domingo, 31 de mayo de 2026

Ya son 93 los bloqueos en Bolivia luego de un mes de protestas.

De la Redacción
Periódico La Jornada   Domingo 31 de mayo de 2026, p. 22
Aumentaron a 93 los puntos de bloqueo en las carreteras de Bolivia este fin de semana. Expertas destacaron que en el actual conflicto, que ya lleva un mes, los discursos incendiarios y de odio vuelven a abrir viejas heridas de racismo, clasismo y de exclusión social en el país.
Los cortes en las carreteras del país aumentaron a 93 ayer, 17 más que los registrados el viernes. La Central Obrera Boliviana, principal impulsora de las movilizaciones, persiste en su rechazo a participar en el diálogo con el presidente Rodrigo Paz.
Los bloqueos y los discursos incendiarios y de odio vuelven a abrir viejas heridas raciales y clasistas en Bolivia, sostienen la científica política Ana Lucía Velasco y la historiadora Sayuri Loza. Alertan que, en momentos de incertidumbre, esas tensiones se convierten en herramientas de confrontación política, reportó Brújula Digital.
“La gente no reacciona tanto a lo político como a lo étnico o regional” y discursos de confrontación como “indígenas contra blancos” o “campo contra ciudad” movilizan emociones muy profundas sostuvo Loza.
“Cuando hay una crisis económica profunda reforzada por bloqueos y huelgas, estos discursos se vuelven más fuertes”, apuntó Velasco.

Va el progresista Iván Cepeda por presidencia de Colombia
Este domingo son las elecciones
Asegura que “al igual que en México, por el bien del país, primero los pobres” // Aída Quilcué, indígena Nasa, es su acompañante de fórmula vicepresidencial
▲ La candidata a la vicepresidencia colombiana, Aída Quilcuéde, con el progresista Iván Cepeda, quien busca continuar el legado de Gustavo Petro.Foto Afp
Jairo Gómez    Especial para La Jornada
Periódico La Jornada   Domingo 31 de mayo de 2026, p. 22
Bogotá. Iván Cepeda buscará hoy la presidencia de Colombia y espera ganar en primera vuelta. Su proyecto político y programático representa la consolidación del progresismo, gobernar bajo la égida de combatir la pobreza e instalar una senda de transformación social y económica que emprendió su mentor político: Gustavo Petro.
Los 63 años de vida de Iván Cepeda, candidato por el Pacto Histórico, se pueden resumir en la lucha por la supervivencia, los derechos humanos, la búsqueda incesante de la paz y la erradicación de la pobreza.
El candidato emergió en la política tras el asesinato de su padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, por grupos paramilitares en connivencia con sectores de la inteligencia del ejército Nacional el 9 de agosto de 1994. El magnicidio de su padre lo sacó de la comodidad académica para asumir el activismo del lado de las más de 10 millones de víctimas del conflicto armado.
Aída Quilcué, indígena Nasa, también víctima del conflicto armado, es su acompañante de fórmula vicepresidencial.
Cepeda, senador, ha sido congresista 16 años y su labor parlamentaria la dedicó a respaldar una agenda social encaminada a dignificar a las víctimas, reducir los índices de desigualdad y sacar de la pobreza a cerca de 30 millones de colombianos. “Igual que en México, por el bien del país, primero los pobres”, repite constantemente en sus discursos públicos y entrevistas.
Transversal a su vida política aparece en sus investigaciones y debates parlamentarios el ex presidente Álvaro Uribe Vélez –jefe natural de la extrema derecha colombiana– a quien investigó por sus relaciones con el paramilitarismo ejerciendo la presidencia, para controvertirlo, de nuevo, cara a cara, siendo ambos senadores (2014-2018), documentos en mano, sobre la creación de las llamadas Convivir (paramilitarismo) en su departamento, Antioquia.
Cepeda demandó a Uribe por soborno y manipulación de testigos y logró llevar al banquillo de los acusados, por primera vez, a un ex presidente; fue condenado a 12 años de cárcel y después exonerado por una sala de magistrados con argumentos extraños.
Para muchos columnistas esta rencilla política y judicial apuntaló a Iván Cepeda como el rival más poderoso desde la izquierda para disputarle la hegemonía a la oligarquía colombiana, ya derrotada por el hoy presidente Gustavo Petro, hace cuatro años.
“El presidente Petro es el líder natural del progresismo y sin duda cambió la realidad política, económica y social del país y en esa dirección se define mi propuesta programática para darle continuidad a una agenda que revolucione el país”, aseguró Cepeda en una entrevista reciente.
“La paz no mata”, respondió a una pregunta que cuestionaba La Paz Total del actual gobierno, que será un eje fundamental también en el suyo, prometió luego de destacar que “nunca valora los esfuerzos de paz como un fracaso”.
La agenda económica de Cepeda busca recoger los logros de Petro en materia agropecuaria, industrial, el impacto en la reducción de pobreza y agudizar la transición energética de una economía dependiente de los comodites (petróleo y carbón) a una productiva que convierta a Colombia en la despensa alimentaria, no sólo del país, sino del mundo. “Tenemos el potencial para serlo”, ratificó.
“Vamos a construir un verdadero acuerdo nacional que sea el resultado de un diálogo entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, y no simplemente la reproducción de un pacto elitista en Colombia”, proclamó tras advertir que “no busco estatizar la economía, busco volverla más productiva que permita neutralizar los efectos negativos del cambio climático”.
Sistema Anticorrupción
Un problema de Colombia es la corrupción; ni el gobierno de izquierda de Petro se salvó de sus tentáculos; para superar este flagelo, que Cepeda considera “un sistema maligno dentro de la administración pública”, propone crear un “Sistema Nacional Anticorrupción”.
Sobre el crucial tema del narcotráfico, cuyo combate considera que ha sido un rotundo fracaso, estimó continuar y profundizar la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos (hoja de coca) implementando una profunda inversión social en los territorios afectados por el tráfico de estupefacientes.
“Sólo así, llevando presencia del Estado con obras que cambien la realidad de las comunidades, es que lograremos sacar a los campesinos de este flagelo”, enfatizó. La paz y los derechos humanos serán centrales en su gobierno, aseveró.

