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Maciek Wisniewski
30 de mayo de 2026 00:02
En 1978 el politólogo francés Alain Roquié publicó en la Revista Mexicana de Sociología un texto que se ha vuelto un clásico de la sociología política: “La hipótesis bonapartista y el surgimiento de los sistemas políticos semicompetitivos” (t.ly/MwZ--).
Allí, analizando los regímenes autoritarios en América Latina argumentó que dadas sus particulares condiciones socioeconómicas y la inmadurez de sus clases sociales −una burguesía débil y un movimiento obrero en proceso de formación−, las sociedades latinoamericanas desarrollaron formas de gobierno originales que no eran ni democracias plenas ni dictaduras cerradas, sino sistemas semicompetitivos o una suerte de “democracias hegemónicas”.
Apuntando a lo que él veía como la insuficiencia de las categorías habituales en las ciencias políticas que no lograban captar estas particularidades, propuso el concepto marxiano de “bonapartismo” para explicar la anatomía de estos “gobiernos de mediación” que se sostenían a través del arbitraje de un líder o de las fuerzas armadas, aprovechando el “empate” entre las clases sociales enfrentadas.
Por todo lo expuesto se oponía también al uso de la noción simplista de “fascismo” −como proponían hablar de estos regímenes algunos sectores de la izquierda de la época−, que fungía de puro insulto y ocultaba su verdadera naturaleza.
Como es sabido, a partir del famoso análisis de Marx del régimen de Luis Bonaparte, el “bonapartismo” pasó a significar en la teoría marxista y más allá de ella, una situación de polarización social entre las clases antagónicas que, al neutralizarse, permitían el surgimiento de una tercera fuerza, liderada por una figura carismática, en cierto modo externa al sistema.
Una que era capaz de concentrar el poder apelando directamente al pueblo y tenía una forma híbrida combinando el elitismo con el plebeyismo y el autoritarismo con la democracia plebiscitaria (t.ly/T9Z5b). En este sentido, el bonapartismo, históricamente, no era una tendencia política exclusiva a Francia.
Varios países de Europa tenían regímenes bonapartistas al igual que Estados Unidos (EU) bajo presidentes tan diferentes como William McKinley (1897-1901), Theodore Roosevelt (1901-1909), Woodrow Wilson (1913-1921) o Franklin Delano Roosevelt (1933-1945). El ejemplo de EU constituía en particular una especie de “bonapartismo blando” (Domenico Losurdo dixit) ya que la sucesión allí era históricamente “suave”, desarrollándose sobre una plataforma unificada en la que los candidatos competían por el cargo de “un líder supremo de la nación” e “intérprete del espíritu americano” cuya una de las funciones era defender a la nación y suprimir y/o expulsar a todos los que la amenazaban: los migrantes pobres o grupos que en épocas de crisis se adherían a las ideologías “noamericanas” como el comunismo o el socialismo (sic).
Durante la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021) −y explícitamente ante los muy diseminados hasta hoy en día e inadecuados intentos de enmarcar a su régimen de “fascismo”−, los más interesantes esfuerzos de conceptualizar y entender correctamente a su gobierno se hacían precisamente de la categoría de “bonapartismo”.
Como bien demostró por ejemplo el sociólogo estadunidense Dylan Riley, con varios matices, con una suerte de un “twist posmoderno” y ajustando un poco el modelo para los tiempos de la descomposición neoliberal de la clase trabajadora e incorporando varias contradicciones propias de Estados Unidos, Trump se insertaba perfectamente en el clásico modelo bonapartista en el que una figura carismática emerge en condiciones de una sociedad civil fragmentada, desarticulada y anómica como la estadunidense de hoy (t.ly/J_wpD) −el “saco de patatas” del cual hablaba famosamente Marx− y donde ninguna de las fuerzas políticas logra ejercer una hegemonía firme (t.ly/DtcJJ).
Lo mismo aplica a su segunda presidencia, sobre todo en la medida en la que el propio Trump se presentó incluso como el heredero y continuador de McKinley −el quintaesencial representante del “bonapartismo blando” estadunidense− prometiendo explícitamente emular y traer de vuelta sus políticas de los “aranceles fuertes”, las facilidades para el gran capital y regresar a la llamada “Edad Dorada” (Gilded Age) que éste había presidido, la época de gran opulencia para pocos descrita magistralmente en su momento por Mark Twain.
