, de los cuales se priva cada vez más al Estado cubano para garantizar una justa redistribución”.
Díaz-Canel explicó que las medidas están dirigidas a continuar la orientación socialista de la economía, independientemente de lo que afirme la propaganda enemiga.
Son claramente visibles las campañas malintencionadas de los medios financiados por Estados Unidos respecto a Cuba para introducir cambios neoliberales y exigidos también en el modelo político del país, añadio.
Destacó el apoyo contundente en el Congreso a las transformaciones aprobadas y al profundizar en las medidas de perfeccionamiento, el mandatario argumentó que se trata de implementarlas bien.
Además, refirió que no son nuevas “ni responden, ni mucho menos a concesiones, ni a las amenazas de Estados Unidos”.
Sobre el tema, remarcó que “no responden a una exigencia del reciente proceso de conversaciones. Es una decisión soberana de los cubanos y las cubanas”.
El Congreso de la CTC, enmarcado en el Año del Centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, se desarrolló en un contexto nacional de extrema complejidad, marcado por una crisis energética y financiera sin precedente, agravada por el recrudecimiento del bloqueo estadunidense y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Cuba: reformas con soberanía
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió ayer que los cambios en la estructura económica de la isla aprobados el pasado 18 de junio por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) no significan un regreso al capitalismo ni cambios en el sistema político cubano. Por el contrario, dijo, el propósito del paquete de 176 medidas es “salvar la revolución y sus innegables conquistas sociales”, en un contexto económico crítico causado por el bloqueo que el gobierno de Estados Unidos mantiene contra la nación caribeña desde hace más de seis décadas y que la administración de Donald Trump ha llevado hasta extremos de inhumanidad con pocos precedentes en la historia universal.
A decir del mandatario cubano, la “extrema complejidad” del escenario actual exige generar más recursos materiales y financieros a fin de preservar los avances logrados en la isla en materia de salud, educación, ciencia y cultura.
Las reformas mencionadas incluyen la posibilidad de que personas y compañías nacionales y extranjeras creen bancos y adquieran acciones de empresas estatales, las cuales podrán definir por sí mismas los precios y llevar el control de costos, gastos, tendencias del mercado; abrir las zonas turísticas a desarrollos inmobiliarios; permitir el establecimiento de franquicias de comida rápida; adjudicar a privados áreas protegidas, acuarios, zoológicos y centros de alojamiento; promover la exportación de productos cubanos de marca registrada y facultar a autoridades provinciales y municipales para crear, liquidar o extinguir empresas estatales locales; establecen, asimismo, una liberalización del sistema financiero y de la escala salarial.
Aunque en los días transcurridos desde el anuncio los medios y comentaristas occidentales se han apresurado a festejar “el fin del socialismo cubano”, lo cierto es que el Estado conservará el control de las áreas estratégicas y mantendrá el carácter social de las instituciones y de la economía en general. El giro, como lo señaló en la sesión del día 19 de la ANPP el primer ministro, Manuel Marrero, no significa concesión alguna a la exacerbada hostilidad económica de Washington, sino que responde al propósito de “corregir las distorsiones” y también, desde luego, a la necesidad de dar oxígeno a la agobiada economía de la isla, afectada por las draconianas y arbitrarias disposiciones estadunidenses que prohíben a prácticamente cualquier persona física o moral del mundo hacer negocios con Cuba.
El plan de reformas, por lo demás, fue ampliamente discutido en instancias de diversos niveles del poder público y es consistente con el Programa Económico y Social del Gobierno, validado en consulta popular. Representa, por ello, un ejercicio de soberanía y de legítima defensa del modelo político, social y económico construido por el propio pueblo cubano.
De alguna manera, los cambios introducidos en la isla evocan la evolución de los paradigmas socialistas en China y en Vietnam, y cabe esperar que tenga resultados igualmente positivos. Finalmente, y al margen de lo que decidan los cubanos para su país, es irrenunciable la exigencia de que Estados Unidos abandone su pretensión de rendir a Cuba por hambre y escasez a fin de imponer su voluntad en los asuntos de esa nación.