Millones enfrentan hambre aguda y desnutrición en Ecuador: ONU
Orlando Pérez   Especial para La Jornada
Periódico La Jornada  Domingo 31 de mayo de 2026, p. 20
Quito. La Organización de Naciones Unidas (ONU) reportó que 2.6 millones de personas en Ecuador enfrentan hambre aguda en medio de una crisis sin precedentes. A la par, el presidente Daniel Noboa aseguró haber reducido la pobreza extrema a 21 por ciento, pero evitó dar cifras sobre la crisis económica, los niveles de violencia criminal y el endeudamiento externo, en su último informe a la nación, rendido el 24 de mayo.
Estos momentos, Ecuador, con 18 millones de habitantes, tiene una de las tasas más elevadas de desnutrición en niños en América Latina (19.3 por ciento de los menores de 2 años y 17.5 por ciento de los menores de 5 años), lo que perpetúa la trampa de la pobreza para las siguientes generaciones.
La ONU y otras entidades internacionales dan cuenta de que este país andino “atraviesa una emergencia compleja que está dejando a millones de personas sin acceso suficiente a alimentos”.
La inseguridad alimentaria se expresa en comer una o dos veces al día máximo y tener una población infantil con desnutrición crónica. No es sólo “tener poca comida”, señala la ONU, sino que “afecta la nutrición infantil y el desarrollo cerebral, la capacidad de las familias para trabajar y estudiar, la estabilidad de comunidades enteras y el futuro del país. Cada mes de retraso en la respuesta hace que la solución sea más difícil y cara”, señala el informe humanitario 2025-2026 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases. El análisis incluyó tanto a la población residente como a la población migrante, mayormente de nacionalidad venezolana, quienes enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad.
Sin esperanza de mejoría
El documento además indica que para el periodo de agosto a noviembre de 2026 “se espera que la gravedad de la inseguridad alimentaria aguda se mantenga en niveles similares, con 2.6 millones de personas proyectadas en la fase 3 o superior”, considerando que la fase 3 indica crisis, y la fase 4, emergencia.
El texto pronostica que provincias como Esmeraldas y Pastaza “permanezcan en la fase 3, mientras que el resto del país se mantendrá en la fase 2 (estrés), incluyendo la provincia de Guayas (la más poblada de Ecuador), que se espera que muestre una leve mejoría estacional al pasar de la fase 3 a la fase 2”.
La investigación concluye que esta “grave situación de inseguridad alimentaria en Ecuador se debe a una combinación de factores”, como los altos precios de los alimentos, la inestabilidad de los ingresos, los impactos climáticos, la violencia y la inseguridad. “Estos desafíos se ven agravados por riesgos agrícolas, como el (hongo) Fusarium raza 4, que afecta la producción de plátano y los ingresos familiares en las zonas rurales, así como entre las poblaciones migrantes”, acotó.
Sin embargo, el gobierno de Noboa no responde a los pedidos de información sobre soluciones inmediatas a este problema. Por el contrario, para la presentación del informe desplegó campañas de publicidad millonarias en las que destaca la reducción de la pobreza y señaló que es una cifra histórica estimada en 21 por ciento, frente a 26 por ciento registrado después de la pandemia de 2020.
Expertos como el economista Juan Pablo Jaramillo, consultado por La Jornada, señalan que el gobierno usa datos estadísticos sin respaldo de muestras considerables, con “apenas 9 mil entrevistados”, cuando antes se consultaba a más de 40 mil personas para este tipo de estudios.
Jaramillo afirma, además, que no son reducciones respaldadas en investigaciones más profundas, porque dejan de lado condiciones básicas de vida y de bienestar, porque además se sustentan en la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de 2010.