El hecho que fuera McKinley quien haya encabezado igual el “giro imperial” de Estados Unidos −anexando la República de Hawái y, tras la guerra con España (1898), Filipinas, Puerto Rico, Guam, estableciendo el protectorado sobre Cuba− reforzó aún más la “hipótesis bonapartista” respecto a Trump poniendo también en una correcta perspectiva histórica sus propios, por más caóticos que sean, afanes expansionistas y/o anexionistas (Canadá, Groenlandia, Venezuela, Cuba, etcétera), su resucitación de la Doctrina Monroe (Corolario Roosevelt/ Corolario Trump) y su retorno a la “diplomacia de las cañoneras” en la región y más allá.
Como bien apuntó hace unos años en una nueva introducción al 18 de Brumario de Luis Bonaparte, el historiador argentino Horacio Tarcus, conceptualizar al régimen de Juan Domingo Perón en Argentina −uno de los principales casos que Roquié analiza en su ensayo− como un régimen bonapartista, ofrecía una necesaria “ventaja epistémico-política” por encima de los intentos de enmarcarlo como “fascismo” o “populismo”, ya que permitía entender mejor sus particularidades, las lealtades férreas que suscitaba entre sus partidarios y formular una respuesta política más adecuada ante él (t.ly/8mHrn). Con todos los matices y diferencias, lo mismo aplica al fenómeno de Trump, su propio bonapartismo y a la actual degeneración de Estados Unidos en una “democracia semicompetitiva”.
Maciek Wisniewski
30 de mayo de 2026 00:02
En 1978 el politólogo francés Alain Roquié publicó en la Revista Mexicana de Sociología un texto que se ha vuelto un clásico de la sociología política: “La hipótesis bonapartista y el surgimiento de los sistemas políticos semicompetitivos” (t.ly/MwZ--).
Allí, analizando los regímenes autoritarios en América Latina argumentó que dadas sus particulares condiciones socioeconómicas y la inmadurez de sus clases sociales −una burguesía débil y un movimiento obrero en proceso de formación−, las sociedades latinoamericanas desarrollaron formas de gobierno originales que no eran ni democracias plenas ni dictaduras cerradas, sino sistemas semicompetitivos o una suerte de “democracias hegemónicas”.
Apuntando a lo que él veía como la insuficiencia de las categorías habituales en las ciencias políticas que no lograban captar estas particularidades, propuso el concepto marxiano de “bonapartismo” para explicar la anatomía de estos “gobiernos de mediación” que se sostenían a través del arbitraje de un líder o de las fuerzas armadas, aprovechando el “empate” entre las clases sociales enfrentadas.
Por todo lo expuesto se oponía también al uso de la noción simplista de “fascismo” −como proponían hablar de estos regímenes algunos sectores de la izquierda de la época−, que fungía de puro insulto y ocultaba su verdadera naturaleza.
Como es sabido, a partir del famoso análisis de Marx del régimen de Luis Bonaparte, el “bonapartismo” pasó a significar en la teoría marxista y más allá de ella, una situación de polarización social entre las clases antagónicas que, al neutralizarse, permitían el surgimiento de una tercera fuerza, liderada por una figura carismática, en cierto modo externa al sistema.
Una que era capaz de concentrar el poder apelando directamente al pueblo y tenía una forma híbrida combinando el elitismo con el plebeyismo y el autoritarismo con la democracia plebiscitaria (t.ly/T9Z5b). En este sentido, el bonapartismo, históricamente, no era una tendencia política exclusiva a Francia.
Varios países de Europa tenían regímenes bonapartistas al igual que Estados Unidos (EU) bajo presidentes tan diferentes como William McKinley (1897-1901), Theodore Roosevelt (1901-1909), Woodrow Wilson (1913-1921) o Franklin Delano Roosevelt (1933-1945). El ejemplo de EU constituía en particular una especie de “bonapartismo blando” (Domenico Losurdo dixit) ya que la sucesión allí era históricamente “suave”, desarrollándose sobre una plataforma unificada en la que los candidatos competían por el cargo de “un líder supremo de la nación” e “intérprete del espíritu americano” cuya una de las funciones era defender a la nación y suprimir y/o expulsar a todos los que la amenazaban: los migrantes pobres o grupos que en épocas de crisis se adherían a las ideologías “noamericanas” como el comunismo o el socialismo (sic).
Durante la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021) −y explícitamente ante los muy diseminados hasta hoy en día e inadecuados intentos de enmarcar a su régimen de “fascismo”−, los más interesantes esfuerzos de conceptualizar y entender correctamente a su gobierno se hacían precisamente de la categoría de “bonapartismo”.
