Raúl Zibechi
29 de mayo de 2026 00:01
En 1971 tres académicos investigaron y analizaron el papel de las “instituciones benefactoras” en las barriadas (formadas por tomas de terrenos) de Lima, publicando un trabajo profundo y riguroso bajo el título “De invasores a invadidos”, difundido en Cuadernos de DESCO*.
El trabajo se centra en los efectos que la intervención de los “benefactores” (hoy decimos ONG) provocan entre los pobladores. Luego de registrar la enorme expansión de las barriadas producto de las tomas (“invasiones” dicen los medios), en las que se agrupan millones de personas en las periferias de la capital, destacan que las instituciones benefactoras buscan “la desmovilización política de los pobladores”.
Ellas representan al imperialismo, las “burguesías nacionales” y a empresarios que, “ayudando” a los pobladores, consiguen “neutralizar políticamente a amplios sectores urbanos que no pueden organizarse en otro lugar que no sea la barriada”. Agregan que los “benefactores” también pretenden organizar el consumo de los pobladores, y su éxito se debe en gran medida a la deserción de las izquierdas, incapaces de vertebrar a ese amplio sector urbano. Una segunda cuestión que abordan es la actitud de los “científicos sociales”, en particular los estadunidenses, que realizaron estudios en las barriadas.
Citan al sociólogo alemán Martin Nicolaus: “Los ojos profesionales del sociólogo se adhieren a la gente de clase baja y sus palmas se tienden hacia las clases dominantes”.
Apuntan que los trabajos de campo de estos profesionales han sido de “gran utilidad para el Cuerpo de Paz, la USAID, para otros benefactores, para su prestigio académico, para las fundaciones que financian sus estudios, para sus tesis doctorales, para deleite de los americanistas, etc., pero con escasas excepciones para los pobladores de las barriadas”.
La tercera cuestión aborda el análisis de los modos de operar de los “benefactores” que, al acercarse a los sectores más activos de las barriadas, “clientelizan a los dirigentes de las asociaciones de pobladores, quienes para mantener su liderazgo deben dar respuesta a las demandas de los pobladores”.
Además, difunden la idea de que no existe una clase dominante y que la pobreza es culpa de los pobres y no una cuestión estructural. Por último, aunque hay mucho más, los tres autores dicen que no les interesa presentar un estudio académico sino poner al descubierto a instituciones que “son sólo instrumentos de desmovilización popular y de transmisión de la ideología de los sectores dominantes nacionales y extranjeros”.
Quieren que su trabajo sirva a los pobladores para que conozcan mejor a sus “benefactores”. A partir de este breve glosario de un excelente trabajo, quisiera recordar que los programas sociales tienen más de medio siglo en nuestro continente, el mismo tiempo de quienes los denuncian sin conseguir atención a sus investigaciones.
Ciertamente hay cambios en los modos y los estilos de la cooperación internacional para el desarrollo y la promoción, pero lo sustancial ya estaba en marcha hace más de medio siglo. Por eso, surgen algunas preguntas. ¿Por qué las organizaciones de izquierda y los movimientos de abajo siguen aceptando estos programas que, desde hace medio siglo, sabemos que van en contra de los intereses de los pueblos y los sectores populares? ¿Por qué miles y miles de académicos y cientistas sociales se prestan a ser utilizados por los de arriba, cuando por su condición de licenciados tienen otras opciones y pueden trabajar en otros espacios?
Creo que no se pueden comprender estas actitudes sin considerar que el triunfo del capitalismo, aunque sea apenas temporal, convenció a muchas personas y partidos políticos de que enfrentarse al sistema es peligroso. No me refiero a que sus vidas estén en peligro, porque no viven en Gaza, ni en los barrios populares o en las comunidades originarias.
El peligro que sienten se refiere a sus carreras profesionales, al éxito individual y, sobre todo, a la estabilidad económica y laboral. Si observamos en detalle, tanto los partidos de izquierda como buena parte de las direcciones de los movimientos, están hoy conformadas por personas que han cursado estudios académicos, que tienen títulos que son pasaportes para el ascenso social y forman parte de lo que Emmanuel Todd, no sin cierta malicia pero con mucha perspicacia, denomina como “oligarquía de masas”.
Esto refleja la tremenda mutación del sistema, que integró a las camadas superiores de los sectores populares mostrando al resto el camino del éxito individual. En particular, ha sabido captar a los dirigentes (“clientizar” dice el trabajo que comento). Esos dirigentes son piezas claves para estabilizar la dominación. Por eso, el empeño en no claudicar, no rendirse y no venderse de los zapatistas sigue siendo una ineludible referencia ética. Mucho más en estos momentos de tormenta sistémica.