Golpes contundentes a factureras
La Fiscalía General de la República (FGR) dio fuertes golpes a estructuras de factureras, empresas que emiten comprobantes fiscales por operaciones simuladas. En los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, del estado de Nuevo León, prosiguió su campaña contra el grupo conocido como Los Petrofactureros, conformado por más de 40 empresas que simulan actividades en los sectores logístico, energético y de transporte, a fin de proveer una fachada legal al tráfico ilícito de combustibles.
Por otra parte, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desmanteló El Caballito, una red dedicada a diseñar y vender mecanismos de evasión fiscal a otras compañías. El operativo contra esta organización criminal consistió en 40 cateos simultáneos en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila, en los que fueron detenidas ocho personas y se aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas, así como dinero en diversas divisas. Además, se indaga a 15 empresas y asociaciones civiles vinculadas con la red.
Los arrestos y decomisos de personas y bienes vinculados a Los Petrofactureros y El Caballito ratifican la determinación de las autoridades para acabar con la evasión fiscal en general y, en particular, con la artimaña de las facturas sin sustento. Este esfuerzo de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo para restituir a la nación los recursos sustraídos a la hacienda pública por privados inescrupulosos contrasta con el libertinaje estimulado durante el periodo neoliberal, cuando la evasión fiscal fue promovida desde el Estado mediante una combinación de leyes laxas y complicidad con los evasores.
A partir de 2019 se puso coto al saqueo incentivado desde el poder. Por medio de auditorías directas, fiscalización profunda, cobro de adeudos de ejercicios anteriores, revisión de precios de transferencia de grandes empresas trasnacionales y el combate frontal a las factureras, México ha recuperado 3.7 billones de pesos desde ese año hasta 2025. En este último periodo, los ingresos fiscales superaron por primera vez los 6 billones de pesos, lo que ha permitido un incremento sostenido del gasto social sin recurrir al endeudamiento ni imponer nuevos gravámenes. Como han explicado las autoridades, la lucha contra la evasión ha provisto gran parte de los recursos destinados a programas sociales y fortalecimiento de derechos, cuyos ejemplos más visibles son las pensiones universales para personas mayores y las becas para estudiantes de todos los niveles.
La actividad de las factureras no sólo habilita el robo de haberes necesarios para el desarrollo nacional, sino que es un delito facilitador de otros, como demuestra el caso de Los Petrofactureros. Sin estas estructuras criminales, es más difícil lavar el dinero proveniente del narcotráfico, la extorsión, la explotación sexual, el huachicol y otras actividades nocivas. Por ello, al combatir la emisión de comprobantes fiscales falsos, se golpean las finanzas de múltiples organizaciones de todos los rubros delictivos.
En suma, cabe saludar el éxito de los operativos realizados esta semana, saludar el énfasis continuo de las autoridades en la lucha contra la defraudación fiscal y hacer votos por que esta práctica sea erradicada del panorama nacional, sin olvidar que para eliminarla por completo es imprescindible un compromiso global que cierre las puertas al lavado de dinero y el ocultamiento de grandes fortunas.

Despliega Nueva Jersey a la policía para reprimir protestas contra ICE
Asegura la gobernadora Sherrill que la situación en centro de detención de migrantes en Newark “se ha vuelto insegura y completamente inaceptable”
Ap Y Afp
Periódico La Jornada   Sábado 30 de mayo de 2026, p. 21
Nueva Jersey., La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció ayer el despliegue de la policía estatal para “restablecer el orden” en un centro de detención de inmigrantes en Newark, que ha sido escenario de violentas protestas y arrestos en los últimos días, después de que internos del recinto iniciaron una huelga de hambre por las condiciones de su detención.
La demócrata explicó que la decisión responde a un contexto de intensificación de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales de inmigración. “La situación se ha vuelto insegura y completamente inaceptable”, aseveró Sherrill en una conferencia de prensa junto con el fiscal general del estado y los jefes de la policía estatal.
“Nuestra máxima prioridad es la seguridad pública, y debemos aprovechar esta oportunidad para calmar los ánimos”, agregó.
La mandataria adelanto que los uniformados crearán zonas designadas para las manifestaciones y establecerán puestos de control vehicular para regular el tráfico en las inmediaciones de Delaney Hall.
El agente Christian Castro, de 52 años, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), acusado de dispararle en la pierna a un migrante venezolano, residente legal en Minéapolis, y luego mentir sobre el ataque, fue arrestado en Texas por agentes del DHS.
El hecho ocurrió el 14 de enero, en el marco de la operación Metro Surge, por lo que Castro fue acusado el 18 de mayo de cuatro cargos de agresión en segundo grado y un cargo de denuncia falsa, informó CBS News. “El trabajo de investigación de la BCA (Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota) fue fundamental en este proceso y agradecemos su colaboración mientras buscamos que se rindan cuentas por ese incidente”, declaró la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty.
La Casa Blanca lanzó un nuevo sitio web con temática de “extraterrestres”, pero en lugar de revelar información sobre presuntos ovnis, la página se jacta de la represión contra indocumentados que ordenó por Trump.
“Los extraterrestres estuvieron caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida diaria”, recalca el portal web.