Como bien demostró por ejemplo el sociólogo estadunidense Dylan Riley, con varios matices, con una suerte de un “twist posmoderno” y ajustando un poco el modelo para los tiempos de la descomposición neoliberal de la clase trabajadora e incorporando varias contradicciones propias de Estados Unidos, Trump se insertaba perfectamente en el clásico modelo bonapartista en el que una figura carismática emerge en condiciones de una sociedad civil fragmentada, desarticulada y anómica como la estadunidense de hoy (t.ly/J_wpD) −el “saco de patatas” del cual hablaba famosamente Marx− y donde ninguna de las fuerzas políticas logra ejercer una hegemonía firme (t.ly/DtcJJ).
Lo mismo aplica a su segunda presidencia, sobre todo en la medida en la que el propio Trump se presentó incluso como el heredero y continuador de McKinley −el quintaesencial representante del “bonapartismo blando” estadunidense− prometiendo explícitamente emular y traer de vuelta sus políticas de los “aranceles fuertes”, las facilidades para el gran capital y regresar a la llamada “Edad Dorada” (Gilded Age) que éste había presidido, la época de gran opulencia para pocos descrita magistralmente en su momento por Mark Twain.
El hecho que fuera McKinley quien haya encabezado igual el “giro imperial” de Estados Unidos −anexando la República de Hawái y, tras la guerra con España (1898), Filipinas, Puerto Rico, Guam, estableciendo el protectorado sobre Cuba− reforzó aún más la “hipótesis bonapartista” respecto a Trump poniendo también en una correcta perspectiva histórica sus propios, por más caóticos que sean, afanes expansionistas y/o anexionistas (Canadá, Groenlandia, Venezuela, Cuba, etcétera), su resucitación de la Doctrina Monroe (Corolario Roosevelt/ Corolario Trump) y su retorno a la “diplomacia de las cañoneras” en la región y más allá.
Como bien apuntó hace unos años en una nueva introducción al 18 de Brumario de Luis Bonaparte, el historiador argentino Horacio Tarcus, conceptualizar al régimen de Juan Domingo Perón en Argentina −uno de los principales casos que Roquié analiza en su ensayo− como un régimen bonapartista, ofrecía una necesaria “ventaja epistémico-política” por encima de los intentos de enmarcarlo como “fascismo” o “populismo”, ya que permitía entender mejor sus particularidades, las lealtades férreas que suscitaba entre sus partidarios y formular una respuesta política más adecuada ante él (t.ly/8mHrn). Con todos los matices y diferencias, lo mismo aplica al fenómeno de Trump, su propio bonapartismo y a la actual degeneración de Estados Unidos en una “democracia semicompetitiva”.
Decolonizar la historia
Foto Yazmín Ortega Cortés Foto autor
Pablo Martínez*
30 de mayo de 2026 00:04
En su conferencia sobre modernidad, conquista y colonialidad, el filósofo Enrique Dussel sostuvo que América Latina continúa pensando su pasado desde una visión profundamente eurocéntrica de la historia, una narrativa donde Europa aparece como centro exclusivo de la civilización y del progreso humano. Frente a ello, Dussel propuso la necesidad de “decolonizar la historia”, desmontando las categorías que durante siglos presentaron la conquista de América como descubrimiento, encuentro cultural o nacimiento de la modernidad occidental.
La tesis de Dussel resulta incómoda porque cuestiona uno de los relatos más arraigados de Occidente, la modernidad europea no nació únicamente de la ciencia, la razón o la Ilustración; nació también del saqueo colonial, de la explotación de América y de la subordinación de pueblos enteros convertidos en periferia del nuevo orden mundial.
La disputa por la Conquista es, en realidad, una disputa por el presente, no resulta casual que todavía persistan discursos que presentan la invasión española como reconciliación cultural o como origen armónico del mestizaje. Dussel pensaba exactamente lo contrario, para el filósofo argentino-mexicano, la conquista de América fue uno de los acontecimientos más violentos y decisivos de la historia mundial; no un episodio local ni una anécdota latinoamericana, sino el momento en que Europa comenzó a constituirse como centro del sistema moderno mediante la dominación de otros pueblos. La modernidad, decía, tiene un lado oscuro que Europa prefirió ocultar, la colonialidad.