*Alfredo Rodríguez, Gustavo Riofrío y Eileen Welsh, fueron sus autores. El trabajo está en Internet
Los pueblos indígenas y el etnomarxismo
Gilberto López y Rivas
29 de mayo de 2026 00:01
El etnomarxismo ha destacado que a pesar de que en los últimos 40 años los pueblos indígenas, del Bravo a la Patagonia, han dado muestras de una permanente actividad y participación políticas en las sociedades nacionales en las que están inmersos, diversos sectores sociales y fuerzas políticas, incluyendo las que se adscriben al marxismo, continúan conceptualizando a estos pueblos dentro de esquemas basados en prejuicios, ideas fijas y disquisiciones, en un amplio rango que va del racismo segregacionista al paternalismo asimilacionista.
Así, el desprecio y las prácticas de exclusión a quienes son considerados inferiores, atrasados e incapaces de autogobernarse y aportar incluso formas organizativas novedosas, prácticas de democracia participativa y relaciones con la naturaleza sustentables tras generacionalmente, van de la mano de enfoques que mantienen que los indígenas deben ser integrados, ya sea al espejismo de la falsa modernidad del mercado, o a los proyectos vanguardistas que han llevado a desviaciones y errores políticos graves a los movimientos democráticos, revolucionarios, e incluso de signo socialista.
Una de esas perspectivas parte de observar el mundo indígena desde la exterioridad del nosotros de las nacionalidades, como productos del mestizaje biológico y cultural impuesto con violencia por los grupos oligárquicos; en casi todos los países latinoamericanos, esas nacionalidades mayoritarias se sienten dueñas de la historia, de la simbología nacional y del territorio, y refieren a las entidades étnicas diferenciadas como nuestros indígenas, a quienes hay que guiar, rescatar, salvar o redimir.
En la mayoría de los países de nuestra América, los pueblos originarios y afrodescendientes no fueron reconocidos como tales en los marcos constitucionales y sus movilizaciones, resistencias e incluso rebeliones armadas obligaron a los Estados y las sociedades a descubrir lo que había existido oculto durante dos siglos de vida independiente bajo las miradas racistas de los grupos dominantes de criollos y mestizos: el carácter multiétnico, pluricultural y plurilingüístico de la mayoría de las naciones latinoamericanas.
Pese a los avances relativos logrados en el plano de la formalidad constitucional y legal, tanto en los ámbitos nacionales como internacionales, las prácticas discriminatorias, segregacionistas y excluyentes hacia miembros de los pueblos indígenas son parte de la cotidianidad latinoamericana.
Pero también en el plano de la construcción de nuevas alternativas y proyectos de socialismo del siglo XXI, los indígenas siguen siendo subsumidos en categorías que los observan en el pasado de la gens, del comunismo primitivo, del buen salvaje de la revolución que requiere ser incorporado a la modernidad de las luchas en las que es convocado como aliado subalterno y testigo etnográfico del verdadero acontecer de la historia. Precisamente uno de los factores –entre muchos– de la implosión y desaparición de la Unión Soviética fue el abandono por parte del estalinismo de las políticas leninistas en torno a las etnias, nacionalidades y naciones oprimidas, siendo precisamente esta grave desviación de Stalin, todavía en vida de Lenin, la que provocó la ruptura definitiva entre el dirigente principal de la revolución y el secretario general del partido.
Durante los primeros cuatro años de la revolución sandinista, el gobierno se involucró en un grave conflicto, incluso armado, por la falta de un programa específico en la cuestión étnico-nacional por parte del FSLN, previo al triunfo en 1979, y por el desconocimiento y los errores de apreciación de sus cuadros políticos enviados a la Costa Atlántica sobre los fenómenos étnicos de la región.
Perspectivas que pugnaban por la proletarización de los misquitos, por el poblamiento planeado y masivo de esta región por nicaragüenses del Pacífico, por la negativa a considerar a las etnias costeñas como pueblos, aunado a la carga histórica de etnocentrismo de sectores importantes de la nacionalidad mayoritaria, provocaron un desencuentro que trajo consigo una resistencia armada con base social, aprovechada por las fuerzas de la contrarrevolución y el imperialismo.
Es necesario asumir críticamente la herencia eurocéntrica que subyace en el concepto de “pueblos sin historia”, aplicado para aquellos que no se adecuan a los moldes de la lucha de clases moderna y civilizada. Como Leopoldo Mármora afirmó, éste no es un fenómeno periférico del marxismo, remite al seno mismo de su aparato conceptual y a ciertos aspectos históricos de su constitución.
El pensamiento crítico debe comenzar por la revisión de interpretaciones teórico-políticas que han llevado en muchas ocasiones a la ruptura del bloque nacional popular. Una de ellas ha estado relacionada precisamente con la escasa o nula comprensión y tratamiento de la cuestión étnico-nacional y con el papel de los pueblos en las luchas por un mundo donde quepan muchos mundos
Guatemala desmiente al 'NYT'; no hay acuerdo con EU sobre operativos antinarco
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28 de mayo de 2026 13:08
Ciudad de Guatemala. El gobierno de Guatemala negó este jueves un reporte en el que presuntamente había acordado realizar ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en su territorio contra organizaciones del narcotráfico, como aseguró el New York Times.
El diario estadunidense publicó este jueves que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, aceptó tanto ataques aéreos como otras acciones militares en una llamada con el secretario de Defensa estadunidense, Pete Hegseth, citando a dos personas familiarizadas con las conversaciones.
"No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional", aseguró el gobierno de Guatemala en un comunicado.
Según el desmentido, el ministro de Defensa, Henry Sáenz, solicitó por escrito a Hegseth "cooperación estadunidense en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones del narcotráfico, como parte de una estrategia puesta en marcha desde 2024".
Asimismo, el presidente Arévalo y sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores sostuvieron una "conversación telefónica" con Hegseth "confirmando los términos de la cooperación que ampara la solicitud", añadió el texto.
El comunicado del gobierno no precisa las fechas de la solicitud ni del diálogo telefónico. Según el New York Times, las operaciones conjuntas podrían comenzar el próximo mes, pero no está claro qué otras actividades militares podrían incluirse en el acuerdo.
"Para los pacientes, oxígeno y comida"; piden médicos en marcha contra bloqueos en Bolivia
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Afp
28 de mayo de 2026 12:50
La Paz. Cientos de médicos marcharon este jueves en el centro de La Paz para denunciar la aguda escasez de medicinas y alimentos que afecta a sus pacientes, causada por los bloqueos de carreteras que mantienen desde hace un mes manifestantes contra el gobierno de Bolivia.
"¡Para los pacientes, oxígeno y comida!", coreaban los trabajadores de la salud, en batas blancas, entre el sonido de las sirenas de tres ambulancias que encabezaban el recorrido.
Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros exigen una salida a la peor crisis económica que vive el país en cuatro décadas, y algunos también la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, con seis meses en el poder.
"No damos ya ni para cinco días. La alimentación en los hospitales se está terminando, se están racionando los productos. Ya tienen (los pacientes) el dolor de la enfermedad y se les está sumando el dolor del país", declaró a la AFP Mónica Reyes, médica de 48 años.
La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana informó esta semana que unas 50 toneladas de medicinas y oxígeno para hospitales no pueden ser distribuidas debido a los cortes de rutas.
Los puntos de bloqueos sobrepasan los 60 en el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras. Luis Larrea, presidente del Colegio Médico, pidió al gobierno "que se siente a dialogar". "Y si no hay diálogo, pues que utilice lo que dice la Constitución (...), están en peligro vidas humanas", agregó, en referencia a un posible estado de sitio.
En gestión de Petro, casi 2 millones salieron de la miseria en Colombia
Redujo deuda externa de 42 a 27 por ciento
El salario mínimo vital se incrementó en 23.7 por ciento el año pasado y desde 2003 registra un aumento acumulado de 40 por ciento
Jairo Gómez Especial para La Jornada
Periódico La Jornada Viernes 29 de mayo de 2026, p. 24
Bogotá. Si un indicador caracterizó el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue la reducción de la pobreza: cerca de 3 millones de colombianos viven hoy en mejores condiciones que hace cuatro años.
Próximo a dejar su mandato el 7 de agosto, Petro logró reducir, desde 2022, la pobreza monetaria en 13 por ciento, es decir, 2 millones 200 mil personas que mejoraron su calidad de vida.
Otro indicador, relacionado con la pobreza, pero esta vez extrema, también se redujo ostensiblemente: un millón de colombianos cuentan con comida en sus cocinas.
Tres millones 200 mil adultos mayores que no habían logrado una pensión hoy reciben un bono mensual cercano a 90 dólares, unos 250 mil pesos colombianos.