La historia oficial suele contar que Europa “descubrió” América en 1492, Dussel cuestionaba incluso esa palabra. ¿Descubrir qué? Los pueblos originarios existían desde siglos atrás, habían construido ciudades, sistemas agrícolas, formas complejas de organización política y visiones filosóficas del mundo, lo que ocurrió no fue un descubrimiento, sino un “encubrimiento”. Europa impuso sobre América una mirada que negó la humanidad plena del otro.
Enrique Dussel criticaba la expresión “encuentro de dos culturas”, un encuentro supone cierta igualdad entre quienes se encuentran, pero la Conquista estuvo marcada por la guerra, las epidemias, el trabajo forzado, la destrucción de comunidades enteras y la explotación sistemática de millones de personas. Bartolomé de las Casas ya denunciaba en el siglo XVI que la llamada “pacificación” consistía en matar a quienes intentaban vivir en libertad. Dussel recuperaba esas voces porque entendía que la colonialidad no pertenece únicamente al pasado; continúa operando en el presente.
Todavía hoy buena parte de América Latina sigue siendo pensada desde categorías europeas, la idea de desarrollo, progreso o modernización continúa asociada a parecerse a Europa o Estados Unidos, mientras las culturas indígenas son reducidas al folclor, la artesanía o la nostalgia turística.
El colonialismo sobrevivió incluso después de las independencias nacionales porque también es una estructura mental, Dussel insistía en que la descolonización debía ser política, económica y cultural, pero también epistemológica, aprender a pensar desde nuestra propia historia.
Por eso las estatuas, los monumentos y los espectáculos históricos nunca son neutrales, hablan menos del pasado que del presente que decide celebrarlos; convertir a Cortés en héroe cultural no significa únicamente recordar un personaje histórico, implica normalizar una visión donde la Conquista puede interpretarse como hazaña civilizatoria y no como proceso de sometimiento.
La discusión no consiste en borrar la historia ni en negar el mestizaje, pero reconocer la complejidad histórica no obliga a romantizar la violencia colonial, el problema comienza cuando la memoria pública transforma al conquistador en símbolo moral y reduce a los pueblos originarios al papel de víctimas silenciosas o pueblos derrotados.
Dussel proponía otra cosa, mirar la historia desde quienes quedaron abajo, desde quienes cargaron el peso de la Conquista y de la modernidad colonial. Decolonizar la historia significa dejar de narrar el mundo únicamente desde la mirada del vencedor. Significa reconocer que América Latina no fue una periferia vacía esperando ser civilizada, sino parte fundamental de la construcción del mundo moderno.
Tal vez por eso las ideas de Dussel siguen provocando incomodidad, porque obligan a cuestionar relatos profundamente arraigados y porque recuerdan algo que todavía muchos prefieren ignorar, la Conquista no terminó en el siglo XVI. Sus formas continúan presentes en el racismo cotidiano, en las desigualdades históricas y en las narrativas que convierten la dominación en motivo de orgullo cultural.
*Profesor
Traición a la patria
Fabrizio Mejía Madrid
Ahora que se debate la traición cometida por la gobernadora de Chihuahua al permitir la entrada de agentes de la CIA sin previa autorización del Estado mexicano, y también a que se llevaran a mexicanos a Estados Unidos sin órdenes de extradición –según su propia confesión en una entrevista de radio–, vale la pena pensar la historia de ese delito. Lo primero es que su enunciación, en la Inglaterra de 1351, planteaba castigar la intención de afectar lo que, en ese entonces, era la encarnación del Estado: los reyes. Decía que era traición: “Que un hombre planee o imagine la muerte de nuestro señor el Rey, o de nuestra señora su Reina, o de su hijo primogénito y heredero”. La intención –imaginar y planear– había sido relevante desde el inicio del delito cuando, en el año 397 antes de nuestra era, los romanos establecieron su definición como: “Quien participe en una conspiración criminal para matar a hombres de rango ilustre, es decir, que sean parte del Consejo Imperial, será golpeado con la espada como quien es culpable de traición. Queremos castigar la intención de tal crimen con la misma severidad con la que se comete”. Mataban al traidor, lo despojaban de sus bienes y, además, su familia era orillada al exilio. Por pensarlo. Dos años después, el senado romano lo reformó para no afectar a los parientes.