Los indicadores sociales del “gobierno del cambio”, como lo bautizó el presidente Petro, son el mejor balance de una política social que se propuso cuando comenzó su mandato en 2022.
Sacar de la inseguridad alimentaria a 800 mil pobres, garantizar agua potable a un millón 900 mil colombianos e instalarle a otro millón 600 mil habitantes de pueblos y veredas alcantarillado, ejemplifica el mejoramiento social de muchas comunidades, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que concluyó: “contribuyó a que un millón 800 mil ciudadanos salieran de la miseria extrema”.
Tras poner en marcha una reforma agraria en cumplimiento del acuerdo de paz de 2016, el gobierno adquirió y formalizó 2.5 millones de hectáreas para entregarlas a campesinos, afrodescendientes y comunidades indígenas.
“Es la mejor reforma agraria que se ha hecho en Colombia en un siglo”, dijo recientemente el presidente Petro ante una multitud de campesinos.
En la actualidad, el consumo de los colombianos es uno de los principales motores del crecimiento económico, con un promedio de 2.7 por ciento en los últimos tres años; según el DANE, este comportamiento obedece al incremento del salario mínimo vital en 23.7 por ciento en 2025, pero también a un acumulado de 40 por ciento de aumento desde 2023.
Según el Center for Economic and Policy Research (CEPR), un centro de investigación independiente con sede en Estados Unidos, hoy los colombianos tienen 40 por ciento más de poder adquisitivo, es decir, más dinero en sus bolsillos; para el DANE, este indicador comprueba que los avances sociales señalan que son más los colombianos que han migrado a la clase media.
Esa reducción de la pobreza y la migración de más gente a la clase media, en opinión del ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, se debe a que, no obstante haberse aumentado el salario mínimo vital en 23.7 por ciento, el desempleo cayó a 8.8 por ciento, el más bajo de lo que va del siglo XXI.
Colombia registra una inflación controlada de 5.6 por ciento, 8 puntos porcentuales menos que en el gobierno del derechista Iván Duque, que entregó el país con una tasa por encima de 13 por ciento.
Los indicadores macroeconómicos del país son óptimos, de acuerdo con observadores independientes que resaltan la significativa reducción de la deuda externa con órganos de crédito internacional de 42 a 27 por ciento que, en términos monetarios, significan 10 mil millones de dólares menos que se adeudan.
En conclusión, de acuerdo con el CEPR, “la elección de Petro en 2022 representó una ruptura clara con los gobiernos conservadores del país, y los resultados económicos y sociales reflejan ese cambio: una reducción drástica de la pobreza, una distribución de tierras sin precedente en años recientes, un aumento del gasto social y un incremento significativo del salario mínimo en términos reales”.
La Paz Total
Para muchos es el lunar del gobierno Petro y se cuestiona que la Paz Total nunca tuvo un objetivo claro, al optar por un modelo más orientado a pactar negociaciones por separado en los territorios donde la cruda violencia afecta a comunidades campesinas, afros e indígenas.
Pese a las críticas, dos procesos de paz van por buen camino de negociación, en una etapa avanzada con Zonas de Ubicación Temporal en el sur del país con La Coordinadora Bolivariana, y en el noroccidente de Colombia con El Clan del Golfo, una poderosa estructura narcotraficante que combina sus ingresos con la minería ilegal y que conforman cerca de 8 mil hombres.
Petro reconoció el fracaso en las negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y decidió autorizar una persecución implacable de las fuerzas militares contra estas organizaciones que denomina “organizaciones traquetas (delictivas) dedicadas al narcotráfico”.
Relaciones internacionales
Se estima que Gustavo Petro también modificó el paradigma en materia internacional: rompió relaciones con Israel tras el genocidio en Gaza, apoyó el proceso contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Corte Penal Internacional y con Estados Unidos cambió la sumisión por una relación de igual a igual, no obstante una balanza comercial favorable a Washington.
Petro no dudó en calificar la llamada guerra contra el narcotráfico como un fracaso y propuso una lucha contra ese flagelo atacando a los jefes de la mafia y sus finanzas y no al campesino cultivador.
En este rubro, Petro espera dejar su gobierno con la erradicación de 42 mil hectáreas, como se lo prometió al presidente Donald Trump en su visita de febrero.
Cuatro años, tiempo que dura el periodo presidencial, fueron el resultado de un gobierno con énfasis en las soluciones sociales de su pueblo.