La última vez que se aplicó esta versión de la traición fue en 2023, en el juicio que se le siguió al joven Jaswant Singh Chail. En la Navidad de 2021, Singh, de 19 años, entró al Palacio de Buckingham disfrazado de Sith de La guerra de las galaxias y con una ballesta cargada para asesinar a Isabel II. Singh Chail había conspirado con un chat de inteligencia artificial al que consideraba su “novia”. Le dieron nueve años en vista de su estado mental y la máxima del derecho: no confundir el delito con el delincuente. Máxima que ha sido ignorada por los involucrados en la “guerra contra las drogas”, en especial con la detención y extradición de personas sin órdenes judiciales.
Con la Revolución Francesa, la traición se fue dividiendo entre tratar de alterar el régimen constitucional de un país y conspirar con un poder extranjero para darle información, facilitarle el sabotaje o cederle territorio nacional. Ya no era contra el rey –al que le cortaron la cabeza por traición a la patria–, sino contra la República y sus ciudadanos. Las leyes no son producto de la inspiración de los abogados, sino de sucesos. El evento que cambió para siempre el delito de traición fue la famosa noche de Varennes en 1791, cuando el rey Luis XVI se disfrazó de criado y trató de huir hacia la frontera para conspirar con Austria y Prusia, que ya le habían declarado la guerra a Francia, además de Rusia y España, contra su propio país. En una caja fuerte escondida en las Tullerías se encontraron las cartas donde el rey y su esposa austriaca, María Antonieta, buscaban una invasión extranjera que restituyera por la fuerza la monarquía absoluta, financiaban periódicos y volantes que satirizaban a los revolucionarios, y hasta le pagaron chayote a Mirabeau. De 721 diputados, 693 votaron por la ejecución. Fue acusado de: “conspiración contra la libertad pública y atentado contra la seguridad nacional”. De ser un instrumento de los reyes contra la sedición en su contra, la traición se volteó contra ellos mismos en manos de la ciudadanía.
Aunque fue usada contra Iturbide por el Congreso Nacional en 1824, en México el evento que detonó la inclusión de la pena de muerte para los traidores a la patria fue la invasión francesa. Benito Juárez la expide el 25 de enero de 1862 en previsión de la pedida de mano que la reacción protagonizará ante Maximiliano de Habsburgo para que instaure una monarquía en México sostenida por una invasión militar. Para Juárez había tres tipos de traidores a la patria: quienes se aliaran a la invasión, quienes se sometieran a sus autoridades y aceptaran cargos públicos de ellos, quienes no levantaran las armas de la Guardia Nacional contra ellos. Ésta fue la ley que se le aplicó, al triunfo del juarismo contra la invasión, a Miguel Miramón, Tomás Mejía, Santiago Vidaurri, Tomás O’Horán, Ramón Méndez y muchos otros casi olvidados.
El 17 de julio de 1867, las respuestas de Juárez a los europeos que condenaron el fusilamiento de Maximiliano, enlazan ambas esferas de la traición: matar a un monarca y matar una nación. ¿Qué es más grave? Sus sentencias siguen resonando en el México del presente. En primer lugar, Juárez les dice a los europeos: ustedes abogan sólo por Maximiliano y no por la vida de los conspiradores mexicanos, porque creen todavía que los monarcas descienden de Dios. En segundo, detalla la soberanía: “No somos como Rusia, Austria, Prusia, o los imperios otomanos que se componen de naciones sometidas por un superior por la fuerza. Heredamos la nacionalidad de los aztecas y, en el pleno goce de ella, no reconoceremos ni soberanos, jueces o árbitros extraños”. Tercer argumento de Juárez: ¿no valen igual la vida de los miles de mexicanos que murieron por mano de los franceses que la del emperador Maximiliano? “Las depredaciones de Maximiliano”, escribe Juárez, “no tienen nombre en la nomenclatura antigua de los crímenes. Sólo el filibusterismo, da de ellos idea aproximada. El filibusterismo se propuso por objeto la moralización de nuestra raza. Se trató de regenerar, primero a Cuba, luego a Centroamérica y últimamente a la República de México (…) Al robo de la nación ha añadido el asesinato de la propia vida nacional. El extranjero ha proyectado, primero, robar todos sus bienes, apoderándose de su bandera, desde luego; segundo, asesinar a los dueños de la casa independiente, objeto del asalto; y tercero, establecer en el mismo terreno de la catástrofe, apellidándose señor, usufructuando los dominios del difunto, y hasta usando los vestidos con los que fuera sepultado (…) El regicidio es gravísimo puesto en la escala de la medida de la inmoralidad del delito, pero queda figurando por lo bajo al compararse con un nacionicidio”. Juárez no defendió a los traidores mexicanos porque a ellos ni siquiera los franceses los protegieron. Es el destino de toda deslealtad.
La acusación de traición a la patria queda así en el imaginario mexicano como la reiteración de la soberanía ya determinada por el triunfo contra el invasor, como castigo para asegurar que no regresen los autores de la catástrofe nacional y como advertencia para futuros conspiradores. De eso y no de otra cosa – narcolaboratorios, persecución política o candidatas adelantadas– es de lo que hablamos en estos días revueltos.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ La sesión extraordinaria en el Senado concluyó sin tener que analizar la reforma que incluye la intervención extranjera probada como causal de nulidad de las elecciones, ya que su promotor pidió sacarla del orden del día.Foto Yazmín Ortega Cortés
El virrey de Zacatecas incrementa su de por sí abultado inventario de enjuagues, piruetas y monrea-linhas. Primer acto: con carácter de “urgente”, Ricardo Monreal presenta una iniciativa de reforma constitucional para incluir la intervención extranjera probada como causal de nulidad de las elecciones; segundo acto: la Cámara de Diputados aprueba el dictamen (307 votos a favor, 128 en contra y una abstención) y lo remite al Senado de la República para su análisis y dictaminación; tercer acto: como acostumbra, y para no incomodar a sus socios prianistas, a la hora de la hora el eterno mañoso se echa para atrás y retira su propuesta del orden de día que “podría analizarse en otro periodo extraordinario o en el próximo ordinario”, amén de que ya había “procurado” que dicha modificación entrara en vigor no en 2027, como originalmente aparecía en la citada iniciativa, sino hasta 2030. Entonces, con infiltrados como el citado, ¿para qué quiere Morena más enemigos?
La Jornada (Georgina Saldierna y Fernando Camacho) lo reseñó así: “la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para incluir la intervención extranjera probada como causal de nulidad de las elecciones. Sin embargo, la modificación no podrá aplicarse en los comicios de 2027, ya que para ello era necesario aterrizar y avalar su contenido en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Esto no fue posible debido a que el dictamen para modificar dicha legislación secundaria generó duras críticas en diversos sectores de la sociedad, que lo percibieron como una amenaza a la libertad de expresión”. A la hora de presentar, con “urgencia” su iniciativa, ¿el zacatecano no sabía de tal impedimento, o lo hizo mañosamente para tener un pretexto y “retirarla” cuando le resulta conveniente?
Algo más: “ante tal situación, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, retiró su propuesta del orden de día para ‘crear un espacio de diálogo, análisis y construcción de consensos’ entre todas las fuerzas políticas. En la recta final del periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, el legislador consideró que el tema podría analizarse en otro periodo extraordinario o en el próximo ordinario; no obstante, ya no aplicaría para el proceso comicial que comienza el próximo septiembre. Esto último se debe a la prohibición constitucional de realizar modificaciones a la legislación electoral dentro de los 90 días anteriores al inicio de la contienda. Previamente, los legisladores avalaron la reforma constitucional para incluir la nueva causal de nulidad tras debatir el tema durante toda la madrugada del jueves” y entonces entró en acción la monrealihna. Vergonzoso.
Si de tomaduras de pelo se trata, qué mejor ejemplo que el show político de la gringa Maru Campus y su pandilla de payasitos blanquiazules. Cuando elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) le entregaron el citatorio para comparecer ante la autoridad, la hija del Tío Sam dijo: “la persecución política en mi contra continúa, y, como siempre, seguiré dando la cara (…) hasta donde tope”.
¿Y hasta dónde topó? Pues bien, la “gobernadora” se presentó en las oficinas centrales de la FGR, en donde sólo entregó un documento: “acudí no para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno”, sino “para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo; realizo estas manifestaciones para constatar mi disposición a colaborar en cualquier investigación que integre la autoridad federal, pero no como un sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida”. Y minutos después salió para el show político. Sobre ello, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, detalló: la susodicha “solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información”, con lo que Maru Campos sólo fue a hacer otro ridículo y envolverse en el fuero, aunque el funcionario de la Fiscalía dejó en claro “ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Las rebanadas del pastel:
Atento mensaje de la presidenta Sheinbaum a los del show: “no va a pasar” el regreso de la oposición; “todo lo que ha conseguido el pueblo de México hay que defenderlo, porque los del pasado no están contentos con haber perdido sus privilegios. Ellos ven cualquier oportunidad para regresar (a gobernar); hacen campañas mediáticas y se alían con gobiernos extranjeros, como lo hicieron los conservadores del siglo XIX”,
Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
